Nuestro nuevo proyecto La Puerta Giratoria del Poder permite detectar y analizar los conflictos y potenciales conflictos de interés que han tenido –o tienen- los funcionarios de la administración de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet al transitar desde el mundo público al sector privado o viceversa.

Al analizar los datos, se aprecia que en la nómina hay más funcionarios de la administración Piñera que de Bachelet que presentan conflictos de interés. La explicación es simple. En el caso del gobierno anterior, la muestra toma el periodo completo, por lo tanto, incluye a más personas de esa administración que de la actual, que lleva menos de un año instalada. Además, la derecha no estaba en el gobierno desde 1990, por lo cual, al llegar a La Moneda en 2010, prácticamente todos los cargos estratégicos del gobierno de Piñera provenían del sector privado, lo que los hace más susceptibles a enfrentar conflictos de interés. Esto se acentúa por el hecho de que entre los elegidos para desempeñar cargos en la administración anterior había muchos empresarios y no todos vendieron sus participaciones, sino que se desligaron temporalmente de la administración de sus compañías.

A través de la Ley de Transparencia pedimos al Servicio Civil las estadísticas de los flujos desde el sector privado de quienes son elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública (eso excluye cargos de confianza, como ministros y subsecretarios). Desde 2004, en promedio, el 27% de quienes asumen estos cargos públicos proviene del sector privado. La tasa está muy por sobre el promedio durante la administración Piñera, con un 42% en 2010, 40% en 2011 y 36% en 2012. En 2013 la cifra cae a 24%, porcentaje que se mantiene durante el primer año de gobierno de Bachelet, aunque la cantidad de nombramientos por esta vía ha sido mucho menor.

En cuanto a las áreas más sensibles para al fenómeno de la puerta giratoria, los casos analizados para este proyecto dan cuenta de que la mayor cantidad de conflictos se dan en medio ambiente, seguida por minería, obras públicas y energía. Más atrás los siguen economía, laboral y política, y luego agricultura, salud y telecomunicaciones.

En medio ambiente, un caso emblemático es el de María Ignacia Benítez, ex ministra de Piñera. Hasta antes de asumir en esa cartera, trabajó en Gestión Ambiental Consultores (GAC), empresa especializada en estudios de impacto ambiental. Tres de sus colegas en GAC la siguieron y asumieron responsabilidades en el gobierno: Ricardo Katz, integrante del Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente; Leonel Sierralta, jefe de división de la Subsecretaría del Medio Ambiente e Ignacio Toro, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. La senadora Soledad Alvear los acusó de conflicto de interés en la evaluación de un proyecto termoeléctrico de cuyo estudio habían participado. Si bien la Contraloría confirmó que habían hecho el estudio y por lo tanto estaban afectos al deber de abstención, respondió que no se habían adjuntado antecedentes que demostraran que los funcionarios hubieran participado posteriormente en la evaluación del proyecto.

Más allá de los criterios aplicados por la Contraloría, el hecho de que la ministra de Medio Ambiente hubiera sido jefa de proyectos de una empresa que realizaba estudios en el mismo rubro, la tuvo permanentemente frente a potenciales conflictos de interés. Tras dejar el ministerio apareció como consultora medioambiental de Longueira, Chadwick y Hermosilla Asesorías, un proyecto que fracasó antes de echarse a andar tras ser criticada la alianza de los ex ministros de Piñera con el lobista Enrique Correa. Finalmente, seis meses después de su salida del gobierno, María Ignacia Benítez se sumó a otros ex ministros de Piñera para formar la consultora Teamfex, donde también hace asesorías ambientales y, por lo tanto, nuevamente enfrenta potenciales conflictos de interés (ver línea de tiempo de Benítez).

Gabriel Ruiz-Tagle

El caso de Benítez no fue aislado en el gabinete de Piñera. El más conocido fue el del subsecretario y posteriormente ministro del Deporte, Gabriel Ruiz-Tagle. Al igual que el propio Piñera, tenía acciones en Blanco y Negro, sociedad de la que fue presidente y que administra los bienes y derechos del club de fútbol Colo Colo. En 2010 se negó a vender su participación hasta que la Contraloría le advirtió que no podría tomar decisiones ligadas al fútbol profesional pues debía respetar el principio de abstención (ver línea de tiempo de Ruiz-Tagle).

La Universidad del Desarrollo penó a otros dos de los ministros de ese gabinete. Tanto Joaquín Lavín como Cristián Larroulet fueron fundadores y socios de esa casa de estudios (a través de una red de empresas inmobiliarias, pues la ley prohíbe a las universidades lucrar). El primero vendió su participación días antes de asumir la cartera de Educación, pero la agenda política se centró justamente en el lucro de las universidades privadas, lo que convirtió el vínculo del ministro en combustible del movimiento estudiantil.

No menos compleja aunque de más bajo perfil fue la situación de Cristián Larroulet, quien desde la Secretaría General de la Presidencia debió coordinar la agenda legislativa marcada por la educación. A diferencia de Lavín, no vendió su participación en la UDD. Ha dicho que no incurrió en conflicto porque su patrimonio quedó en un fideicomiso ciego y delegó en el subsecretario la tramitación de proyectos de educación. La Contraloría ratificó que no tomó decisiones relativas a educación. A pesar de que el ex ministro Larroulet ha argumentado que nunca se pronunció sobre el tema, sí hay registro de que participó de la agenda política del gobierno respecto a la educación superior. Como parte del comité político del gobierno, difícilmente pudo estar ajeno a la discusión sobre las políticas educativas, tema central del periodo. Si antes de entrar al gobierno Larroulet había sido decano de la Facultad de Negocios de la UDD por 20 años, tras salir de La Moneda volvió como académico (ver línea de tiempo de Larroulet). Y su decanato en la UDD fue asumido por Joaquín Lavín (ver línea de tiempo de Lavín).

EL PROBLEMA DE TRABAJO

También es esperable que en las áreas que exigen mayor especialización existan tránsitos más habituales entre el sector público y el privado. Pero el hecho de que sea necesario tener especialistas no los exime de los conflictos de interés. Es el caso de Fernando Arab, quien acaba de ser el abogado sub 35 más votado en el ránking Leading Lawyers Chile que publica revista Qué Pasa. “Desde el 2006 trabaja en el estudio Morales & Besa, donde actualmente es asociado senior y lidera la práctica Laboral y Migratoria. Entre junio de 2013 y marzo de 2014 se desempeñó como subsecretario del Trabajo”, dice la presentación del premio en la revista. Su perfil en Linkedin, la red social profesional más popular, confirma el dato: trabaja en Morales & Besa desde 2006. Su desempeño como subsecretario del Trabajo del gobierno de Sebastián Piñera parece ser un paréntesis en el ejercicio privado del derecho laboral, en un estudio específico donde asesora empleadores y los representa en litigios laborales y otros asuntos relacionados con el trabajo, incluyendo negociaciones colectivas (ver línea de tiempo de Arab).

Patricia Silva

En la misma área, la ex directora del Trabajo Patricia Silva (actual subsecretaria de la Presidencia) creó posteriormente una consultora laboral (ver línea de tiempo de Silva). Y el actual director del Trabajo, Christian Melis, fue jefe de fiscalización de ese organismo y luego creó una empresa en que hacía asesorías laborales, la que dejó para volver a la DT (ver línea de tiempo de Melis).

En el área de salud el más expuesto fue el ex ministro Jaime Mañalich, por haber tenido participación en la Clínica Las Condes, de la cual era directivo médico hasta que asumió la cartera en el gobierno de Piñera. Los cuestionamientos apuntaban a que esa clínica privada se adjudicó millonarias licitaciones durante su gestión (ver línea de tiempo de Mañalich). Sin embargo, fue el ex superintendente de Salud Luis Romero quien dio la vuelta completa de la puerta giratoria: trabajó como subgerente de Colmena hasta seis meses antes de asumir y volvió a la misma isapre meses después de dejar el gobierno, esta vez como gerente general. ¿Dejó pasar los dos años que exige la ley para tomar decisiones respecto a Colmena en la superintendencia? ¿Cómo pudo el superintendente fiscalizar y regular a uno de los principales actores del sistema privado de salud si estaba por ley inhibido de hacerlo? (ver línea de tiempo de Romero).

En el actual gobierno existen potenciales conflictos de interés que no hay que perder de vista porque aún está por verse cómo se resuelven. Una situación incómoda, por ejemplo, enfrenta la ministra de Cultura, Claudia Barattini, quien trabajaba en la Fundación Teatro a Mil, entidad que históricamente ha recibido fondos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que ahora ella preside. En 2014 fueron $283 millones los que recibió la fundación, monto que de acuerdo al Observatorio de Políticas Culturales aumentará un 10% para 2015, en el marco de un crecimiento general de los fondos de 22,6% para el próximo año (ver línea de tiempo de Barattini).

PROBLEMA RECURRENTE EN LA DGA

Una situación similar a la del área laboral se vive en los cargos ligados a la regulación del agua. Por ejemplo, Mariana Concha, quien asumió como subdirectora de la Dirección General de Aguas (DGA) en 2010 y en 2011 pasó a encabezar la Dirección General de Obras Hidráulicas, había sido previamente subgerenta de Aguas Andinas (ver línea de tiempo de Concha). Y tres de los últimos cuatro directores de la DGA enfrentaron conflictos de interés.

Francisco Echeverría

Por ser un área sensible, incluimos en la base de datos a Rodrigo Weisner, quien estuvo a cargo de la DGA durante el primer gobierno de Bachelet. Ya en enero de 2010 –dos meses antes de que dejara el gobierno– la prensa anunciaba que había cerrado un trato con el poderoso estudio de abogados Puga y Ortiz, al que se integraría como socio en abril. Weisner llevaba 12 años en el Ministerio de Obras Públicas (del que depende la Dirección General de Aguas), donde llegó poco después de titularse de abogado de la Universidad Andrés Bello. En la DGA se hizo un experto en Derecho de Aguas y se convirtió en un activo para Puga y Ortiz. Ahí defendería a poderosos actores del mercado del agua, desde el grupo Luksic a Edmundo Pérez Yoma, al punto de tratar de impugnar normas que él mismo había dictado en la DGA (ver línea de tiempo de Weisner).

Su sucesor, Matías Desmadryl, combina la ruta de Concha y Weisner. Antes de entrar a la DGA estuvo a cargo de asuntos regulatorios de Aguas Andinas y un año después de dejar el sector público fue fichado por un estudio de abogados donde, entre otras cosas, ve asuntos relacionados con temas hídricos (ver línea de tiempo de Desmadryl).

A Desmadryl lo reemplazó Francisco Echeverría, quien tras una carrera ligada al derecho de agua en el sector privado, había asumido un año antes como fiscal de la DGA. Echeverría lideró el organismo hasta el final del gobierno de Piñera y un mes después abrió un estudio (H2O), donde obviamente el foco está puesto en los recursos hídricos. Allí también trabaja un ex director regional de aguas (ver línea de tiempo de Echeverría).

LA PUERTA DEL LOBBY

Entre los funcionarios que dejaron la administración Piñera, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, emigró a Azerta, una de las grandes empresas de comunicaciones que además realiza lobby y donde se desempeña como director (ver línea de tiempo de Flores). Con una trayectoria en el mundo político –antes fue director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán– el ex alto funcionario público es ahora parte del equipo de una compañía que representa intereses privados ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el sentido inverso fue el movimiento de Carlos Correa, quien hasta marzo pasado era el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, la empresa que lidera su padre, el lobista Enrique Correa, y cuyos clientes no son informados públicamente. Ahí dirigía el área que justamente se dedica a representar los intereses de clientes privados ante la administración pública. En la administración de Michelle Bachelet, Correa es el subdirector de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno (ver línea de tiempo de Correa). Por el tipo de trabajo que realizaba anteriormente, es posible asumir que tiene una amplia gama de potenciales conflictos de interés.