UPV: Carta del presidente del directorio y respuesta de CIPER
05.10.2014
Señora
Mónica González Mujica
Directora – CIPER
De mi consideración:
En virtud del derecho que otorga a mi representada el Titulo IV de la Ley 19733, expongo a continuación las imprecisiones y errores contenidos en el reportaje publicado el día martes 23 de septiembre pasado por Ciper Chile, titulado «Lazos entre UPV y Akredita QA ponen en jaque certificación de su Escuela de Medicina», a la vez, debo enfatizar que para la realización del reportaje no se consultó ninguna fuente oficial de nuestra Universidad. La publicación de esta rectificación, además de constituir un hecho de justicia, permitirá resarcir, al menos en parte, el daño que este tipo de informaciones distorsionadas implica para el prestigio de nuestra Universidad y el futuro laboral de nuestros alumnos.
1.- En relación con los resultados del Examen Único Nacional de Medicina (EUNACOM) el reportaje aludido sostiene que «En la prueba Eunacom 2013, la escuela de Medicina de la UPV es una de las dos escuelas que obtuvieron los resultados más deficientes del país», lo cual significaría que «la mayoría de sus egresados no está lo suficientemente capacitada para trabajar en el sistema público de salud».
Lo cierto es que:
• Tal como informa su reportaje, los resultados del EUNACOM «ya no son información pública», por lo que los indicadores que arroja mal podrían ser utilizados para la generación de ranking alguno y menos para la calificación de la calidad o categoría de educación proporcionada por un establecimiento de educación superior.
• No es efectivo que el Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Sr. Luis Castillo, haya sostenido que la UPV ocupara uno de los últimos lugares en los resultados obtenidos en EUNACOM. Es más, expresamente se abstiene de mencionar las universidades que obtuvieron resultados bajos.
• Todos los médicos titulados en la UPV se encuentran actualmente trabajando en su profesión y muchos de ellos han sido reclutados en los mismos campos clínicos donde realizaron sus internados.
II.- El reportaje afirma que nuestra Escuela de Medicina se encuentra con la mayoría de sus convenios para el empleo de campos clínicos expirados o por vencer. Tales aseveraciones son falsas, pues a esta fecha, todos los alumnos que realizan su internado en campos clínicos lo hacen en establecimientos con convenios vigentes. Ahora bien, en relación a la afirmación acerca de las próximas caducidades respecto de dichos convenios, la situación de la UPV no es distinta a la de todas las escuelas de medicina del país, sujetas al nuevo ámbito reglamentario que rige a los Servicios de Salud (Norma General Técnica y Administrativa N» 254 de Julio de 2012), la cual, en norma transitoria, excluyó la renovación automática de convenios de campos clínicos.
III.- Respecto de las acreditaciones de medicina de los años 2010 y 2011, la nota periodística de Ciper dice contar con informaciones que «permiten verificar irregularidades hasta ahora desconocidas en ambos procesos». Esta aseveración falta a la verdad, toda vez que ambos procesos de acreditación de carrera se llevaron a cabo sometiéndose en forma estricta y precisa a la normativa y exigencias establecidas.
Las supuestas irregularidades que denuncia el reportaje corresponden sólo a conjeturas que no se sustentan en la realidad y que, por lo mismo, rechazamos por completo.
Sorprende, por ejemplo, que se mencione como causal de «irregularidad» la relación familiar que une al entonces Secretario General de UPV, Sr. Aldo Biagini, con el Dr. Leandro Biagini, debido a que, conforme al Artículo 19, inciso sexto de la Ley 20.129 sobre Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, no constituye causal de inhabilitación de un par evaluador.
Asimismo, en relación con la participación que se atribuye al Dr. Vito Sciaraffia en los procesos de acreditación de nuestra carrera de Medicina, si bien el Dr. Sciaraffia es miembro del Consejo de Acreditación del Área de Salud de la Agencia Akredita QA, consta en actas que no estuvo presente ni votó en ninguna de las reuniones en que se trató el acuerdo de acreditación de medicina de la UPV, ni en 2010, ni en 2011.
A mayor abundamiento, el propio reportaje reconoce que, al momento de firmar el contrato de acreditación, la firma Akredita QA «aún no tenía atribuciones para acreditar la carrera de medicina», la que recibiría por parte del Ministerio de Educación en enero de 2009. En línea con las conjeturas de su publicación, lo anterior supone que nuestra Universidad firmó un convenio que nos permitiría acceder a una acreditación supuestamente irregular de manos de una entidad que no tenia atribuciones para ello, lo cual además de absurdo, revela un absoluto desconocimiento de los procesos de acreditación y de la supervisión a la cual están afectos las Agencias autorizadas para estos efectos.
IV.- En relación a la alusión que hace el reportaje al caso del ex alumno Alexander Bravo, debemos puntualizar que la detección de la información falsa entregada por el alumno, surge de la iniciativa de la Directora de Carrera, Sra. Carolina García, investigación que dio lugar a un sumario interno y puso en marcha todas las instancias institucionales que finalizaron con la expulsión del alumno, situación que fue ratificada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.
V.- Por último, con respecto a la información entregada por Ciper en relación a nuestro Campus Santiago Centro, debemos señalar que efectivamente éste se encuentra con clausura temporal y que, atendiendo las instrucciones de la autoridad, hemos tomado las medidas necesarias para terminar durante el mes de octubre las obras menores pendientes, de manera de regularizar el funcionamiento de esa sede a la brevedad.
Los alumnos de las carreras que se imparten en ese campus, han sido reubicados provisoriamente en otros campus, de tal forma que sus clases teóricas y prácticas han proseguido con entera normalidad.
Solicito a Usted la publicación de esta rectificación de forma íntegra, sin intercalaciones, con características similares a la información que la provoca, de acuerdo a lo establecido en el Título IV sobre derecho de aclaración y rectificación de la ley 19.733 sobre libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. Sin perjuicio de lo anterior, nuestra Universidad se reserva el derecho de evaluar otras acciones legales que estime conveniente en relación al daño provocado por su publicación a nuestra institución y sus alumnos.
Sin otro particular, se despide atentamente.
Enrique Rodríguez Villa
Presidente Directorio Universidad Pedro de Valdivia
RESPUESTA DE CIPER
El presidente del directorio de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), Enrique Rodríguez Villa, señala en su carta que los indicadores del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina EUNACOM no servirían para la elaboración de cualquier tipo de ranking y “menos para la calificación de calidad o categoría de educación proporcionada por un establecimiento de educación superior”. Sin embargo, la evaluación es un instrumento creado en 2008 por ley especialmente para medir el nivel de conocimientos clínicos mínimos requeridos por los egresados de las escuelas de Medicina del país para ingresar a trabajar al sistema público de Salud. De hecho, quienes no lo aprueben, no podrán optar a cargos en establecimientos dependientes del Estado. Por tanto, el EUNACOM es la herramienta oficial de medición con la que cuenta el Ministerio de Salud para evaluar las aptitudes con que egresan los médicos de las distintas universidades del país, y que sirve de filtro para evitar el ingreso de médicos poco preparados al sistema.
Si se revisan los registros del EUNACOM hasta 2011, disponibles en el sitio web que administra la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), lo que se encuentra son los resultados agrupados por año y por escuela de Medicina, lo que da cuenta de que la medición no sólo tiene como objeto la evaluación de los médicos recién egresados como personas naturales, sino que también de las instituciones de educación superior que imparten los conocimientos a esos médicos. En ese sentido, históricamente los resultados del examen no sólo han sido clave para la selección de funcionarios idóneos en hospitales y consultorios, sino también para que futuros estudiantes puedan elegir informadamente respecto a qué escuelas sí entregan los conocimientos mínimos requeridos por el sistema público de Salud.
En esos registros la UPV no aparece: nunca antes había rendido el examen, ya que su primera generación egresó recién en 2013. Desafortunadamente, desde 2012 que los resultados del EUNACOM dejaron de ser públicos y ahora son confidenciales, tal como explicamos en nuestro reportaje. En esa última versión, 1.426 egresados de las universidades chilenas rindieron el examen. De ellos, el 11,2% no obtuvo el puntaje mínimo, transformándose en la evaluación con mayor tasa de reprobación a la fecha. Fuentes consultadas por CIPER que tuvieron acceso a esos resultados ratificaron el desastre de la participación de la UPV, sobre todo de los egresados de la sede de Santiago.
Respecto a los convenios docente asistenciales, el presidente del directorio de la UPV señala que todos sus alumnos que cursan internado lo hacen en campos clínicos con convenios vigentes y que la caducidad de esos contratos, la mayoría con fecha de término a fines de este año, responde a una norma transitoria que prohibiría la renovación automática de los convenios y que estaría incluida en el reglamento que regula la gestión de los campos clínicos[1], vigente desde julio de 2012.
En la Norma Técnica y Administrativa del Ministerio de Salud que cita Enrique Rodríguez, nada dice respecto a la exclusión de la renovación automática de los convenios. Lo que sí señala es que, por los cambios en la normativa, los contratos vigentes a julio de 2007 que tuvieran un plazo de vigencia mayor a tres años debían ser modificados para adecuarse a las nuevas regulaciones. CIPER conversó con médicos, funcionarios y directores de los distintos establecimientos públicos que han funcionado como campo clínico para la Escuela de Medicina de la UPV, y en la mayoría de los casos nos señalaron que el fin de los convenios nada tenían que ver con la norma del ministerio, sino más bien con el cumplimiento de los plazos establecidos y con la falta de interés de los respectivos servicios en renovarlos. De hecho, en la carta que el ex director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOC), Rodrigo Infante, envió en julio de 2013 a las autoridades de la UPV para poner fin al convenio para el uso del hospital de Talagante y el CRS Salvador Allende de Pudahuel como sus principales campos clínicos apenas se cumpliera el plazo de vigencia, no dice nada sobre la norma (ver carta). Ese convenio, oficialmente, ya caducó el pasado 31 de agosto, y fue extendido hasta fin de año de forma excepcional para no perjudicar a los alumnos que aún cursan su internado.
Enrique Rodríguez también hace referencia en su carta a los vínculos que CIPER investigó entre el par evaluador de la agencia Akredita QA, el doctor Leandro Biagini Alarcón, y el actual rector de la UPV, su hermano y socio, Aldo Biagini Alarcón. Cuando el primero participó en la evaluación de la escuela de Medicina para su acreditación en 2010, el segundo era secretario general de la universidad, por lo que formaba parte de la cúpula directiva de la institución. En el segundo proceso de acreditación, el de 2011, CIPER no pudo obtener constancia de quiénes fueron los pares evaluadores y si Leandro Biagini participó fue uno de los pares evaluadores de la UPV, pero lo que sí está claro es que hasta el día de hoy figura en la nómina de evaluadores de la agencia fundada por el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros.
Según el presidente del directorio de la universidad, ese vínculo no sería objeto de inhabilidad según la Ley Nº 20.129, sobre Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. Y es así: la legislación sólo establece incompatibilidades en la relación directa de las instituciones sujeto de la acreditación y los miembros de la CNA, su secretaría ejecutiva, los comités consultivos y los pares evaluadores. Así, deja afuera de regulación las relaciones familiares, profesionales y comerciales que podrían existir entre los acreditadores y las autoridades de una institución de educación superior, y que podrían significar parcialidad en procesos que son clave no sólo para obtener acceso a millonarios recursos públicos, sino que también son la garantía para miles de estudiantes de que están recibiendo una educación de calidad. CIPER considera que ese es uno más de los tantos vacíos legales que exhibe la actual legislación que rige para la regulación del sistema de educación superior y que ha permitido el lucro y la casi nula fiscalización de las instituciones. Aunque la participación de Leandro Biagini como par evaluador se ajuste a la ley, resulta cuestionable desde un punto de vista ético que el hermano y socio de una alta autoridad de la universidad haya evaluado a la misma para obtener su acreditación.
Ese mismo vacío se aplica al caso de la contratación de Vito Sciaraffia como director nacional de la carrera de Medicina justo un mes después de obtener la acreditación por tres años. Esto porque Sciaraffia es desde 2008 miembro del Consejo de Acreditación del Área de Salud de Akredita QA, el organismo interno de la agencia encargado de aprobar o rechazar la acreditación de las escuelas de Medicina, Enfermería, Odontología y otras del área de la salud. Si bien Rodríguez asegura que Sciaraffia no participó en la toma de decisión de las acreditaciones de la Escuela de Medicina de la UPV en 2010 ni en 2011 –algo que CIPER no ha podido comprobar ya que las actas de ese Consejo no han sido entregadas a la CNA–, resulta cuestionable el hecho de que la Escuela de Medicina de la Universidad Pedro de Valdivia haya contratado a sólo un mes de haber obtenido su acreditación a uno de los funcionarios de la agencia que le otorgó esa acreditación.
Tanto la relación entre los hermanos Biagini como la contratación de Sciaraffia a la cabeza de la Escuela de Medicina pueden estar dentro del marco legal, pero eso como bien lo saben miles de chilenos hoy día no significa que no sean cuestionables. Es lo que pasó con la venta de acreditaciones desde la Comisión Nacional de Acreditación y con el pago por parte de algunas universidades de arriendos millonarios de sus sedes a inmobiliarias de los mismos dueños de la universidad y que no son delito ni están fiscalizados. El boquete que dejó la ley así lo permite. En este caso, los vínculos entre la agencia Akredita QA y la UPV generan dudas legítimas respecto a la independencia que debiera regir las relaciones de una entidad acreditadora con uno de sus sujetos de acreditación.
Por último, respecto al caso del alumno Alexander Bravo, quien llegó desde otra universidad a cursar los últimos tres años de Medicina en la UPV y que ya llevaba más de un año en su internado, sin tener acreditados estudios previos, el presidente del directorio de la casa de estudios señala que la iniciativa de investigar la situación fue de la directora de la escuela, Carolina García, y no de alumnos de la escuela, como CIPER informó en su reportaje. Independiente de quién haya comenzado la investigación, lo que parece grave es que durante los casi tres años que el alumno estuvo en la escuela nadie antes se había percatado de su falta de formación. Entonces, lo importante aquí no es si se aplicó el sumario y se expulsó al alumno, como sí se hizo, sino que la falta de control en los sistemas de admisión que queda de manifiesto con este caso. En especial sobre un alumno que ya estaba en contacto con pacientes.
[1] 2012-07-09 — Norma Nº254 – Minsal sobre asignación de campus clínicos
