Hosaín Sabag: votos, pagos e indicaciones que favorecen sus negocios

Por estos días el senador (DC) Hosaín Sabag tiene sus ojos puestos en la Corte Suprema. Su preocupación es financiera y personal, ya que de la sentencia que redacta el abogado integrante de la Primera Sala de la Corte Suprema, Emilio Pfeffer, depende el futuro de la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán (Octava Región), cuyo proyecto ha liderado su hijo mayor, Patricio Sabag Villalobos. Será la justicia la que dirimirá el choque entre la Dirección General de Aguas (DGA) y la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, que preside el hijo del senador y candidato a la reelección, ahora por la Región del Bíobío Cordillera. La controversia significó la paralización de la central hidroeléctrica en 2007 al no obtener la autorización de la DGA para modificar cauces naturales de las aguas del Río Huepi.

Los problemas con la justicia no son nuevos para Hosaín Sabag y tampoco para su hijo menor, el diputado (DC) Jorge Sabag, quien también postula a la reelección por el distrito 42 de la Región del Bíobío. Allí se ubica Cabrero, el corazón de los negocios de la familia Sabag, la más importante de la zona. Fue precisamente en Cabrero donde surgió el cuestionamiento a los pagos que el diputado Sabag ordenó a la Cámara de Diputados a cuenta de sus asignaciones parlamentarias y que iban directo a la cuenta corriente de las empresas de la familia (Ver recuadro). Eso le significó ser imputado por fraude al Fisco, juicio que terminó con el diputado Sabag sobreseído pero que no confirmó su inocencia.

El diputado Jorge Sabag fue formalizado por fraude al fisco, pero finalmente fue sobreseído.

Para muchos, el fin de ese juicio tuvo relación con el poder que ha ido acumulando en la región el senador Sabag desde que en 1990, apenas se recuperó la democracia, ingresara al Congreso, primero como diputado por el mismo distrito que representa ahora su hijo; y desde 1998 como senador. En total, han sido 23 años de parlamentario y representante de la Democracia Cristiana, en los que Sabag ha llegado a tener un rol gravitante en distintas comisiones del Congreso, todas ligadas con sus inversiones. De allí que haya sido protagonista en distintos momentos de conflictos de interés tanto en el rubro energético como forestal.

En cada una de las comisiones parlamentarias que ha integrado y también en la sala ha defendido férreamente la energía hidroeléctrica, pese a que tanto él como su hijo Patricio han comprado derechos de agua para energía y Patricio lidera un proyecto en el rubro en su calidad de presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu. Según consta en el diario oficial del 1 de julio de 2013, fue Patricio Sabag quien solicitó la aprobación del proyecto de las obras hidráulicas de la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán (ver documento).

El senador Sabag debió abstenerse de votar la Ley de Concesiones Eléctricas y otra que simplifica los trámites de regularización de títulos de agua. No lo hizo, violando la Ley Orgánica Constitucional del Congreso que, en su artículo 5º B, establece que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción”.

Respecto de la construcción de la Central Trupán, el conflicto de interés del senador Sabag está nítidamente planteado por ser su hijo quien lidera un proyecto hidroeléctrico. A ello se agrega que ese hijo, Patricio Sabag, es el controlador de todas las empresas del grupo familiar de las que él mismo es el principal accionista.

Los negocios de la familia Sabag son cuantiosos. En su declaración de patrimonio de 2006, el parlamentario precisa que a diciembre del año anterior su capital propio tributario ascendía a $8. 417 millones, equivalentes a unos US$15,4 millones. Sólo la Inmobiliaria Nabatieh fue constituida en 2004 con un capital de $2.104.202.100. En 2010, Sabag actualizó su declaración y entregó una nómina de 62 propiedades. El valor de avalúo fiscal de los predios forestales del senador asciende a $793.259.551. De acuerdo al mismo registro, todas las propiedades del senador suman un avalúo fiscal superior a los $3 mil millones. En Cabrero se ubican 47 de esos predios e inmuebles.

EL VOTO QUE LE SIGNIFICÓ $29 MILLONES

El de energía y eléctricidad no es el único sector donde el senador Hosaín Sabag ha violado la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Otro ejemplo de conflicto de interés detectado por CIPER ocurrió durante la discusión de la Ley de Fomento Forestal. Sabag no se inhabilitó de participar en la modificación del Decreto Ley Nº 701, publicada en mayo de 1998, pese a que, en su declaración jurada de intereses (ver documento), indica que la actividad forestal es una de las tantas que desarrolla junto a la agrícola, ganadera, bienes inmuebles y transporte para actividades propias.

Los beneficios que recibió Sabag son más que hipotéticos. De hecho, el 18 de marzo de 2005, el senador postuló y recibió una bonificación forestal para la recuperación de suelos degradados en Cabrero (ver) por $28.905.616, un subsidio contemplado en dicha ley.

Parte de los 29 millones de bonificación forestal fue utilizado en plantación de eucaliptus.

En esa fecha, los controles internos del Congreso eran muchos más laxos, no existía la Ley de Transparencia, por lo cual presentar conflictos de interés no representaba una preocupación real para muchos legisladores. Hoy es un tema que ha comenzado a instalarse en amplios sectores de la sociedad que demandan mayor transparencia a sus representantes. Por eso, en la nueva tramitación de la Ley de Fomento forestal –actualmente en el Congreso– Sabag se comprometió a abstenerse. Así lo anunció a El Dínamo: “Cuando vuelva de las comisiones no la voy a votar, eso lo dejo claro”. El Dinamo agregó: Cuando el Senado votó en general el proyecto, el pasado 12 de junio, Sabag también se abstuvo de votar. Sin embargo, en la misma sesión, el senador sí opinó: “En mi región existen más de un millón de hectáreas de suelo absolutamente erosionado, grandes barrancas que si no se detienen con apoyo del Estado, es evidente que la desertificación va a ser cada vez mayor. Por eso que al ser esto altamente necesario y de interés nacional, evidentemente que yo no puedo estar en contra”.

“LOMOS DE TORO”

Sabag nunca se ha inhabilitado en proyectos vinculados con la energía hidroeléctrica y cada vez que puede respalda su uso en aquellos proyectos de ley relacionados, como el de Concesiones Eléctricas, donde participó así en la comisión respectiva: “Por fortuna, hemos ido subsanando esos muy difíciles ‘lomos de toro’ por la vía legislativa. Hoy día se pueden construir pequeñas centrales de pasada para la generación y la explotación eléctrica”.

El mismo Hosaín Sabag apoyó la Ley 20.017 que modificó el Código de Aguas y cuya reforma más sustantiva fue el cobro de una patente para los titulares de derechos de aguas que no las usaban. Se buscaba así inhibir la acumulación ociosa de esos derechos, de tal modo que el poseedor del dominio pagara una multa por no utilizar las aguas o bien terminara vendiendo su derecho para que otro lo pusiera en uso. “Lo que pretendemos es que este recurso, de tanta utilidad para el país, se ocupe en beneficio de la Nación y que los derechos de aprovechamiento no se conviertan sólo en acaparamiento o que algunos más despiertos pretendan obtener pingües utilidades, traspasándolos posteriormente”, manifestó el 13 de mayo de 1997 el entonces diputado Hosaín Sabag durante la discusión en sala.

Cuando la primera gran reforma al Código de Aguas fue publicada en junio de 2005, incluida la introducción de las patentes para las aguas, Hosaín Sabag, ya senador, fue uno de los primeros que se benefició con la indicación legal promovida por él mismo. Al mes de publicada la ley, Sabag comenzó a comprar derechos de aguas que estaban siendo liberados y que corresponden precisamente a los recursos hídricos que van a alimentar a la central de pasada Trupán (ver documento). Los derechos corresponden a aguas de los afluentes del Río Diguillín, donde se encuentra el Canal Zañartu y cuyo agotamiento rige desde julio de 1994 (ver resolución de la DGA).

Una de estas compras tuvo lugar el 22 de julio de 2005, cuando Hosaín Sabag adquirió derechos de aguas por $4.850.000, correspondientes al Canal Colicheo, cuya bocatoma se ubica en la ribera norte del río Laja. La superficie total bajo riego es de 21.000 hectáreas. El canal está en servicio desde 1928 y la entidad que administra esta obra es la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, precisamente la entidad que preside su hijo Patricio. CIPER encontró otras dos adquisiciones de derechos de agua de los Sabag, relacionadas con el Canal Zañartu: la primera fue hecha por el propio senador el 20 de diciembre de 2012, por $55 millones; la segunda la concretó su hijo Patricio el 8 de junio de 2011, por $3.000.000 (ver compras).

LA NEGATIVA DE LA DGA

La legislación vigente obliga a quienes pretenden construir una central hidroeléctrica de pasada a tener sus títulos de aprovechamiento de aguas debidamente actualizados debido a que muchos fueron otorgados en el siglo pasado. Ello significa que los títulos de dominio deben estar regularizados en la Dirección General de Aguas (DGA), con todas sus características técnicas.

La dupla Sabag va a la reelección como senador y diputado este 17 de noviembre

Allí debe figurar el nombre del titular y la ubicación del acuífero; la provincia en que se sitúa la captación y la restitución, en el caso de las centrales; el caudal de acuerdo al Código de Aguas y aquellas características con que se otorga o reconoce el derecho. Además debe establecerse si se trata de un derecho de ejercicio permanente o eventual; o de ejercicio continuo, discontinuo o alternado entre varias personas. Por último, también es necesario precisar si son derechos consuntivos (el agua se usa y no se devuelve, como en actividades de riesgo) o no consuntivos (el agua se debe devolver como ocurre en las centrales).

El registro de todas las anteriores precisiones es imprescindible para completar el proceso de inscripción de derechos en el Catastro Público de Aguas. Sólo así los proyectos hidroeléctricos pueden avanzar. De lo contrario, se paralizan, como ha ocurrido con la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán.

En efecto, la solicitud de aprobación para la obra hidráulica de la central hidroeléctrica Trupán, fue rechazada por la dirección regional del Biobío de la DGA.  Como se ha dicho, la petición fue presentada por Patricio Sabag, como presidente de la Asociación de Canalistas Zañartu, la que cuenta con una inscripción de dominio de un derecho de aprovechamiento de aguas por 45m3/s., otorgado en 1930. La solicitud de perfeccionamiento de título aspiraba a obtener derechos por 65m3/s. La petición ha sido rechazada en dos instancias judiciales. Uno de los argumentos legales esgrimidos para rechazarla es que la demanda fue iniciada por la asociación de canalistas, cuando lo que corresponde es que la ingrese cada uno de sus miembros.

El rechazo de la DGA se sostiene en que el Canal Zañartu, si bien tiene un derecho de agua en el río Laja, los caudales que ha extraído históricamente son muy inferiores a los que pretende con su demanda: 65 m3/s. En la respuesta de esa entidad a CIPER, se indicó que hay disposición a reconocer el derecho de agua que tienen los canalistas que preside Patricio Sabag, siempre y cuando se limiten al caudal que era capaz de captar y conducir a la fecha en que se presentó la demanda: 24,2 m3/s (en vez de 65 m3/s.).

La disputa entre la DGA y la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, se trasladó al 22º Juzgado Civil de Santiago (Ver documento). Allí quedó estampada la denuncia contra la Dirección General de Aguas, que presentó Patricio Sabag Villalobos, en nombre de los canalistas, el 14 de diciembre de 2007.

La respuesta fue adversa para Patricio Sabag y la asociación de canalistas. El tribunal estimó que los títulos se encontraban incompletos y que no se indicaban las características esenciales de cada derecho. Sabag pasó nuevamente a la ofensiva y apeló por lo que el conflicto llegó a la Corte de Apelaciones. Fue peor. El 17 de abril de 2012 la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones dictaminó: “No se ha acreditado la titularidad de los derechos de aprovechamiento de aguas” y “los títulos no aparecen vinculados a los estatutos de la Asociación, la que a su vez no presenta certificado de vigencia” (ver fallo).

Al problema suscitado por los dos fallos judiciales adversos, se agregó entonces una nueva dificultad a la instalación de la central hidroeléctrica de los Sabag y sus socios. El proyecto está siendo cuestionado por la Asociación de Canalistas del Laja “debido al riesgo que se produzca una merma significativa del agua disponible en el río Laja, que sirven para regar al menos a 120 mil hectáreas entre las provincias de Biobío y Ñuble”. Los más catastrofistas incluso advierten que, de ponerse en marcha la central, los Saltos del Laja podrían verse afectados, con el consiguiente deterioro para el turismo en esa postal de Chile.

LEY PARA PERFECCIONAR TÍTULOS DE AGUAS

Mientras el conflicto entre la DGA y la Asociación de Canalistas de Canal Zañartu se dirimía en los tribunales, el Ejecutivo presentó el 13 de septiembre de 2012 un proyecto de ley que cambia las reglas de la regularización o perfeccionamiento de los títulos de derechos de aprovechamiento de aguas. Una ley que aún no ha sido promulgada. Por ello, hasta ahora, la regularización corre por cuenta de cada uno de los titulares de derechos a través de un proceso tan engorroso como caro. Si una asociación de regantes tiene mil socios, se necesitan mil presentaciones para regularizar los títulos. Con la nueva ley se requerirá solo de una, previo acuerdo adoptado por los dos tercios de los votos emitidos en una junta extraordinaria de la asociación respectiva. El proyecto busca que sean las comunidades de agua y juntas de vigilancia las que representen a los titulares de los derechos de aguas.

Una central hidroeléctrica como la que muestra la foto, tiene enfrentado a la DGA con la Asociación del canal Zañaru.

La nueva ley podría ser la solución mágica que le permita a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu resolver los dos fallos judiciales adversos y concretar su proyecto: la Central Hidroeléctrica Trupán. Como la indispensable regularización de títulos de dominio no fue otorgada por la DGA, una vez que la nueva ley esté promulgada –lo que podría ocurrir en los próximos meses–, bastará con que la Asociación del Canal Zañartu se reúna en una asamblea, para conseguir el nuevo requisito. En la práctica, la nueva ley se convertirá en un verdadero fast track para la Central Hidroeléctrica Trupán.

Al examinar la tramitación de esa ley, CIPER detectó que fue el escaño del senador Hosaín Sabag el que le permitió presentar las indicaciones que lo favorecían, no obstante que ya no formaba parte de la comisión de Obras Públicas del Senado. La indicación clave que modificaría los procedimientos para la regularización de derechos de agua lleva la firma de Sabag.

Otra de sus indicaciones pretendía dar el visto bueno a la edificación de centrales antes de que el proceso de regularización de derechos hubiese finalizado. Su visión pro-centrales, la morigeró al plantear al menos que la recepción de las obras sólo podrá otorgarse una vez inscrito los correspondientes derechos de aprovechamiento de aguas. Su “contribución” al proyecto fue tal, que dos de sus indicaciones (ver indicaciones) se mantuvieron en la ley que pronto será promulgada por el Presidente Sebastián Piñera.

El senador ha celebrado las iniciativas que favorecen las centrales de pasada. En junio de 2013, Sabag felicitó a sus colegas por llegar a un acuerdo para destrabar los proyectos de Concesiones Eléctricas y de Energías Renovables No Contaminantes (ERNC). Junto con exhortar a las autoridades a no paralizar las obras en estas materias, aseguró que no le preocupa que “la energía eléctrica se concentre en dos o tres grandes compañías, pero sí que se diversifique la matriz energética y puedan participar muchas pequeñas empresas, con centrales de pasada de 5, 10 o 20 megawatts”. (La capacidad máxima instalada de la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán es de 36 megawatts).

El diputado (DC) Jorge Sabag, hijo del senador, también aprobó esa moción. El 18 de julio de 2013 señaló en la Cámara que el proyecto “es de gran impacto para los sectores rurales y está llamado a facilitar de gran manera el desarrollo de la industria campesina… Lo ideal es dar una pronta aprobación al mismo, sobre todo considerando que hay miles de pequeños agricultores que están esperando la promulgación de esta iniciativa”.

ABOGADOS CON DOBLES FUNCIONES

CIPER revisó los documentos que acompañan el juicio iniciado por la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, con su demanda contra la DGA (ver documento). Tras cruzar algunos nombres con los que aparecen en la página del Senado sobre asignaciones parlamentarias, encontramos que uno de los abogados demandantes, Sergio Muñoz Cartes, ha sido también asesor legislativo del senador Sabag. Un asesor importante a juzgar por los montos pagados con dineros del Senado. En octubre de 2007, Muñoz recibió la suma de $8.500.000, cifra que subió a $17.703.221 en 2008, distribuidos entre agosto, $8.888.888; octubre, $3.333.333 y diciembre, $5.481.000, (ver asignaciones parlamentarias 2007, 2008).

Es decir, el año 2008, cuando Sergio Muñoz era abogado de los Sabag en su demanda particular contra la DGA, recibió paralelamente del Senado más de $17 millones como asesor parlamentario de Hosaín Sabag. No fueron esos los únicos pagos que recibió el abogado Muñoz como “asesor” del senador.

En la página de Transparencia del Senado aparece que el abogado Sergio Muñoz Cartes recibió en 2009 un total de $20.300.462, como asesor de Hosaín Sabag (distribuidos entre marzo, agosto, noviembre y diciembre). En 2010, cobró $14.290.000 y en 20011, $18.800.000. Sus servicios abarcan diversas materias. En enero de 2011, por ejemplo, el abogado Muñoz realizó una asesoría por el proyecto de reforma educacional, por la que Sabag le pagó $2.640.000. En marzo de ese mismo año cobró $2.700.000 por un estudio sobre la creación del Ministerio de Desarrollo Social.

Hasta 2008 los senadores no debían justificar la labor realizada en las asesorías parlamentarias que se pagaban con dineros del Congreso. Fue en 2009 -con la promulgación de la Ley de Transparencia-, que se puso límite a la discrecionalidad que les permitía abultar esos pagos, como quedó demostrado con el escándalo por el abuso de las asignaciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, que terminó con Maximiano Errázuriz como único condenado de los cuatro diputados que malversaron asignaciones parlamentarias. Entre ellos figura el diputado Jorge Sabag. (ver reportaje).

Sergio Muñoz, uno de los abogados que tramitó la demanda de Patricio Sabag contra la DGA por el proyecto de la Central Trupán, no es el único que ha tenido un doble rol en el Senado. El proyecto de ley que simplifica los procedimientos para regularizar los títulos de aprovechamiento de aguas fue presentado por el entonces ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, y entre los invitados a la comisión destacó la presencia del profesor de Derecho Económico de la Universidad de Chile, Gustavo Manríquez Lobos. El profesor respaldó la iniciativa y aseguró que en alguna forma aliviará la situación de miles de usuarios de agua, cuyos derechos de aprovechamiento carecen de algunas de las menciones que exige el reglamento del catastro. Gustavo Manríquez propuso también incluir a las asociaciones de canalistas entre los beneficiados, a las que el proyecto no mencionaba. Sus sugerencias fueron aceptadas.

Lo que no quedó consignado en el acta de sesiones es que el abogado Gustavo Manríquez es el mismo que ha jugado el rol principal en todos los recursos judiciales que ha presentado Patricio Sabag, como presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, contra la DGA, para sacar adelante el proyecto de la Central Hidroeléctrica Trupán. CIPER quiso preguntarle al senador Sabag sobre la relación con estos asesores y los otros temas tocados en este reportaje, pero no respondió a nuestra petición de entrevista.

LA DEFENSA DE SABAG A SU HIJO DIPUTADO

Después de un reportaje de Contacto, difundido por Canal 13 hace algunos meses, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, anunció que se le dará mayores atribuciones a la Comisión de Ética para regular eventuales conflictos de interés. Entonces también admitió: “No es fácil hacer eso, pues existe un tema de interpretación. Hoy depende del parlamentario decidir si se inhabilita” (ver nota en La Tercera).

Hosaín Sabag ocupó su sillón en el Senado para defender a su hijo diputado.

El senador Hosaín Sabag es uno de aquellos parlamentarios que no percibe los límites éticos al votar en proyectos de ley que benefician sus negocios personales o a su familia. Después de las investigaciones del Ministerio Público por fraude al Fisco en el llamado escándalo de las asignaciones parlamentarias, en el que se vio involucrado junto a sus hijos Patricio y Jorge, tampoco se inhibió de actuar a pesar de los datos que quedaron plasmados en el juicio. Desde marzo de 2006 y hasta julio de 2009, la Cámara de Diputados, con cargo a fondos públicos, pagó $22.669.830 a la inmobiliaria Navatieh S.A., de propiedad de Hosaín Sabag y de la cual su hijo Patricio (el mismo que es presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu) es gerente.

Durante casi todo el primer período del diputado Jorge Sabag, la Cámara pagó $558.045 mensuales a su familia por un arriendo supuestamente destinado a sede distrital, ubicada en Río Claro 1050 de Cabrero, correspondiendo el local al conocido aserradero del clan Sabag. Aunque el diputado llegó a ser formalizado por fraude al fisco, finalmente fue sobreseído (ver el reportaje de CIPER que gatilló la investigación judicial).

Fue entonces que el senador Hosaín Sabag ocupó su sillón para defender a su hijo, el diputado, y mostró que no se inhibe a la hora de legislar para los suyos y favorecer a su clan. El senador se preocupó personalmente de incluir en la Ley de Presupuesto 2010 una glosa que especifica que los fondos aprobados por las comisiones de régimen son de libre disposición. Con ello Sabag pretendió demostrar que a los parlamentarios no se les debía aplicar las sanciones penales relativas a los funcionarios públicos, una interpretación que afectaba directamente a Jorge Sabag, investigado por el fiscal de Valparaíso por “negociación incompatible” (ver reportaje).