Así llegan las armas inscritas a los arsenales del hampa

Un balance de 17 asaltos a camiones que transportan valores y millonarios botines en lo que va corrido del año encendió la alerta pública. Pero esta vez para el gobierno y las policías la principal luz roja está puesta en el armamento -tanto en cantidad como en poderío bélico- que utilizan estas bandas delictuales. La evidencia de un mercado negro en alza que abastece a los delincuentes no es nueva. Un estudio de la Asociación Chilena de Municipalidades y la ONG Activa, publicado a principios de este año, dio cuenta de que cerca de 2 millones de armas de fuego no inscritas -ilegales- circulan en el país. CIPER investigó el sistema de inscripción y control de armas y descubrió sus debilidades, vacíos y también las irregularidades.

No sólo de armas ilegales se nutren los arsenales de delincuentes. En las distintas investigaciones judiciales ha surgido la evidencia de que éstos se apropian de muchas armas inscritas legalmente. Una de las fórmulas para obtenerlas es inscribir personas en clubes de Tiro, las que luego entregan sus armas al mercado ilícito, tras reportarlas como perdidas o robadas. Incluso, en los últimos años se detectaron casos en que narcotraficantes se hicieron socios de estos clubes, lo que les dio derecho a transportar armas y comprar abundante munición. En un alarde de audacia, una banda llegó a crear una federación de tiro deportivo, habilitó cuatro polígonos para entrenar a sus integrantes y reclutó a un armero que le conseguía armamento de alto poder.

Uno de los hechos más graves detectados, mediante escuchas telefónicas, por el Ministerio Público y Carabineros, es a un suboficial de Ejército de una unidad de control de armas (Dirección General de Movilización Nacional) coludido con narcotraficantes. No se pudo identificar y la investigación quedó trunca. A este complejo escenario se suman las diferencias de criterio entre las dos instituciones encargadas de fiscalizar la inscripción y tenencia de armas: la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y el OS-11 de Carabineros.

(Fuente: Radio Biobio)

Así, hacer estricta y rigurosa la regulación de la tenencia de armas se ha impuesto como una urgencia en la agenda pública. El registro oficial de la DGMN indica que en Chile existen 761.692 armas inscritas (a septiembre). Una cifra que debe contrastarse con las evidencias que surgen en los operativos policiales de cuán fácil resulta violar las normas para acceder a ellas. Como ocurrió hace pocos días en la Fiscalía Sur de la Región Metropolitana, cuando un equipo del OS-11 constató la falsificación de actas extendidas por esa misma unidad policial para autorizar la adquisición de 21 pistolas semiautomáticas, un revólver y más de 2 mil balas. Todas compradas en una armería de Santiago.

La indagación realizada por CIPER señala que no sería esa la única irregularidad en la inscripción de armas que los equipos  de Carabineros han constatado en los últimos años.

UN PRESO QUE INSCRIBE ARMAS

En 2004, un año antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Control de Armas y Explosivos, quien era fiscal de Antofagasta, Francisco Soto, investigó al delincuente Sergio Peña Torres (41 años en ese entonces), a quien se condenó a 8 años de cárcel como coautor de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas. Mientras estaba privado de libertad y formalizado logró inscribir armas a su nombre. Esto se descubrió al revisar la fecha de formalización de Peña Torres (marzo 2004) y compararla con la data de su inscripción como socio del Club de Tiro José Miguel Carrera. Todo realizado de manera legal.

Su método fue muy simple. Sergio Peña Torres se inscribió en el Club de Tiro José Miguel Carrera el 20 de junio de 2004. En los registros del club, incluso aparece–junto a su señora- entre los socios que cuentan con el permiso de transporte de arma, proveído por la DGMN.  Todo ello fue posible porque ni la ley ni el reglamento vigente restringen el acceso de armas a las personas que estén bajo investigación del Ministerio Público o que tengan vínculos con personas con antecedentes delictuales o de violencia intrafamiliar.

Entre las armas que estaban inscritas a nombre de Peña Torres aparece una pistola Intratrec 9mm. Según información proporcionada por el Ministerio Público, el arma aún “está perdida”, ya que no estaba dentro de las que se le incautaron.

Los requerimientos para ser socio de ese club son prácticamente los mismos que se requieren para inscribir un arma: un certificado de antecedentes, fotocopias del padrón del arma y cédula de identidad, una foto carnet y el pago único por la cuota de incorporación y anualidad. Este pago, incluye un curso de entrenamiento, que en ese club es obligatorio.

El Club de Tiro José Miguel Carrera no es el único donde delincuentes han encontrado un nicho para la inscripción legal de armas. En noviembre de 2008 la prensa difundió otro caso similar. Una banda traficaba armas bajo la fachada de la Federación Chilena de Tiro y Defensa Cercana (Fechitidec), inscrita en Chiledeportes con una sede en calle Napoleón (Las Condes), donde funciona una empresa de oficinas virtuales para varios clientes. La investigación policial determinó que el presidente de la federación, Cristián Aqueveque Carrasco, junto a su hermano Pablo, eran los líderes de la banda. Pablo Aqueveque aparecía como presidente del club de tiro “Impacto”, integrante de la Fechitidec.

El entonces fiscal Alejandro Peña, quien dirigió ese operativo, informó que la banda vendía armas a narcotraficantes de la capital y la Quinta Región. La sorpresa de los persecutores fue mayúscula cuando entre los clientes de los hermanos Aqueveque encontraron a dos de los mayores grupos de narcotraficantes de la capital de la época: los Care Jarro y los Guatones, ambas bandas fueron desbaratadas también ese año 2008. A los integrantes de los Care Jarro se les incautaron fusiles de guerra, pistolas de alto poder y más de dos mil municiones.

-Cuando investigamos a la banda de los Care Jarro nos dimos cuenta que sólo entre su líder, Alejandro Cavieres,  y su señora, registraban más de 22 armas inscritas. Y no eran cualquiera: tenían armas de alto calibre. De hecho, uno de los fusiles que tenían era de guerra, lo que está prohibido y que solo pueden poseer las Fuerzas Armadas –relató a CIPER, Héctor Barros, jefe de la Fiscalía especializada en Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Región Metropolitana Sur.

Para la obtención de las armas los narcotraficantes utilizaban “palos blancos” que las inscribían en su calidad de socios de los clubes de la Federación Chilena de Tiro y Defensa Cercana. Para facilitar la inscripción, el club les proveía las pruebas psicológicas -uno de los requisitos que exige la ley- ya aprobadas. Después, los dueños de las armas las daban por “perdidas” y así éstas quedaban listas para ser vendidas a los narcotraficantes. El sistema con que operaban incluía también campos de tiro para las prácticas de los delincuentes en Curacaví, San Felipe, Buin y La Cisterna. El terreno de Buin era arrendado por uno de los dueños de la federación: Cristián Aqueveque. En el resto de los campos, se hacían ejercicios de tiro pero de forma clandestina.

Faltaban otras piezas para tener el cuadro completo con que operaban los delincuentes. Al investigar el historial de las armas incautadas a la banda de los Care Jarro, la fiscalía encontró una armería que se repetía: la Armería Santander. Su dueño, Daniel Santander Ortega, ocupaba los datos de una persona que le compraba un arma en su local, para inscribirle otras a su nombre sin que el cliente supiera. Para esto aprovechaba los espacios que deja la ley. Esta permite, dependiendo de qué tipo de permiso hayas obtenido, hasta seis armas inscritas. Y si eres un coleccionista, no hay límites.

El método de Santander también fue detectado en otras armerías de la capital, ubicadas en el Paseo Bulnes. En algunas, al cliente que compraba un arma lo hacían firmar un papel con el que le agregaban otras cuatro armas a su nombre. Así, las otras cuatro legalmente inscritas eran vendidas en el mercado negro a delincuentes.

El armero Santander también fue vinculado con una de las tantas armas que tenía en su poder Italo Nolli, el pistolero que en 2011 asesinó a sangre fría a dos efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y dejó seis heridos graves, al ser descubierto traficando cobre robado. El hecho causó conmoción porque Nolli protagonizó un tiroteo en pleno centro de la capital, que movilizó a más de 500 detectives.

-Ahí descubrimos que se falsificaban documentos para pertenecer a clubes de tiro, inscripción que servía para ser catalogado como deportista o cazador y así inscribir armas –cuenta el fiscal Barros.

Fiscal Héctor Barros

Un problema y el más grave de todos faltaba por responder: ¿cómo obtenían los delincuentes el armamento de guerra que estaba apareciendo en los delitos más violentos? En una de las investigaciones policiales se detectó que algunas personas, al momento de inscribir su arma le sacaban el dispositivo (“pistón”) que permite disparar ráfagas, modalidad que está limitada solo para las Fuerzas Armadas. De esta manera, son inscritas armas de gran poder bélico como si fueran de uso deportivo o caza, conocidas como de “tiro a tiro”. Una vez hecha la inscripción, las bandas de narcotraficantes agregan el “pistón” con la colaboración de algún armero, como Santander, logrando que dispare ráfagas como un arma de guerra.

La investigación que dirigía el fiscal Héctor Barros iba de hito en hito. Se habían desbaratado bandas de narcotráficos y descubiertos sus nexos con dueños de armerías y algunos clubes de tiro de fachada. Hasta que se paralizó. Hasta hoy nunca se ha dado una explicación oficial de por qué la indagatoria quedó allí. CIPER le consultó al fiscal Barros el motivo por el cual no se siguió investigando. Esta fue su respuesta:

-Descubrimos que estas bandas de narcotraficantes tenían contacto con gente que estaba relacionado con este tema de las armas: las unidades fiscalizadoras a cargo del Ejército. Y la verdad es que ahí no pudimos avanzar mucho más, porque no se cuenta con la cooperación de los imputados.

-¿Se le notificó esta información a la DGMN?

-Nosotros sabíamos, por escuchas telefónicas, que había un suboficial que dentro de la DGMN ayudaba al armero Santander a falsificar documentación y a sacar armas que eran dadas de baja para entregárselas al mismo armero. Pero nunca pudimos comprobar quién era el suboficial. Y sí, le advertimos al Ejército.

Aunque parezca increíble, recién en 2005, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Control de Armas y Explosivos (la anterior era de 1972), se establecieron los requisitos mínimos para inscribir un arma: ser mayor de edad, acreditar domicilio, no tener antecedentes penales o de violencia intrafamiliar, reinscribir el arma cada cinco años y demostrar con exámenes psiquiátricos y físicos que se tienen las características idóneas para mantener un arma, además de un test teórico que certifique los conocimientos para manipularla.

Pero la norma rige solo para quienes han inscrito armas desde 2005. Coincidentemente, ese año fue uno de los que registró más inscripciones de armas. La Encuesta de Seguridad Ciudadana de 2005 también demostró que la delincuencia era percibida como el principal problema: casi un 80% de los encuestados señalaba que había sido víctima, al menos una vez, de un robo con violencia.

Transcurridos nueve años la situación en lo esencial no ha variado. El único impedimento nuevo para que un ciudadano inscriba un arma es que esté ad portas de ser sometido a un juicio oral, después de haber sido formalizado por un delito. De hecho, los registros indican que más de un 98% de las solicitudes son aprobadas y que desde 2011 va en aumento la cantidad de armas  que se dan por “perdidas o extraviadas”. Una unidad especializada de Carabineros es la que debe fiscalizar que el arma esté en el domicilio que declaró su dueño.

SEGUIMIENTO DE LA MUNICIÓN

Lo cierto es que la facilidad de contar con armas hechizas o inscritas ha permitido un mayor acceso a distinto tipo de armamento que es ocupado para cometer delitos. Las denuncias por delitos violentos de enero a septiembre de este año sobrepasan las 140 mil, según estadísticas de Carabineros. El año pasado las armas hechizas –de acuerdo con datos de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN)- constituyeron un 11,1% del armamento destruido. La dimensión del problema provocó cambios.

El primero de ellos fue la decisión del gobierno de enviar al Congreso modificaciones a la ley de armas. El objetivo: aumentar los requisitos para adquirirlas y aumentar las penalidades para quienes violen la legislación. “Chile no puede ser un país en que cualquier persona o un delincuente pueda tener un arma, ya sea robada o hechiza, y es por eso que estas indicaciones son bastante estrictas y duras”, dijo en junio el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, al comentar el contenido del proyecto de ley.

A la espera de la aprobación del proyecto ya se han puesto en marcha otras modificaciones en la fiscalización.  Así lo explicó a CIPER el coronel de Carabineros y jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos (OS-11), René Martínez, quien asumió esa jefatura en marzo de este año:

-Mi designación en este cargo obedece a una estrategia más agresiva en relación a buscar a las personas que tienen armas en forma irregular, para evitar que caigan en el mercado ilícito. Esta lógica la estamos aplicando a contar de este año en forma muy fuerte y es la misma que se aplica en drogas. El seguir la droga e incautarla no causa mucho daño a los carteles, porque si tienen dinero pueden comprar o producir más droga. Lo mismo sucede acá. Es muy fácil la construcción de un arma hechiza, pero la recarga de un cartucho es muy complicada. Entonces, seguimos el camino de la munición.

Uno de los grandes problemas para las bandas de delincuentes y del narcotráfico sería el abastecimiento de municiones. Según la reglamentación chilena, una persona que tiene inscrita un arma para defensa personal puede comprar 100 tiros al año. A los deportistas y cazadores se les permite adquirir hasta 3 mil tiros por arma anuales. De las 761.692 armas inscritas, el 52,1% es para defensa personal (396.913 unidades), por eso las municiones que la ley autoriza comprar (un máximo de 39 millones de tiros anuales) resultan un “peligro” para la policía:

-No puede ser que una persona compre 100 tiros, al otro año 100 más y nadie le pregunte si utilizó los tiros anteriores. Acá no se puede andar disparando como en el far west o en el campo disparando a un tarrito. Tiene que haber un proceso de fiscalización a la utilización de esos tiros -afirma el coronel Martínez.

– ¿Por qué solo ahora se decide hacer esa fiscalización del uso de municiones?, ¿por qué no se hizo antes?

-No tengo respuesta. Se hizo en un par de ocasiones. Tengo entendido que se hizo. Pero este año le hemos aplicado más fuerza.

 “PAPURRI”: EL SIQUIATRA DE LAS ARMERIAS

CIPER recorrió las armerías del Paseo Bulnes en busca de algún revolver o pistola para defensa personal. El ejercicio periodístico fue para comprobar cuán fácil o complejo es para un ciudadano adquirir un arma legal. Preguntamos por armas cortas y cotizamos. Encontramos revólveres desde $285 mil hasta una pistola calibre 45 que superaba el millón de pesos. Los vendedores preguntan para qué quiere uno usarla, dónde la va a utilizar y si tiene experiencia. Si nunca ha disparado, no hay problema: “En un rato acá le enseñamos a armarla y desmontarla”, es la respuesta tipo. También recomiendan hacer el entrenamiento en clubes de tiro y una de las armerías ofrece incluso entrenar en su polígono, instalado en el subterráneo del mismo Paseo Bulnes.

Una vez agotada esa fase viene la de los precios y, por último, el ítem más importante: los requisitos oficiales para concretar la compra.

En algunas armerías regalan el manual que el comprador debe memorizar antes de ir a rendir el examen teórico en una dependencia de Carabineros, cuya ubicación depende del domicilio del comprador. En otras lo venden por $10 mil. “Incluso con las alternativas marcadas”, dice una vendedora. En todo caso, el texto se puede descargar de la página web de la DGMN (ver documento). Y otro vendedor nos alienta afirmando que el examen “es mucho más fácil que el que se da para la licencia de conducir”.

Después de haber elegido el modelo, se debe dejar un abono. La Armería Armarket, por ejemplo, exige una garantía de $50 mil. Esto, mientras se espera la hora para el examen teórico, que dependerá de la cantidad de postulantes en la fecha que se decida rendirlo.

En la fecha y hora del examen se debe llegar con la carpeta completa: certificado de antecedentes (el de fines especiales), declaración jurada de domicilio, una copia de la cédula de identidad, un carnet del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) o de algún club deportivo si el arma es para caza o deporte, más una evaluación psiquiátrica que acreditará que se está apto mentalmente (ver documento).

Panorámica del Paseo Bulnes

En casi todas las armerías consultadas nos dijeron que en una mañana se pueden obtener todos los papeles, con excepción de la consulta psiquiátrica. Lo extraño fue que en la mayoría nos recomendaron al mismo médico: Alberto Martínez Amurrio. Incluso en dos armerías -“Inmaval” y “Bulnes”- nos escribieron en sus tarjetas de presentación la dirección y teléfono de la consulta del psiquiatra y el precio: $30 mil. Preguntamos si era difícil pasar el examen siquiátrico. Un vendedor dice: “Yo sé por qué se lo recomiendo (al doctor Martínez), es rápido y no complica”.

El test psiquiátrico también se encuentra en Internet, en la misma página de la DGMN (ver aquí). El “certificado de aptitud psicofísica” es una declaración jurada que mide la condición física, psíquica y clínica del paciente. Como las preguntas están publicadas, basta con aprenderse bien las respuestas adecuadas para aprobarlo.

El doctor Martínez atiende a pocas cuadras del Paseo Bulnes: en Lord Cochrane 30, oficina 604. Al llegar al pasillo del sexto piso del edificio, se ve una cámara en el techo. Abre el mismo doctor la puerta de la consulta y nos introduce a una sala de estar pequeña con tres sillones y un revistero. “Me abres la puerta si llega algún paciente, por favor”, nos dice  y nos invita a sentarnos, al tiempo que parte raudo a seguir atendiendo a otro paciente. Esperamos 20 minutos en medio de un fuerte olor a incienso, durante los cuales debimos abrirle la puerta a una persona. De fondo, se escucha una bachata. La música proviene del privado del doctor.

Martínez nos hace pasar. Llama la atención su acento y le preguntamos de dónde proviene. Nos dice que ha estado en México y que quizás le quedó el acento. Al indagar sus datos personales aparece que el doctor Martínez Amurrio es de nacionalidad boliviana y registra domicilio en Chile desde 1984, el mismo año que se tituló de médico cirujano en la Universidad de Chile.

Nos pide nuestra cédula de identidad y nos pregunta quién nos envía. Le decimos que nos lo recomendó una de las armerías y nos pide el número de teléfono para llamarnos de inmediato. Mientras espera que me suene su llamado en mi celular, nos pide que lo registremos como “doctor Martínez”. Y con una sonrisa acota: “Pero dime Papurri”.

En la página web del Ministerio de Salud, Martínez aparece como médico a honorarios de la Subsecretaría de Salud Pública desde 2006 a marzo del 2009. Orgulloso nos muestra la credencial que lo acreditaba como “autoridad fiscalizadora”.

Dice que nos hará un test para saber si estamos diciendo la verdad. En una hoja blanca escribe cinco palabras: caballo, tigre, vaca, oveja y cerdo. Luego nos pide que las ordenemos del 1 al 5. Cuando le preguntamos qué mide la prueba, nos cuenta que él la inventó y que con ella evita aplicar el Test de Rorschach (las famosas manchas). “Con este sistema veo como está la persona, ¿para qué necesito algo más?», recalca. Entonces viene la segunda prueba. Ahí debemos rellenar con una x si es que hemos quedado alguna vez sin habla, si hemos tenido problemas con la orientación o hemos recibido algún tratamiento por alcohol o drogas, entre muchas otras preguntas del mismo examen que se encuentran en Internet.

Mientras vamos completando el cuestionario, Martínez rellena las respuestas del examen síquico: control de impulsos, tipo de inteligencia (normal, déficit o insuficiente) o si la persona que está delante de él sufre de alucinaciones.

La tercera parte y final es la sección clínica. Allí el médico debe explicar su evaluación del aparato cardiovascular, respiratorio, locomotor y abdomen del paciente. En este caso, el doctor Martínez no hace ninguna pregunta, tampoco examina. Solo escribe. Cuando termina, anota como observación “cerebelo normal, sin trastornos del juicio de realidad en el presente examen”.

En solo 10 minutos la prueba siquiátrica ha sido aprobada. Al comentarle que el trámite era más rápido de lo que pensábamos, dice: “No es tan fácil, pero te tocó conmigo”. Y cuenta que otros siquiatras “toman el Test de Rorschach, te dicen mañana venga a ver sus resultados, y cuando te reprueban, ¡igual cobran! ¿Y si vienes de Rancagua solo para esto?». Para demostrar que no aprueba a todos los “compradores de armas”, toma una hoja que está encima de un mueble y la muestra: “pendiente”, se lee. Dice que corresponde a una persona de 82 años a la que él no ha autorizado “porque tengo una duda: ¿y si quiere el arma para matarse?”. Un par de anécdotas profesionales de su trabajo fuera de Chile amenizan la despedida. Tres personas lo esperan en la salita.

Cuando le relatamos la secuencia y contenido del examen al psiquiatra Raúl Riquelme, docente de la Universidad de Chile, su respuesta es inmediata: “Esta evaluación debería tomar a lo menos dos o tres sesiones por su complejidad. Evaluar el porte de armas requiere de un examen mental más acucioso, lo que significa una a dos entrevistas, donde no se llene un checklist, sino que el profesional explore todos los aspectos que crea necesarios”.

En Carabineros se sabe que algo extraño está pasando con los exámenes que se requieren para poder adquirir un arma.  Y reconocen que son malas prácticas que se han transformado en habituales. El coronel Hernando Hevia, jefe de la autoridad fiscalizadora número 28 de Santiago, cuenta que han recibido decenas de certificados psiquiátricos de un mismo especialista en un período muy corto de tiempo. Algo imposible de cumplir. Pero aclara que su institución sólo puede verificar que el certificado esté firmado por un médico y no “poner en duda” la veracidad del resultado.

El coronel Hevia tiene claro que para erradicar estas malas prácticas se debería regular a los psiquiatras con la creación de un registro de profesionales autorizados -que no existe en Chile- o que sea Carabineros el que realice las pruebas.

Ese vacío no es el único problema para poder controlar la inscripción de armas por parte de delincuentes. Hay otro que, para el personal de Carabineros especializado, aparece como más grave y urgente.

DGMN VERSUS CARABINEROS

Frontis de DGMN en la calle Vergara

La Dirección General de Movilización Nacional  y Carabineros no comparten registros en línea. La policía sólo puede consultar información de una persona en la base de datos de la DGMN si es que ésta se encuentra involucrada en una investigación judicial. Esta particular incomunicación da cuenta de que la relación entre las dos instituciones encargadas de fiscalizar el control de armas en Chile no es tan fluida como debiera.

Por años la DGMN fue la única institución encargada de fiscalizar la inscripción y tenencia de armas. Pero la cantidad de funcionarios no era suficiente para realizar inspecciones en terreno. Situación que se solucionó al incorporar a Carabineros a las fiscalizaciones. Así nació el Departamento de Control de Armas y Explosivos (OS-11) que hasta hoy realiza esa labor. Pero, aunque la cantidad de funcionarios encargados aumentó, aún no alcanza para realizar un trabajo óptimo, como reconocen en Carabineros.

En todo Chile hay 316 funcionarios -que se distribuyen en 64 unidades- autorizados para realizar inscripciones no sólo de armas, sino también de explosivos en las zonas mineras. También deben verificar que las armas inscritas se encuentren donde se declaró que estarían, además de la fiscalización de polvorines y explosivos. El equipo más grande lo componen 40 personas y está ubicado en Santiago (Unidad Fiscalizadora 28).

Ante esta escasez de personal, el coronel René Martínez dice que “es complicado, pero con esfuerzo se puede”. Pero ese esfuerzo no alcanza para cumplir los objetivos: fiscalizar cada arma inscrita por lo menos cada dos años. Reconoce que el promedio actual es de cinco años, el lapso que obligatoriamente tiene el dueño de un arma para reinscribirla. Y en cinco años un arma puede fácilmente extraviarse o ser robada. Arma pérdida o robada es una frase que se escucha recurrentemente en el OS-11.

– Nos pasa que cuando vamos a fiscalizar, preguntamos: “señor ¿y su arma?”. “Se me extravió”, nos dicen. Y ahí recién debemos empezar a corroborar si la perdió o la vendió a traficantes o delincuentes. Y muchas personas no informan a la policía de que su arma ha sido robada -sostiene el coronel Martínez.

Esta sería -según señala el mismo oficial- una de las razones principales de por qué no se puede entregar una cifra de la cantidad de armas inscritas que circulan ilegalmente.

Esta fiscalización en terreno es función exclusiva de Carabineros. Y por lo mismo, quisieran ser los únicos encargados de todo el proceso que implica la inscripción y tenencia de armas y no compartir la tutela con la DGMN.

-Nos complica esta doble dependencia. Nosotros queremos darle una mirada de seguridad pública a las armas, pero tenemos que pasar por la DGMN – explica el coronel Martínez.

La doble tuición sobre el control de armas parece haber llegado a un límite. Porque otros expertos consultados por CIPER acusan a la DGMN de hacer primar la defensa del derecho de las personas a tener armas.

-Por ejemplo, yo como entidad fiscalizadora le niego la autorización de un arma a una persona que fue condenada, porque la ley lo dice. Pero ellos tienen el derecho a pataleo y puede ir con su recurso a la DGMN y ésta puede autorizarlo. Está facultada por la ley: estudian el caso y ven que la persona tuvo una condena, pero es una persona de bien y se autoriza. Pero en Carabineros tenemos una mirada de orden público: a personas con antecedentes de hurtos o cosas pequeñas, tampoco los autorizamos –afirma el coronel Martínez.

La jefa del Departamento Jurídico de la DGMN, mayor (J) Macarena González, discrepa y defiende el que haya dos instancias a cargo:

-Esa es una opinión muy personal del coronel (Martínez). No me puedo hacer cargo de una expresión así, porque Carabineros como institución jamás lo ha expresado. Además, los casos se ven uno a uno. Yo no le puedo negar a alguien un derecho sólo porque estimo que no cumple con los requisitos. Es como negar la licencia de conducir a alguien que pasó el examen. Para evitar eso es que hay una doble instancia: para que no sea una sola mano la que ejerce el poder.

La mayor González  también difiere del coronel Martínez en cuanto a la eficiencia de los controles. Y afirma que los estándares de fiscalización son buenos, en gran medida, debido a las “auditorías permanentes” que realiza la DGMN a la autoridad fiscalizadora, es decir, al OS-11. Las cifras oficiales parecen darle la razón a la mayor González. Bajo este sistema han aumentado las fiscalizaciones realizadas por Carabineros: si en 2012 se inspeccionaron 30.790 armas, la cifra se duplicó en 2013, llegando a las 60.846. Y hasta septiembre de este año, ya alcanzaba las 58.166.

LAS MODIFICACIONES A LA LEY

Endurecer penas y aumentar sanciones son la clave del proyecto que modifica la Ley de Control de Armas y Explosivos que se debate en el Congreso desde 2008. La próxima semana debería ser votado en la Sala del Senado para volver a la Cámara.

El proyecto incorpora la figura penal de colocación de artefactos explosivos o incendiarios, penaliza la entrega de armas a menores y exige que los certificados psiquiatricos para inscribir un arma sean realizados sólo por médicos registrados y empadronados por la DGMN.  A quienes compran y vendan ilegalmente municiones también se les aplicará sanción.

La novedad es una nueva figura penal: “la bala loca”. Toda persona que injustificadamente dispare un arma, desde o hacia la vía pública, sera puesto a disposición de la justicia. Antes, sólo se podía condenar a quien disparara si es que alguien resultaba herido y la causa se abría por lesiones. Si la reforma estuviera vigente, las tres personas que fueron detendidas este lunes 10 de noviembre en San Bernardo, por disparar un fusil de guerra -marca Colt, calibre 5.6- habrían recibido duras penas.