Corte Suprema paraliza nominación de ministros para el nuevo Tribunal Ambiental de Antofagasta

De acuerdo al diseño original, el Tribunal Ambiental de Antofagasta, debería estar cumpliendo un año de funcionamiento.  El nuevo tribunal tendrá jurisdicción desde la Región de Coquimbo al norte, por lo que entre otras causas deberá resolver conflictos ambientales tan importantes como los de la gran minería. Sin embargo, aún no se vislumbra cuándo entrará en funciones, pues la Corte Suprema se niega a aprobar la lista de postulantes para futuros ministros del tribunal.

La Suprema ya ha rechazado dos veces la nómina confeccionada a través del sistema de Alta Dirección Pública con los nombres de los postulantes a convertirse en ministros del futuro tribunal. Y aunque recibió una tercera lista en abril, la Suprema sigue considerando que los candidatos no son idóneos. El impasse no es fácil de resolver. Las raíces del problema están en la ley y hay quienes creen que la mejor solución es un cambio a la normativa, ya sea simplificando el proceso de nombramiento de ministros o sencillamente eliminando el tribunal de Antofagasta.

De los tres tribunales ambientales creados por ley, el primero en entrar en funcionamiento fue el de Santiago, en marzo de 2013. Como era el único, le tocó ver la causa por las irregularidades en el proyecto minero Pascua Lama. A raíz de la mayor judicialización de los conflictos ambientales, este es el tipo de temas que deberá resolver el Tribunal Ambiental de Antofagasta, lo que implica millonarios proyectos, que involucran poderosos actores y que son capaces de generar impactos irreparables para el medio ambiente.

El rol del Tribunal de Antofagasta será similar al de su par de Valdivia, que entró en funciones a fines del año pasado, y al que probablemente le tocará resolver sobre HidroAysén si es que la empresa decide recurrir a la justicia (aunque en el mundo legal varios apuestan que buscará una forma de que caiga en Santiago, para evitar que el proceso quede en manos de un tribunal que hasta ahora sólo ha fallado una causa). Por eso, es particularmente importante que los futuros ministros sean altamente calificados.

Compleja nominación

El proyecto de ley que crea los tribunales ambientales fue enviado en octubre de 2009, a fines del primer gobierno de Michelle Bachelet. El mensaje al Congreso indicaba que el modelo estaba basado en el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), lo que implicaba que sus integrantes reflejaran una composición mixta de abogados y expertos en ciencias y en economía, quienes funcionarían en una única sede que desde Santiago vería las causas de todo el país. El presidente sería uno de los abogados, designado por el Presidente de la República a partir de una quina enviada por la Corte Suprema, luego de un concurso público. Los otros cuatro integrantes serían expertos en materia ambiental (dos abogados y dos profesionales ligados a la ciencia y la economía), que serían nombrados por el Presidente de una lista seleccionada por el sistema de Alta Dirección Pública.

Rodrigo Egaña, presidente de Consejo de Alta Dirección Pública.

Si el sistema ya era complejo, durante la tramitación parlamentaria se volvió aún más complicado. Ya no sería un tribunal, sino tres (Valdivia, Santiago y Antofagasta). Cada uno estará integrado por tres ministros (dos abogados y un profesional ligado a las ciencias), junto a dos ministros suplentes. A diferencia del proyecto original, los ministros son designados por el Presidente con acuerdo del Senado, a partir de una quina enviada por la Corte Suprema. Además, ésta los debe elegir de una nómina preseleccionada por el Sistema de Alta Dirección Pública. Por cada ministro, la Suprema recibe entre seis y ocho candidatos, de los cuales a su vez debe seleccionar cinco, luego de citarlos a todos a una audiencia pública. “Ya es descabellado que intervengan los tres poderes del Estado”, apunta un abogado experto en medio ambiente.

Aunque la ley señala que los candidatos deben tener al menos diez años de experiencia profesional y haberse destacado en la materia, también determina que es el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) el que debe decidir “el perfil profesional de competencias y aptitudes del cargo”. Allegados al máximo tribunal comentan que cuando en 2013 recibieron las nóminas para Valdivia, la mitad de los ministros estuvieron por devolver los antecedentes a la Alta Dirección Pública por considerar que los candidatos no eran los suficientemente buenos, pero finalmente ganó la opción de aprobar la quina.

Con Antofagasta fueron más duros y dos veces rechazaron las nóminas de candidatos enviados por la Alta Dirección Pública. Según se lee en una de las resoluciones de la Corte Suprema, aprobaron un perfil de candidatos enviado por el CDAP que incluía el tener estudios de postgrado en materias ligadas al cargo y al menos dos publicaciones sobre temas ambientales. Sin embargo, la gran mayoría de los postulantes no cumplía con alguno de estos requisitos, por lo que no hubo candidatos suficientes para llenar las quinas.

Roces con la Suprema

El diseño original del proyecto buscaba integrar de alguna forma a la Corte Suprema a la elección de los candidatos para evitar roces ante la creación del nuevo tribunal, pero el tema de las designaciones fue complejo desde un inicio. En un oficio enviado al Senado en septiembre de 2010, el entonces presidente de la corte, Milton Juica, sostenía que el nuevo organismo no cumplía con los requisitos mínimos para ser llamado tribunal. Cuestionaban también la denominación y salarios de sus integrantes:

-A los miembros de los tribunales que se pretende crear el proyecto los denomina “Ministros”, en circunstancias que esta designación se reserva en general en la ley para los miembros de los tribunales superiores, naturaleza que no comparten los tribunales ambientales (…). Se les asigna como remuneración una que, en el evento que la que se proponga para el Superintendente del Medio Ambiente sea similar a la de los titulares de otras Superintendencias, será superior a la de un Ministro de Corte de Apelaciones, esto es, a la de un miembro del tribunal superior que está llamado a revisar la cuestión decidida por el Tribunal Ambiental del que ese “Ministro” forma parte, cuestión que esta Corte estima improcedente -escribía Juica.

Además, en dos oportunidades la Suprema cuestionó la intervención del Consejo de Alta Dirección Pública, el que durante la tramitación legislativa aumentó su rol en el proceso de elección de los ministros: “Atendido el tenor y naturaleza de la modificación que se propone, la Corte Suprema estima pertinente, en esta oportunidad, plantear derechamente una objeción de constitucionalidad al proyecto”, escribió el 12 de enero de 2012 el entonces presidente de la corte, Rubén Ballesteros, al Senado.

Los jueces consideraban que su rol había disminuido, pues la nómina de seis a ocho candidatos la conforma el CDAP, que es un organismo designado por el Presidente de la República. De esa lista, la corte escoge cinco nombres y luego el jefe de Estado eligea uno, el que debe ser ratificado por los senadores. En este esquema, los ministros de la Corte Suprema estiman que prácticamente todo el poder de la decisión queda en manos del Ejecutivo. El paso por el máximo tribunal, que reduce la nómina a cinco candidatos, es finalmente una decisión poco relevante.

“En definitiva, el proyecto en análisis en último término prácticamente priva al Poder Judicial de la potestad de proponer a las personas que integrarán tribunales de justicia, prerrogativa que es en esencia constitucional y que constituye sin duda una de las bases de la separación de los poderes de! Estado, razón por la cual no es posible otorgarle a esos órganos tal calidad”, se quejaba Ballesteros.

Sergio Muñoz

Pese a la molestia de la Corte Suprema, el proyecto se aprobó. Las designaciones para los tribunales de Santiago y Valdivia se llevaron a cabo con inconvenientes menores. Pero al llegar a Antofagasta, la corte hizo valer su voz rechazando dos veces a los candidatos. Pese a que reportes de prensa hablan de que el Consejo de Alta Dirección Pública recibió más de 300 currículos para la primera convocatoria, quienes han visto los antecedentes de los candidatos dicen que efectivamente no hay suficientes nombres que estén a la altura del desafío del cargo.

La última nómina fue enviada a la Corte Suprema en abril pasado.  “Aún no hay postulantes suficientes para llenar los cargos”, señalan en tribunales. Según fuentes cercanas a la corte, los ministros tienen claro que no aprobarán la nómina, pero no la han rechazado formalmente para evitar que el proceso fracase por tercera vez.

En el Consejo de Alta Dirección Pública confirman que se encuentran tratando de solucionar el impasse en conjunto con la Corte Suprema. Destacan que desde que el ministro Sergio Muñoz asumió la presidencia en marzo se nota una mayor disposición al diálogo. El actual presidente del CADP, Rodrigo Egaña, se reunión con él cuando asumió y hay optimismo en que su perfil más político permita articular un acuerdo, pero aún parece estar lejos de salir humo blanco.

“La Corte Suprema entiende que hay un tema de competencia respecto al perfil de los candidatos”, explican en el organismo. Mientras la corte interpreta que los postgrados y publicaciones son requisitos mínimos, el consejo estima que son “atributos deseables”. Y luego de dos rechazos, cada vez hay menos candidatos que cumplan con esos atributos y se hace más difícil conseguir a al menos seis personas por cada uno de los cargos (tres ministros y dos suplentes, es decir 30 candidatos). Eso sin contar que cada uno de los procesos de selección cuesta en promedio $14 millones, es decir ya se han gastado alrededor de $42 millones sin que se elija a ningún postulante.

Por eso, y más allá de los problemas de procedimiento, existe preocupación en el mundo legal de que se esté creando un tribunal que tendrá una función clave para el medio ambiente y para el futuro de algunas de las inversiones más millonarias, y que podría estar a cargo de personas que no están lo suficientemente calificadas.