Se suma a otros polémicos nombramientos de notarios en los últimos días del gobierno
Jefe de gabinete de ministra de Justicia es nombrado notario de Puente Alto
05.03.2014
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Se suma a otros polémicos nombramientos de notarios en los últimos días del gobierno
05.03.2014
A sólo una semana de que finalice el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Justicia designó al jefe de gabinete de la actual ministra Patricia Pérez, el abogado Andrés Vega Alvarado, como titular de la recién creada cuarta notaría de Puente Alto. El decreto de designación fue ratificado por la Contraloría con fecha 4 de marzo y por lo tanto ya es oficial.
La particularidad de este nombramiento es que precisamente esa cartera ministerial es la que debe elegir a los notarios de todo el país, a partir de las ternas propuestas por las Cortes de Apelaciones. Esta vez, la persona beneficiada es un funcionario de confianza de la propia ministra de Justicia. El abogado Andrés Vega competía en la terna aprobada por la Corte de San Miguel, con Pablo Javier Martínez Loaiza, actual notario titular de la comuna de Hualaihué; y el abogado Hernán José Retamal Grimberg.
Según la información oficial del Ministerio de Justicia, Andrés Vega figura como funcionario a contrata desde agosto de 2011, con el cargo de jefe de gabinete del entonces ministro Teodoro Ribera. Cuando Ribera debió abandonar su cargo por los conflictos de intereses que se detectaron en el fraude de las acreditaciones de universidades otorgadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Vega siguió en su cargo asesorando a la nueva ministra Patricia Pérez. Cuando ella se fue con prenatal, Vega se mantuvo en su cargo. Sus honorarios iniciales fueron de $4.573.000 y terminó con $5.569.000. Adicionalmente, el abogado aparece contratado a honorarios entre 2010 y 2012 por labores de asesoría a la subsecretaria ministerial.
Antes de llegar al Ministerio de Justicia con Teodoro Ribera, ex diputado (RN), Andrés Vega fue asesor del diputado Cristián Monckeberg, también militante de Renovación Nacional.
La votación que dio paso a su inclusión en la terna para nuevo notario de Puente Alto, tuvo lugar el 13 de enero de 2014, en la Corte de Apelaciones de San Miguel. El concurso público tuvo 54 postulantes. Andrés Vega obtuvo la máxima votación, con 10 votos de los 12 integrantes de dicha corte. La norma exige que los elegidos en la terna tengan la mayoría absoluta en la votación. El segundo elegido, Pablo Javier Martínez, consiguió nueve votos. Y el tercer nombre se dirimió tras un primer empate en la votación.
La designación de notarios es un tema particularmente sensible por estos días. Y ello, porque la antigua polémica sobre su discrecional elección y funciones cobró nuevos bríos ante las irregularidades descubiertas en las firmas que avalaron a varias de las candidaturas presidenciales en la última elección, las que fueron visadas por notarios. Incluso el nuevo presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, se refirió a los problemas que han surgido con nombramientos discrecionales de notarios en la cuenta pública que dio inicio al Año Judicial:
-Es conveniente que el máximo tribunal revise los procedimientos de elaboración de ternas en las Cortes de Apelaciones, cuando existen reclamos, para garantizar que se cumplan los requisitos legales que establecen los artículos del Código Orgánico de Tribunales -afirmó Sergio Muñoz.
La designación de Andrés Vega como nuevo notario de Puente Alto no es la única que ha generado controversia en los últimos días. El otro foco de conflicto estuvo en la terna que designó la Corte de Apelaciones de Concepción para llenar el cargo en la recién creada notaria de Coronel. El candidato que obtuvo la primera mayoría en la votación de los trece magistrados de la Corte de Apelaciones, fue Jorge Ulloa, hijo del diputado del mismo nombre por esa zona y militante de la UDI. La nominación del abogado Ulloa motivó severas críticas ya que no cumple con uno de los requisitos para el cargo: dos años de ejercicio profesional como abogado al momento de la postulación.
En la misma terna de Ulloa figuraban René Arriagada y Mauricio Araneda, director jurídico del municipio de Concepción y estrecho colaborador del senador Alejandro Navarro (MAS). Finalmente, el gobierno eligió a René Arriagada, el único de los tres postulantes que no tenía relaciones políticas.
Otras dos ternas que han sido cuestionadas y cuya legalidad podría resolver el pleno de la Corte Suprema el próximo viernes 7 de marzo, son las que determinarán a los nuevos notarios de Rancagua, con asiento en Graneros y Machalí. Las dos ternas fueron elegidas por la Corte de Apelaciones de Rancagua y remitidas al Ministerio de Justicia. En ambos casos, el máximo tribunal pidió los antecedentes y mientras se resuelve, el concurso público quedó paralizado. La duda que debe despejarse es si se puede elegir a abogados externos o sólo corresponde que postulen notarios y conservadores, considerando que son vacantes correspondientes al escalafón de primera categoría.
Entre los postulantes a las notarías de Rancagua, figuran el diputado de la UDI, Enrique Estay, quien deberá abandonar el Congreso ya que no fue reelecto en las pasadas elecciones; la ex seremi Pamela Medina (Independiente pro RN) y el Seremi de Bienes Nacionales de la Región de O´Higgins, Gerardo Carvallo (UDI).
Un cuarto caso reciente en que la Corte Suprema intervino frente a un reclamo formal, ocurrió en la elección de un notario para San Miguel. El pleno del máximo tribunal resolvió que la elección de la terna había sido hecha “con infracción a las reglas que gobiernan la materia” (ver documento), por partida doble. En el primer caso, porque dos de los seleccionados no obtuvieron la mayoría absoluta requerida entre los once magistrados presentes en la única votación que se realizó. Sólo un candidato cumplió el requisito: Eduardo Esteban Rocco Campos. En cambio, Luis Alberto Maldonado Concha (5 votos) y Pablo Javier Martínez Loaiza (4 votos), no lo cumplieron.
La Corte Suprema no sólo subrayó la ilegalidad del procedimiento, sino que objetó además, que los dos postulantes mencionados que no cumplieron los requisitos, estaban inhabilitados para postular al concurso porque no cumplían con los requisitos sobre los escalafones respectivos. Dado que el cargo vacante en la notaría de San Miguel es de primera categoría, sólo podían postular notarios, archiveros o conservadores de bienes raíces de la misma categoría o de la inmediatamente inferior, rango que no cumplían Maldonado Concha ni Martínez Loaiza.
Entre diciembre de 2013 y enero de 2014, el gobierno que termina su periodo el próximo 11 de marzo, creó diez nuevas notarías a lo largo del país. No todos los concursos para proveer esas nuevas plazas de notarios han sido convocados aún por las respectivas cortes de apelaciones. Eso significa que probablemente los nombramientos serán postergados y serán decididos por la nueva administración de Michelle Bachelet.