El jueves 4 de julio, CIPER reveló el contenido de un estremecedor informe que el Poder Judicial y el SENAME mantuvieron guardado bajo la más absoluta reserva por casi cuatro meses (ver reportaje). El documento, elaborado por una comisión que encabezó la jueza Mónica Jeldres tras realizar entre julio y noviembre de 2012 un inédito estudio sobre las condiciones de vida de los cerca de 14.000 niños que forman parte del sistema residencial en Chile, da cuenta de graves infracciones -e incluso delitos- detectadas en el cuidado de los niños más vulnerables, aquellos que supuestamente están bajo la protección del Estado.
El estudio, fruto de un convenio entre el Poder Judicial y Unicef, se llevó a cabo en 10 regiones, consideró las fichas de 6.500 menores e incluyó entrevistas con 384 niños. El trabajo en terreno detectó abusos sexuales por parte de cuidadores y entre los mismos niños que viven en las residencias; maltratos físicos; medicación no autorizada ni supervisada; y castigos como el aislamiento, entre otras irregularidades que incluían, incluso, redes de explotación sexual infantil. A pesar de la gravedad de los hechos relatados en el informe y que CIPER dio a conocer, tuvieron que pasar seis días más para que la Corte Suprema, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Ministerio de Justicia y la Cámara de Diputados tomaran cartas en el asunto.
Quizás la reacción más importante fue la que tomó el mismo Poder Judicial la mañana del miércoles 10 de julio, cuando entregó los antecedentes del informe al Ministerio Público. Pero hubo otro poder del Estado que se le adelantó. Tras una reunión con los diputados Ricardo Rincón y Gabriel Silber (DC), que presentaron a nombre de cinco diputados una denuncia formal a partir del mismo informe de la Comisión Jeldres, el fiscal nacional Sabas Chahuán dijo:
-No tengo antecedentes de que el Poder Judicial haya estado en conocimiento de este informe y estos hechos. No tengo duda de que si la Corte Suprema estuviese en conocimiento de un hecho que reviste carácter de delito, hubiese hecho inmediatamente la denuncia ante la Fiscalía.
Pero lo cierto es que el Poder Judicial sí tenía conocimiento de esos hechos.
El lapidario informe que elaboró la llamada Comisión Jeldres –conformada por Mónica Jeldres, otras tres juezas de familia, la doctora en derecho Paulina Gómez y la socióloga de la Unicef Carolina Bascuñán –, fue entregado oficialmente el 7 de marzo de este año al ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño y a las autoridades del SENAME, en una mesa de trabajo conjunta. Aunque la comisión sólo pretendía entregar un diagnóstico de las carencias del sistema para que los jueces locales se conviertan en agentes fiscalizadores y de cambio en un trabajo coordinado con las instituciones encargadas de la protección de los niños vulnerados, logró recopilar información de casos que claramente podrían constituir delito y que fueron incluidos en el informe. Pero con esa información, poco y nada se hizo.
El Código Procesal Penal establece que, en caso de tener conocimiento de un posible hecho delictual en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer la denuncia correspondiente en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, tras conocer el informe de la Comisión Jeldres y argumentar problemas metodológicos, el ministro Carreño, quien hace cabeza del trabajo de los Tribunales de Familia, decidió mantener el documento oculto no sólo de la opinión pública, sino que además de la justicia. Una decisión que no fue cambiada con posterioridad por el máximo tribunal. Las únicas excepciones fueron los informes elaborados sobre la situación en Arica y Magallanes, donde los presidentes de los Juzgados de Familia fueron informados de inmediato de los delitos descubiertos en los mismos hogares por las integrantes de la comisión.
Minutos después de que Chahuán dijera que no creía que el Poder Judicial estuviera al tanto de lo revelado por CIPER seis días antes, la jueza coordinadora del Centro de Medidas Cautelares Gloria Negroni, llegó a la oficina del fiscal nacional por orden expresa del ministro encargado de la Reforma de Familia en la Corte Suprema, Héctor Carreño.
Gloria Negroni, quien preside la comisión desde que se interviniera el Centro de Medidas Cautelares tras la entrega del informe de la Comisión Jeldres, fue a la oficina de Chahuán con todos los antecedentes que puedan revestir carácter de delito y que se desprenden del estudio respecto de las residencias visitadas en Arica, Antofagasta, Valparaíso y Coquimbo. También llevó copia de los informes detallados con la información recabada en cuatro regiones (Arica, Valparaíso, Los Lagos y Magallanes), del oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, envió al SENAME el pasado 14 de junio preguntando a la institución por las medidas que se habían adoptado tras conocer el estudio, y de la respuesta que el director del servicio, Rolando Melo, le envió el lunes 1 de julio.
Tras la reunión con la jueza Negroni, Chahuán anunció que hará entrega de todos esos antecedentes a las unidades de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público para que los estudien y, a más tardar el viernes 12 de julio, tener más claro qué fiscalía o fiscalías se harán cargo de la investigación judicial.
LOS ANTECEDENTES QUE AHORA SERÁN INVESTIGADOS JUDICIALMENTE
En Arica existen seis proyectos residenciales que acogen a 256 menores: cinco de acogimiento residencial y uno de acogimiento familiar. El informe que preparó la Comisión Jeldres sobre esa región, y que la jueza Gloria Negroni entregó al fiscal nacional, consideró la información de tres residencias visitadas y encuestas a 15 niños seleccionados al azar. Ese documento, tal como lo informara CIPER en su primer reportaje, es uno de los más estremecedores que elaboró la comisión y por eso, uno de los dos casos en que se tomaron medidas de inmediato.
El 20% de las niñas encuestadas en la residencia Ajllasga reconocieron haber sido agredidas físicamente por algún adulto al interior del hogar y haber pasado días sin comer. El 60% también dijo haber estado enferma varias jornadas sin atención médica. Pero lo más grave es lo que las comisionadas pudieron presenciar de forma directa: muchachas que salían del hogar de noche con la complicidad de guardadoras de la residencia, y regresaban de madrugada y drogadas, lo que “hace altamente probable la existencia de explotación sexual infantil”. Por eso mismo, el 9 de noviembre de 2012, el mismo día que la comisión visitó el hogar en la madrugada, le envió una carta a Juan Enrique Robles, juez presidente del Juzgado de Familia de Arica (ver carta). Ese aviso dio origen a una investigación judicial que, según dijo la abogada Paulina Gómez a CIPER, culminó en junio “con la formalización por explotación sexual infantil de dos trabajadores del hogar”.
Otras situaciones que podrían constituir delito fueron descubiertas por integrantes de la comisión en hogares de Magallanes. Un oficio dando cuenta de ellas fue enviado de inmediato al juez respectivo, dando origen a una persecución penal por parte de la fiscalía regional. Pero la información recabada en las otras ocho regiones visitadas por la Comisión Jeldres se mantuvo oculta desde marzo hasta el 10 de julio de este año, cuando los informes detallados llegaron a manos del Ministerio Público.
El informe sobre la visita a Valparaíso que Negroni incluyó en la carpeta que dejó en la fiscalía, señala que “una niña de 12 años denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia (Hogar Santa Teresa). También señala que en algunas ocasiones ha sido castigada aislándola del resto”. Otro niño de 13 años, residente en el Hogar Virgen de los Desamparados, señala que en algunas ocasiones ha pasado días sin comer, además de reconocer agresiones físicas y sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia. Y otro de 10 años también denunció ser víctima de abusos sexuales por parte de un adulto en el Hogar San Francisco Borja.
En Coquimbo, los niños denuncian agresiones físicas y psicológicas por parte de sus cuidadores. En la Región de Los Lagos, los menores reconocen las mismas agresiones y haber pasado varios días sin recibir alimento, como castigo. Y en Antofagasta, donde existen nueve proyectos residenciales con un total de 302 niños, el 50% de los menores encuestados en el Hogar Mario Hiriart dice haber sido agredido físicamente por un adulto al interior de la residencia.
Otro de los antecedentes que el Poder Judicial dejó en manos del Ministerio Público es el oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, envió al SENAME el pasado 14 de junio consultando por las medidas adoptadas por ese servicio tras recibir el crudo diagnóstico de la comisión. Para entonces, ya se habían cumplido tres meses desde que el informe había sido entregado a la entidad pública mandatada para proteger a los niños cuyos derechos han sido vulnerados. Lo extraño es que en todo ese tiempo, ese oficio fue la única comunicación que mantuvieron el Poder Judicial y el SENAME.
LA REACCIÓN TARDÍA DEL SENAME
El martes 9 de julio, cinco días después de que CIPER diera a conocer el primero de los reportajes sobre el informe de la Comisión Jeldres, y sólo horas después de que publicara el segundo (ver reportaje) y que Televisión Nacional abriera su noticiario central con el informe de la Comisión Jeldres, el SENAME anunció el cierre de cuatro centros de menores en Arica, Valparaíso, Santiago y Cauquenes y la intervención de otras siete residencias. Además, según reconoció a CIPER Rolando Melo, director nacional del SENAME, al día siguiente le envió el informe a todas las fiscalías regionales más información adicional recogida por la institución (ver entrevista). Lo que llama la atención es que esas decisiones no se hayan adoptado en marzo, cuando la entidad conoció en detalle las graves irregularidades detectadas en sus centros.
Aunque dice que en un principio sólo conoció el informe “informalmente”, Melo dijo a CIPER que la jueza Negroni le entregó el documento completo el 7 de marzo de este año. Una semana después, se reunió con representantes del Poder Judicial y de Unicef para pedirles más información sobre los niños que habían declarado haber sido vulnerados, pero dice que Unicef se lo negó, pues las encuestas eran anónimas.
Según cuenta Melo, aunque tenía reparos sobre la metodología implementada en los cuestionarios y objetaba que “la encuesta se hizo sin dar una respuesta adecuada al niño en el momento inmediato”, apenas recibió el reporte se lo envió a todas las direcciones regionales del SENAME para que hicieran un catastro e identificaran a los niños que denunciaban los abusos. Y aunque debió haberlo hecho, ya que es su jefa directa, no se lo envió a la ministra de Justicia, Patricia Pérez.
-¿No le parece importante que la ministra responsable del SENAME conociera esta información al detalle, dada la gravedad de su contenido, para que tomara acciones o instruyera, como lo ha hecho ahora, cuatro meses después? –le preguntamos.
-Es que me pareció que debía enviarlo a las direcciones regionales, porque son ellos quienes deben verificar la información. A ella la informé verbalmente.
Otro punto que llama la atención es que durante los tres meses que transcurrieron entre que el SENAME recibió el informe y el oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, le envió a Melo el 14 de junio preguntándole cuáles eran las medidas adoptadas para enfrentar los problemas, no existió ningún tipo de comunicación entre el SENAME y el Poder Judicial. Así lo afirma el director del SENAME. Lo extraño es que, para entonces, ya habían pasado casi tres meses desde que CIPER solicitara los informes a través de la Ley de Transparencia (18 de marzo), recibiendo solo promesas de respuesta pero no los informes.
Y aunque Rolando Melo señala en la entrevista con CIPER que entre las medidas adoptadas se desvinculó a 12 personas, entre ellos, a la directora de un centro, y se dio aviso a las fiscalías regionales en los casos en que podría haber un delito, el 1 de julio le contestó al presidente de la Corte Suprema que no fue posible conocer la identidad de cada uno de esos niños vulnerados y le pidió que se le informe sobre las técnicas utilizadas por la comisión para preparar los cuestionarios.
Lo más curioso fue la aparente descoordinación que se evidenció el miércoles 10 de julio entre las decisiones informadas por el director del SENAME y la ministra de Justicia, Patricia Pérez. Porque fue justamente la ministra la autoridad que reaccionó con más energía frente a la gravedad del Informe de la Comisión Jeldres. A partir del 1 de agosto, afirmó, se inicia una intervención total al sistema de residencias y hogares de menores en el país (274 centros), la que se prolongará por tres meses. El trabajo estará a cargo de un equipo interdisciplinario de intervención conformado por 50 profesionales, divididos por equipos de tres personas y que serán integrados por un abogado, un asistente social y un sicólogo. De todo ello debió informar ante una comisión de la Cámara de Diputados hasta altas horas de la tarde, culminando una jornada en la que, por primera vez en años, los tres poderes del Estado dieron señales de asumir, cada uno por su cuenta, la grave indefensión en que se encuentran 14 mil niños en el país.
Lamento mucho el tongo que  han  armado con los  hogares  de  menores. Simplemente quisiera  un trato digno para mis hermanos menores como nos lo dió Alfredo Ruiz-Tagle Jimenez, fundador de la Fundación Mi Casa.  Ël solamente nos cobijó y nos  amó mucho. No se llenó el hocico con "lindas teorías para menores".
Pedro | 14.07.2013
Al seguir este tema en la prensa asusta la burocracia para tomar acciones. Al leer este reportaje pensaba ver de inmediato a la policía rescatando a esos niños, interviniendo hogares, con detenidos, en definitiva reaccionado con la mayor celeridad posible.
Sin embargo, se esta haciendo una oda a la planificación, que todos los números calcen, que la metodología sea perfecta, que son 10500, que son 6500 niños, y se pierde el foco de lo importante. Se evidencia una sociedad individualista, pues todos exigimos que carabineros llegue de inmediato si nos hacen algo, pero estos niños al parecer no importa. Los números son importantes pero no lo principal, la matemática es sólo una herramienta, y ojo que soy ingeniero.
Lo mismo paso para el terremoto... se debía hacer un catastro, cuantificar y luego reaccionar, cuando los números de afectados era gigante, y se debió reaccionar primero y en paralelo cuantificar.Â
Aunque hubiera sido un solo niño a rescatar se debió hacer en el mismo momento, nuestra sociedad esta muy mal!!!
Fernando | 12.07.2013
Comparto todas las criticas y opiniones referidas al problema estructural que existe en materia de atención a la infancia y también el abandono en que se encuentran los niños por parte del estado....pero nobleza obliga.... Nada de rigor metodologico, marco teorico nulo, tipo de encuesta e interpretación de ella muy errada. Conclución UN MAMARRACHO DE INVESTIGACIÓN, una verguenza profesional.....y se gastan 200 millones ¡PATETICO!
mariano | 12.07.2013
Aquí derechamente estamos frente a un abandono de deberes tanto de la señora ministra de justicia como el director de Sename, ya que estas reparticiones hace mucho tiempo que están en crisis, a la señora ministra se le ha informado de los actos de corrupción que existe en algunos mandos de gendarmería pero para ella no es tema, el gobierno guarda silencio, pero aquí en otro gobierno se le habría pedido la renuncia, lo que se llama la responsabilidad del mando, tengo correos donde le he informado a la ministra de justicia actos de corrupción al interior de uno de los servicios bajo su responsabilidad pero no ha pasado nada. Ahora respecto a la comisión investigadora que se ha formado eso es engañar a la opinión pública porque estas comisiones no llegan a nada y por lo demás el daño está hecho.
Luis Alberto López Rodriguez | 12.07.2013
Este es un ejemplo de como se está administrando el país desde el nivel central, es imposible que una persona que se llame director, superintendente o el nombre que se quiera dar, pueda tener una visión, un control y tomar acción sobre cierto organismo que se extiende por 4 mil o 5 mil Kms. que abarca todas las regiones de nuestro país.
La solución a toda esta problemática en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, llegará cuando la gente que ha sido elegida democráticamente para representar a todos los ciudadanos, se sienten a conversar como gente civilizada y busquen acuerdos para regionalizar el país y desentralizar las instituciones y poderes del estado, para que se preocupen de cumplir los objetivos para lo que fueron creadas.
Pablo Monroy | 12.07.2013
Exactamente Pepa, de eso se trata. Mi nombre es Pablo Monroy y soy sociólogo. Es evidente que el sobrepasado y poco prolijo señor Melo trata desesperadamente de cambiar el punto de atención, pretendiendo "denunciar" sagazmente algún tipo de irregularidad en la confección de los instrumentos con que se llevó a cabo la investigación. Es un principio básico de las metodologías de trabajo que las identidades de cada particular consultado, sea cual sea el objetivo del estudio y/o investigación que se lleve a cabo, no son lo relevante, sino, justamente, retratar lo más objetivamente posible la realidad a que se apunta, y con ello, elaborar los planes y soluciones que correspondan y beneficien al conjunto del agregado humano involucrado en el tema, y no a la individualidad de las partes, aun cuando estas sean más afectadas que otras. La solución beneficia a todos por igual.
Es un hecho además, que tales soluciones no fueron el foco de atención cuando debieron serlo, y por último; Señor Melo, de haber accedido de todas formas a las identidades de cada menor abusado ¿habría usted hecho por ellos algo oportunamente? La falta de urgencia con la que se ha desenvuelto ahora que el tema es público, me hace dudarlo absolutamente.
cecy | 12.07.2013
con respecto al sename , no me dejó de preguntar a quienes son pro-vida, es que acaso la vida de un niño, que está en una situación compleja, de la edad que sea, no merece ese mismo entusiasmo que un feto? lo pregunto con todo respeto, pensado que las mujeres tienen su derecho a decidir sobre sus cuerpos. dolorosa realidad, lo escribo con sinceridad, me ha dolido mucho esta noticia.
Pepa | 12.07.2013
Lo más impresionante de este reportaje es la respuesta del director del sename... estaba más preocupado de saber la identidad de los menores (quizá con que "buen" fin) que de tomar las medidas realmente necesarias...
SISTEMA PODRIDO desde adentro... que echen a Ronaldo Melo por incompetente!
victor | 11.07.2013
Los hogares de menores a cargo de Carabineros de Chile fueron durante mucho tiempo una preocupación constante de los mandos a cargo de las jefaturas en cada una de las prefecturas, por cuanto las oficiales encargadas de estos hogares, recibían grandes sumas de dinero, recursos en todo tipo de ayudas, tales como ropas de vestir de verano e invierno, alimentación en variedad, como por ejemplo carne en vacunos enteros faenados hipotéticamente para los menores, conservas en verduras, frutas, legumbres, etc.
El problema fue que nunca vieron los menores estas ayudas dentro de vivir diario al interior de los hogares de menores. Era tan evidente la corrupción al interior de los hogares de menores, que en más de alguna de esas oportunidades que fuimos invitados a visitar la casa de una de estas oficiales de carabineros a cargo de los hogares de menores, observamos en el interior de sus closets ropas de invierno, parkas, pantalones, zapatos en grandes cantidades, tour que realizábamos porque aquella señora oficial se jactaba de tener estas ropas y mantener grandes cantidades de mercadería y de la mejor calidad, por cuanto a los CABROS CHICOS NO SE LES PUEDE DAR DE ESTO.Refiriéndose a los menores del hogar.
Esta denuncia fue realizada en su oportunidad a la jefatura correspondiente, pero al parecer también vistió y comió de estas mercaderías regaladas al hogar de menores, por cuanto nunca se supo al respecto y con el tiempo fueron grandes amigos.
Es por eso que no me extrañaría que estuviese ocurriendo una aberración de esta magnitud al interior de los hogares de menores que se encuentran dirigidos por el estado.
Ãlvaro Palma | 11.07.2013
¿Y qué otra cosa esperaban encontrar? Es tan simple como ver cual es el presupuesto que maneja el SENAME. Con semejante burla de plata no pueden esperar que contrate nada mejor que lo que se ve: Gente sin ninguna preparación para el cuidado de niños e incluso en algunos casos, delincuentes que buscan sacar provecho de ellos, con las honrosas excepciones de gente, tal como lo señaló un comentarista anterior que sacrifica su sueldo por el afán de ayudar al prójimo, algo que si bien es absolutamente encomiable, en ningún caso puede ser el sostén del sistema.
Pero claro, como para los perversos a cargo, el SENAME es sólo un gasto que no genera retorno positivo, da lo mismo si sirve o no, total, ellos no lo usan, ahí sólo van a dar niños pobres que "no interesan a nadie".
Es el mismo diagnóstico de la salud pública, la educación pública, en fin, cualquier servicio público, asfixiado con presupuestos irrisorios bajo el supuesto que todos sus males son causados por "mala gestión", y de los cuales se espera que mueran lentamente para dar pasada a los negociados que todos conocen.Â
Eduardo | 11.07.2013
Yo trabajé hace algunos años en el SENAME mismo. El sistema en su conjunto era perverso, salvo por personas a cargo de los hogares que trabajaban con verdadera vocación. Eran excepciones.Â
El resto se encargaban de institucionalizar a niños dañados, con organizaciones "sin fines de lucro" que claramente obtenían provecho del sistema.
Los "menores" o niños y jóvenes, muchas veces eran la parte menos importante del sistema. Una verdadera pena, y se ha mantenido prácticamente igual desde que se fundó el SENAME en la dictadura.
Donato | 11.07.2013
Después el comentario del señor presidente Piñera sobre la niña violada y embarazada de 11 años, para mi ya no existen sorpresas.
El estudio, fruto de un convenio entre el Poder Judicial y Unicef, se llevó a cabo en 10 regiones, consideró las fichas de 6.500 menores e incluyó entrevistas con 384 niños. El trabajo en terreno detectó abusos sexuales por parte de cuidadores y entre los mismos niños que viven en las residencias; maltratos físicos; medicación no autorizada ni supervisada; y castigos como el aislamiento, entre otras irregularidades que incluían, incluso, redes de explotación sexual infantil. A pesar de la gravedad de los hechos relatados en el informe y que CIPER dio a conocer, tuvieron que pasar seis días más para que la Corte Suprema, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Ministerio de Justicia y la Cámara de Diputados tomaran cartas en el asunto.
Gloria Negroni, quien preside la comisión desde que se interviniera el Centro de Medidas Cautelares tras la entrega del informe de la Comisión Jeldres, fue a la oficina de Chahuán con todos los antecedentes que puedan revestir carácter de delito y que se desprenden del estudio respecto de las residencias visitadas en Arica, Antofagasta, Valparaíso y Coquimbo. También llevó copia de los informes detallados con la información recabada en cuatro regiones (Arica, Valparaíso, Los Lagos y Magallanes), del oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, envió al SENAME el pasado 14 de junio preguntando a la institución por las medidas que se habían adoptado tras conocer el estudio, y de la respuesta que el director del servicio, Rolando Melo, le envió el lunes 1 de julio.
El martes 9 de julio, cinco días después de que CIPER diera a conocer el primero de los reportajes sobre el informe de la Comisión Jeldres, y sólo horas después de que publicara el segundo (ver reportaje) y que Televisión Nacional abriera su noticiario central con el informe de la Comisión Jeldres, el SENAME anunció el cierre de cuatro centros de menores en Arica, Valparaíso, Santiago y Cauquenes y la intervención de otras siete residencias. Además, según reconoció a CIPER Rolando Melo, director nacional del SENAME, al día siguiente le envió el informe a todas las fiscalías regionales más información adicional recogida por la institución (ver entrevista). Lo que llama la atención es que esas decisiones no se hayan adoptado en marzo, cuando la entidad conoció en detalle las graves irregularidades detectadas en sus centros.
