Más de 300 empresas tienen acuerdos con Luxemburgo para pagar menos impuestos

Traducción y adaptación a cargo de Eduardo Segovia y Daniele Grasso, de El Confidencial

Pepsi, Ikea, FedEx y otras 340 empresas multinacionales han firmado acuerdos secretos con Luxemburgo que les permiten reducir drásticamente sus facturas fiscales globales pese a que su presencia en el Gran Ducado es testimonial. Estas compañías han desviado cientos de miles de millones de beneficios hacia el pequeño país centroeuropeo, una operación que les ha ahorrado miles de millones en impuestos, según la revisión de 28.000 páginas de documentos confidenciales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y un equipo de más de 80 periodistas de 26 países (explore aquí la base de datos).

Las grandes compañías consiguen enormes ahorros fiscales creando complejas estructuras legales y contables para mover sus beneficios desde los países donde tienen su sede o donde desarrollan su actividad a Luxemburgo, un país conocido por su bajísima imposición tributaria. De hecho, en algunos casos,  han conseguido tipos efectivos inferiores al 1%, según muestran los documentos a los que ha tenido acceso la investigación.

Esta documentación consiste en varios cientos de acuerdos fiscales privados y secretos, conocidos como tax rulings o comfort letters, que Luxemburgo ofrece a las empresas que buscan un tratamiento fiscal favorable.

La Comisión Europea ha abierto sendas investigaciones sobre si los acuerdos alcanzados violan su normativa. El Gobierno luxemburgués se ha negado a entregar los documentos donde se recogen estos tax rulings.

La UE y el Gran Ducado llevan meses peleando a cuenta de la resistencia de las autoridades del país a proporcionar información sobre estos acuerdos a las instituciones comunitarias. La Comisión Europea ha abierto sendas investigaciones sobre si los acuerdos alcanzados por Amazon y Fiat en Luxemburgo violan su normativa. El Gobierno luxemburgués ha ofrecido algo de información, pero se ha negado a entregar los documentos donde se recogen estos tax rulings, según afirman funcionarios comunitarios.

ICIJ y sus medios asociados han tenido acceso a 548 de estos tax rulings firmados entre 2002 y 2010. Estos acuerdos se han puesto en contexto utilizando balances empresariales, solicitudes regulatorias y resoluciones judiciales. Durante seis meses han trabajado en esta investigación medios como The Guardian (Reino Unido), Süddeutsche Zeitung y NDR (Alemania), la Canadian Broadcasting Corporation (Canadá), Le Monde (Francia), Asahi Shimbun (Japón), Politiken (Dinamarca) o Folha de S. Paulo (Brasil).

PWC, EL MAGO QUE HACE DESAPARECER LOS IMPUESTOS

Estos documentos han sido negociados por PricewaterhouseCoopers, PwC, una de las ‘big four’ (las mayores firmas de auditoría y consultoría del mundo), en Luxemburgo en representación de cientos de clientes corporativos. Para que las empresas consiguieran las ventajas fiscales deseadas, PwC les diseñaba complejas estrategias financieras que comprendían préstamos de las matrices luxemburguesas a las filiales de otros países y otras estructuras para transferir beneficios de una parte de la empresa a otra con el fin de reducir o suprimir totalmente los ingresos sujetos al pago de impuestos.

Así, por ejemplo, FedEx consiguió una estructura que sólo gravaba el 0,25% de sus ingresos y dejaba libre de impuestos el 99,75% restante. «Una estructura luxemburguesa es una forma de reducir los ingresos provenientes de cualquier país», según Stephen E. Shay, profesor de fiscalidad internacional de Harvard y exfuncionario del Tesoro de EEUU. A su juicio, el Gran Ducado «combina una enorme flexibilidad para constituir esquemas de reducción de impuestos con unos tax rulings vinculantes para su Gobierno. Es como la tierra prometida».

En estos acuerdos aparecen empresas de todo tipo de sectores: capital riesgo, inmobiliaria, banca, industria, farmacia, etc. Entre los nombres más conocidos figuran Accenture, Abbott Laboratories, AIG, Amazon, Blackstone, Deutsche Bank, The Coach, H.J. Heinz, JP Morgan Chase, Burberry, Procter & Gamble, Carlyle o la Abu Dhabi Investment Authority.

Por su parte, las autoridades luxemburguesas aseguran que el sistema de acuerdos fiscales privados del país es irreprochable. «De ninguna manera son acuerdos de amigos», ha declarado a ICIJ Nicolas Mackel, consejero delegado de Luxembourg for Finance, una agencia cuasi-gubernamental. «El sistema fiscal luxemburgués es competitivo; no hay nada injusto o inmoral en él», según Mackel. «Si las empresas logran reducir sus facturas fiscales a un tipo muy bajo, no es un problema de un solo sistema fiscal, sino de la interacción de muchos sistemas fiscales».

La publicación de estos documentos se produce en un momento muy delicado para el pequeño país, que tiene una población de sólo 550.000 habitantes pero la renta per cápita más alta del planeta. En medio de la investigación comunitaria sobre estos acuerdos, su exprimer ministro, Jean-Claude Juncker, acaba de estrenarse en la presidencia de la Comisión Europea. Juncker era el líder del Gobierno de Luxemburgo cuando se aprobaron muchas de las ventajas fiscales del país, pero, desde su nuevo cargo, ha prometido mano dura con estas artimañas. Afirma también que el régimen de su país «es totalmente acorde a la normativa europea».

LAS EMPRESAS PROPONEN CUÁNTO QUIEREN PAGAR

Según la legislación luxemburguesa, los asesores fiscales de PwC y de otras firmas pueden presentar a las autoridades propuestas de estructuras societarias diseñadas para conseguir ahorros fiscales y firmar con ellas un documento escrito que les asegura que su plan será aprobado por el Ministro de Finanzas. «Se trata de llevar tu planificación fiscal al Gobierno y recibir su bendición por anticipado», según Richard. D. Pomp, profesor de normativa fiscal en la Universidad de Connecticut. «Y la mayoría la recibe. Luxemburgo tiene un departamento fiscal muy laxo».

Estos acuerdos privados son legales en Luxemburgo, pero pueden ser objeto de disputas jurídicas fuera del país, si las autoridades fiscales de otros países los consideran inadecuados. Según el Ejecutivo del Gran Ducado, estas «decisiones fiscales por adelantado» existen en otros países como Alemania, Francia y Reino Unido, y no chocan con la legislación comunitaria siempre que todos los contribuyentes que se encuentran en una situación similar sean tratados igual.

Un portavoz de PwC afirma que la investigación del ICIJ está basada en información «obsoleta» y «robada», «y su sustracción está en manos de las autoridades competentes». Añade que su asesoramiento fiscal se ofrece «de acuerdo con las leyes y tratados aplicables a nivel local, europeo e internacional, y está sometido a un código de conducta fiscal de PwC Global».

La mayoría de las empresas que aparecen en los archivos descubiertos provienen de EEUU y Reino Unido, seguidas por las de Alemania, Holanda y Suiza. No hay ninguna española, aunque sí muchas que invierten o hacen negocios en nuestro país. La mayoría de los tax rulings se firmaron entre 2008 y 2010. Algunos de ellos salieron a la luz por primera vez en una investigación de Edouard Perrin, de la cadena de TV francesa France 2, en 2012, pero la mayoría de los documentos de PwC no habían salido a la luz hasta ahora.

Entre ellos se encuentran también algunos acuerdos firmados por KPMG, y es de suponer que PwC no tiene el monopolio de la prestación de este servicio. Los medios asociados a ICIJ han cotejado los acuerdos con expertos que dejan claro que estas empresas y sus asesores han desarrollado estrategias agresivas para reducir impuestos, usando Luxemburgo en combinación con otros países de baja tributación como Gibraltar, Delaware e Irlanda.

«LOS OTROS PAÍSES ESTÁN PERDIENDO DINERO»

«Es la primera vez que vemos el verdadero funcionamiento de Luxemburgo como un paraíso fiscal», asegura Richard Brooks, exinspector de Hacienda británico y autor del libro El gran robo fiscal, que ha ayudado a ICIJ a revisar algunos de los documentos. «Los países que están perdiendo dinero no saben nada de esto, no saben cómo funciona en absoluto».

Pierre Gramegna. Ministro de Finanzas de Luxemburgo

El mes pasado, en un prestigioso evento en el Metropolitan Club de Nueva York, Pierre Gramegna, el ministro de Finanzas luxemburgués, afirmó de forma tajante que «Luxemburgo no es un paraíso fiscal. Lo digo alto y claro». La respuesta del auditorio fue una sonora carcajada. Lo cierto es que más de 170 de las 500 empresas de la lista Fortune tienen una oficina en el país. Se estima que en 2012 las compañías de EEUU transfirieron 95.000 millones de dólares de sus beneficios fuera de su país a Luxemburgo, sobre los que pagaron 1.040 millones, apenas el 1,1%.

Luxemburgo tiene formalmente un tipo del Impuesto de Sociedades del 29%, una imposición cercana al 30% que la Hacienda española exige a las grandes empresas y que dobla el 12,5% de Irlanda. Pero los documentos a los que ha tenido acceso este diario demuestran que el país aprueba de forma rutinaria tax rulings que reducen los ingresos sujetos a tributación a prácticamente cero. Un mecanismo que rebaja el tipo efectivo normalmente por debajo del 5%.

EL DESVÍO PUEDE SER DE VARIOS BILLONES

Sólo un 30% de los documentos obtenidos por ICIJ ofrecen una cifra concreta del dinero que las empresas pretenden transferir a Luxemburgo. Pero sólo ese porcentaje suma 215.000 millones entre 2002 y 2010. Si lo extrapolamos, el 100% ascendería a más de 700.000 millones… sólo en los acuerdos diseñados por PwC. Si suponemos, como es lógico, que las otras tres de las ‘big four’ también prestan este servicio, la cifra sería de varios billones.

Las condiciones de los tax rulings se discuten en reuniones privadas con las autoridades del Gran Ducado hasta que se llega a una versión final escrita, que el Gobierno aprueba el mismo día.

Los tax rulings detallan las diferentes estrategias financieras adoptadas por las empresas y especifican el tratamiento fiscal que PwC espera para sus clientes; por ejemplo, que los dividendos estén exentos. Estas condiciones se discuten en reuniones privadas con las autoridades del Gran Ducado hasta que se llega a una versión final escrita, que el Gobierno aprueba el mismo día.

En este proceso el hombre clave es Marius Kohl, llamado ‘Monsieur Ruling’, que dirigió todo este proceso durante años al frente de una agencia llamada Sociétés 6. Aprobó miles de estos acuerdos, incluso 39 en un mismo día. En una reciente entrevista con el Wall Street Journal, Kohl -ya retirado- afirma que «el trabajo que hice indudablemente benefició al país, aunque tal vez no en términos de reputación».

Para alcanzar estos acuerdos las empresas no necesitaban tener una presencia física real en Luxemburgo. Bastaba con tener una dirección postal y un número de teléfono, y muchas empresas luxemburguesas los proporcionan por una pequeña comisión anual; de hecho, hay edificios donde están registradas 1.600 compañías. En 2011, el país endureció la normativa para exigir a las empresas teóricamente matrices que la mayoría de sus directivos y de su consejo de administración sean residentes en el país.