Los silenciosos movimientos que provoca la inminente llegada de Sergio Muñoz a la presidencia de la Suprema

“Yo vengo llegando de vacaciones. No sé si mis colegas han estado conversando de la elección del presidente. No tengo conocimiento en lo absoluto de que alguien estuviera pensando en que no se siguiera el curso de la antigüedad en esta oportunidad. No obstante que el ministro que sigue, don Sergio Muñoz, es un hombre muy joven que tiene todavía muchos años para acceder a la presidencia”. La respuesta sobre el futuro del más probable magistrado que encabezará la Corte Suprema durante 2014 y 2015 la hizo a CIPER el actual presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros. A sólo días del pleno que deberá elegir al futuro presidente –fijado para el miércoles 18 de diciembre– sus dichos evidencian la incógnita que circula soterradamente por los pasillos de los tribunales respecto de quién será, finalmente, el hombre que conducirá la Corte Suprema en los decisivos dos años que vienen.

Si bien la decisión ha respondido históricamente a criterios de antigüedad, las palabras de Ballesteros indican que existe la posibilidad de que, en completa reserva, haya quienes estén  barajando una alternativa diferente a la del ministro Muñoz. Porque lo que todos tienen claro es que esta elección no será una más. El próximo presidente no tendrá solo que bregar por la autonomía económica del Poder Judicial, un objetivo institucional de años, sino que el inicio de su gestión coincidirá exactamente con la partida de un nuevo gobierno. Si tal cual se pronostica Michelle Bachelet es electa Presidenta el 15 de diciembre, tres días más tarde el pleno de la Suprema deberá elegir al hombre que deberá enfrentar desde el Poder Judicial los numerosos y sustantivos cambios que la candidata ya ha anunciado en materias tributaria, educacional, constitucional y de regulación. A ello habría que agregar la solución que el empresariado exige para el incremento de la judicialización de los conflictos en materia de energía y de Isapres, y que han convertido a los tribunales en un actor clave en los cuestionamientos al sistema.

El 18 de diciembre los ministros de la Suprema elegen al sucesor de Ballesteros (Dir. de com. Poder Judicial).

Luego de que el ministro Nibaldo Segura anunciara que por razones estrictamente personales no está disponible para asumir la presidencia de la Suprema, por antigüedad esa designación le corresponde al ministro Sergio Muñoz (56 años), quien llegó en 2005 al  máximo tribunal como el ministro más joven de su historia. No fue un ascenso sorpresivo. Su fama de juez implacable la forjó como investigador al resolver el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, construir el prontuario financiero de Augusto Pinochet sobre la base de una metodología investigativa pocas veces vista en el Poder Judicial, develar las mentiras de Gemita Bueno en el Caso Spiniak y construir la nueva cara de los Tribunales de Justicia con cambios informáticos y de gestión.

Precisamente por esas características hay quienes creen que la decisión estratégica sería postergar la llegada de Sergio Muñoz en dos años y dejar que otro ministro, menos convencido de la necesidad de ejecutar grandes cambios, asuma la presidencia en enero de 2014.

El nombre de reemplazo que hasta ahora circula es el del magistrado Hugo Dolmestch, actual vocero de la Corte Suprema y a quien le correspondería la presidencia en el período siguiente. Nombrado bajo el gobierno de Michele Bachelet, masón y con amplios contactos en el mundo político y judicial,  la figura de Dolmestch emerge como un presidenciable para los detractores de Sergio Muñoz por sus habilidades políticas y su propensión al diálogo. Una opción que sus más cercanos rechazan de plano porque aseguran que él “nunca marcaría su nombre en la papeleta”:

-Dolmestch cree fielmente en la antigüedad del Poder Judicial y está convencido que Sergio Muñoz debe ser el futuro presidente de la Corte Suprema -afirma un ministro de la corte que ha conversado con él sobre su futuro.

La decisión está en manos de los 19 jueces que componen el máximo tribunal, y podría aumentar a 20 si el Presidente Sebastián Piñera logra destrabar en estos días en el Senado una de las dos designaciones pendientes de ministros de la Suprema. El nombre del juez Carlos Aránguiz ha sido la insistente carta de La Moneda, pero la oposición lo rechazó argumentando que el gobierno, luego de conseguir apoyo transversal para elegir a la ministra Gloria Ana Chevesich en agosto pasado, se había comprometido a nombrar esta vez al ministro Carlos Cerda, quien ha sido vetado en reiteradas ocasiones por la derecha por su rol de investigador de violaciones a los derechos humanos desde los tiempos de la dictadura (fue el primer juez que condenó a la plana mayor de la FACH por su responsabilidad en los crímenes del Comando Conjunto en 1986) y en el juicio por la fortuna secreta de Pinochet.

Hugo Dolmestch es otra opción para presidir la Suprema.

A diferencia de otras elecciones en la Corte Suprema, esta vez los alineamientos políticos están bastante desdibujados. Por lo mismo, las decisiones del máximo tribunal pueden ser impredecibles. De hecho, a pesar de que hay 10 ministros designados bajo la administración de Michelle Bachelet (Piñera designó a cinco), es evidente que no todos ellos adscriben a una postura de centro-izquierda. De los 19 ministros, en los tribunales se identifica sólo a siete de ellos como claramente alineados con una visión de centro derecha. La foto de la actual Corte Suprema da cuenta de la renovación del máximo tribunal, una radiografía que dista mucho de los tribunales cooptados ideológicamente por el ex ministro de Pinochet, Hugo Rosende.

Fue durante el gobierno de Eduardo Frei cuando su entonces ministra de Justicia Soledad Alvear generó un significativo recambio de los rostros de la Corte Suprema, aumentando en cinco los sillones del pleno con abogados externos, los que llegaron a darle nuevos aires a una institución anquilosada.

DE TALCA A “SÚPER MINISTRO”

Sergio Muñoz partió su carrera en 1982 como oficial en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso y se mantuvo por casi toda esa década en distintos puestos en la magistratura de la Quinta Región, después de haberse titulado de abogado en la Universidad Católica porteña. Uno de sus profesores fue Pedro Pierry, también ministro y con quien comparte actualmente sala en la Corte Suprema. A fines de 1989, Muñoz  se desempeñó como relator interino de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y apenas dos meses antes que Pinochet debiera entregar la banda presidencial a Aylwin, se trasladó a Santiago como relator titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel. A esa altura, su carrera meteórica comenzaba a mostrar las primeras señales de lo lejos que llegaría.

Hasta 2032 estará Sergio Muñoz en la Suprema (Fuente: Dir. de com. Poder Judicial).

En julio de 1994 ascendió a juez del 12º Juzgado del Crimen de Santiago y en un tiempo récord llegó a la Corte Suprema como relator (1996-1998). En diciembre de 1998, bajo el gobierno de Eduardo Frei y con apenas 41 años, fue designado miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En esos años, su carácter introvertido y su actuar acucioso y tenaz empezaron a dejar su impronta en juicios de derechos humanos de alta connotación pública. En solo tres años logró lo que su colega Sergio Valenzuela Patiño no hizo en 17 años: resolver el crimen de Tucapel Jiménez, ejecutado el 25 de febrero de 1982 por el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, condenado a presidio perpetuo en el penal de Punta Peuco; dictar 12 condenas a los máximos mandos y agentes de la DINE y CNI; y reconstituir el organigrama de la CNI. Precisamente, es esa investigación de la estructura represiva la que le permitió con posterioridad armar el rompecabezas de otros crímenes. En 2002, se hizo cargo de 20 investigaciones de derechos humanos y los medios de comunicación lo comenzaron a llamar “el súper ministro”.

No sorprendió a nadie que en 2005 Sergio Muñoz diera el salto que le faltaba y llegara a la Corte Suprema. Entre sus pares, Muñoz es sindicado como un juez extremadamente independiente, trabajólico e imparcial y con una gran capacidad investigativa que lo llevó a carear simultáneamente a 20 implicados en el asesinato de Tucapel Jiménez, a quienes fotografió y grabó durante el procedimiento. Modus operandi con el que debutó en un poder que a fines de 1999 aún no lograba sacarse la carga de responsabilidad por las graves acciones y omisiones cometidas durante la dictadura de Pinochet.

Estricto, riguroso, llega a ser antipático al rechazar a los abogados que intentan abordarlo por algún juicio que está dirimiéndose en su sala. Pero si se le pide la opinión a quienes han sido condenados por sus investigaciones, habrá sorpresas. Todos coinciden en su trato humano. Así logró desarmar a Gemita Bueno. Y es que una de las estrategias de Muñoz es conocer cada punto débil de los hombres y mujeres que investigaba. La misma rigurosidad aplica en el control de tareas en tribunales. Por eso no son pocos los que temen su forma frontal de abordar los errores y deficiencias.

En lo que todos coinciden en que es ha sido uno de los pocos ministros que ha asumido con una persistencia a toda prueba la introducción de nuevas herramientas digitales para el control de tareas. Por ejemplo, al crearse recientemente la Dirección de Asuntos Internacionales, Muñoz anunció que con un sistema informático se hará un efectivo cumplimiento de los convenios suscritos en el exterior por el Poder Judicial, como las peticiones de extradición, órdenes de aprehensión o exhortos que presentan una demora injustificada en su tramitación.

Como presidente de la Tercera Sala (Constitucional) de la Suprema, Muñoz ha jugado un rol clave en dictámenes tales como el que instruyó a las Isapres no subir los planes de salud pues dicha determinación resultaría «arbitraria». La resolución de los ministros Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia, provocó una dura reacción en la Asociación de Isapres, cuyos directivos no podían entender cómo después de más de tres décadas se ponía en cuestión un mecanismo usual de esas instituciones privadas.

«La materia sometida al conocimiento de los tribunales con motivo del ejercicio de la acción constitucional de protección dice relación con un contrato de salud previsional celebrado entre un cotizante y una Institución de Salud Previsional. Es en relación con ese contrato de salud que se ha declarado que el alza anual efectuada unilateralmente por la isapre vulnera las garantías constitucionales del afiliado, de modo que, según se ha dicho, tal proceder resulta arbitrario», sentencia el fallo.

JUDICIALIZACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS

Con el término del mandato del ministro Rubén Ballesteros, y el  virtual aterrizaje del ministro Sergio Muñoz a la presidencia de la Corte Suprema, se sucederán una serie de cambios en la composición de las cuatro salas que integran los 19 magistrados con un consiguiente reordenamiento de sus miembros. Es así como Ballesteros deberá volver a ocupar una de esas instancias, al mismo tiempo que Muñoz dejará de presidir la Sala Constitucional.

Desde que llegó a la Suprema, el 6 de septiembre de 2005, Rubén Ballesteros fue miembro de la Sala Penal, donde se dirimen los juicios de derechos humanos. Como esa sala está completa, Ballesteros no podrá reintegrarse a ella: “Habría una vacante en la Tercera Sala, la Constitucional; y en la Cuarta Sala, la Laboral y de Familia. Pero es una cuestión que tendré que resolver en la última semana de diciembre. Por ahora estamos reflexionando”, dijo el actual presidente a CIPER.

La judicialización de los proyectos energéticos ha generado críticas en el sector empresarial

La salida de Muñoz de la presidencia de la Sala Constitucional y su reemplazo es mirada con expectación. Podría marcar un cambio de rumbo respecto de sus decisiones que han tenido como consecuencia la paralización de varios proyectos eléctricos, generando críticas en el sector empresarial. Hasta ahora, la sala que preside Muñoz, quien redacta personalmente la mayoría de los fallos, ha sentado jurisprudencia en varias investigaciones, como el fallo de la termoeléctrica de la Central Castilla, que invitó a las partes a una conciliación en circunstancias que hasta ese momento nunca se las había llamado a negociar durante la tramitación de un recurso de protección.

La alegría de los pescadores y habitantes de la localidad de Totoral, en la Región de Atacama, fue explícita cuando se enteraron que la Corte Suprema había acogido su recurso contra la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó la construcción de un puerto y la central Castilla. Así, el fallo paralizó una inversión que ascendía a US$5.000 millones.

La preocupación de las compañías eléctricas por los fallos adversos en tribunales quedó plasmada en una nota de El Mercurio en la que se advierte: “La Justicia bloquea el 24% de la energía aprobada en los últimos cuatro años” (ver nota). En el artículo publicado el 21 de noviembre de 2013, se hace mención a que la votación de la Corte Suprema que paralizó la construcción de la central Punta Alcalde ratifica la incidencia que “han ido ganando los tribunales de justicia sobre el destino de los proyectos eléctricos en el país”.

APUESTAS PARA EL CAMBIO EN LA TERCERA SALA

El actuar de la Sala Constitucional no es solo foco de controversia en los círculos ambientales y empresariales, sino también en la misma corte, que se divide en torno a la llamada judicialización de los proyectos eléctricos. Éste fue uno de los temas principales de la XVI Jornada de Reflexión realizada entre el 17 y 20 de octubre de este año en Castro, oportunidad en que Ballesteros encargó al ministro Hugo Dolmestch y a la Corporación de Estudios de la Corte Suprema un análisis sobre esta materia, y se invitó a juristas como Jorge Correa Sutil y Gastón Gómez, además del sociólogo Manuel Antonio Garretón, para que expusieran sus puntos de vista.

-Este periodo estuvo signado por la judicialización de proyectos ambientales, pero creo que seguiremos teniendo este enfrentamiento entre la sociedad civil que recurre a los tribunales para paralizarlos. Quisiéramos que los problemas que están llegando por distintas redes sociales de distintos pueblos de Chile se resolvieran a través de la acción de los organismos que el Estado tiene. Sin embargo, mientras dichos órganos no tengan la adhesión, la confianza y la gente no los acepte, nosotros vamos a seguir recibiendo esos recursos y resolviendo, porque estamos obligados por disposición del Código Orgánico de Tribunales y por la Constitución Política de la Republica a resolver los asuntos que se presenten, aunque no haya ley que resuelva el asunto -indicó Ballesteros a CIPER.

Para el ministro Patricio Valdés, en cambio, “el Poder Judicial no puede cogobernar y los poderes del Estado tienen todos diferentes funciones”. Este ministro, que entre 1975 y 1979 fue gerente general de la Sociedad de Fomento Fabril y que ingresó como abogado externo a la Corte en octubre de 2006, es enfático en señalar que las investigaciones de causas medioambientales, que en la práctica están paralizando el desarrollo del país y que llegan a la Tercera Sala, «deben ser analizados en su justo mérito”.

Rubén Ballesteros dejará la presidencia de la corte suprema durante la primera semana de enero de 2014.

La opinión del ministro Valdés es recogida en parte por las críticas del sector privado en áreas mineras y de energía las que se centraron en el rol preponderante alcanzado por el ministro Sergio Muñoz en los fallos que les eran adversos en la Sala Constitucional. Según sus detractores, el juez se ha convertido en el “artífice de una nueva forma de entender las leyes del rubro”, dejando en entredicho la estructura actual basada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) (ver nota de La Tercera).

En esta discusión, el presidente de la Suprema, Rubén Ballesteros, es categórico y defiende lo realizado por Muñoz: “La obligación del juez es de una drasticidad tremenda. Por ningún motivo puede un juez negarse a resolver un asunto y lo debe hacer conforme a los conocimientos que tiene, a la experiencia y a principios generales de derecho que están algunos escritos y otros no escritos”.

En ese contexto, la pregunta que se hacen muchos en los tribunales es si la llegada de Muñoz a la presidencia podría inhibir su protagonismo en materias jurisdiccionales, obligándolo a dejar de reinterpretar la forma de ejercer el derecho en el país. Si para algunos lo anterior es una incógnita por resolver, para la mayoría de los ministros de la Suprema esa no es una disyuntiva. Así lo expresó a CIPER el ministro Lamberto Cisternas, quien afirmó que los temas ambientales responden a decisiones propias de un tribunal, como acoger o rechazar recursos de protección o casaciones (trámite con el se busca buscan anular una sentencia judicial); pero en ningún caso corresponden a un desafío que debe resolver el presidente de la Corte: “Él debe abocarse fundamentalmente a la labor de gobierno, de  coordinación. Y es la Sala Constitucional la que debe estudiar los antecedentes en esas materias”.

Para el ex presidente de la Suprema y actual presidente de la Sala Penal, Milton Juica, el plan estratégico del Poder Judicial que concluye en 2015 es la “hoja de ruta que los presidentes deben seguir naturalmente con asentimiento de la Corte Suprema, porque él es su representante y ejecutor de lo que decida el máximo tribunal. Pese a tener mucha autonomía en varios aspectos, él es la voz  de la Corte Suprema”.

Mientras La Moneda insiste en nombrar a Aránguiz, la oposición apoya a Cerda para llegar a la Suprema.

Si el ministro Muñoz es elegido presidente, como todo lo indica, debería por tanto y a pesar de su conocido perfil díscolo, navegar con el timón de la Suprema de acuerdo a una hoja de ruta muy bien delineada. Pero todos saben que Muñoz no llegará a la presidencia para marcar el paso. Cambios habrá, innovaciones también y nuevas exigencias para todos. Para ello cuenta con una experiencia que pocos tienen en el manejo interno, la que profundizó en su paso por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y en el Tribunal Calificador de Elecciones, entidad que presidió entre 2008 y 2012. Y también con un ritmo que pocos pueden seguir, lo que grafica su imbatible récord de eficiencia, una característica que es ratificada por su colega, el ministro Juan Araya:

-Al ministro Sergio Muñoz le corresponde y se merece con creces asumir la presidencia de la Corte Suprema. Él será un gran presidente pues tiene una gran capacidad de trabajo e inteligencia, además de un gran sentido de la justicia.

El entusiasmo del ministro Araya por la casi segura llegada de Sergio Muñoz a la presidencia fue ratificado por otros ministros a CIPER sin que entregaran mayores argumentos. Aunque también fueron varios los que dijeron que no habría ningún trauma si esta vez no se respeta la antigüedad.

-En relación a las presidencias, nunca ha sido traumatizante el tema. Hay una secuencia histórica y tradicional de que asume la presidencia el más antiguo. En muy pocas oportunidades ha sido modificado, no por vetos, sino porque ha habido personas que anticipadamente han manifestado que no están en condiciones de asumir ese cargo -dijo Milton Juica.

Este es precisamente el caso, pues el ministro Segura ha depuesto su opción por antigüedad, lo que dejó el campo libre para que se eligiera a Muñoz, pero con algún grado de incertidumbre. Así lo grafica el ministro Lamberto Cisternas:

-Para ser bien honrado, en este tema no ha habido conversaciones, entonces no podría decir si alguien tiene antecedentes de otro tipo o si se ha propuesto a otro colega (que no sea Sergio Muñoz). Tal como están las cosas las aguas caminan hacia allá, pero siempre las instituciones tienen un período de conversación, de reflexión y eso no se ha dado. Aquí no son 13 millones de votantes, sino somos bien poquitos, entonces podemos conversar unos días antes. El Código es muy claro en el sentido que el presidente lo eligen los ministros de la Corte, por lo tanto podrán elegir a cualquiera de los ministros.

Ajeno a todos los rumores y conversaciones entre los supremos sobre su destino inmediato, el ministro Sergio Muñoz ha permanecido fuera del país en las últimas dos semanas y seguirá ausente. Hasta el domingo 1 de diciembre estuvo en Colombia representando al Poder Judicial en el seminario “Gobierno y disciplina del juez: un modelo constitucional en expansión”, y el martes 3 volvió a viajar, esta vez a Bolivia, para participar en la reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que tendrá lugar en Chile en abril de 2015 y de la que es coordinador nacional. Fiel a su costumbre, ha sido impenetrable a entregar cualquier opinión sobre lo que ocurrirá el miércoles 18 de diciembre. Pero quienes han seguido sus polémicos votos de minoría en el pleno saben que ya tiene su plan de trabajo bien diseñado.