El abogado que asesora a cuatro diputados
Carlos Tudela: el lobista DC de los notarios y de Paulmann en la Cámara de Diputados
13.08.2013
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El abogado que asesora a cuatro diputados
13.08.2013
En el año 2005 quiso ocupar uno de los 120 asientos de la Cámara de Diputados y aunque no lo logró, pues perdió frente a su compañero de lista, el socialista Fidel Espinoza, Carlos Tudela Aroca (60) es hoy un habitante más del Congreso Nacional. No puede ingresar a la Sala de Sesiones, pero sí lo hace a los recintos claves de la Cámara de Diputados: las salas de las comisiones, allí donde se deciden las modificaciones y agregados de las leyes que luego serán votadas por el conjunto de los diputados. A esas salas ingresa acompañando a diputados de la Democracia Cristiana y hace pesar sus puntos de vista como asesor legislativo. Con su credencial en el bolsillo, Tudela se desplaza con propiedad por los vericuetos del elefante blanco de más de 43 mil metros cuadrados. Cada vez que almuerza en el piso 14 de la Cámara, disfruta al igual que los parlamentarios de la privilegiada vista del litoral central. Entre las autoridades de gobierno y entre sus propios “camaradas”, Tudela es un reconocido lobista.
Carlos Tudela estudió derecho en la Universidad de Chile y formó parte del sector guatón de la Democracia Cristiana, por lo que mantiene importantes redes con militantes de ese partido. De hecho, fue embajador en Singapur durante el gobierno de Eduardo Frei e intendente de Los Lagos por seis meses en la administración de Ricardo Lagos.
En 2008 quiso convertirse en alcalde de Llanquihue, pero la suerte le jugó nuevamente una mala pasada al perder por poco menos de mil votos. Por ese mismo período -noviembre de 2008 y diciembre de 2009- se desempeñó como asesor de la división de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
La gestión que dice realizar Carlos Tudela en el Congreso abarca una variedad de materias en asesorías legislativas. “En general son temas de toda índole, fundamentalmente para ayudar a que se logren acuerdos y esto uno lo hace con parlamentarios de gobierno, de oposición, con entidades públicas y privadas. También tengo relaciones con algunos subsecretarios desde tiempos de colegio, entonces uno trata de buscar que se puedan encontrar las partes para que puedan llegar a acuerdos, más que buscar votaciones que de repente son inútiles y demoran la tramitación de los proyectos”, explicó Tudela a CIPER (Ver entrevista).
Aunque actualmente solo asesora en forma directa al diputado (DC) Roberto León , la sociedad que el 23 de Octubre de 2012 creó junto a sus hijos Carlos y Daniela, «Servicios de Visión y Gestión estratégica Limitada”, presta también asesorías a los diputados DC Víctor Torres, Jorge Sabag, y Eduardo Cerda. De los 19 diputados de la Democracia Cristiana, cuatro son asesorados por la familia Tudela, un 21% de la bancada DC. Cada uno de estos últimos parlamentarios le cancela mensualmente entre uno y dos millones de pesos, platas que salen de los dineros que el Estado provee para las asignaciones parlamentarias.
El diputado Víctor Torres destina $1.056.000 para el mismo tipo de informes. “No sé quién prepara los papers. Yo solo los pido, pero no tengo contacto con Carlos Tudela”, afirma Torres.
Hasta la semana pasada en el sitio web de la Cámara aparecía también el diputado Ricardo Rincón pagando mensualmente $2.072.291 a Tudela por la elaboración de informes temáticos. Pero desde la corporación informaron que se trató de un error que fue enmendado apenas el diputado Rincón se quejó por dicha información.
Al ser consultado por la sociedad que creó en 2012 con sus hijos, Tudela respondió que efectivamente inició actividades con ellos, “como lo hace cualquier padre cuando sus hijos quieren empezar una actividad nueva. Pero ahora son independientes y esa empresa es de ellos”.
En la conversación con CIPER, Tudela ahondó en la labor que realiza, de la que se siente orgulloso, pero se excusó de entregar información sobre sus clientes del retail, porque –asegura- debe guardar secreto profesional y solo puntualizó que trabaja para instituciones privadas, personas naturales o jurídicas y hace asesorías legales.
La consulta es pertinente, pues en 2011 un grupo de ocho diputados de la Democracia Cristiana, Partido Por la Democracia, Socialista y Comunista presentaron un proyecto de ley para revocar la nacionalidad otorgada en octubre de 2006, por gracia, al empresario y controlador del holding Cencosud, Horst Paulmann, el segundo hombre más rico de Chile.
Los autores de la iniciativa, que logró ingresar a primer trámite constitucional, fueron Enrique Accorsi (PPD), Lautaro Carmona (PC), Fidel Espinoza (PS), Hugo Gutiérrez (PC) y los democratacristianos Gabriel Ascencio, Roberto León, Sergio Ojeda y Gabriel Silber. De inmediato las luces de alerta se encendieron en Cencosud pues «el rey del retail en América Latina” -como lo definió la revista Forbes- o algunos de sus ejecutivos top podrían ser sentados en el banquillo de los acusados debido a que Cencosud estaba siendo investigado por el eventual fraude aduanero realizado al comerciar mercancías que fueron ingresadas al país como “ayuda humanitaria” tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Aprovechando el caos y la escasez de algunos alimentos básicos, especialmente en el sur del país, Cencosud internó de forma irregular 183 camiones con mercancía caratulada como “ayuda humanitaria” (botellas de agua, pañales, tallarines, arroz, harina, pilas, sacos de dormir), la que supuestamente iría en beneficio de los afectados por el terremoto. La trampa fue que, al declararlos como donaciones, esos productos no pagaron impuestos a su ingreso a Chile, a pesar de que, finalmente Cencosud comercializó parte de esos productos.
De acuerdo a lo establecido por la fiscalía, los altos directivos del Cencosud Retail S.A., tanto en Chile como en Argentina, planificaron la operación comercial, utilizando artificiosamente las comunicaciones gubernamentales emitidas y entregadas en uno y otro país, sobre las enormes necesidades de abastecimiento del país, para “hacer aparecer una compraventa comercial, de carácter urgente, y los documentos aduaneros respectivos como si fuese de ayuda humanitaria o de donación, sin pago de derechos e impuestos”. En esta defraudación los principales involucrados son Daniel Rodríguez Cofré, gerente corporativo de Cencosud S.A. y Carolina Reinoso, gerente de importaciones.
La molestia de los diputados contra Horst Paulmann fue in crescendo luego de la demanda interpuesta por el Sernac contra Cencosud, por los cobros en sus tarjetas y el aumento en las comisiones. Fue entonces que el diputado (DC) Gabriel Ascencio tomó la iniciativa y lideró la moción de quitarle la nacionalidad. Hoy el proyecto de acuerdo se encuentra paralizado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara pero, según lo que Ascencio adelantó a CIPER, será reactivado en los próximos días.
En la audiencia de formalización contra los ejecutivos de Cencosud, que tuvo lugar en enero de este año, el Ministerio Público determinó que con la internación de los 183 camiones con “ayuda humanitaria” se dejaron de percibir derechos e impuestos en diez importaciones por un monto total de US$ 89.972 (ajustándose el valor aduanero de US$4.254.236). A lo que se suma la importación fraudulenta de un camión completo con leche en polvo por US$14.916.
Dada la certificación oficial de defraudación al Fisco y también a los más de 600 mil clientes a los que se les aumentaron unilateralmente las comisiones de sus tarjetas de crédito, el futuro de la nacionalidad chilena de Paulmann corría peligro. Fue entonces que sus asesores decidieron actuar en forma rápida para desactivar la iniciativa de los diputados de quitarle la nacionalidad. La mejor opción fue tratar de convencer a los parlamentarios de la Democracia Cristiana de no castigar al dueño de París, JUMBO, Easy, Johnson´s y Costanera Center, entre otros. Para ello era necesario tender un puente con la bancada DC y qué mejor para esa gestión que el lobbista Carlos Tudela.
Al abogado no le costó mucho realizar las tratativas. Tudela contactó al jefe de la bancada del partido, Jorge Burgos, y facilitó la reunión clave con el gerente general de Cencosud, Daniel Rodríguez. Esta tuvo lugar en la oficina del parlamentario, ubicada en la comuna de Providencia.
CIPER le consultó al diputado Jorge Burgos desde cuándo conoce a Carlos Tudela y qué información tenía de la labor que realiza éste en el Congreso en el momento en que él lo contactó para reunirse con el ejecutivo de Cencusud.
-Lo conozco desde hace mucho tiempo. Tengo entendido que realiza asesorías a diputados de la bancada DC. Es militante de la Democracia Cristiana, más o menos de mi misma generación.
-¿Cómo se gestionó la reunión con el gerente general de Cencosud en su oficina parlamentaria?
Tengo el recuerdo que mientras yo era jefe de bancada en una oportunidad me dijo que el gerente general de Cencosud quería plantearme su preocupación por una moción parlamentaria, patrocinada, entre otros, por diputados DC, para quitarle la nacionalidad a Horst Paulmann. Todo esto con ocasión de una acusación que aún está en Aduana y que resultó bastante delicada pues se trata de una donación para el terremoto que no fue tal.
-¿Qué le dijo usted al ejecutivo de Cencosud en esa oportunidad?
Le manifesté que esa moción no representaba en general la opinión de los diputados DC. Yo fui contrario a la nacionalización del empresario, no la voté a favor, pero quitarle la nacionalidad me parecía propio de un régimen totalitario. A mí no me gusta regalar nacionalidades vía gracia, pero me parece aún peor quitárselas a quienes se las han dado. Esto fue un proyecto de ley en el gobierno de Lagos. Cuando me consultó Tudela, le dije que si quería yo le explicaba eso, que no tenía problema. Fue con él a mi oficina parlamentaria. Le adelanté que era una moción que no iba a prosperar y él estaba muy preocupado que fuera una decisión de la bancada DC. Aprovechó además de darme explicaciones por la causa ante los tribunales aduaneros y me dijo que efectivamente no había sido una donación. Fue ahí entonces que le respondí que ese tema no me competía, sino que serían los tribunales quienes deberían resolver.
-¿Regularmente ve a Carlos Tudela en el Congreso?
Sí, lo suelo ver constantemente en el Congreso. En una ocasión fue a la Comisión de Constitución de la Cámara, cuando discutíamos un proyecto de la deuda consolidada. Le pregunté en representación de quién estaba y me dijo que lo hacía en condición de asesor de un diputado. Yo quería saber si estaba en representación del retail, pero me dijo que no.
Durante el año 2012 y en plena tramitación de la Ley de Pesca, hubo otro proyecto de ley que también sufrió un fuerte lobby durante su discusión: la Ley Nº 20.659 sobre Constitución de Sociedades, aprobada el 23 de enero de 2013, y que permite iniciar una empresa en un día y a costo cero, basado en un registro electrónico en www.tuempresaenundia.cl. A través de ese sitio web es posible constituir una sociedad, obtener un RUT e iniciar actividades, sin necesidad de recurrir a un notario. Apenas se supo de esta norma legal, los notarios y conservadores vieron afectados sus intereses y comenzaron a trazar el camino para paralizar el proyecto.
La estrategia no fue fácil, pues el entonces ministro Pablo Longueira estaba convencido de la necesidad de sacar adelante esa ley, por ser ésta parte del programa de gobierno para mejorar el emprendimiento y la competitividad. En medio de la discusión, un grupo de diputados decidió presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento con el que se buscó ponerle lápida al proyecto. Fue entonces que la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) acusó de un “feroz lobby” a los notarios y entregó a sus afiliados una base de datos con los e-mails, cuentas de Twitter y teléfonos de los 30 diputados que suscribieron el requerimiento: Roberto León, Aldo Cornejo, Ricardo Rincón, Gabriel Silber, Sergio Ojeda, Pablo Lorenzini, Patricio Vallespín, Juan Carlos Latorre, Mario Venegas, Fuad Chahin, Víctor Torres, Felipe Harboe, Eduardo Cerda, José Pérez, Tucapel Jiménez, Ramón Farías, Marco Antonio Núñez, Alberto Robles, Orlando Vargas, Marcelo Schilling, René Saffirio, Carlos Abel Jarpa, Juan Luis Castro, Manuel Monsalve, Marcos Espinosa, Enrique Jaramillo, Ximena Vidal, Joaquín Tuma, Carlos Montes, Denise Pascal, Lautaro Carmona.
Hasta antes de ese contragolpe de los emprendedores, los notarios y conservadores cantaban victoria. Nunca pensaron que, tras el envío del requerimiento al TC, algunos diputados se “bajarían” y con ello no se cumpliría la exigencia legal de contar con al menos 30 solicitantes. Sólo consiguieron 28, por lo que el intento fracasó y la ley finalmente entró en vigencia el 2 de mayo de este año.
Lo que no se sabe hasta ahora es por qué algunos diputados, como Patricio Vallespín y Felipe Harboe, retiraron sus firmas del requerimiento. Ambos aseguraron a CIPER que nunca supieron que sus nombres iban ser a ser utilizados para ser presentadas ante el Tribunal Constitucional. El diputado Harboe, quien mantuvo una opinión contraria al proyecto por extremar la facilidad para construir sociedades y facilitar la elusión de impuestos, afirmó que nunca estuvo en su intención presentar el requerimiento ante el TC. “Lamentablemente fui sorprendido, puesto que se me pidió la firma para apoyar un proyecto de acuerdo, y después, al igual que otros colegas diputados, aparecimos suscribiendo este requerimiento”.
-¿Qué hizo cuando supo que su nombre estaba entre los 30 diputados que firmaron?
Me acerqué al diputado Ricardo Rincón, que coordinaba este requerimiento y le manifesté mi molestia y sorpresa por haber aparecido suscribiéndolo sin haber sido consultado. Me respondió que consideraba que, como yo estaba en contra del proyecto, podría suscribirlo. Él asumió su error.
-Lo que usted está diciendo es que se trató de una adulteración de firmas. Eso es gravísimo.
Mi percepción es que ellos tomaron el listado de firmas y lo utilizaron para esto otro. No quiero atribuir malas intenciones pero, tal como lo dijo Ricardo Rincón, él asumió un error y yo parto del principio de la buena fe. Como era reversible, lo que hice fue presentar el retiro de la firma del requerimiento y con eso se generaron los impactos desde el punto de vista jurídico, es decir excluirme de ese proceso que no compartía. Y como fueron varios diputados que hicieron lo mismo, permitió que se cayera el requerimiento.
La versión del diputado Rincón contradice a Harboe y a Vallespín: “Es efectivo que yo lideré (junto al Diputado Aldo Cornejo) la presentación del dicho requerimiento, pero no es efectivo que no haya informado a mis dos colegas del contenido de lo que estaban firmando. Si lo han señalado, lo encuentro lamentable. Las decisiones las tomo yo en el ámbito de mis facultades constitucionales y legales”. El diputado reafirmó su postura frente a la ley de creación de empresas en un día, argumentando: “El gobierno generó registros paralelos extrañamente inútiles, con costo fiscal, para una actividad no precisamente social o de apoyo o los más débiles como el emprendimiento”.
La Asociación de Emprendedores de Chile, a través de su encargada de contenidos, Constanza Anguita, acusó a Carlos Tudela, al ex diputado (DC) Zarko Luksic y a la ex subsecretaria de Previsión Social Macarena Carvallo de actuar como lobbistas de los notarios. Tudela lo desmiente. Afirma que no trabajaron para los notarios, aunque admite que él y Luksic tienen sus estudios jurídicos y “puntualmente los notarios nos piden algunos informes en derecho, opiniones jurídicas sobre la materia”.
La información que maneja el subsecretario de Economía, Tomás Flores, es distinta, pues asegura que Tudela acudía a las comisiones, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley, como representante gremial de los notarios. Pero como también asesora a algunos parlamentarios, ese otro rol se diluía en la acción legislativa.
Para impedir precisamente situaciones ambiguas y oscuras se requiere con urgencia un proyecto de ley que regule el lobby en Chile. Y ese proyecto está en el Congreso y desde hace 10 años “algo” impide que culmine su tramitación. La Sala de Diputados debiera votarlo en la semana del 12 de agosto y, en líneas generales, la iniciativa regula el cabildeo que se realiza entre funcionarios públicos y ante ciertas autoridades, de tal forma de asegurar que haya transparencia en la función pública y que además se conozca quienes toman contacto con las autoridades para promover intereses particulares.
A última hora del martes 13 de agosto, un grupo de diputados, liberados por el socialista Marcelo Díaz, logró reunir más de 20 firmas para incorporar uno de los puntos esenciales del proyecto que había sido sacrificado: la idea de contar con un registro de lobbistas. Asimismo, la Secretaría General de la Presidencia será el ministerio que deberá producir una nómina de lobbistas en forma trimestral, consolidando la información de quienes cumplen esta actividad en el país, que genera un considerable flujo de dineros.
CARLOS TUDELA: “POR RAZONES PROFESIONALES TENGO QUE GUARDAR EL SECRETO DE MIS CLIENTES”
-Usted asesora como persona al diputado Roberto León, pero la empresa que usted formó en 2012 con dos de sus hijos también presta asesorías a otros tres parlamentarios: Eduardo Cerda, Víctor Torres y Jorge Sabag.
Efectivamente, yo inicié actividades con mis hijos, como lo hace cualquier padre cuando ellos quieren empezar una actividad nueva. Pero son independientes y esa empresa es de ellos. Yo sigo como abogado haciendo asesorías legislativas a los parlamentarios que usted nombra, haciendo seguimientos de temas, acompañándolos a comisiones, yendo a regiones, haciendo cosas en Santiago encargadas por los parlamentarios.
-¿Cuáles son sus especialidades? ¿O trabaja en las líneas que los diputados le piden?
Son todos los temas, de toda índole, fundamentalmente para ayudar a que se logren acuerdos y esto uno lo hace con parlamentarios de gobierno, de oposición, con entidades públicas y privadas. También tengo relaciones con algunos subsecretarios desde tiempos de colegio, entonces uno trata de buscar que se puedan encontrar las partes para que puedan llegar a acuerdos más que buscar votaciones que de repente son inútiles y demoran la tramitación de los proyectos.
-Usted actuó también para paralizar un proyecto de algunos diputados que quisieron quitarle la nacionalidad a Horst Paulmann. ¿Lo hizo porque trabaja para Cencosud?
Jamás he trabajado para Cencosud. No tengo ningún contrato, no tengo ninguna vinculación de ninguna especie con ellos.
-¿Por qué entonces generó una reunión entre el gerente general de Cencosud y el entonces presidente de la bancada de la DC, Jorge Burgos?
Me pidieron que viéramos la posibilidad de conversar con Jorge Burgos y él accedió. Recibió al gerente general en su oficina de Providencia. Yo lo acompañé y eso fue todo. Fue para evitar quitarle la nacionalidad a raíz de unas aguas que se trajeron desde Argentina por el terremoto cuando estábamos sin agua en Concepción. Aparentemente, el Ministerio del Interior autorizó que entraran esos camiones, pero Cencosud habría cometido algunos errores administrativos…
-Comercializando la “ayuda humanitaria”.
No sé si vendiendo esas aguas, pero algo hizo que no se ajustaba a derecho, pero nunca con una mala intención. Entiendo que Cencosud con Aduana arregló el problema y se pagaron las multas, supongo. El hecho concreto es que yo ayudé a que el diputado Burgos recibiera al gerente general de Cencosud y él quedó muy conforme con la explicación que le dio. Esas son las facilitaciones que uno tiene que tratar de hacer.
-¿Esas facilitaciones las realiza a partir de su red de contactos que ha tenido a lo largo de su vida política y profesional?
Sí, claro porque a uno lo conocen y le dicen “oye veme este tema”; o cuando es una materia más profesional me solicitan un paper en derecho sobre un tema particular.
-Pasemos al requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para paralizar el proyecto de ley que permite la creación de sociedades en un día, sin necesidad de recurrir a los notarios. Hubo varios diputados que retiraron su firma pues aseguran que tomaron sus nombres sin su consentimiento y sin saber que se recurriría al TC.
Este fue un requerimiento que presentaron parlamentarios de todas las bancadas. Y la solicitud de la firma la hicieron los diputados entre ellos. Yo no tengo nada que ver en ese tema. Lo que pasa es que en ese momento el presidente de la Asociación de Notarios, Alfredo Martin, con quien soy muy amigo, ya que fuimos compañeros de curso de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, me llamó y me dijo: “Mira en lo que estamos metidos. Ve cómo tú puedes conversar con alguna gente para que nos ayude”. Y eso fue todo lo que hice. Esto se origina porque el Ministerio de Economía, a través de su ministro Pablo Longueira, se le metió entre ceja y ceja hacer estas famosas empresas express en un día. Yo no sé cuál ha sido el resultado. Aparentemente, en el sistema financiero no funcionan, porque nadie te va a dar un crédito de consumo o un hipotecario pues constituyen un cierto riesgo y de certeza jurídica. Yo estaba convencido de esta situación porque esto se presta para formar sociedades de papel, lavado de dinero. Cuando la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, fue a la Comisión de Constitución, entregó lapidarios argumentos sobre esto. Yo ayudé entregando argumentos jurídicos y asistí a algunas comisiones.
-¿Ese apoyo lo hizo como representante gremial de los notarios, tal cual lo señaló a CIPER el subsecretario de Economía, Tomás Flores?
No, yo no representé a los notarios. Yo hablé con el subsecretario Flores, con quien me une una amistad pues los dos somos maristas, ex alumnos del Instituto O´Higgins de Rancagua, y le expliqué mi tesis: que el Ministerio de Economía se sentara con los notarios a conversar porque en un momento podría fracasar la ley y para qué se iban a exponer. El Ministerio de Economía decidió pasar la aplanadora y después en el Senado esta ley se empató dos veces. Hubo dos senadores del gobierno que votaron en contra del proyecto. En ese momento les dieron ganar de ir al baño y salieron de la sala y con eso se perdió el proyecto.
-No, el proyecto fue aprobado.
Sí, se aprobó. Yo le he hecho unos papers, algunos estudios en derecho a la asociación de notarios, pero no tengo una relación contractual con ellos.
-La encargada de contenidos de la Asociación de Emprendedores de Chile, Constanza Anguita, afirma que usted, Zarko Luksic y Macarena Carvallo trabajaron para los notarios haciendo lobby en el proyecto de ley.
No trabajamos para los notarios. Zarko tiene su estudio jurídico igual que yo y puntualmente no piden algunos informes en derecho, opiniones jurídicas sobre la materia.
-Pero, derechamente, ¿usted trabajó o no para echar abajo el proyecto?
No, los notarios llevaron a las comisiones profesores de Derecho Comercial de la Universidad Católica y de Chile para argumentar su postura. Pero el lobby del Ministerio de Economía fue muy fuerte. En el recurso de inconstitucionalidad ante el TC puede comprobar que las firmas que se retiraron de los diputados fueron llevadas por abogados del propio Ministerio de Economía. No acudieron los diputados y eso lo puede ratificar la secretaria del TC.
-¿Usted está diciendo que los diputados fueron cooptados por el Ministerio de Economía para retirar las firmas?
No sé si en todos los casos, pero concretamente en algunos casos, sí.
-Sin embargo, los diputados Felipe Harboe y Patricio Vallespín aseguran que ellos nunca firmaron para presentar el requerimiento ante el TC y que sus nombres aparecieron en ese documento sin que se les hubiese preguntado.
No lo sé, porque eso no lo puede hacer uno. Eso se hace entre colegas parlamentarios. Siempre están pidiéndose la firma por distintas cosas, proyectos de acuerdo.
-Después de haber analizado el proyecto de ley, sus impresiones a las que llegó debe habérselas trasmitido a sus clientes diputados.
Bueno, yo les hice saber mi opinión a quienes me preguntaron, pues asesorar, ayudar, argumentar, demostrar con antecedentes serios lo bueno que puede tener un proyecto de ley o lo perjudicial, como estas sociedades express, que son altamente peligrosas, sobre todo por el lavado de dinero que se puede dar, es parte de mi labor. Y en este materia de seguridad jurídica, evidentemente que yo di mi opinión. Ahora que eso haya tenido alguna vinculación contractual con la asociación de notarios, ninguna.
-En el proyecto de ley de la consolidación de la deuda, ¿usted mantiene relación con la Cámara de Comercio?
No, yo no tengo ninguna relación contractual con la cámara.
-¿No conoce al presidente de la Cámara de Comercio, Peter Hill?
A él lo conozco, porque él es el representante comercial de Singapur en Chile y como yo fui embajador en Singapur, lo conozco por esa relación. Pero por la Cámara (de Comercio), nada.
-¿No ha trabajado con autoridades comerciales relacionadas con el retail?
Yo con algunos clientes hago papers y algunos informes.
-¿Quiénes son esos clientes del retail?
Me encantaría hablar más de esto, pero por razones profesionales tengo que guardar el secreto de mis clientes. Pero si me pregunta “usted trabajaba para instituciones privadas o personas naturales o jurídicas y hace asesorías legales”, sí lo hago. En este país tenemos que transparentar este tema que al final se llama lobby. Otros le llaman asesorías. Y debiera haber una ley de lobby muy pronto y abierta para que todos sepan que este señor es lobbista, como existe en todos los países desarrollados.
-¿Está de acuerdo en que se consolide la deuda y la banca tenga acceso a las base de datos que maneja el retail?
En Estados Unidos la crisis subprime se produjo porque se abrieron todos los datos. Aquí es al revés. Este es un conflicto de intereses entre la banca y el retail. Los bancos quieren los datos del retail, porque a ellos les interesa tomar esa clientela. El retail tiene ABC 1 pero también gente de menores recursos. Ellos han tomado el riesgo y se han abocado a la gente de clase media, de clase media baja a quienes les han otorgado la posibilidad del acceso a una serie de bienes que antes no tenían, con algunos riesgos de mayor endeudamiento. Creo que aquí lo que falta es una superintendencia para el retail, pues no tiene ningún órgano regulador. Por ahí iría la solución más que unificar la deuda.
-¿Está de acuerdo que el proyecto de ley transparente quiénes hacen lobby a través de un listado?
Sí, debiera haber un listado absolutamente público
-De manera que se sepa que quien ingresa al Congreso en qué calidad lo hace y así evitar que los lobbistas se camuflen entre los funcionarios del Congreso.
En algunas comisiones se ha pedido que las personas expliciten en calidad de qué asisten. Pero es una cosa ocasional y tampoco es obligatorio, es voluntario. Debería ser transparente.
-Usted les ha dicho a los diputados que asesora que ese listado debiera ser público. Se lo pregunto porque hasta ahora el proyecto no considera publicar una nómina con los lobbistas.
Sí, claro que sí. Si no existe listado será un proyecto de ley inútil, incompleto. Nadie va a saber quiénes son los lobbistas y por qué. En Estados Unidos y en Europa, los listados son públicos. Los ministros, los parlamentarios llevan registros de quienes reciben y no existe ningún inconveniente sobre esa materia.
-¿Está de acuerdo en que existe un gran manto de duda sobre las asesorías parlamentarias?
Las asesorías hoy están reguladas por el Comité de Auditoría Parlamentaria. Los diputados y senadores pueden contratar asesorías y los trabajos se entregan. Eso ha sido un avance importante, sin perjuicio de lo cual todavía hay cosas que deben avanzar. Estos temas parecieran que fueran tabú, pero se deben abrir. Hay que transparentar y lo mejor es actuar con la verdad y hacerlo de cara a la gente. Y eso es lo que yo hago.
La evaluación del ministerio de Economía respecto de la Ley que facilita los trámites para crear una empresa en un día es altamente positiva, pues –aseguran- el portal donde deben inscribirse o modificar las propiedades de las nuevas empresas es una gran herramienta para las Pymes. Hoy el capital promedio de las empresas creadas en el registro es de cinco millones de pesos, muy por debajo del promedio de las sociedades constituidas en el sistema tradicional, que dependía de los notarios. A juicio del gobierno, el portal es una herramienta que estaría siendo utilizada principalmente por los emprendedores Pymes.
Como el registro del Ministerio de Economía es online, las cifras de creación, modificación y disolución varían minuto a minuto. Pero hasta el 31de julio se habían constituido 6.086 sociedades, se han modificado 458 y se han disuelto 12.
La apuesta del gobierno con la nueva Ley era que muchas empresas que existían informalmente se formalizaran y estiman que ello ha ocurrido, pues hasta antes de la creación del portal el promedio mensual de constitución de sociedades era cercano a las 5 mil, con algunas variaciones estacionales. Hoy el incremento es de un 42% (ver informe).
Nota de la Redacción: Este artículo fue corregido a las 18:05 del martes 13 de agosto.