Guerrilla colombiana acusa a empresa forestal de Italo Zunino de usurpación de tierras

Este martes 5 de noviembre, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) anunció la inminente liberación “por razones humanitarias” del ingeniero forestal León Montes Ceballos, quien al momento de su secuestro, el 30 de julio de 2012,  trabajaba para la empresa de capitales chilenos Compañía Agrícola de la Sierra (CAS), instalada desde 2006 en Colombia.  Desde hace un año y medio, el ELN le exige a la empresa forestal –de propiedad del empresario chileno Ítalo Zunino–, que congele sus operaciones y se retire de la zona de modo que las tierras que hoy están bajo su dominio –y que según el ELN habría conseguido de manera fraudulenta– sean devueltas a los campesinos.

Las condiciones impuestas por la guerrilla contra la CAS se fundamentan, según un comunicado, en el hecho de haberse apropiado “con artimañas de 22.000 hectáreas de tierra de campesinos pobres (…) 6.800 están sembradas con pino y árbol no nativo, generando un gran impacto ambiental y social en el territorio”.

El anuncio se hizo en medio del diálogo que intenta entablar el gobierno y el ELN –la segunda guerrilla en Colombia, luego de las FARC– con miras a emprender un proceso de paz en el que ambos ya han dado señales concretas de avance y que, por lo mismo, ha generado expectativas tanto en Colombia como en algunos organismos internacionales.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia

El acercamiento entre el gobierno y la guerrilla ha sido objeto de duras críticas desde la oposición. Las más fuertes han salido desde el mismo expresidente Álvaro Uribe quien en agosto del 2012 calificó de “bofetada a la democracia” el inicio de diálogo formal con las FARC impulsado por el Presidente Juan Manuel Santos. Recientemente Uribe llegó incluso a acusar la supuesta responsabilidad penal que le cabe a aquellos que se reúnen a dialogar con grupos armados fuera de la ley. Ayer miércoles y luego de cinco meses de discusión, el gobierno y las FARC alcanzaron un acuerdo parcial para garantizar la participación del grupo rebelde en política. Este era el segundo de los cinco puntos a negociar en medio de las conversaciones de paz iniciadas en noviembre del año pasado en La Habana.

El último disparo de Uribe contra Santos fue a propósito de la Ley de Restitución de Tierras impulsada por el gobierno, acusándolo de generar “nuevos odios contra los empresarios del campo”. El expresidente Uribe ha sido acusado de favorecer durante su mandato a empresarios y a ex funcionarios de su gobierno en la compra masiva de tierras a bajo costo. En el marco de la Ley de Restitución, la justicia ya ha ordenado la devolución a campesinos de varios predios usurpados por paramilitares, grupos armados que adquirieron mayor poder bajo el gobierno de Uribe y con quienes mantuvo fuertes vínculos según se ha comprobado en la justicia de Colombia y de Estados Unidos. Parte del proceso de usurpación de tierras en Colombia está relatado en el reportaje publicado por CIPER “La ruta del despojo” de Ginna Morelo, reciente ganador del premio nacional de periodismo de Colombia.

En este contexto, el secuestro de Montes Ceballos en Antioquia y la exigencia de restitución de tierras hecha por la guerrilla a la empresa de Zunino, agrega otro foco de tensión al clima político de Colombia y en particular a esa región (Antioquia), zona altamente conflictiva con presencia de las FARC, el ELN y brigadas paramilitares.

EL ATERRIZAJE DE ZUNINO EN COLOMBIA

La Compañía Agrícola de la Sierra S.A., constituida por capitales chilenos, fue inscrita en Panamá el 19 de septiembre de 2006. El aporte de capital inicial fue de US$ 18 millones, el cual fue dividido en 100 acciones comunes con un valor de US$ 180.000 cada una.

Monocultivo de pinos Comaco. (Foto: www.comacoforestal.com)

Ítalo Zunino Muratori, uno de los hombres fuertes de la sociedad, es dueño del holding de empresas madereras Comaco Forestal, que en Chile cuenta con 121.030 hectáreas de pino, eucaliptus y bosque nativo, diseminadas entre la Sexta y la Décima Región. Comaco –continuadora de la Compañía Astilladora de Concepción– fue constituida en agosto de 1998 con un capital inicial de $2 mil millones. Su objeto: “La actividad forestal en todas sus formas, pudiendo especialmente manejar, plantar y explotar todo tipo de bosques, sean naturales o artificiales (…) y la industrialización de la madera en todas sus formas, especialmente la producción, adquisición, comercialización y exportación de astillas o chips de madera destinada a la fabricación de celulosa u otros fines”.

Las favorables condiciones existentes en Colombia y principalmente en Antioquia para la producción forestal –3 millones de hectáreas aptas para reforestación e ingentes subsidios estatales a la producción– hicieron que Zunino y sus socios, los empresarios Alejandro Sáenz y Antonio Tuset, pusieran su interés financiero en el país cafetero.

A sólo un mes de haber sido constituida en Panamá, la empresa quedó registrada en la Cámara de Comercio de Colombia con el nombre de Compañía Agrícola de la Sierra Colombia S.A., bajo el tipo de sociedad “sucursal extranjera” y dedicada “al desarrollo de actividades forestales, establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales”.

A 2012, según se consigna en una presentación comercial de la compañía, se habían invertido cerca de US$40 millones en compras de suelos que abarcaron 23.100 hectáreas repartidas en siete zonas del departamento de Antioquia. La explotación del suelo ha ido en rápido incremento desde el 2008, cuando tenían sólo 76 hectáreas plantadas con coníferas. El 2010 contaban ya con 2.320 y al 2012 alcanzaron las 7 mil. El objetivo de la compañía es llegar a 20 mil hectáreas plantadas en una superficie de 30 mil hectáreas. Hasta el momento ha sido sólo inversión. La empresa espera generar utilidades sostenidas a partir del 2030.

La CAS se encuentra entre los socios fundadores de la Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena, junto a otras forestales como Celulosa Arauco, a través de Arauco Colombia S.A., CMPC, que opera a través de sus filiales Protisa y Drypers, y empresas de retail como Falabella y La Polar, entre otras.

CAS: “NO NOS PRONUNCIAREMOS AL RESPECTO”

El ingeniero forestal León Montes proviene de una familia de esfuerzo. Su padre es conductor de bus y su madre profesora pensionada. Por ello, desde un comienzo supieron que el secuestro de su hijo no buscaba extorsionarlos a ellos. Montes fue capturado el 30 de julio de 2012, mientras cumplía sus labores en la CAS en el territorio del municipio de Amalfi (Antioquia). Al día siguiente, la camioneta blanca que manejaba cuando fue detenido por el ELN, y que era propiedad de la compañía agrícola, apareció completamente quemada. Desde entonces no lo volvieron a ver.

Dos semanas más tarde, la empresa y la familia de Montes recibieron un video en el que el mismo ingeniero aclaraba el móvil del secuestro. El ELN pedía a la CAS una gran suma de dinero –entre 2 a 3 millones de dólares, según reconoce la misma compañía– por su liberación o bien que la compañía dejara de operar y se fuera de Colombia. Se acusó a la Compañía Agrícola de la Sierra S.A. de depredar los recursos nacionales y de haber conseguido tierras mediante “artimañas” perjudicando a los campesinos de la zona.

Días más tarde, fue el padre de Montes quien recibió dos llamados en el que le pedían que intercediera ante la empresa para que cumplieran la petición y así lograr la liberación de su hijo.

–No se preocupen. Ustedes no tienen problema con nosotros. El problema lo tiene la empresa en la que trabaja –le dijeron al padre.

Frente a la inminente liberación de Montes tras varios meses de captura, el ELN señaló que esperaría un pronunciamiento de la empresa forestal respecto de sus demandas antes de conformar la comisión humanitaria encargada de recibirlo tras su liberación. Acusaron también a la compañía de no haber mostrado voluntad alguna para “resarcir los perjuicios ocasionados al ambiente y las comunidades de la región”.

Desde la CAS señalaron a CIPER que por ningún motivo se pronunciarían al respecto y que, luego del anuncio del martes del ELN, no han sido contactados por la organización guerrillera.

León Montes Ceballos, secuestrado por el ELN.

-No nos vamos a pronunciar bajo ningún punto de vista sobre esta interpelación. No lo vamos a hacer con una institución irregular. Para nosotros no es un interlocutor válido. Su lógica ha sido: a esta empresa que llega a ordenar el desorden, le vamos a cobrar, la vamos a extorsionar. Responder a esto sería reconocerlos como institución válida. Darles dinero, significaría someternos, como un cajero automático -dijo a CIPER Mauricio Henríquez, asesor de responsabilidad social de la Compañía Agrícola de la Sierra.

Henríquez cuenta que hasta antes del martes, el ELN había dado sólo una prueba de vida del ingeniero secuestrado y que esta sería la segunda vez que dan señales al respecto: “En el último año y medio he estado trabajando exclusivamente en este caso. En todo este tiempo he recibido cerca de seis correos de extorsión, en los que se exige siempre lo mismo: el pago de una suma de dinero y nuestra salida de Colombia”.

Consultado respecto al por qué de las acusaciones que les hace la organización guerrillera, esto es, apropiación indebida de predios y depredación medioambiental, Henríquez señaló que la CAS ha recibido desde un comienzo múltiples extorsiones, pues su actividad, “que ha generado empleo y riqueza para la zona”, molesta a quienes están en actividades irregulares.

El ejecutivo de la CAS anunció que frente a la inminente liberación de Montes, la empresa le prestaría ayuda psicológica por el tiempo que sea necesario para que se pueda reintegrar a sus labores. Sobre el curso de acción que tomará la empresa frente al anuncio de este martes, Henríquez señaló: “Nos alegramos de la posición humanitaria del ELN al liberar a Montes. Estamos listos para participar en proyectos en función de la paz de Colombia, pero siempre a través de la vía legal”.

LA MINERA CANADIENSE QUE SE FUE DE ANTIOQUIA

El conflicto que involucra a la empresa de Italo Zunino ha tomado aún más fuerza con la reciente paralización de actividades y posterior salida de Colombia de la minera canadiense Braewal Mining Corporation, tras la liberación de uno de sus altos ejecutivos secuestrado por el ELN desde el 18 de enero pasado. Gernot Wobert, de 47 años, se desempeñaba como vicepresidente de exploración de la minera. La canadiense había adquirido tiempo atrás terrenos en Antioquia con el objeto de iniciar la exploración y extracción de oro de las minas Casa de Barro y Mina Seca.

El 8 de mayo, la organización guerrillera condicionó públicamente la liberación del ejecutivo canadiense a que Braewal Mining Corporation devolviera los títulos mineros “que despojó a las comunidades de la zona de la serranía de San Lucas”. El secuestro se enmarcaba, tal como ocurre en el caso de Montes, en una acción de “defensa de los recursos naturales de Colombia”.

“Sobre el ciudadano canadiense debemos reiterar que fue retenido por nuestras unidades guerrilleras, debido a que su empresa obtuvo mediante sobornos y de manera fraudulenta cuatro títulos mineros de una extensión de 1643.23 hectáreas, lesionando de manera flagrante los derechos de propiedad de las comunidades en dicha región. Dicho ciudadano es portador de documentación irregular que lo inhabilita para desempeñarse en las funciones que desarrollaba al frente de la obra donde fue retenido”, señaló el ELN en su momento en un intercambio epistolar que sostuvo con la organización “Colombianas y Colombianos por la paz”. Respecto a la documentación irregular, se acusó a Wobert de ejercer sus labores sin el permiso correspondiente y sólo haciendo uso de una visa de turista.

El 23 de julio, poco más de un mes antes de la liberación de Wobert, la compañía minera canadiense anunció mediante un comunicado (ver documento) el congelamiento y cancelación de sus planes de inversión en Colombia. No mencionó, sin embargo, la situación de secuestro del ejecutivo, aduciendo “condiciones de mercado desfavorables”.

Luego de 221 días cautivo, el 27 de agosto Wobert fue liberado. El mismo día, Nicolás Rodríguez Bautista, primer comandante del ELN, señaló en un video subido a la página web de la organización: “Estamos de acuerdo con una amplia mayoría de colombianos que consideran que el impulso de los procesos productivos del país deben dignificar a toda la sociedad en particular a quienes no ejercen el poder y que dichos procesos productivos no pueden ir en la dirección que degraden la naturaleza”.