Lobby: El nexo financiero de la British American Tobacco Chile con Libertad y Desarrollo

Los hechos se desencadenaron el jueves 20 de diciembre de 2012 en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. El proyecto de la Ley del Tabaco que debía endurecer las restricciones al consumo de cigarrillos ya estaba en su tercer trámite y al  momento de llamar a votación para finiquitar su despacho, sorpresivamente diputados de la UDI le pidieron al presidente una postergación. Como la respuesta fue negativa, decidieron inscribir a todos sus parlamentarios para que intervinieran en la discusión hasta que la sesión se agotara. Y lograron su objetivo: la votación debió postergarse hasta el 3 de enero de 2013, luego del receso por las fiestas de fin de año. Fue entonces que el ministro de Salud Jaime Mañalich dejó caer una bomba:

“No debemos dejar de reconocer que el lado oscuro de la fuerza se mueve muy vigorosamente y hay un lobby muy intenso para demorar la aprobación de este proyecto y para que en definitiva la industria tabacalera siga operando como lo está haciendo, con tantos márgenes de libertad en el país”.

Los dardos del ministro apuntaron directamente a la UDI. “No vamos a aceptar acusaciones gratuitas”, fue la respuesta inmediata del jefe de esa bancada, diputado Gustavo Hasbún.

Ministro de Salud, Jaime Mañalich

A un año de publicada la nueva Ley del Tabaco en el Diario Oficial, CIPER solicitó al Ministerio de Salud vía Ley de Transparencia la lista de los beneficiarios de las donaciones de las empresas tabacaleras en 2013. El documento, aunque incompleto (no se informa qué fines persiguieron las donaciones consignadas por las empresas del rubro), da cuenta de la existencia de traspasos de dinero desde la British American Tobacco Chile (ex Chile Tabacos), al Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), el principal centro de investigación y asesoría legislativa del gremialismo, cuyos parlamentarios no sólo retrasaron la votación de la ley, sino que también se opusieron en su mayoría y de manera sistemática a varias de las restricciones que el proyecto de ley finalmente aplicó a las tabacaleras. Entre ellas se cuentan la prohibición de fumar en espacios cerrados, los límites a la publicidad principalmente indirecta (promociones y placement) y la obligación de las tabacaleras de informar sobre sus donaciones.

Cabe recordar que el presidente de la filial chilena de la British American Tobacco es Carlos Cáceres, ex ministro de Hacienda y del Interior de Augusto Pinochet, quien también se desempeña desde 1991 como presidente del Instituto Libertad y Desarrollo.

Pero LyD no es la única a la que la tabacalera inyectó fondos. La Universidad del Desarrollo (ver documento), institución íntimamente ligada desde su fundación al gremialismo, también aparece como beneficiaria. Su participación en este turbulento capítulo legislativo se remitió a proveer de información estratégica a una de las partes interesadas en defender el statu quo de la normativa vigente para entonces.

La información obtenida por CIPER, que hasta antes de la dictación de la ley era objeto de estricta reserva por parte de las tabacaleras, aclara y da sustento a la afirmación hecha por el ministro de Salud del gobierno de Piñera, respecto de la operación de lobby llevada a cabo por la British American Tobacco Chile durante la discusión legislativa que modeló la nueva Ley de Tabaco.

No era la primera vez que alguien hacía mención a ese lobby durante la tramitación de esta ley. La primera en insinuarlo fue la diputada Karla Rubilar (ex RN), en enero de 2012. Los diputados Patricio Walker (DC), Roberto León (DC), Enrique Accorsi (PPD), Mariano Ruiz Esquide (DC), Fulvio Rossi (PS) y Guido Girardi (PPD), se sumaron después. Pero hasta que habló Mañalich, nadie había siquiera deslizado remitente conocido para el lobby ejercido por las tabacaleras.

Mañalich no hizo más que verbalizar lo que era un secreto a voces en el Congreso. Con sus dichos, además, dejó en claro que lo ocurrido durante el trámite de ese proyecto de ley –una moción del Ejecutivo para modificar la normativa existente en materia de ambientes libres de humo de tabaco– hacía urgente regular el tráfico o ejercicio de influencias en el Congreso. Lo mismo ocurriría con la tramitación de las leyes que regulan en Chile la pesca y la venta de fármacos.  Todas industrias que mueven millones de dólares en el mercado.

La industria tabacalera en Chile genera utilidades anuales que bordean los $50.000 millones. Ganancias netas que en su mayoría van a dar a un sólo actor: British American Tobacco Chile (BAT), empresa que con un 94.4% de participación tiene una posición más que dominante en el mercado nacional. BAT tuvo ventas en 2012 por $213.580 millones, las que le reportaron $46.050 millones en utilidades. Un ranking del Diario Estrategia la ubicó entre las cinco empresas no financieras que transan en bolsa más rentables del primer trimestre de 2013, con utilidades de 67% por sobre su patrimonio.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Larroulet.

Las afirmaciones del ministro Mañalich hicieron que las hasta entonces meras insinuaciones tomaran cuerpo, evidenciando la existencia de una acción de lobby y un conflicto de intereses enquistado en el corazón del gobierno. La dura controversia instaló al Instituto Libertad y Desarrollo, el think tank del gremialismo, en el centro de la polémica. Se le acusó de mantener vínculos ocultos con la tabacalera. El acusador, el ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, quien tiene como su ministro secretario general de la Presidencia a Cristián Larroulet (UDI), director ejecutivo de LyD desde su fundación hasta 2010, año en que asumió su nuevo rol ministerial.

A propósito de los descargos de parlamentarios gremialistas, el diputado René Saffirio (DC) señaló en el hemiciclo: “Creo que el único problema económico que se avizora en el horizonte es que la caja del instituto Libertad y Desarrollo o las campañas de la UDI se verán afectadas en la próxima elección”.

LA POLÉMICA DE LAS DONACIONES

Durante la tramitación de la ley uno de los puntos de mayor controversia y que dividió aguas no sólo entre el oficialismo y la oposición, sino también al interior de la misma Alianza, fue la iniciativa propuesta por el senador Mariano Ruiz Esquide (DC)  que exige a las empresas tabacaleras informar anualmente al Ministerio de Salud sobre todos los gastos destinados a promociones, donaciones o contribuciones a actividades externas a su giro.

La fuerte resistencia a la normativa vino principalmente desde la UDI, cuyos parlamentarios argumentaron que la norma tenía vicios de inconstitucionalidad. En la Cámara la indicación fue rechazada con los votos en contra de los diputados de la UDI José Antonio Kast, Cristián Letelier (por entonces aún militaba en el partido), Javier Macaya, Marisol Turres y Gastón Von Mühlembrock, además de Nicolás Monckeberg (RN) y Gabriel Silber (DC).

En instancia posterior, el senador Hernán Larraín (UDI) calificó la iniciativa como potencialmente discriminatoria: “Se les aplica un nivel de exigencia que no existe en nuestra legislación para ningún otro rubro”, afirmó en la Comisión de Salud del Senado.

Para la British American Tobacco Chile, la norma excedía lo recomendado por el Convenio Marco para el Control del Tabaco y vulneraba ciertas garantías consagradas en la Constitución de la República. Así lo hizo saber el gerente de Asuntos Regulatorios de la compañía, Nicolás Sánchez, en su intervención del 14 de agosto de 2012 en la Comisión de Salud de la Cámara.

Congreso Nacional.

Aunque atenuada, la indicación fue incluida en la redacción definitiva de la Ley 20.660, publicada el 8 de febrero de 2013 en el Diario Oficial. “Las compañías tabacaleras deberán informar anualmente al Ministerio de Salud el detalle de donaciones efectuadas, así como de los gastos en que incurran en virtud de convenios con instituciones públicas, organizaciones deportivas, comunitarias, entidades académicas, culturales y organizaciones no gubernamentales”, señala el artículo Nº 3 de la nueva normativa.

El 13 de diciembre de 2013, a casi un año de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tabaco, CIPER solicitó al Ministerio de Salud el informe de donaciones y gastos de la industria tabacalera durante 2013.

Según el documento entregado por la Subsecretaría de Salud, de las tres empresas que participan en el mercado de los cigarrillos en Chile –British American Tobacco Chile, Philip Morris y Tabacos Apolo S.A.– sólo una realizó donaciones durante 2013. Y fue precisamente la más importante: BAT Chile desembolsó por este concepto $24.344.756, los que fueron a parar a instituciones privadas. Otros $48.021.756 fueron entregados al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) con quienes la empresa mantiene convenios para estimular la producción de tabaco entre agricultores en las regiones Quinta y Sexta.

La donación hecha por la British American Tobacco Chile al Instituto Libertad y Desarrollo estaría vulnerando los principios bajo los cuales opera la empresa en Chile: la compañía “no realiza donaciones, ni contribuciones, ante ninguna circunstancia, a entidades y/o partidos políticos y/o sus representantes”. Así lo declara en su “política sobre contribuciones públicas” que transparenta en su sitio web. Sí considera, aunque bajo ciertas normas regulatorias, el apoyo a comunidades locales o proyectos de “inversión social”, siempre y cuando “queden íntegramente documentadas en los libros de la empresa” y “no se hagan para conseguir algún negocio inapropiado u otra ventaja”.

La información de sus donaciones entregada por la British American Tobacco Chile a la autoridad de Salud, es incompleta. No se mencionan las fechas de las donaciones realizadas. Tampoco el objetivo de éstas, lo que deja al desnudo que la total transparencia en este punto genera aún reticencias entre quienes deben acatarla: las tabacaleras. De paso, la respuesta acusa la ambigüedad con que fue redactada la norma. Ésta sólo exige informar “el detalle de las donaciones efectuadas”. No hay mayores especificaciones al respecto. Lo que se entienda por detalle queda al completo arbitrio de quienes suministran la información (ver respuesta enviada por BAT Chile a CIPER).

LAS DONACIONES DE LA TABACALERA

Entre las organizaciones del mundo privado que recibieron donaciones de BAT Chile figuran la Pontificia Universidad Católica de Chile; la Corporación de Amigos del Teatro Municipal; el Instituto Profesional DUOC; Libertad y Desarrollo y Asesorías y Consultorías del Desarrollo Ltda. Las dos últimas entidades son destinatarias de los montos más altos entre todos los beneficiados con $5.504.406 y $6.500.000, respectivamente.

La información contenida en el informe contradice la expresa prohibición declarada por la British American Tobacco respecto de sus contribuciones públicas. Pero lo que es más grave, da fuerza a las insinuaciones volcadas por Mañalich y algunos parlamentarios respecto al lobby encubierto que habría realizado la compañía tabacalera a través de Libertad y Desarrollo sobre los parlamentarios gremialistas.  Y también sobre la prohibición de donaciones para obtener “ventajas”.

Asesorías y Consultorías del Desarrollo Limitada fue creada el 30 de mayo de 2008 y pertenece en un 99% a la Universidad del Desarrollo. Entre sus objetivos destaca: “la prestación de asesorías y servicios de consultoría en las áreas de ingeniería, finanzas, economía, derecho y leyes, laboral, tributación, estadísticas, marketing” y otras disciplinas. Su representante es el empresario Federico Valdés Lafontaine, miembro fundador y actual rector de la misma casa de estudios que también cuenta entre sus pioneros a Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Ernesto Silva y Hernán Büchi. Todos nombres estrechamente vinculados a Libertad y Desarrollo.

El 3 de abril de 2012, durante el segundo trámite constitucional del proyecto, la asesora de la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA), otra de las entidades que bregó junto a las tabacaleras contra el endurecimiento de la normativa, expuso en la Comisión de Salud del Senado. La preocupación principal de Tamara López como representante del organismo articulador de los intereses de restoranes y bares, decía relación con el impedimento de fumar en lugares cerrados, incluidas las terrazas.

Para contra argumentar la iniciativa, López presentó un estudio titulado “Evaluación Ley de Tabaco: Impacto de las regulaciones en el sector gastronómico”. A partir de una encuesta basada en una muestra de 604 casos –fumadores y no fumadores– allí se señalaba que el 74% de los encuestados estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la normativa que hasta entonces regía en el país. En el caso de los restoranes, ésta permitía la existencia de espacios cerrados especialmente diseñados para fumadores. Además, según el estudio, un 58% de los encuestados estimó que de aprobarse la nueva normativa ello provocaría un aumento del consumo de tabaco en los hogares. El estudio expuesto por la representante de ACHIGA en el Congreso fue elaborado por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, cuya empresa filial Asesorías y Consultorías del Desarrollo Limitada –dedicada a prestar consejo experto en distintos ámbitos– fue la destinataria de los $6.500.000 entregados en 2013 por la British American Tobacco Chile (BAT Chile) como parte de su política de donaciones.

BAT Chile cuenta entre sus altos directivos a variadas personalidades del ámbito público: Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro de Economía de Ricardo Lagos y reconocido lobista DC; Karen Poniachik, ex ministra de Energía y Minería de Michelle Bachelet y el abogado Roberto Guerrero del Río, quien se desempeñó entre otras muchas labores, como fiscal del Banco Central y asesor de los ministros de Hacienda y Economía entre 1975 y 1979.

Carlos Cáceres, presidente del directorio de Chile Tabacos.

A esos tres influyentes nombres se suma el más relevante: Carlos Cáceres, presidente del directorio de Chile Tabacos y ex ministro de Hacienda y del Interior de Augusto Pinochet. Actualmente Cáceres es el presidente del consejo asesor empresarial del MBA de la Universidad del Desarrollo y presidente del consejo directivo del Instituto Libertad y Desarrollo, ambas instituciones beneficiarias de la British American Tobacco. Cabe hacer notar que LyD mantiene hasta hoy bajo estricta reserva a todos sus contribuyentes y donantes.

El ex ministro de Pinochet es reconocido como uno de los principales  operadores de la UDI en la estratégica tarea de recolectar fondos en el mundo empresarial. Cumpliendo ese rol, reunió los aportes para financiar la hospitalización, residencia y defensa del ex dictador en Londres. En una segunda etapa judicial, cuando el Estado dejó de absorber las costas del proceso, la defensa de Pinochet llegó a costar US $19.800 diarios, según reveló el medio británico The Independent.

Luego de que Mañalich hablara en aquella recordada sesión en el Congreso, el diputado Marcelo Shilling (PS) pidió la palabra para acusar públicamente la presencia de Carlos Cáceres en los pasillos del Congreso mientras se debatía la ley. “Los lobistas de las tabacaleras, el señor Cáceres y otros, andan afuera dando vueltas para hacer presión sobre el proyecto en discusión”, dijo.

Shilling contó a CIPER que tras su intervención, un grupo de diputados UDI, encabezados por Felipe Ward, se aproximó a su escaño en la sala para confrontarlo: “Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo explicita y en ese momento no pude aceptar que los diputados fueran tan cara de palo para tratar de dilatar la discusión de la ley y así tener más tiempo para intentar modificar algunas indicaciones. Esa sesión fue escandalosa”. En su triple militancia –director de British American Tobacco Chile, consejero principal de LyD y asesor de la Universidad del Desarrollo– Cáceres jugó todas sus cartas para morigerar el golpe legislativo a la tabacalera.

Esta no era la primera vez que LyD intervenía en el historial de trámite de la Ley de Tabaco. En 2005, cuando se discutía en la Comisión de Salud del Senado la primera gran reforma a la normativa, orientada a fortalecer la protección a los no fumadores, a promover la existencia de espacios libres de humo  y a restringir la publicidad asociada a la venta, el entonces director del programa legislativo de LyD, Axel Buchheister, expuso latamente respecto a la inconveniencia de la medida. La calificó de discutible e injustificada en muchos de sus aspectos:

“Fumar en forma moderada mal puede constituir un daño a la salud. Si bien puede argumentarse que todo cigarrillo deja un efecto en la integridad física, existen múltiples actividades humanas que involucran efectos o riesgos para dicha integridad. Nadie vive por siempre y al final la salud está irremisiblemente llamada a decaer, y siempre habrá alguna causa”, argumentó.

LOS APORTES RESERVADOS DE LyD

Habían transcurrido sólo 11 días de la derrota del candidato de los partidos que apoyaban la dictadura militar. Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet y perdedor en las urnas frente a (DC) Patricio Aylwin, anunciaba la creación de un centro de estudios “de la realidad social, política y económica”, con el fin de defender y proyectar las ideas que habían sustentado la campaña presidencial.

Entre 2007 y 2012 Libertad y Desarrollo tuvo ingresos totales por $11.300 millones; estudió 322 proyectos de ley de variada índole y fue invitado a las comisiones de trabajo de la Cámara y el Senado en 111 oportunidades a exponer su opinión.

“El instituto se formó para perfeccionar lo que se hizo durante estos 16 años”, señaló en abril de 1990 a El Mercurio Patricia Matte, uno de sus primeros miembros directivos. Desde febrero de ese mismo año que el nuevo centro –entre cuyos referentes indiscutidos está la sociedad Mont Pelerin fundada en Suiza por uno de los más influyentes paladines del neoliberalismo, Friedrich von Hayek– ya tenía sede. El 27 de marzo de 1990, la casa de calle Triana 855 (Providencia) fue bendecida por el sacerdote Luis Eugenio Silva. Allí tendrían sus oficinas: Hernán Büchi, presidente; Cristián Larroulet, su director ejecutivo; y los asesores: Patricia Matte, Lucía Santa Cruz y Manuel Cereceda, entre otros miembros permanentes. A la administración se sumó un consejo directivo compuesto por Hernán Felipe Errázuriz, Ricardo Rivadeneira, Ernesto Illanes, Eugenio Valenzuela Somarriva y Carlos Cáceres. El 15 de abril de 1991 Cáceres se convirtió en el presidente de Libertad y Desarrollo -cargo que mantiene hasta hoy-, en reemplazo de Büchi, quien permaneció en el consejo asesor.

Un año más tarde, el 27 de marzo de 1991, se cumplió su primer año de vida y para entonces el centro de pensamiento ya contaba con 14 investigadores permanentes y otros 26 asociados. Asimismo, ya habían intervenido en el análisis de 304 proyectos de ley.

Ya para comienzos del 2000 –luego de participar activamente en la campaña presidencial de 1999 en apoyo de Joaquín Lavín (UDI)– Libertad y Desarrollo se había consolidado como el referente intelectual indiscutido del conservadurismo en Chile. El tanque de las ideas de la derecha, fue el calificativo que le puso el diario La Tercera en un reportaje de abril de 2000 con motivo de la celebración de sus 10 años de vida. Allí se destacaba “la excelente asesoría técnica que otorga a los parlamentarios opositores lo que le ha permitido dejar su huella en prácticamente todas las leyes que se discuten”.

Ya entonces quiénes eran sus financistas era motivo de interés de la prensa. Sólo se supo que eran cerca de 50 las empresas aportantes que contribuían a mantener su prolífica actividad. Respecto de su presupuesto, imperaba el silencio.

Libertad y Desarrollo funciona desde diciembre de 2001 en una casa de 700 m2 ubicada en Alcántara 498 (Las Condes). Hace poco más de un año la sede comenzó a ser remodelada y entre las obras destaca un nuevo auditorio con capacidad para 100 personas. Según reveló la revista Capital, para los próximos días está programada su inauguración con la participación del intelectual norteamericano Richard A. Epstein.

Libertad y Desarrollo cuenta también con una “sucursal” en el primer piso del Congreso. Poco después de su fundación, se le asignó una pequeña oficina en Valparaíso compartida con la extinta Corporación Tiempo 2000, referente de pensamiento concertacionista. Desde ese centro de operaciones ha coordinado su participación en centenares de proyectos de ley.

En la celebración de su aniversario 22, en noviembre de 2012, el Presidente Sebastián Piñera pronunció un discurso en el que alabó lo que llamó la activa contribución del instituto a la historia legislativa del país: “LyD ha dejado huellas (…) Si uno revisa la historia, LyD  ha participado en los grandes acuerdos que han marcado el rumbo de nuestro país en prácticamente todas las leyes, más de 3.600”.

En vista de la reconocida influencia de Libertad y Desarrollo – desde sus inicios en 1990 a la fecha– en una larga lista de procesos legislativos, el capítulo de la Ley de Tabaco instaló una interrogante mayúscula respecto a cuáles son los intereses que representa al momento de ejercer su influencia en el Congreso, donde se sancionan las leyes que rigen la vida de todos los chilenos.

Respecto de su presupuesto, LyD señala en su página web: “Como una forma de garantizar una real independencia, LyD no recibe fondos del gobierno, su política de financiamiento procura la diversificación de sus fuentes y los investigadores de LyD no se involucran en el manejo financiero de la institución. Al año 2012 contó con más de 700 suscriptores, empresas y personas, sin que ninguno de ellos representara más de un 6,5% de su presupuesto. Para proyectos específicos LyD ha recibido apoyo de instituciones internacionales tales como The Tinker Foundation, Atlas Economic Research Foundation, Center for International Private Enterprise, Fundación Hans Seidel, entre otras”.

La transparencia en cuanto al financiamiento del instituto llega hasta ahí. La lista de las principales empresas o personas que sustentan su funcionamiento no aparece en ninguna parte.  CIPER consultó en reiteradas oportunidades a distintos directivos de LyD sobre cómo se financia el instituto, pero la respuesta fue siempre la misma: nos derivaron a la misma información que aparece en su página web.

Vía Ley de Transparencia, CIPER solicitó las memorias de Libertad y Desarrollo desde el 2007 a la fecha para identificar el monto de su presupuesto así como a los financistas del instituto que ha actuado en la más férrea oposición a proyectos emblemáticos, como la ley que aplica un royalty a la minería (gobierno de Ricardo Lagos) o el alza de impuestos para la reconstrucción luego del terremoto (gobierno de Sebastián Piñera), entre muchos otros.

Según los documentos a los que CIPER tuvo acceso, en 2012, los ingresos de LyD alcanzaron los $1.921 millones (ver Memoria II). Además de financiar los sueldos de sus directores, consejeros y de sus veinte investigadores, el monto sirvió, entre otras cosas, para financiar más de 70 informes sobre coyuntura económica e internacional que el instituto publicó en el transcurso de ese año; 96 informes sobre temas públicos; 24 estudios y 11 revistas, además de diversos y numerosos talleres, charlas, libros, encuestas, seminarios y concursos, según se desprende del listado de actividades ejecutadas por el instituto en 2012.

Según lo declarado en sus memorias, entre 2007 y 2012 (ver Memorias I y II) Libertad y Desarrollo tuvo ingresos totales por $11.300 millones; estudió 322 proyectos de ley de variada índole y fue invitado a las comisiones de trabajo de la Cámara y el Senado en 111 oportunidades a exponer su opinión durante discusiones tan relevantes como educación, transportes, servicios eléctricos, pesca, modernización del Estado y presupuesto general.

Fundación Libertad y Desarrollo

En ninguna de las seis memorias anuales de LyD se encuentra información respecto de los contribuyentes –como la donación que le hizo la British American Tobacco Chile- que sustentan las actividades de la entidad sin fines de lucro. Hasta el día de hoy, el resto de sus financistas se mantienen en el más absoluto secreto, lo que impide conocer con certeza el verdadero grado de independencia que Libertad y Desarrollo mantiene respecto de intereses particulares en sus sostenidas e influyentes intervenciones en el Congreso.

Después del requerimiento de información de CIPER y dada la débil e insuficiente respuesta de la British American Tobacco Chile a la Subsecretaría de Salud, para dar cumplimiento a la Ley del Tabaco, el ministerio ofició a la empresa el 29 de enero pidiendo esta vez la información detallada de sus donaciones y gastos en que incurrieron durante 2013 (ver documento). El oficio fue enviado con copia al Servicio de Impuestos Internos y a la Cámara Chilena de Comercio.