Daniel Farcas: su nexo con fraude de las Becas Valech y la compra de acreditación de la UNIACC

Vea también: «Becas Valech: la trama y los protagonistas del fraude»

Dos complejas investigaciones judiciales tienen en la mira a la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC, propiedad del consorcio estadounidense Apollo Group inc. En ambas, un protagonista importante es Daniel Farcas Guendelman (PPD), 41 años, electo diputado de la Nueva Mayoría por el Distrito 17 de la Región Metropolitana (Conchalí, Huechuraba y Renca), quien durante ocho años -entre 2002 y 2010- fue vicerrector académico, pro-rector y finalmente rector de la UNIACC. En ambas investigaciones el nudo central lo configuran hechos irregulares que han provocado daño a miles de familias y que probablemente terminen siendo considerados “perfectamente legales”.

La primera investigación indaga sobre el origen y destino de los $15.000 millones que esa institución recibió gracias a las Becas Valech entre 2006 y 2010, precisamente los años en que Farcas ocupó un alto cargo en la toma de decisiones de la UNIACC. Son recursos públicos que el Estado, en virtud de una ley, destinó para que las personas que sufrieron tortura y prisión política durante la dictadura pudieran completar los estudios interrumpidos por actos de violencia.

Aunque resulte inexplicable, ni la ley ni el reglamento respectivo especificaron qué tipo de cursos podían financiarse con esta beca. Tampoco se diseñó un mecanismo a través del cual la autoridad fiscalizara la correcta utilización y transferencia de esos fondos de reparación.

Ante tamaños boquetes en la legislación, algunas universidades, entre ellas la UNIACC, vieron allí un nicho de negocios e inventaron “programas especiales”. Cursos que no servían para completar los estudios escolares que muchos de los ex prisioneros habían dejado incompletos, y tampoco permitían acceder a un título universitario. Cursos que, de hecho, nadie pagaría con su propio dinero porque no van a ninguna parte. Un fraude.

Algunos de esos cursos, como el “Programa Universitario en Comunicación, Gestión y Nuevas Tecnologías”, que creó la UNIACC, en el que se matricularon más de 1.500 ex presos políticos, costaron al Fisco más de $5 millones al año por alumno (duraba dos años). Un costo mayor al que tenía la carrera de Medicina en la Universidad de Chile. Eso implica que el Fisco gastó recursos como para formar durante dos años a 1.500 médicos, pero lo que se obtuvo fue algo así como “gestores en nuevas tecnologías”.

La autoridad de la época constató la imprecisión de la norma y la sangría fiscal que implicaba, y también el engaño del que eran víctimas precisamente aquellos que la ley buscaba reparar. Pero no hizo nada por cambiarla. En 2011, después de varios de miles de millones de pesos gastados, una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, instalada a raíz del escándalo que provocó un programa de Televisión Nacional que denunció estas prácticas, cuestionó duramente a quienes tenían el poder y la obligación de velar por el interés público: las ministras de Educación Yasna Provoste (DC), actual diputada, y Mónica Jiménez de la Jara (DC), actual embajadora de Chile ante el Vaticano; el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Julio Castro (quien en 2009 asumiría como rector de la Universidad de Viña del Mar, de propiedad del Grupo Laureate (ver recuadro), y su jefe de gabinete, Rodrigo Lasen.

En su informe final (ver informe final de la comisión), los diputados concluyeron que se había “mal utilizado fondos públicos, dilapidándolos desde la promulgación de la ley y del reglamento”; y que las autoridades de la época actuaron con “displicencia e indiferencia”: “Resulta de una negligencia gravísima la pasividad de las autoridades del Ministerio de Educación, sobre todo en lo que a recepción de reclamos se refiere”.

Hasta ahora no ha habido sanciones penales que respalden las duras conclusiones de los parlamentarios. Probablemente no las habrá. Porque de las dos investigaciones que abrió el Ministerio Público, una está cerrada y la otra agoniza. La fiscal a cargo de esta última, Ximena Chong, dijo a CIPER que la ley y el reglamento que servían para regular la entrega de los dineros de las Becas Valech, eran tan vagos y amplios que, aunque los costos y la utilidad de los cursos de la UNIACC (y de otras instituciones de Educación Superior) podían parecer una bofetada al sentido común, hasta ahora aparecían como perfectamente legales.

Ximena Chong

Ximena Chong describe así el razonamiento usado por la UNIACC para justificar los precios: “Lo que han señalado algunos privados, y uno puede estar o no de acuerdo en términos éticos, es que si a mí el Estado está dispuesto a pagarme todo lo que yo cobre, soy libre de cobrar lo que yo estime”.

No obstante, la investigación del Ministerio Público sí pudo determinar algunos hechos que prueban por qué la UNIACC recibió por lejos la mayor cantidad de dineros de las Becas Valech. Y ello fue posible gracias a que, en forma irregular y con anticipación, ese plantel obtuvo la nómina de los beneficiados por la Ley Valech y pudo así desplegar una agresiva campaña para capturarlos con planes de estudios que resultaron ser caros y un engaño.

En esa trama aparecen en roles protagónicos Daniel Farcas y uno de sus amigos desde los tiempos de la dictadura: el vicerrector académico y luego rector de la UNIACC, Andrés Lastra (DC), quien fuera en 1989 presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), cuando su amigo Farcas fue secretario general de dicha federación por la Izquierda Cristiana. La participación de ambos se detallará en la segunda parte de este reportaje.

ACREDITACION EN CUOTAS

Una segunda investigación judicial es la que busca determinar si la acreditación que obtuvo la UNIACC en 2007 -y que le permitió acceder a otros $2.100 millones provenientes del Crédito con Aval del Estado (CAE)- fue legítima o el resultado de actos de corrupción. La indagatoria se ha extendido también a los pormenores del intento frustrado de acreditación de la UNIACC en 2011, encontrando claras pruebas de que esa institución, con Farcas como figura descollante, intentó beneficiarse ilícitamente de los contactos que tenía en el sistema de acreditación.

Esta investigación tiene como eje a un personaje que CIPER sacó de las sombras de la burocracia: Luis Eugenio Díaz Corvalán, ex consejero y después presidente (s) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Tras la revelación hecha por CIPER de que Díaz firmó con la Universidad del Mar un contrato para que la CNA le otorgara la acreditación (ver reportaje), el escándalo fue creciendo hasta dar paso a una investigación judicial en pleno desarrollo.

La investigación de la Fiscalía Oriente ha levantado dudas -algunas ya confirmadas- sobre la idoneidad de la acreditación conseguida por media docena de instituciones. Se constató que, en algunas de ellas, Luis Eugenio Díaz demandó favores en medio de los procesos de acreditación (como en el caso de la Universidad SEK, a cuyo rector Díaz le pidió que lo contratara a él o a su “sobrina”); o como el proceso de la Universidad Autónoma, donde Díaz le solicitó al rector, el ex ministro de Justicia Teodoro Ribera (también dueño del Instituto Profesional Inca-cea), que becaran a un sobrino suyo, además de obtener después un contrato a honorarios para una asesoría en Gendarmería, institución dependiente del mismo Ribera, quien para entonces ya era ministro (ver reportajes de CIPER).

A otros planteles Luis Eugenio Díaz les cobró caro por su asesoría. Con la Universidad del Mar (UDM) firmó un contrato por $60 millones, más un incentivo por cada año de acreditación que lograra. En ese contrato, firmado en 2011, si la UDM conseguía dos años le pagarían $15 millones extra; si obtenía tres años, $25 millones; y si lograba cuatro años, $45 millones. (Ver documento)

Ese contrato está inspirado en uno muy similar que hizo el mismo Díaz un año antes -el 1 de marzo de 2010- con la UNIACC, cuyo monto fue negociado con Daniel Farcas. Primero Díaz le cobró a la UNIACC $20 millones por una evaluación de la casa de estudios y luego firmó por $50 millones para asesorarla en el proceso de acreditación institucional, más premios por cada año que lograra. La relación entre las partes se quebró a mediados de 2010. Pero Eugenio Díaz alcanzó a trabajar en los documentos que la UNIACC presentó a la CNA para obtener su acreditación. De hecho, cobró $20 millones del segundo contrato.

Eugenio Díaz no informó a la CNA del vínculo comercial que tenía con la UNIACC y en noviembre de 2011, cuando la CNA decidió su acreditación, Díaz votó. Ese acto completamente irregular, sin embargo, no fue suficiente para que la UNIACC consiguiera la acreditación pues su situación financiera era lamentable y además el escándalo de la Becas Valech ya le había estallado en la cara.

FARCAS Y DIAZ: LAZOS ANTIGUOS

Tanto en la investigación de las Becas Valech como en la de las acreditaciones vendidas por Luis Eugenio Díaz, aparece el ahora diputado Daniel Farcas (PPD) en un rol central. Entre 2006 y 2010, cuando el diputado ocupó cargos de máxima responsabilidad en la UNIACC, el dinero público de las Becas Valech y del Crédito Con Aval del Estado llegó a raudales a esa universidad. De hecho, fue la universidad que más dinero recibió por Becas Valech, muy por encima de otras instituciones (ver cuadro).

Los testimonios de varios ex presos políticos que se sintieron estafados por la UNIACC, y que así lo declararon en un juicio que se abrió en Valparaíso y también refirieron a CIPER, sindican a Daniel Farcas como responsable importante del verdadero fraude realizado por esa casa de estudios con las Becas Valech. En la investigación de las acreditaciones, en tanto, Farcas debió declarar como imputado en medio de la última campaña parlamentaria.

En su declaración ante la Fiscalía, Daniel Farcas tuvo que reconocer una antigua relación con el principal inculpado, Luis Eugenio Díaz, ya que ambos fueron militantes de la Izquierda Cristiana en la clandestinidad en dictadura. Y también debió admitir ante el fiscal Carlos Gajardo que fue él quien propuso contratar a Díaz -en ese momento presidente de la CNA- para que asesorara a la UNIACC en la acreditación. Según Farcas, Díaz le aseguró que “no había problemas”. La misma respuesta -dijo- obtuvieron de “varios abogados que consultamos: no había inconveniente”. Aunque no especificó el contenido de su consulta, Farcas quiso dejar en claro ante la justicia que todo había sido legal.

Eugenio Díaz

En rigor, antes de que Luis Eugenio Díaz llegara de la mano de Daniel Farcas a la UNIACC, hubo otros capítulos en su relación. Porque la estrecha complicidad forjada entre ambos en dictadura se reanudó en el año 2000, ya recuperada la democracia, al coincidir en una entidad pública poco conocida: el Centro Nacional de la Productividad y la Calidad (CNPC), dependiente de la CORFO. Farcas asistía a las reuniones de la CNPC como director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), cargo que ocupó tras haberse desempeñado como director de Organizaciones Civiles del Ministerio Secretaría General de Gobierno de Eduardo Frei. Luis Eugenio Díaz, en tanto, llegó al CNPC a mediados de la década de los ´90, como su secretario ejecutivo.

Cuando en el año 2000 hubo cambio de gobierno y Farcas llegó al CNPC, ya se había forjado allí desde mediados de los ’90, una estrecha complicidad entre tres personajes clave del tráfico de acreditaciones: Andrés Lastra (DC), a quien Luis Eugenio Díaz le ofreció el puesto de encargado de comunicaciones de la CNPC; y Ángel Maulén (DC), por entonces subsecretario de Economía (y por ese hecho presidente de la CNPC).

Cuando Farcas llegó al CNPC en 2000, con el cambio de gobierno, Andrés Lastra ya no estaba allí (desde 1997 era jefe de la División de Finanzas del Ministerio de Transportes), pero rápidamente se lo llevó a trabajar con él al servicio que dirigía (Sence), como su segundo a bordo. En tanto, Ángel Maulén había adquirido la Universidad Mariano Egaña junto a un socio transformándola en la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), otra de las universidades cuya acreditación está siendo investigada por el Ministerio Público y en la que Maulén tiene la calidad de imputado por el delito de posible lavado de dinero.

En el año 2002, arrastrado por un episodio de corrupción conocido como el Caso Coimas, Daniel Farcas fue obligado a dejar la dirección del Sence. Andrés Lastra también debió partir, pero rápidamente fue contratado en un alto cargo en el Instituto de Normalización Previsional (INP, dependencia del Ministerio del Trabajo). Farcas, en cambio, no seguiría en el aparato público. Al poco tiempo encontró trabajo en la UNIACC, propiedad de Andrés Guiloff, a quien conocía por el Sence y la comunidad judía. Poco después, en 2003, Farcas se llevaría a trabajar a la UNIACC a Andrés Lastra, quien no abandonaría su cargo de gerente general del INP (ver curriculum).

Andrés Lastra se convirtió así en vicerrector académico de la UNIACC y Daniel Farcas en pro-rector. Al año siguiente, ambos serían los responsables de obtener la primera acreditación de dicha universidad ante la entonces CNAP (Comisión Nacional de Pregrado, antecesora de la CNA, dirigida entonces por Iván Lavados). Sería el momento en que nuevamente Farcas y Lastra se volverían a juntar con Luis Eugenio Díaz.

Porque fue precisamente en 2005 que la CNAP designó a Luis Eugenio Díaz como presidente de la comisión de pares evaluadores de la UNIACC: los encargados de visitar esa universidad y de informar a los consejeros de la CNAP. Con ese informe, más los antecedentes entregados por la UNIACC, la CNAP tomaba sus decisiones. Lo que los pares no informaban, simplemente no llegaba al organismo fiscalizador y, por lo tanto, no era considerado en la evaluación.

La UNIACC entonces era una universidad pequeña, de poco más de mil alumnos, que no usaba la PSU para seleccionar a sus postulantes y que era manejada como una empresa familiar por su dueño, Andrés Guilloff. Ambas características, sobre todo la segunda, eran mal vistas por la CNAP pues se esperaba que las universidades –que no podían lucrar– se administraran de acuerdo a sus propios intereses académicos y no de acuerdo al interés de su dueño.

Por eso resultó muy sorpresivo que la UNIACC recibiera dos años de acreditación. Sin embargo, todo comenzó a calzar cuando sólo cuatro meses después del beneplácito de la CNA, Eugenio Díaz asumió como subdirector de la escuela de derecho de la UNIACC, un cargo que no existía hasta ese momento y que Guiloff creó especialmente para él.

El paso de fiscalizador a empleado del fiscalizado causó molestia entre los consejeros de la CNAP. “Díaz me comentó que por haber ingresado a trabajar en la UNIACC lo habían restado de la lista de pares evaluadores de la CNAP. Me dijo que en la CNAP se habían molestado”, declaró Andrés Lastra ante la fiscalía.

Pero la molestia de la CNAP no influyó en la carrera de Díaz como evaluador de universidades. En 2006 la CNAP fue reemplazada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo que tenía mucho más influencia pues su certificado era la puerta de entrada al Crédito con Aval del Estado (CAE). Logrando la acreditación de la CNA, las universidades e institutos conseguían miles de millones.

El proyecto de ley que creó la CNA fue objeto de una intensa discusión en 2005 y 2006. La idea del gobierno de Ricardo Lagos era usar los recursos del CAE para que las universidades e institutos accedieran a someterse a un estricto control por parte de la CNA. En el proyecto enviado por el gobierno, este organismo tenía varias atribuciones para fiscalizar, las que fueron siendo mermadas con una lluvia de indicaciones en la discusión parlamentaria.

Quienes dirigieron la ofensiva en contra de las facultades de fiscalización fueron los diputados de la UDI José Antonio Kast, Eugenio Bauer, Sergio Correa; y los RN Germán Becker y Rosauro Martínez (actualmente desaforado por la Corte Suprema por su presunta responsabilidad en tres homicidios durante un operativo militar que él comandó en Neltume, en 1981).

José Antonio Kast, Eugenio Bauer, Germán Becker y Rosauro Martínez

Siempre actuando en bloque, los diputados presionaron para que la mayoría de los miembros de la CNA fuera designada por las universidades privadas e institutos profesionales (estos últimos sí pueden tener fines de lucro según la ley). Este cambio resultó nefasto, pues quienes debían ser fiscalizados tuvieron poder sobre el ente fiscalizador y terminaron haciéndolo actuar a su medida. Y la CNA, custodio de los nuevos y crecientes recursos del CAE, terminó transformada en un gestor de dinero sin control para las universidades con fines de lucro, a través de un modelo que, como ha quedado demostrado, incluía sociedades relacionadas, préstamos sin intereses ni plazos y otros mecanismos.

La norma estableció que de los 15 integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) con derecho a voto, la mitad sería elegida por las instituciones de Educación Superior privadas (universidades, institutos y centros de formación técnica) directamente beneficiadas o perjudicadas con las decisiones de la CNA.

Según declaró Andrés Lastra a la fiscalía, fue el dueño de la UNIACC, Andrés Guiloff, quien propuso a Luis Eugenio Díaz como candidato a consejero de la CNA en representación de las universidades privadas. Lastra junto a Daniel Farcas lo promocionaron. Ante la fiscalía, Farcas dijo: “Llamé a personas de otras universidades y en general fue bien aceptado su nombre”. Andrés Lastra y Daniel Farcas lograron el apoyo de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), que congregaba a 14 entidades, entre ellas la Gabriela Mistral, la Universidad del Mar y la Pedro de Valdivia.

Uno de los que votó por Luis Eugenio Díaz, según lo admitió ante los fiscales, fue Ángel Maulén, dueño de la Universidad Pedro de Valdivia (ex Mariano Egaña).

Así fue como Eugenio Díaz se instaló en la CNA en representación de las universidades privadas para el periodo 2007-2011 (junto con Adolfo Arata). El amplio respaldo que obtuvo le permitió ser elegido vicepresidente de la CNA.

Ángel Maulén

Al año siguiente, cuando Daniel Farcas ocupó la presidencia de la Corporación de Universidades Privadas hizo que ese organismo impulsara la candidatura de Luis Eugenio Díaz como miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el cupo que era elegido por los decanos de las escuelas de Derecho de las universidades. Según se consigna en la página de la CUP, tras el éxito de la operación, Farcas declaró: “Creo que en esta designación hemos demostrado que, como corporación, tenemos capacidad de convocatoria, y de sostener una posición de unidad frente a un requerimiento específico de las autoridades nacionales”. Interrogado por los fiscales Farcas reconoció que en esa ocasión “la UNIACC votó por Díaz”.

Los datos recabados por la Fiscalía Oriente muestran que en 2007 Luis Eugenio Díaz recibió de la UNIACC una remuneración anual de $17,5 millones. Tan importante como eso es que Daniel Farcas y Andrés Lastra reconocieron que Díaz colaboró, como un empleado más, en lograr que esa universidad se acreditara por segunda vez. Pero Díaz no era un empleado más: era ya consejero de la CNA, votaba e interactuaba en el ente que le concedería o no la acreditación. En la declaración de intereses a la que estaba obligado por ley, admitió su vínculo con la UNIACC, pero escribió simplemente “subdirector de la Escuela de Derecho”. Omitió decir que fue protagonista remunerado de su proceso de acreditación ya que durante todo 2007 colaboró estrechamente en la documentación necesaria para ello.

Así lo reconoció a la fiscalía Daniel Farcas: “Luis Eugenio Díaz, en el proceso ante la CNA del año 2007, colaboró como todos los profesionales y directivos de la universidad, por la importancia que el proceso tiene para la institución. En su rol de subdirector de la Escuela de Derecho, ayudó a preparar el informe de autoevaluación que estaba a cargo de Andrés Lastra, Orlando Galaz y Gustavo Cárdenas (secretario general de la UNIACC, aparece en numerosos testimonios como encargado de las Becas Valech en esa universidad). No sé específicamente la participación que tuvo Luis Eugenio Díaz, pero sí vi a Díaz reunido en la vicerrectoría académica con el resto del equipo confeccionando los informes de autoevaluación”.

En la votación de la CNA de 2007, sobre la acreditación de la UNIACC,  Eugenio Díaz se abstuvo de participar. En esa oportunidad la UNIACC recibió tres años de acreditación, lo que le permitió acceder sólo ese año a $896 millones de CAE. Pero como el CAE permite a los alumnos seguir financiando sus carreras hasta el final de ellas, esa acreditación le permitió a la UNIACC obtener más de $ 2.000 millones entre 2007 y 2011.

Dos meses después de lograda la acreditación, la UNIACC fue vendida a la transnacional de la educación Apollo en US$ 44 millones. Un dato importante pues sin haber logrado la acreditación el precio habría sido muy menor. Díaz continuó trabajando con la nueva administración todo el año 2008, pero ahora ganaba más y boleteaba a través de la empresa que formó con su esposa e hijas: Gestión Limitada. Entre octubre de 2007 y enero de 2009 recibió mensualmente $2,5 millones (cerca de $37 millones en total). Justamente en enero de 2009 comenzó a asesorar a la Universidad Andrés Bello. Pero los vínculos con la UNIACC quedaron intactos y se activaron cuando a fines de ese año esa universidad debió volver a preparase para renovar la acreditación en 2010.

Los dueños estadounidenses de Apollo habían designado en Chile a Hermann Schwarz como su representante. Según declaró éste último, Andrés Lastra y Daniel Farcas le insistieron que el hombre adecuado para la re-acreditación no podía ser otro que Luis Eugenio Díaz. Schwarz aceptó y a fines de 2009 Díaz fue contratado por la UNIACC para hacer una evaluación de la institución a pesar de ser ya vicepresidente de la CNA.

Le pagaron los primeros $20 millones por la evaluación. Díaz no declaró ante la CNA ese vínculo que sin duda comprometía la idoneidad de su rol en la CNA. Durante todo 2010 y 2011 el único trabajo que informó fue la asesoría que hacía a la UNAB.

En el informe de evaluación que hizo Eugenio Díaz para la UNIACC puede leerse qué es lo que miran los pares evaluadores de la CNA, y qué es lo que valoran y critican sus consejeros. Actúa como una especie de “espía” que surte a sus empleadores -la universidad que está siendo evaluada, en este caso la UNIACC-, de “información privilegiada” al filtrarle las opiniones de los consejeros durante el proceso.

En uno de sus informes, se lee: “En conversaciones internas y en foros varios integrantes de la CNA han planteado que una modificación legal que debería hacerse es que la CNA tenga la facultad de revisar la decisión de acreditación cuando poco después de adoptada se produzca un cambio importante en el proyecto institucional (y se suele citar el caso del cambio de propiedad de la UNIACC como ejemplo)”.

Una vez que Eugenio Díaz terminó su primer informe de evaluación, Andrés Lastra y Daniel Farcas insistieron en que, para corregir los problemas detectados y obtener la renovación de la acreditación, no había otro hombre más adecuado que Luis Eugenio Díaz.

En un primer momento, Díaz estimó su trabajo en $70 millones, con un premio de $30 millones si conseguía cuatro años de acreditación. En el email que le envió a Hermann Schwarz, entonces presidente del grupo Apollo en Chile, controlador de esa universidad, Díaz detalla el servicio que ofrece:

“Una asesoría en el diseño e implementación del proceso de gestión y aseguramiento de la calidad y en particular, del proceso de re-acreditación institucional de la universidad. La asesoría se brindaría especialmente al presidente ejecutivo y al rector, así como al comité o comisión de acreditación y demás instancias colectivas que lo requieran. El consultor revalidaría al menos una vez al mes el estado de avance del proceso de acreditación y los documentos que al respecto se elaboren… El proceso de consultoría se extendería desde esta fecha hasta que se adopte la decisión definitiva de acreditación. Los honorarios por esta consultoría ascenderán a la suma de $70.000.000 a todo evento y de $30.000.000 adicionales para la eventualidad que la universidad sea acreditada por cuatro años”.

Schwarz encomendó entonces a Lastra y a Farcas negociar una rebaja en los honorarios. Ambos consiguieron que Díaz cobrara $50 millones más un premio por año de acreditación que obtuviera: $15 millones si lograba dos años; $25 millones por tres años; $50 millones si le daban cuatro años. Y si conseguía cinco años de acreditación para la UNIACC, entonces Díaz se llevaba el premio máximo: $100 millones.

Andrés Lastra y Gustavo Cárdenas (Fuente: universia.cl)

Una recomendación que Díaz hizo en su informe fue separar el cargo de representante de Apollo con el de rector, roles que en ese momento reunía Hermann Schwarz. Luis Eugenio Díaz recomendó entonces a Andrés Lastra para ocupar la rectoría y que Farcas fuera nombrado en el directorio de la UNIACC. Schwarz aceptó lo primero. Y aunque Lastra duró dos meses en ese cargo (la disputa con Schwarz fue frontal), fue  tiempo suficiente para que Lastra contratara a Díaz para trabajar en los documentos que la UNIACC debía presentar para acreditarse. Es decir, para que trabajara en los documentos que luego el mismo Luis Eugenio Díaz evaluaría en la CNA.

Díaz comenzó a trabajar en ese segundo contrato con la UNIACC en marzo de 2010 y renunció el 9 de abril. No alcanzó a terminar su asesoría y cobró sólo $20 millones. La salida de su amigo Andrés Lastra fue detonante del quiebre. Pero hubo otro hecho que determinó la ruptura: el escándalo que en abril de 2010 se desató con las Becas Valech, cuando el programa “Esto no tiene nombre” de TVN, mostró que la UNIACC se estaba haciendo una fortuna con cursos que no conducían a ninguna parte y que eran carísimos para el Fisco. En ese momento el rector de la UNIACC era Daniel Farcas. Dos meses después de ese reportaje fue destituido (ver reportaje)

Un motivo más explica la intempestiva renuncia de Eugenio Díaz a la UNIACC. Para entonces, éste ya sabía que el presidente en ejercicio de la CNA, Emilio Rodríguez (actual intendente de Arica), se retiraría y que le correspondería a él subrogarlo. Entre las amplias facultades de las que tomaría posesión, estaba influir en la designación de pares evaluadores y dirimir las votaciones empatadas. No le convenía exponerse.

La instalación de Luis Eugenio Díaz en la presidencia dio inicio al periodo más irregular de ese organismo donde toda institución que se presentó ante la CNA fue acreditada. Varias de ellas tenían tratos bajo cuerda con el nuevo presidente de la CNA. Por ejemplo, Ángel Maulén, dueño de la Universidad Pedro de Valdivia, quien recurrió a los servicios de Luis Eugenio Díaz y de Andrés Lastra (a quien contrató como vicerrector de calidad de la UPV) para lograr acreditar su universidad en la CNA. Mediante un contrato por $50 millones pagados a Luis Eugenio Díaz, Maulén consiguió que la UPV, que nunca antes había sido acreditada, obtuviera un año de certificación y de CAE, lo que le significó recibir $2.000 millones.

En esos meses, Andrés Lastra también registra pagos de la sociedad personal de Eugenio Díaz, Gestión Limitada, por una asesoría hecha al Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. Más tarde, Eugenio Díaz le diría al fiscal Carlos Gajardo: “Diego Méndez, dueño y rector del CFT Simón Bolívar, me pidió que le ayudara a acreditar la institución a cambio de un pago a la Sociedad Gestión de $15 millones… Trabajé en eso con Andrés Lastra y le pagué $5 millones, todo con boleta”.

La sociedad de Luis Eugenio Díaz y Andrés Lastra para acreditar en forma irregular universidades, tiene otras aristas. Porque en el proceso de acreditación de la Universidad SEK, en 2009, uno de los cuatro pares evaluadores fue también Andrés Lastra, quien fue designado para esa tarea por el propio Díaz.

La relación de Andrés Lastra con la UNIACC no terminó con su salida de la rectoría y su aterrizaje en la Universidad Pedro de Valdivia. Hermann Schwarz, presidente de Apollo en Chile y directivo máximo de la UNIACC, declaró ante el fiscal Gajardo que “se le pidió permanecer vinculado a la UNIACC para asesorarla en su proceso de acreditación, atendida su experiencia académica y su calidad de par evaluador y todo el conocimiento que tenía de la universidad”.

Y se entiende, estando Luis Eugenio Díaz a la cabeza de la CNA, la UNIACC no podía permitirse despedir a uno de sus socios. El vínculo se mantuvo, dijo Schwarz, ya que hubo un proceso de negociación y “el posterior pago de una compensación y finiquito por el cese en su cargo de rector”.

Esos vínculos no fueron suficientes para lograr que la universidad se acreditara cuando a fines de 2011 la UNIACC debió ser examinada por tercera vez por la CNA. Fue rechazada. También fue estéril su intento de apelación en enero de 2012. La universidad bajó a la mitad su matrícula y sus ingresos.

LUCRO SIN CONTROL

El escándalo provocado por los negocios de todo tipo en el sistema de Educación Superior dio vida a dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. Sus informes fueron durísimos respecto de la falta de fiscalización del Ejecutivo. En el primero (“Funcionamiento de la Educación Superior”), la comisión concluyó no solo que había universidades que lucraban (entre ellas la UNIACC), sino que ese lucro se hizo gracias a que el aparato fiscal renunció a fiscalizar y a hacer cumplir la ley que expresamente lo prohíbe.

Daniel Farcas

En el segundo informe (sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA), la comisión parlamentaria asumió la parte de la responsabilidad que le cabía en el desastre del sistema: “Todos los actores involucrados, tanto gobiernos como legisladores, no dimensionaron de forma apropiada y oportuna la complejidad de los problemas que Chile sufría en materia de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. Se evitó legislar oportunamente, pese a que existían evidencias en relación a que algunas universidades se expandían de una forma en que se alejaban de su proyecto académico, y no se condecían con una interpretación sana y prudente del principio de autonomía institucional”.

El informe califica como un error el que las universidades que debían ser evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) tuvieran poder para elegir a un gran número de sus consejeros. Los diputados también consideraron equivocado haber construido un sistema donde las universidades que recibían la “autonomía” podían hacer después todo lo que se les viniera en gana, creando sedes y carreras sin control del Estado.

Lo grave es que, precisamente por los vacíos de la ley, reconocidos por los diputados, es posible que, penalmente, las sanciones que sufran los imputados no guarden proporción con el daño causado. De hecho, los fiscales que investigan tanto el lucro de las universidades como las operaciones de Luis Eugenio Díaz, han debido estrujar la ley para formalizarlo a él y a los rectores de la Universidad Pedro de Valdivia (Ángel Maulén) y de la Universidad del Mar (Héctor Zúñiga) por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos.

El hecho de que con sus actos muchas universidades hayan engañado a miles de familias sobre la calidad de sus instituciones, haciéndolos endeudarse y gastar grandes cantidades de recursos para entregar estudios que carecen de valor, no es un delito tipificado en la ley.

Hasta hoy ninguna institución del Estado ha cuantificado la cantidad de dinero que se escamoteó del bolsillo de las familias y también del Fisco y que fue a parar a negocios privados. La única cifra que se conoce es la que aporta el Mineduc: desde 2009 hasta 2013 la UNIACC ha devuelto cerca de $290 millones por concepto de Becas Valech irregulares. Y recibió $15 mil millones.