El director del INE habría manipulado las cifras del Censo 2012

Vea además: Renuncia grupo de asesores de confianza del ex director del INE

Fue a fines de junio de 2012 cuando al interior del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estalló el primer conflicto. La dura discusión que se instaló entre el equipo técnico de la entidad y su director Francisco Labbé, fue zanjada por éste con la marginación del cuerpo técnico del proceso de análisis y decisiones en torno al Censo 2012. Y culminó ahora, diez meses más tarde, en un cuestionamiento a la credibilidad del organismo estatal que elabora los índices más sensibles del país, debido a las evidencias de que las cifras del Censo fueron manipuladas.

Todo habría sido distinto si se hubiera puesto atajo a tiempo a la decisión de Labbé de presentar los 16 millones 600 mil habitantes “estimados” en el Censo, como efectivamente censados. Una decisión motivada por su deseo declarado de ser el protagonista del “mejor censo de la historia de Chile”, para lo cual debía exhibir a lo más una “omisión” del 2%,(cantidad de gente a la que no se llegó) lo que fue provocando una cadena de errores que hoy tiene al INE paralizado y al Censo 2012 y también al IPC, otro de sus productos estrella, bajo severo cuestionamiento.

Todos los protagonistas entrevistados por CIPER coinciden en que el hito de la crisis tuvo lugar en una de las últimas reuniones del equipo del Censo 2012 en la que participó el cuerpo técnico del INE. Fue allí que se asumió por primera vez que las cifras preliminares indicaban una enorme diferencia de habitantes respecto de las proyecciones de más de 17 millones para 2012. Y también, que debía reforzarse el trabajo para bajar los altos índices de casas ocupadas pero con moradores ausentes.

Fueron precisamente esas casas ocupadas pero con moradores ausentes el foco principal del conflicto. Porque el análisis indicaba que con los datos a la vista, iban a quedar a lo menos 600 mil personas sin censar. Una cifra que no se condice con el “mejor censo de la historia” en cobertura. Uno de los jefes técnicos del INE, afirmó a CIPER: “Y como el director quería llegar a un 2% de omisión, y no fue así, hizo calzar los datos. Así de simple”.

En esa reunión, los miembros del equipo técnico del INE insistieron en que, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, es posible entregar una cifra de población total que considere una cifra de moradores ausentes o de viviendas que no fueron censadas por falta de cobertura. Pero, en ese caso, debe quedar absolutamente clara la diferencia entre esa estimación y la población efectivamente censada. Otro de los puntos que advirtieron fue que, cualquier tabulado posterior, debe hacerse sobre la “población censada” y no sobre la población estimada por falta de cobertura.

Labbé desestimó cada una de las advertencias e incluso exigencias del cuerpo técnico y decidió marginarlo del proceso. Acto seguido, concentró toda la toma de decisiones de la última etapa del Censo 2012 -validaciones e imputaciones- en un reducido grupo de tres asesores personales. Fue ese team el que decidió presentar la cifra de 16 millones 600 mil personas como efectivamente censadas, sin precisar que la cifra correspondía a las 15 millones 800 mil personas realmente empadronadas, a la que se sumaron los 600 mil moradores ausentes.

Una prueba de ello está en la respuesta que entregó el jefe del Censo 2012 del INE, Eduardo Carrasco, a la jefa de los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan), Carolina Casas-Cordero, el pasado 5 de abril (ver correos).

Su pregunta fue precisa: “El día de ayer me pareció escuchar al ministro Longueira decir que los resultados entregados sobre el Censo 2012 corresponden a una “muestra censal”, que los resultados definitivos serán entregados en un año más, y que por lo tanto, no se podrían realizar -a partir de los resultados entregados ayer- estimaciones de PIB per cápita, entre otros. Revisé el documento “Resultados XVIII Censo de Población y Vivienda” y no encontré ninguna referencia que indique que los resultados publicados hayan sido estimados a partir de una muestra. Tal vez interpreté mal el comentario del ministro. 1. ¿Me puedes aclarar si la  fuente de los datos publicados corresponde al total de las viviendas censadas (4+ millones de viviendas) o corresponde a una muestra del total de las viviendas censadas?”.

La respuesta de Carrasco fue categórica: “Con respecto a tus consultas del correo adjunto, las respuestas son las siguientes: 1.- Los datos entregados y publicados el día martes 2 de abril corresponden al total de viviendas censadas, es decir, son los resultados oficiales del Censo 2012. 2.- Lo que se tendrá a fines de año, una vez determinada la omisión censal, son las nuevas Proyecciones de Población por sexo y grupos de edad para total país, región, provincia y comuna, y que son las que se deben utilizar para el cálculo del PIB per cápita. Lo anterior fue lo que señaló el señor ministro de Economía Pablo Longueira”.

La afirmación de Carrasco, de que los datos entregados y publicados “corresponden al total de viviendas censadas, es decir, son los resultados oficiales del Censo 2012”, no hacen más que ratificar que las cifras abultadas han sido presentadas como las cifras oficiales y definitivas.

Esa manipulación a la cifra global, provocó una cadena de errores. Como las tabulaciones para sacar otros indicadores, por ejemplo, la fecundidad no declarada en mujeres en edad fértil, bajó de 1.100.000 a sólo 200.000. Lo mismo ocurrió con la cantidad de hogares donde el “jefe de hogar” es un hombre y existe servicio doméstico puertas adentro, que subió de 2.228 hogares a 16.206. En el caso de jefas de hogar mujeres con servicio doméstico puertas adentro, el dato inicial era de 20.670 y bajó con la fe de erratas a 7.637.

Una cifra para la cual no hay ninguna explicación hasta ahora es la del 45% de inmigrantes con estudios superiores. A pesar de que la cifra hace ruido usando sólo el sentido común sobre la ola migratoria de los últimos años, existen serias dudas entre los expertos de si se construyó la variable –indispensable- para obtener un resultado más exacto o simplemente la cifra se desprende de un tabulado directo de la pregunta 28 del Censo.

Las tres fe de erratas, cada una con varias correcciones (3, 9 y 22 de abril – ver nota de prensa), que ha debido realizar el INE desde que entregara las cifras del Censo 2012, el 2 de abril pasado, le han dado la razón a su equipo técnico: no era posible agregar datos estimados a la base de datos principal del Censo. Porque tal como ellos lo advirtieron, los datos erróneos ensucian el diseño y ejecución de todas las políticas públicas, las que se verían afectadas por un efecto dominó distorsionador de la fotografía que se supone es la más exacta de la sociedad chilena. Y que, además, debe durar diez años.

Esos errores metodológicos, como la supuesta “pérdida” de más de 200 mil hombres en las cifras oficiales, afectan al propio Presidente de la República, y al ministro de Economía, Pablo Longueira, quienes sin tener conciencia de los errores estadísticos, anunciaron desde el Cerro Santa Lucía, el 2 de abril, las cifras oficiales del Censo 2012.

Los 200 mil hombres “perdidos” bien podrían corresponder a uno de los aspectos más polémicos de este Censo: las omisiones. Un informe hasta ahora desconocido (ver documento), elaborado por el consultor internacional en Demografía, Eduardo Arriaga, sobre la base de datos de las 16 millones 600 mil personas, estimó una omisión censal de 4,8% aproximada, una cifra muy alta para los estándares promedio. Y eso que nadie le advirtió que la cifra incluía la estimación de moradores ausentes.

La alta omisión que registró el Censo 2012, tiene para uno de los mayores expertos del INE en estadísticas sociales un claro significado:

-Se debe a que el levantamiento fue muy mal diseñado y como tienen que construir una imputación muy a la rápida, que pasa a llevar todas las recomendaciones metodológicas del Celade (Centro Latinoamericano de Demografía), ello ineludiblemente redunda en una alteración de la estructura de población.

LA ENTRELINEA DESCONOCIDA DEL IPC

El cuestionamiento a la hasta ahora sólida institución pública -la que entrega el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cifras de seguridad ciudadana y de empleo, entre otras- irrumpe en los precisos momentos en que ésta estaba a punto de lograr la tan ansiada independencia y autonomía a través de una ley que la normara. Un hito que se uniría a la celebración de sus 170 años. A menos de una semana que la Comisión de Economía del Senado inicie la votación de la idea de legislar, la manipulación del Censo 2012 así como los cuestionamientos al IPC, presagian una turbulenta discusión parlamentaria.

Al igual que con el Censo, y tal cual lo pronosticó el equipo técnico del INE hace unos meses, las objecciones a la precisión del IPC terminaron por estallar. Hacía ya algún tiempo que el mercado evidenciaba síntomas de nerviosismo al respecto. Y se entiende: el IPC es la herramienta con la que se calcula la inflación, la UF, los arriendos, dividendos, variación de sueldos y otros indicadores financieros. Al interior del INE estaban conscientes de qué había problemas con el IPC. Los testimonios recogidos por CIPER indican que éstos se arrastran desde 2011 y que ya en 2012 se hicieron algunos ajustes metodológicos. Pero los problemas persistían.

Durante un año se trabajó en el INE en determinar con exactitud la raíz del problema. Hasta que llegaron al convencimiento de cuál era la causa del problema en el ítem “vestuario”. Y trabajaron en la solución, un cambio metodológico que fue conversado con el Banco Central y con un operador del mercado antes de presentársela al director. Siempre teniendo presente que se hacía necesario un ajuste más profundo al momento de cambiar los componentes de la canasta.

La idea del equipo técnico era anunciar los cambios de este “ajuste de temporada”, como lo llamaron, el 1 de abril y llamar a un comité técnico externo para mostrárselos, y así contar en agosto de 2013 con un nuevo IPC. Pero el plan se desmoronó: el director rechazó tajante la existencia de problemas metodológicos y también se negó a convocar a un comité externo técnico. Una idea que refrendó en entrevista con Que Pasa, cuando afirmó “la metodología del IPC es perfecta”. Trece días más tarde, cuando ya distintos actores del mercado advertían del problema e incluso El Mercurio lo abordó en su editorial del miércoles 24 de abril, Labbé asumió la duda sobre su precisión, aceptando que una comisión de expertos revise su metodología. En entrevista con el mismo periódico, afirmó: “Sin la caída del IPC que provoca el precio del vestuario, la inflación en 2012 en lugar de 1,5%, habría sido de 1,9%”.

Un economista del INE, especialista en IPC, afirmó a CIPER:

-Lo que ha dicho el director en esa entrevista es muy grave tanto para el Ministerio de Hacienda como para el Banco Central, porque el órgano oficial de la estadística en Chile no puede cuestionar la cifra oficial del IPC que la misma entidad que dirige sancionó. Podría dar origen a demandas de cualquier inversor institucional por daños económicos. ¡Qué irresponsable!

En la extensa entrevista con El Mercurio (24 de abril), Labbé por primera vez se hizo cargo de los cuestionamientos al IPC al admitir diferencias reales de hasta cuatro décimas de punto porcentual. Sus dichos están generando gran ruido en el mercado, al ratificar los cuestionamientos metodológicos ya expresados por el BCI, Géminis y por economistas como Eduardo Engel y Jorge Selaive, quien sostiene que el INE puede estar utilizando precios de productos desactualizados, subestimando la inflación anual en 1,5 puntos porcentuales.

LA CARTA DE LOS 11

En medio del cuestionamiento público tanto por la precisión del Censo como del IPC, se conoció una carta firmada por 11 de los 14 jefes técnicos operativos y de infraestructura estadística del INE. La suscribieron el 17 de abril, un día después del despido “por temas de feeling” de la subdirectora técnica, Marcela Cabezas. La carta evidenció la magnitud de la enfermedad que hoy paraliza al INE.

En la carta, los profesionales detallan los puntos negros de la gestión de Labbé, la que califican como la “amenaza de un retroceso en el manejo de los temas técnicos…, además de generar incertidumbre en relación al resto de los productos estadísticos actuales y a los futuros proyectos institucionales, lo que no es sano para la institucionalidad estadística del país”.

La misiva fue entregada personalmente por los firmantes a Labbé, quienes profundizaron en ese cara a cara sus duras críticas. A diferencia de lo que Labbé informó después, de que se había producido un acercamiento, la sensación que impera en el equipo técnico es que la crisis recién comienza (ver carta).

JÓVENES LÍDERES

Una vez desmantelado el otrora respetado comité directivo del Censo, Francisco Labbé se ha atrincherado junto a sus tres asesores personales: Eduardo Carrasco, jefe del Proyecto CENSO;  el jefe comunicacional del INE, el ingeniero comercial Sebastián Mathews Capetillo; y Maximiliano Raide Prune.

Mathews comenzó el 27 de octubre de 2010 su relación contractual con el INE, recibiendo honorarios por $1.503.300. Sus ingresos han aumentado año a año por lo que hoy registra $3.678.667 al mes (ver documento). Maximiliano Raide (31 años) no aparece en ninguna dotación del INE a pesar de que goza de todos los privilegios de los miembros de la plana ejecutiva. Por ello, no fue posible encontrar sus honorarios en Gobierno Transparente. Sin embargo, la investigación de CIPER indicaría que sus honorarios actuales, que alcanzan a $3.900.000, se le pagan a través de contratos con dos de sus cercanos: su hermano Juan Pablo Raide, quien recibe honorarios por $1.674.001, pero que nadie conoce en la institución; y Antonio Hartmann Ramírez, quien recibe $2.225.522 como asesor económico, aparece sin título profesional en Gobierno Transparente en el año 2012, aunque el 2013 se registra como ingeniero comercial. También es un “fantasma” en el INE. Los informes de actividades de ambos son visados mensualmente exclusivamente por el director.

En 2012, Raide habría recibido honorarios por $3. 896.000, a través de otros dos contratos triangulados a nombre de Constance Pooley Toplai, relacionadora pública, con $1.670.111 por mes; y el mismo Hartmann, con honorarios que ascendieron en 2012 a $2.225.522.

Raide, quien tampoco tiene título profesional y que registra estudios de Derecho en la Universidad de Los Andes, habría recaudado más de $90 millones en estos dos años de asesoría a Labbé. A pesar de que sigue siendo un misterio la razón por la que no ha firmado contrato en el INE; su rol de asesor del director lo exhibe profusamente, al menos hasta hace pocos días. En Linkedin, registró ser “asesor Director en INE”. En la reciente actualización que hizo a su perfil, eliminó esa función en el INE.

Es muy probable que esa repentina decisión obedezca a la investigación que se inició al día siguiente de la carta de los 11 jefes del INE,  por la filtración de las cifras del Censo a El Mercurio el día antes de la entrega oficial. Una “fuga” que fue denunciada por la entonces directora de Comunicaciones del INE, Marcela Martínez, al director Labbé, en mail del 1 de abril pasado, en el que afirma: “Lamentablemente, y tal como le anticipé después de la reunión que tuvimos en La Moneda, El Mercurio publicará cifras del Censo mañana. Acaban de llamarme para confirmar varios datos. Yo no confirmé nada y nunca he entregado información. Dentro de los datos me llamó la atención que estaba la cifra de cobertura. Esa cifra la sacamos de sus palabras en la presentación debido a que usted mismo me pidió eliminarlas”.

La preocupación por la filtración de datos del Censo también fue motivo de inquietud en La Moneda. Así lo prueba el correo enviado por María Irene Chadwick, encargada de Programación de la Presidencia, al director del INE, a la asesora del director Mariana Alcérreca y a Marcela Martínez, el mismo día de la entrega de los datos por el Presidente. Allí se lee una línea corta y precisa: “¿Quién pasó los datos del Censo a los diarios?” (ver correo).

Juan Radrigán, jefe del Departamento de Infraestructura del INE, envió un mail a la plana directiva del INE pidiendo la instrucción inmediata de un sumario por la filtración de datos a El Mercurio. Días más tarde, e inmediatamente después de haber exigido a su vez que se hiciera esa investigación interna, Marcela Martínez, simpatizante del gobierno de Piñera, fue despedida sin previo aviso. En el INE todos alabaron su profesionalismo.

No es la misma percepción que se recoge en las oficinas del INE cuando se habla de Maximiliano Raide. Por no estar sujeto a contrato en el INE, Raide no firmó la declaración de confidencialidad de los datos del Censo que todos los funcionarios que tuvieron acceso a ellos debieron firmar. Sí lo hizo su amigo Sebastián Mathews, quien por estos días, y según constató CIPER con funcionarios del INE,  ha intentado por todos los medios recuperar el documento que suscribió.

Tanto Raide como su amigo Antonio Hartmann forman parte de Jóvenes Líderes, organización creada por Raide e integrada por estudiantes ABC1 quienes desde mediados del 2000 cenaban con prominentes personajes, políticos y empresarios, como Ricardo Claro, Cristián Larroulet o Sebastián Piñera para intercambiar opiniones sobre la contingencia. Por esos años, Raide destacaba en algunas revistas chilenas como la mezcla perfecta entre lobista bien contactado y ejecutivo joven.

A los  25 años, en revista Capital, aseguraba que cumplidos los 30 años debería tener resuelto si sería un empresario, un ejecutivo o un hombre público. Hasta ahora aparece más inclinado a lo último. Así lo muestra la foto que registra el momento de la entrega de los resultados preliminares del Censo 2012, donde figura en la testera junto a su jefe y amigo, Francisco Labbé, Eduardo Carrasco y Sebastián Mathews.

EL ROL DE VOX COM

Además de sus tres estrechos asesores, Labbé ha enfrentado los avatares del Censo y de esta crisis institucional con el apoyo de Vox Comunicaciones, agencia de la que Gabriele Lothholz es socia y gerenta general. Hasta febrero de 2010, el candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne, tuvo una participación en Vox Com, a través de Inversiones e Inmobiliaria Kos Limitada. Pero una vez que Piñera le ofreció ser ministro de Minería vendió sus 275 acciones, según registra su declaración de patrimonio. Lo anterior no ha impedido que siga ligado a esta agencia estratégica. Profesionales del INE y de fuera de la institución aseguran que una llamada del ex ministro fue clave en la decisión de Labbé de quedarse con la asesoría comunicacional de Vox Com para las actividades del Censo, desechando la propuesta entregada por la agencia de Cristina Bitar y la presentada por la periodista Isabel de Gregorio durante el segundo semestre de 2011. Golborne y Lothholz son muy amigos, además de ex socios. Se conocieron en Cencosud cuando ambos eran ejecutivos de la empresa de Paulmann. Gabrielle fue gerente de Asuntos Corporativos entre 2005 y 2009. En 2010, asumió como asesora del Magister de Gestión de la Comunicación Estratégica de la Universidad de Los Andes, la misma en la que estudió Maximiliano Raide. En ese proyecto Vox Com figura como empresa asociada.

Para evitar pasar el contrato por Contraloría, Labbé no hizo licitación: le paga a Vox Com a través de contratos primero con Gabriele Lothholz, su gerenta y dueña, la que recibió en 2011 más de $27 millones del INE, mientras que en 2012 figura con $33 millones. En diciembre de 2012 se agregó a los pagos para Vox Com la periodista que se hizo cargo de la cuenta del INE en dicha empresa: Carmen Paz Maldonado, a quien se le pagan honorarios por $2.000.000 por media jornada.

Desde hace unos días Carmen Paz Maldonado ha reemplazado a la anterior jefa de Comunicaciones, Marcela Martínez, lo que significa que tiene a su cargo la contingencia y tiene acceso a los principales productos del INE, su patrimonio más sensible para el funcionamiento del mercado. De hecho, la regla número uno de quienes han pasado por comunicaciones en el INE es que las cifras estadísticas no se anticipan nunca a la prensa y las coyunturas deben ser entregadas con horario y calendarios comprometidos anticipadamente.

Por lo mismo, resulta muy complejo que haya una periodista de Vox Com a cargo del manejo de esas cifras cuando entre sus clientes se encuentran empresas como ABCDin, BancoEstado, LAN, la consultora y administradora de fondos  Claro y Asociados, Masvida, Metrogas y la Sociedad Chilena del Litio, entre otras.

Fue la misma Carmen Paz Maldonado quien respondió la solicitud de CIPER de entrevista con Francisco Labbé. No fue posible realizarla, dijeron, porque el director del INE se encontraba aún el jueves 25 en Pucón, en una actividad del instituto.

A las críticas que recaen sobre Francisco Labbé por estar desmantelando los equipos técnicos, mala gestión, ignorancia de los productos del INE y de las funciones de sus encargados, así como por haber dado acceso a datos sensibles y estratégicos a gente externa con claros vínculos con el mundo empresarial, además de pagarles por trabajos no especificados sumas que están en los más alto del escalafón, se suma otra contratación polémica. Esta vez no es un cargo en Santiago, sino en la Región del Maule, donde figura el único relacionador público contratado por el INE en regiones. Es el técnico agrícola y primo de Francisco Labbé Opazo, Hernán Opazo, quien percibe honorarios por $1.433.250.

En el discurso público, Labbé ha sido categórico: “Los resultados del Censo 2012 son una poderosa herramienta que permitirá diseñar políticas públicas adecuadas y, con ello, producir avances importantes en la calidad de vida de la población”. Una declaración de principios que hoy se ve seriamente amenazada –con las consecuencias para el diseño de las más importantes políticas públicas- por una manipulación de datos cuyos efectos múltiples recién empiezan a evidenciarse.

El desenlace de esta historia está por verse. Hay quienes aseguran que la gravedad de lo sucedido impone una urgente auditoría para recuperar la base de datos original del Censo, sin datos erróneos anexados y así parar la cadena de desaciertos. Otros indican que ya es tarde porque tanto en Chile como en el extranjero ya miran de reojo el Censo, el IPC y comienzan a hincarle el diente a otros productos del INE. Para muchos sin embargo, incluidos economistas y especialistas del mundo académico, hay que actuar urgente para recuperar sus equipos y salvar al INE de la crisis. Una decisión que está en manos del ministro Longueira, quien acaba de inaugurar en Pucón la XII Conferencia Estadísticas de Las Américas, con Francisco Labbé en la testera.