Convenios del Ministerio del Interior con abogados externos suman $132 millones

El Ministerio del Interior comprometió pagos por $132 millones de pesos, por los contratos de asesoría externa a los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta en distintos periodos de la administración Piñera. A través de la Ley de Transparencia, CIPER obtuvo los documentos que dan cuenta de cuánto le costó al gobierno saliente externalizar de manera directa y a través de abogados de su confianza servicios legales de alta relevancia pública (ver respuesta del Ministerio del Interior).

El caso más complejo es el del penalista Luis Hermosilla, pues los contratos fueron firmados durante el período en que ese ministerio era dirigido por Andrés Chadwick, con quien ha compartido históricamente su estudio de abogados. Tres de los cuatro contratos fueron firmados por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y un cuarto decreto (ver documento) lo firma el propio Chadwick.

La relación entre ambos data de la época en que estudiaban Derecho en la Universidad Católica. En su declaración de intereses del 26 de noviembre de 2012, Chadwick ratifica el vínculo profesional que los une. En el documento, el ministro detalla que su situación profesional actual es de una “comunidad de techo con el estudio jurídico Hermosilla, Chadwick, Morales”, es decir, no figura actualmente como socio, pero sí reconoce que no sólo comparten espacio físico sino que el nombre del estudio aún lleva el apellido de ambos.  Según publicó El Mercurio el domingo 9 de marzo, Chadwick planea volver al estudio tras dejar La Moneda.

Luis Hermosilla

El documento que firmó como ministro del Interior lleva el número de decreto 698, de fecha 4 de julio de 2013, que modifica y complementa un convenio de asesoría anterior, especialmente en lo referido a los montos y atribuciones de Hermosilla. Según el oficio, la asesoría externa comprende no sólo los casos judiciales que se ventilan en la región de La Araucanía, representando los intereses del Ministerio del Interior, sino que debe asesorar y tramitar todas las causas penales en que participe esta repartición “que le encomiende tanto el ministro como el subsecretario”. En este documento, se aumenta en tres millones de pesos el monto de los honorarios fijados para una asesoría (de $25.900.000 pesos a $28.900.000) que había sido contratada en abril con la firma de Ubilla.

Para regular todos los actos administrativos en que participan las autoridades o funcionarios públicos, la Ley Nº19.880 detalla los casos en que las autoridades deben abstenerse de participar en actos administrativos que les competen, en este caso, la firma de un convenio a honorarios a suma alzada. En el artículo 11, se incluye como causa el vínculo profesional con la persona beneficiada: “compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato”. También se menciona “tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente”. No obstante, la Contraloría dio el visto bueno para todos estos decretos y por lo tanto, no hubo objeción legal. En opinión de abogados que han integrado la División Jurídica del Ministerio del Interior, “no existe ningún impedimento legal en este caso, pero estéticamente no se ve bien que el ministro Chadwick contrate a su amigo y ex socio. Debió excusarse de firmar ese decreto”.

De acuerdo al primer contrato suscrito con el Ministerio del Interior (ver documento), Hermosilla recibió honorarios por $25.900.000, pagados en nueve cuotas mensuales, la primera de $1.900.000 y las ocho restantes por $3.000.000 cada una, entre el 5 de abril y el 31 de diciembre de 2013. Como se dijo, luego fue ampliado con un aumento total de $3.000.000 que fueron cancelados ese mismo año.

Luis Hermosilla tuvo un alto protagonismo en el reciente juicio oral donde se condenó a Celestino Córdova a 18 años de presidio efectivo, sin beneficios, como autor del incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger, en la zona de La Araucanía. Junto a Domingo Acosta, también conformó el equipo jurídico que representó a Interior en el caso llamado de “falsos exonerados”, otro de los casos emblemáticos de la administración Piñera.

Hermosilla es uno de los penalistas que siempre está presente en los casos judiciales de alta connotación pública. Después de haber sido durante la dictadura abogado de la Vicaría de la Solidaridad y cercanía con el Partido Comunista, defendiendo a las víctimas del Caso Degollados; dio un giro que lo llevó a representar a la familia de Jaime Guzmán en la causa por el asesinato del ex senador UDI. También fue el abogado de Claudio Spiniak y actualmente defiende al sacerdote de los Legionarios de Cristo, John O’Reilly de una acusación de abuso sexual a menores.

¿CONTRATO DE “AMARRE”?

EL último convenio suscrito entre el gobierno y el abogado Hermosilla tiene fecha 27 de diciembre de 2013, con el decreto Nº 1388 (ver documento). Prolonga por un año más el contrato a honorarios del 2013, para que el abogado represente al Ministerio del Interior en las causas penales que se llevan en la región de La Araucanía. La particularidad del convenio es que sus funciones se extienden hasta el 31 de diciembre de 2014, durante la administración del gobierno de Michelle Bachelet.

El contrato a honorarios estipula expresamente que “sin perjuicio del periodo de vigencia del presente contrato, cualquiera de las partes puede ponerle término anticipado y sin expresión de causa”, dando el aviso correspondiente a la otra parte. CIPER consultó entre abogados que han trabajado en la administración pública si puede considerarse éste un contrato “de amarre” para la siguiente administración. Los especialistas coincidieron en que esta cláusula de término otorga plena libertad al gobierno entrante y por lo tanto “es imposible hablar de amarre, cuando la autoridad puede ponerle término en cualquier momento sin derecho a indemnización alguna”. Explican que es una situación diferente a los contratos de planta que se firman con extensión más allá del gobierno saliente, porque esos sí son inamovibles.

Esta discusión se da en el contexto de la denuncia hecha en febrero pasado por el diputado Fuad Chahín (DC), quien aseguró que “al menos 15 ex parlamentarios de la Alianza” tienen contratos por “asesorías millonarias” con el gobierno y que hay “500 concursos públicos de amarre”, lo que fue desmentido por Mauricio Lob, vocero subrogante del gobierno.

DEFENSA “PERSONAL” A UBILLA

Días después de que CIPER publicara el reportaje que daba cuenta del pago de sobreprecios en las licitaciones por el plan antidrogas Frontera Norte (ver «Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio»), el subsecretario Rodrigo Ubilla firmó un contrato de asesoría externa con Luis Hermosilla, para analizar todas las licitaciones comprometidas y proponer las acciones correspondientes. Esa asesoría fue contratada el 5 de octubre de 2012, y es de carácter breve: tres meses, entre octubre y diciembre de ese año, por un monto total $1.666.667, que debía pagarse en una sola cuota (ver documento)

Rodrigo Ubilla y Luis Hermosilla

El 9 de octubre, días después de firmar este contrato, el subsecretario Ubilla presentó una querella ante los tribunales por fraude al Fisco y violación de secreto, contra quienes resultaran responsables. El tribunal rechazó reiteradamente la presentación y, finalmente, a fines de octubre, se presentó nuevamente, esta vez como denunciante particular Rodrigo Ubilla. Quien asumió su defensa fue el abogado Luis Hermosilla.

Según Ubilla, esa querella fue pagada “íntegramente” de su bolsillo, porque fue a título personal. Pero entonces, ¿qué pasó con el contrato de asesoría que firmó con el abogado en su condición de subsecretario? “Ese contrato nunca se pagó, quedó sin efecto”, aseguró Ubilla a CIPER. Sin embargo, la información de transparencia que publica la Subsecretaría, consigna pagos sucesivos a Hermosilla por concepto del contrato a honorarios, por $268.817 en octubre y $555.555 en noviembre, sumando $824.372, la mitad de lo pactado en el contrato suscrito.

ACOSTA, EL SOCIO DE ESPINA Y ZEPEDA

El contrato de Luis Hermosilla obedece a una decisión del gobierno de contratar abogados externos para asesorar en casos de alta connotación mediática, como son los juicios que se ventilan en La Araucanía. Y se mantuvo a pesar de que existe una división jurídica que depende del Ministerio del Interior, con una unidad de abogados que siguen todas las causas en que está comprometida esa cartera, no solo en Santiago sino en todas las regiones, a través de abogados de las intendencias y gobernaciones. Por ello, las contrataciones de Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta fueron cuestionadas no por los méritos profesionales de ambos, sino por la cercanía que tienen con el Presidente Piñera y otras autoridades del gobierno, como se detalló en la situación de Hermosilla.

Fue el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter quien fichó a Juan Domingo Acosta, entonces socio de Carlos Zepeda y del senador RN Alberto Espina en el estudio jurídico Espina, Zepeda y Acosta. Zepeda, quien murió en octubre pasado, fue abogado y amigo personal del Presidente Piñera, quien lo nombró presidente del directorio de TVN. También fue director de La Nación y junto a Acosta preparó el informe legal que posibilitó el cierre del diario. Acosta también ha sido abogado de Piñera y como asesor de Interior fue clave en la defensa de la acusación constitucional contra Hinzpeter, en la elaboración de proyectos de ley y en el llamado “Caso Bombas” (ver perfil de Acosta).

Juan Domingo Acosta

Según los antecedentes aportados por ley de transparencia, Acosta fue contratado inicialmente como asesor legislativo del Área de Asistencia a Víctimas del programa de Seguridad y Participación Ciudadana, entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2010, por un honorario total de $4.444.478 (ver documento). En agosto de ese mismo año fue modificado su contrato y asumió como encargado de la agenda legislativa de esa misma unidad, percibiendo honorarios muy superiores: $16.666.670, cancelado en cinco cuotas mensuales de $3.333.334 (ver documento).

Al año siguiente, Acosta firmó un contrato a honorarios por una asesoría a los Centros de Atención a Víctimas, del mismo programa, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. Esta vez, los honorarios pactados prácticamente triplicaban el contrato del año anterior. El total asignado fue de $41.676.000, pagado en 12 cuotas mensuales de $3.473.000 (ver documento). El abogado presentó su renuncia al Ministerio del Interior el 1 de septiembre de 2011 (ver documento).