Niños protegidos por el Estado: los estremecedores informes que el Poder Judicial mantiene ocultos

Vea además: «Niños protegidos por el Estado II: la falta endémica de recursos que los deja sin la mínima asistencia»

Muchas veces los problemas sociales son difíciles de enfrentar porque las autoridades carecen de la información necesaria para diseñar políticas correctas. Existen, sin embargo, áreas en que los datos están pues especialistas se han dado el trabajo de investigar, sistematizar la información y a partir de allí han sacado estremecedoras conclusiones que indican urgencia de actuar. Pero hasta allí se llega, todo sigue igual, porque alguna autoridad así lo decidió. Es exactamente lo ocurrido con una exhaustiva investigación que sirve para caracterizar la vida de los cerca de 15 mil menores que el Estado chileno debe proteger en el sistema residencial, y que revela gravísimas vulneraciones a los derechos de niños y jóvenes. La investigación se hizo a partir de un convenio entre la Unicef y el Poder Judicial, con una inversión aproximada de $ 200 millones.

Los informes abordan las condiciones de vida de 6.500 niños atendidos en 10 regiones e identifican los principales nudos críticos que enfrenta el sistema de protección. Para ello se recurrió a una batería de instrumentos que incluyó: una encuesta a 384 niños repartidos en más de 60 proyectos en todo Chile; entrevistas reservadas hechas por jueces a los niños de esos mismo proyectos; visitas inspectivas a los hogares; revisión de los expedientes de 6.500 menores para elaborar fichas que permitieran tener claridad sobre su situación, sus tratamientos y su destino. Estas fichas, además, por primera permiten unificar la información muchas veces inconexa y contradictoria que sobre un mismo niño tenían el Servicio Nacional del Menor (SENAME) y los tribunales de justicia. Se elaboraron también fichas sobre los centros para precisar las condiciones materiales y de gestión de las residencias visitada; y se levantaron datos de 1.112 niños y jóvenes internados en las Aldeas SOS y cuya realidad es, según estos informes, representativa del sistema.

Es necesario precisar que los menores de los que se habla en este reportaje han sido víctimas de algún tipo de maltrato en sus familias y no pueden vivir con ellas. Son niños que han sido abandonados o abusados sexualmente o golpeados; o sus padres han caído en el consumo de drogas y son negligentes. Son niños solos, que necesitan protección y el Estado, con la ayuda de los privados, supuestamente tiene un sistema para mejorar su vida, para hacerlos crecer sanos y ayudarlos a llegar a ser buenas personas.

INVESTIGACION INÉDITA

El equipo que realizó esta inédita recolección y sistematización de información lo encabezó la jueza Mónica Jeldres. Y lo integraron las magistradas de tribunales de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz y la doctora en derecho Paulina Gómez. Quien diseñó muchos de los instrumentos metodológicos que se aplicaron en la investigación, fue la socióloga Carolina Bascuñan, enviada por la Unicef. En cada visita a regiones contaron con la participación de jueces de familia locales que aplicaron las encuestas en los hogares colaboradores del SENAME.

Desmenuzar esos informes es abrir una página que estremece a cualquiera. Dan cuenta de gravísimas vulneraciones a los derechos de niños y jóvenes. Como que en un hogar de niñas de Arica se detectó una red de explotación sexual organizada por las guardadoras; mientras que en Punta Arenas, en un hogar de monjas, se denunció violencia y medicación de los niños sin autorización ni supervisión médica, práctica que terminó, según explica la abogada Paulina Gómez, con varios niños recibiendo un tratamiento de desintoxicación.

Entre lo que los jueces encontraron en esas ciudades extremas de Chile, el informe describe el país real en que viven los niños protegidos por el Estado. Se detectó la presencia constante del abuso sexual, delito que a veces comenten los propios guardadores, pero que en su mayoría es realizado por otros jóvenes internos. En las Aldeas Infantiles SOS, por ejemplo, “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual intraresidencial, como víctima o agresor”, concluye el informe. Y se precisa que 86 niños han sido víctimas y que otros 28 han sido identificados como abusadores.

También emergió la presencia constante de la violencia física y verbal por parte de los guardadores o de parte de niños mayores. Y castigos como el encierro o dejar a los menores sin comer.

En la región de Arica se visitaron tres hogares y en dos de ellos se detectaron situaciones de “alto riesgo”, concepto que los autores de la investigación definieron como la existencia de “un peligro inminente  para la salud física y psicológica de los niños”. En Antofagasta, en cuatro de las cinco residencias visitadas se descubrieron situaciones de “riesgo alto”. En Coquimbo, uno de los tres proyectos visitados fue calificado de “riesgo alto”. En la región de Valparaíso se visitaron 24 hogares y en 18 se detectaron situaciones de “alto riesgo”. En Maule se visitaron 11 proyectos y en ocho se detectaron situaciones de “alto riesgo”.  En la Región de Los Ríos, uno de los dos proyectos visitados resultó de “alto riesgo”. En la Región de Los Lagos, de los 6 proyectos visitados, tres fueron calificados de “alto riesgo”.

UN “ALTO RIESGO” QUE SE CONOCE DESDE MARZO

Para que la frase “alto riesgo” no parezca una etiqueta vacía es necesario mirar algunos de los casos que el informe califica de esa manera. Estos aparecen reseñados al final de las encuestas hechas en cada región:

Una niña de 9 años denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia de Valparaíso. Todos los niños entrevistados en un hogar de Quillota señalan que se utiliza el aislamiento como método de castigo. Un niño de 12 años señala ser víctima de agresiones físicas y sicológicas por parte de una educadora en un hogar de San Antonio. Allí mismo, otro niño de 12 años señala ser víctima de agresiones físicas, sicológicas y sexuales por parte de otro menor al interior de la residencia. Todas las niñas que respondieron al cuestionario denuncian agresiones físicas por parte de las educadoras de una residencia de Villa Alemana.

Un niño de 12 años denuncia ser víctima frecuente de abuso sexual por parte de un adulto en la residencia de Cauquenes. Y así cientos de casos…

Ante la constatación de situaciones de “alto riesgo”, la comisión recomendó a los jueces de cada zona “la intervención inmediata de la residencia y la necesidad de investigar y realizar audiencias reservadas con los niños”. Para que eso ocurriera, era necesario que, una vez que la Unicef procesara los datos, se enviaran los antecedentes a los jueces locales respectivos para que investigaran las distintas situaciones irregulares –o ilícitas- detectadas en sus zonas. Hasta hoy, y según los antecedentes obtenidos por CIPER, eso no ha ocurrido. Y ello, a pesar de que los informes fueron entregados por la Unicef al Poder Judicial en marzo de este año.

¿Qué consecuencias tiene esa paralización? Que la niña de 9 años que denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia de Valparaíso, probablemente siga siendo abusada. Que todos los niños del hogar de Quillota puedan seguir siendo castigados con aislamiento y que los niños en situación de riesgo de San Antonio continúen siendo agredidos por una educadora o abusados por otro interno. Y así, el drama de estos niños, los más vulnerables del país, a los que el Estado debe proteger por ley, pueden continuar siendo los protagonistas de los cientos de abusos que aparecen en estos informes.

-En diferentes contactos académicos que he sostenido con diversos jueces de familia del país desde marzo a la fecha, muchos de ellos me han preguntado cuándo recibirán el resultado de las encuestas realizadas en sus jurisdicciones, ya que están esperando el material para iniciar la intervención -explica la abogada Paulina Gómez, quien participó en la Comisión Jeldres.

Por qué entonces nada se ha hecho. La abogada Gómez señala que esta demora de tres meses se debe a que en enero el Poder Judicial  decidió un cambio en el equipo de trabajo de la magistrada Jeldres y los nuevos encargados habrían estimado que era mejor no difundir esta información.

-La nueva coordinadora del equipo, la magistrada Gloria Negroni, antes de enviar la información a las regiones, organizó una reunión entre la Unicef, el SENAME, el equipo de trabajo del Poder Judicial y el ministro encargado de la Reforma de Familia en la Corte Suprema, Héctor Carreño. En esa reunión se decidió el curso de acción a seguir, que al parecer es no traspasar la información de las vulneraciones informadas por los propios niños y adolescentes a los jueces competentes, con el fin de que adopten las medidas pertinentes con carácter urgente -explica la abogada Paulina Gómez.

¿Qué motiva esa decisión de la Corte Suprema? Hasta ahora no hay respuesta oficial. El 18 de marzo pasado, CIPER solicitó acceso a los informes vía Ley de Trasparencia. A pesar de las reiteradas solicitudes hechas con posterioridad, la respuesta de la Corte Suprema nos llegó recién el 17 de junio (tres meses después), en la que se dice que se decidió pedir nuevos antecedentes a los autores del proyecto antes de hacerlo público. De eso hace ya dos semanas. No se entrega ningún motivo para que una investigación donde los autores son un organismo internacional dedicado a la protección de los niños y el propio Poder Judicial, esté retenida.

Lo que no se aclara oficialmente alimenta trascendidos y conversaciones de pasillo, sobre todo porque se trata de un proyecto inédito en varios aspectos. Las versiones que CIPER ha recogido de funcionarios judiciales y de académicos ligados a la protección de la infancia es que los jueces Carreño y Negroni se oponen a la difusión de estos duros informes pues estiman que están mal hechos. Por ello, se le habría pedido a la Unicef que sacara algunas partes, como los datos de los abusos sexuales, pues se habría estimado que no es válido obtener esa información a través de encuestas a menores de edad ni a través de entrevistas hechas por los magistrados, en las que se preserva la identidad de los menores. Todas esas versiones añaden que la Unicef habría accedido a cambiar los informes y habría despedido a la socióloga Carolina Bascuñán, autora técnica de éstos.

Consultada por CIPER la socióloga Bascuñán desmintió esos rumores. Señaló que efectivamente la Corte Suprema envió un oficio a la Unicef  pidiendo que la institución  explicara la metodología utilizada y que precisara su postura frente a los informes. “Unicef respondió por oficio que se recomendaba usar esa información para mejorar el sistema residencial y seguir colaborando en el proyecto. Es decir, respaldó todo el proyecto”, afirma Bascuñán. Añade que ella no ha sido despedida, que sigue trabajando con la Unicef, sólo que en otro tipo de proyecto. El cambio se debe a que ella creó una fundación para trabajar en temas de la infancia y había que evitar posibles conflictos de intereses.

Consultada por CIPER, directivos de la Unicef ratificaron oficialmente la versión de la socióloga Carolina Bascuñan sobre su situación laboral y precisaron, además, que “no se ha recibido por parte del Poder Judicial ningún reparo respecto de la metodología utilizada en dicha investigación”.

CIPER obtuvo además un oficio en que Unicef explica al presidente de la Corte Suprema cómo se hizo toda la investigación y respalda los resultados obtenidos.

Respecto de los estudios, Carolina Bascuñan precisó que el Poder Judicial y SENAME tienen las graves denuncias desde marzo (Ver recuadro); y precisó que lo único que se le pidió -en una reunión en la que estuvo presente la magistrado Negroni, el ministro Carreño y  Angélica Marín, por SENAME- es que no se difundieran estos datos por la prensa para evitar la alarma pública.

En esa ocasión, ella y Soledad Larraín, como representantes de Unicef, dijeron que “si se tomaba la decisión de trabajar esta información en forma interna, Unicef necesitaba tener un informe de las acciones que se habían adoptado para mejorar el sistema residencial”, narra Bascuñán.

Es decir, la Unicef esperaba que los antecedentes se tomaran con la seriedad que correspondía, que se interviniera en los hogares de “alto riesgo” y se les informara de las medidas. “Hasta donde yo sé esa información no ha llegado de vuelta”, explica la socióloga.

De acuerdo a estos antecedentes, actualmente el Poder Judicial retiene sin justificación información que revela situaciones terribles en el trato a los niños que deben ser protegidos por el Estado. Más grave aún: no está claro si se está haciendo algo para solucionar los distintos abusos que se denuncian en estos informes. Según fuentes consultadas por CIPER, sólo hace dos semanas el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, pidió al SENAME que informara qué medidas se habían tomado respecto de los antecedentes reunidos en estas investigaciones.

Las consultas hechas por CIPER a algunos jueces de familia de regiones, coinciden con lo señalado por la abogada Gómez: por el lado de los tribunales, ninguna intervención se habría realizado.

MUCHAS INVESTIGACIONES, POCAS SOLUCIONES

Hasta ahora sólo hay certeza de que han sido investigados los hechos flagrantes que la misma Comisión Jeldres encontró mientas realizaba su labor. Por ejemplo, en Arica la evidencia de una red de explotación sexual infantil en la residencia Ajllasga hizo que los antecedentes se pusieran inmediatamente en conocimiento de los jueces locales. En Ajllasga vivían 24 niñas y la comisión denunció al tribunal local que las muchachas salían del hogar de noche con la complicidad de guardadoras de la residencia, y regresaban de madrugada, drogadas (Vea Informe al juez presidente de Arica).

Según relata la abogada Paulina Gómez, los datos permitieron llevar adelante una investigación penal que culminó en junio “con la formalización por explotación sexual infantil de dos trabajadores del hogar”.

Pero los datos obtenidos en Ajllasga exceden lo delictual y ahondan en los dramas cotidianos del hogar de menores, abusos que muchas veces se detectan en otros centros. Junto con la red de explotación infantil, la Comisión Jeldres descubrió una niña enferma de VIH que no recibía tratamiento y que mantenía relaciones sexuales con otras menores del hogar,  “con quienes se realizarían pactos de sangre con el consiguiente riesgo de contagio”. También detectó “a lo menos dos niñas enfermas de cáncer cérvico-uterino, una carente de todo tratamiento médico y asistencia psicológica en situación de abandono y otra viviendo con su pololo”.

La adicción a la pasta base de varias menores no sólo no era motivo de tratamiento médico sino que, por la completa falta de vigilancia y de cuidado, el consumo no tenía freno alguno. Las chicas se drogaban adentro y afuera del hogar y regresaban “en completo estado de intoxicación, hecho imposible de desconocer por las cuidadoras”. La comisión llegó de madrugada al hogar y pudo constatar que  “las niñas están  en estado de cuasi-inconsciencia por consumo de drogas. No son capaces de reaccionar ni despertar ante los estímulos y llamados realizados por la jueza coordinadora”. Estar en ese hogar no les hacía bien a la niñas, al punto de que se había producido una “cronificación y agudización del estado de toxicomanía de las niñas y adolescentes desde su ingreso a la residencia hasta la fecha”.

Una situación similar de abandono y despreocupación fue registrado en otro hogar de Arica: Sariri. En su denuncia al tribunal de esa región, la Comisión Jeldres describe el centro como peligroso, insalubre y denigrante, donde los niños no tienen ningún control ni son cuidados. Los menores se drogan, salen en la madrugada, hay un total ausentismo escolar e inexistencia de cualquier tipo de actividades educativas o recreativas al interior de la residencia.

La situación de desprotección y abuso es tan sistemática que la Comisión Jeldres, al hacer la denuncia al tribunal de Arica, propone que se sancione a la Corporación CEAFIT -que administra los hogares Sariri y Ajllasga-, que se declaren nulos todos los convenios que permiten a esa corporación recibir menores y dinero fiscal y que se inhabilite a sus directores para vincularse al trabajo con la infancia y la adolescencia.

El informe repara además en un hecho que vuelve todo lo anterior aún más grave. Tanto el hogar Ajllasga como Sariri habían sido visitados siete meses antes por un equipo dependiente del Ministerio de Justicia: la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros de Protección de Derechos (CISC-Protección).

Aunque esa comisión no detectó la red de abuso sexual, sí elaboró un duro informe sobre el descontrol de los hogares. Sobre Siriri escribió: “Los jóvenes gobiernan el lugar. A la llegada de la comisión había una patrulla de Carabineros porque dos jóvenes residentes, que son hermanos, habían tenido una violenta pelea (…) No hay señal del más mínimo respeto, se agreden, lanzan sillas en presencia y muy cerca de los comisionados, adoptan una actitud intimidante, dando portazos y estrellones”.  (Ver artículo de La Segunda)

Pese a lo explícito del informe y a las notas de prensa que generó, nada había cambiado cuando en noviembre el hogar fue visitado por la Comisión Jeldres. Todas las prevenciones, escándalos y los mismos informes se habían archivado y la situación continuaba igual.

La Comisión Jeldres informó sobre este hecho al tribunal en la denuncia sobre explotación sexual en el hogar Ajllasga: “Muchos de los hechos descritos están en conocimiento de las autoridades del SENAME  y de la  Seremi  de Justicia toda vez que con fecha 29 de mayo del presente año se realizaron las visitas de la Comisión  Interinstitucional de Protección (CISC), sin que hasta la fecha se haya reparado de modo alguno la situación de vulneración de estos niños y adolescentes”.

La CISC- Protección es una instancia generada desde el Ministerio de Justicia que se despliega dos veces al año en todo Chile para controlar las condiciones de vida de los niños que viven en hogares. Y muchos hogares donde la Comisión Jeldres encontró situaciones peligrosas, ya habían sido detectados por las  CISC- Protección en mayo. A pesar de ello, siete meses después, nada había cambiado. Y ello, pese a que el Sename había informado que los problemas detectados por la CISC se estaban solucionando.

Con la retención de los informes de la Comisión Jeldres y la falta de intervención en los hogares, el Poder Judicial está empujando a los informes de esta inédita investigación al mismo destino que los informes de las CISC-Protección: que se transformen en detalladas descripciones de los problemas que afectan a los niños más vulnerables del país, sin que ninguna institución del Estado cumpla con su obligación de intervenir el sistema para darles protección y tratamiento adecuado para sus múltiples problemas físicos y sicológicos.

Probablemente este tipo de constataciones sobre cómo opera el sistema es uno de los aspectos que hace más interesante y a la vez más molesto el trabajo de la Comisión Jeldres. El diagnóstico de dicha investigación no se reduce a lo que hace mal un hogar de menores ni a constatar la falta de presupuesto o a responsabilizar de todo a un funcionario psicópata, sino que expone las fallas de las autoridades administrativas y de los propios jueces. Deja claro que si los tribunales no aportan lo suyo, el sistema no podría ser lo que es: una silenciosa máquina que invisibiliza –y en ocasiones acrecienta- el sufrimiento de niños que deben ser ayudados por el Estado.

Porque desastres como el de los hogares de Arica o como los graves problemas encontrados en las Aldeas SOS -y que se mostrarán en la segunda parte de este reportaje- no sólo son posibles porque hay funcionarios pervertidos o instituciones privadas irresponsables, sino porque el SENAME no realizó su trabajo fiscalizador y los tribunales tampoco hicieron lo suyo.