Querella del CDE acusa a Mellafe & Salas de daño al Fisco por más de $900 millones
Los “Sobreprecios” y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros
05.02.2013
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Querella del CDE acusa a Mellafe & Salas de daño al Fisco por más de $900 millones
05.02.2013
Vea también: Entrevista al Coronel Juan Antonio Muñoz, jefe del TIC
En la mañana del martes 13 de noviembre pasado, el tercer hombre en la jerarquía de Carabineros supo que debía abandonar la institución: había perdido la confianza del general director Gustavo González Jure. Sólo un reducido grupo de generales y oficiales supo la causa del llamado a retiro del general inspector Gerardo Gabriel González Theodor: la denuncia hecha por CIPER en febrero del 2012, sobre las millonarias irregularidades en el Departamento de Telecomunicaciones e Información (TIC), unidad clave que estuvo bajo su mando por más de una década. (Ver Millonarias Irregularidades en las compras de una unidad clave de carabineros).
El cuerpo de generales tomaría conocimiento de ello en la reservada despedida que se le hizo en la dirección general de Carabineros, a la que asistían por video conferencia los altos oficiales emplazados en regiones. Allí, después de una pequeña introducción a modo de historia de su paso por la institución, González Theodor emplazó al general Christian Fuenzalida, jefe de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR), por faltar a la “lealtad” que se deben los generales al investigarlo “por los dichos de un pasquín”.
Según la versión que dos de los presentes entregaron a CIPER, las palabras de González Theodor provocaron la inmediata reacción del general director Gustavo González Jure: “Si hubiera sabido que iba a pasar esto, no hubiera convocado a esta reunión”. La queja del ya ex tercer hombre de Carabineros, fue directa contra el jefe de la Dipolcar, encargado por González Jure de investigar las denuncias sobre posible cohecho y fraude al Fisco en contratos millonarios y compras con sobreprecios en el Departamento de Telecomunicaciones e Información de Carabineros (TIC).
A poco de iniciada su investigación, al tomar declaraciones a los oficiales y funcionarios del TIC, los efectivos de la Dipolcar descubrieron que la mayoría de las decisiones cuestionadas o bajo sospecha de irregularidad, las tomaba el general Gerardo González Theodor. Y si bien éste ya no ejercía el mando del TIC, el haber dejado en su lugar a su hombre de confianza, el coronel Iván Cortés, así como la década que ejerció el cargo y su influencia como tercer hombre en la jerarquía, le permitieron seguir controlando gran parte del millonario presupuesto del TIC: en 2012 fue de $50.000 millones.
Los descubrimientos de la indagación interna en el TIC, dieron sustento para el inicio de otras tres investigaciones –Contraloría, Ministerio Público y Justicia Militar- por hechos que podrían constituir cohecho y fraude al Fisco.
La mayoría de los implicados son funcionarios de Carabineros, pero aún no hay procesados. Primero debieron partir el coronel Iván Cortés y luego el capitán Carlos Bustos, ambos del TIC. El general González Theodor abandonó la institución con un desahucio de $82 millones y una pensión vitalicia de aproximadamente $2.900.000 mensuales. Otros, de menor rango, simplemente se fueron con lo puesto.
La investigación en curso ha dado un brusco giro. Porque bajo la lupa de la Contraloría, Carabineros, la Justicia Militar y el Ministerio Público están hoy no sólo oficiales y funcionarios policiales, sino también una empresa del sector privado y durante cuatro años proveedora de la institución policial: Mellafe & Salas S.A, de propiedad del empresario Daniel Platovsky. Según la querella del CDE –y que tiene a Mellafe & Salas como el principal acusado- la venta irregular de 622 generadores habría provocado un daño a las arcas públicas avaluado en $928.178.946, por concepto de “sobreprecios”.
En febrero de 2012, apenas salió la publicación de CIPER, se inició un sumario interno de Carabineros ordenado por su director, el general Gustavo González Jure. Según la indagación de CIPER, el primer obstáculo surgió de inmediato: la investigación estaba bajo el control del mismo general González Theodor, quien aún manejaba los hilos del TIC a través del coronel Iván Cortés, uno de sus hombres de mayor confianza en la institución. Un funcionario de gobierno señaló a CIPER que desde el Ministerio del Interior le indicaron a González Jure que “la investigación la debía encargar a un departamento autónomo ya que no podía el gato quedarse a cargo de carnicería”.
Así fue como la investigación quedó a cargo de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR), y de su entonces jefe: el general Christian Fuenzalida, hoy director de Seguridad Privada y Control de Armas (OS-10). Muy pronto surgió un nuevo ruido polémico en torno a la indagación interna. Si bien la investigación la llevaba el Departamento de Inteligencia, los informes llegaban al fiscal designado para este caso, el general Julio Pineda Peña, hoy jefe de Carabineros en la Quinta Región y gran amigo del general González Theodor.
Dos efectivos policiales y un civil que declararon ante el general Pineda, comentaron a CIPER que, a pesar de haber mencionado explícitamente al general González Theodor como responsable de hechos irregulares, su nombre no quedó en las actas de sus declaraciones.
-Las preguntas estaban bien pensadas para intentar que no saliera el nombre del general González Theodor mencionado. Aún así, y habiendo llevado yo mismo una de las respuestas al gran ausente en el cuestionario, el general Pineda inmediatamente dejó sin efecto mi respuesta –dijo a CIPER un funcionario civil de Carabineros.
La investigación –que cumple un año en estos días- sigue su curso con otras aristas en el propio Departamento TIC, pero el informe sobre la denuncia original ya fue entregado a la Primera Fiscalía Militar para dar curso a las posibles responsabilidades penales.
El 24 de abril de 2012, dos meses y medio después de la publicación del reportaje de CIPER, Roberto Sepúlveda Edwards, en representación de la empresa Mellafe & Salas, llegó a la Fiscalía Centro Norte denunciando hechos que “podrían revestir carácter de delitos”, en los cuales estarían involucrados trabajadores de la misma empresa. Sepúlveda hizo mención a falsificaciones de facturas y engaños al portal Chile Compras. La causa RUC 1200425640-7 se abrió.
Ese mismo día de abril, el fiscal José Morales Opazo despachó a la PDI una orden amplia de investigar. En el oficio Nº 042012/FAC/5595, las instrucciones al jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI contemplan seis puntos: entrevistar al denunciante, Roberto Sepúlveda Edwards (gerente general de Mellafe & Salas); incautar las boletas a las que se hacía referencia en la denuncia y tomar declaraciones a personal del portal Chile Compra, entre otros.
A casi diez meses del inicio de la investigación, los descubrimientos realizados por la Fiscalía Norte han provocado un giro que tiene en tela de juicio al propio denunciante y dueño de la empresa: Daniel Platosvsky. Y todo empezó por la petición de José Miguel de la Cuadra, jefe de Convenio Marco de Mercado Público, a Mellafe & Salas, de una boleta cualquiera que mostrara que los generadores que le vendía a Carabineros eran más baratos que los que vendía a otros clientes.
La fiscalización de ese funcionario público descubrió la primera hebra del origen de la boleta fechada el 4 de abril de 2011. En efecto, la boleta mostraba que el generador se había vendido a Claudia Andrea Parra en $4.165.000 (los de Carabineros tienen un precio unitario de $2.300.000). El jefe de Convenio Marco de Mercado Público, José Miguel de la Cuadra, decidió entonces llamar a Claudia Parra.
– Me llamó la atención esa boleta porque la fecha era de tres días antes de que yo le pidiera a Mellafe & Salas una factura cualquiera y porque, además, venía sin la recepción conforme del comprador. Por eso llamé a la señora Parra para preguntarle por el generador adquirido en Mellafe & Salas. ¡Y no tenía idea! –dijo a CIPER José Miguel de la Cuadra.
En correo posterior, Claudia Parra le indicó a de la Cuadra: “Efectivamente el equipo está en mi poder en mi parcela en Los Ángeles”. La indagatoria policial resolvió los misterios. Resultó que Parra es la cónyuge de Carlos Muñoz, gerente de la división de Insumos y Repuestos de Mellafe & Salas. Al ser interrogado Muñoz, esto fue lo que dijo sobre el generador en cuestión: “A fines de febrero de 2012, mi cónyuge recibió un llamado telefónico de un sujeto que se identificó como José Miguel de la Cuadra, jefe de División Convenios Marcos del Mercado Público, el cual consultaba por la recepción de unos productos facturados por Mellafe & Salas”.
El gerente Carlos Muñoz señaló que resolvió con su cónyuge pedir a de la Cuadra precisiones. Las recibieron, acompañadas de una copia de la factura en cuestión. “Tuve acceso a ese correo y recién, de esa manera, tomé conocimiento de que se habían utilizado los datos de mi cónyuge para una operación inexistente ya que nunca ella compró la mercadería que ahí se señala”.
Según declaró Muñoz, de inmediato le informó de lo ocurrido a su jefe, Roberto Sepúlveda Edwards, “quien tomó la determinación de cerrar el proceso”. Eso significó -afirmó Muñoz- que le entregaron en su domicilio el generador en cuestión. Al fin, el 1 de marzo de 2012, Claudia Parra le pudo responder a de la Cuadra que ya tenía el generador en su poder.
Muñoz le consultó a Sepúlveda por el costo de dicha operación: “Me dijo que después lo veríamos, pero hasta la fecha yo no he pagado nada”.
La nueva arista que involucra directamente a Mellafe & Salas en los ilícitos investigados, acumula numerosas declaraciones a personal de gerencia, empleados y ex empleados de la empresa, incluyendo al propio Platovsky, además de personal de Chile Compras. Al voluminoso expediente se agregó en el camino una nueva denuncia.
El jueves 23 de agosto, ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, el abogado Claudio Cofre Soto presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de “Malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y cohecho”. Su fundamentación: el reportaje publicado por CIPER el 2 de febrero de 2012.
La acusación fue derivada al mismo grupo de la Fiscalía Norte a cargo del fiscal José Morales Opazo, quien a diferencia de la indagatoria anterior, decidió ordenar la investigación a la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Tres meses más tarde, el 26 de noviembre, una nueva denuncia engrosó las más de mil páginas que ya acumulaba el expediente: el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló criminalmente en contra de quienes resulten responsables de causar un gran prejuicio a las arcas fiscales por falsificación de boletas y un aumento de precios en la venta de 662 generadores electrógenos a Carabineros.
Según la querella del CDE –y que tiene a Mellafe & Salas como el principal acusado- la venta irregular de esos generadores habría provocado un daño a las arcas públicas avaluado en $928.178.946, por concepto de “sobreprecios”. La querella tiene el RUC 1200425640-7.
El jueves 3 de mayo de 2012, por oficio Nº 46, se presentaron los primeros antecedentes que “pueden ser constitutivos de delitos” ante la Primera Fiscalía Militar de Santiago por situaciones ocurridas en el Departamento de Telecomunicaciones e Información de Carabineros (TIC). A ellos se sumarían nuevos documentos el 6 de septiembre y el oficio Nº 95 de fecha 30 de noviembre de 2012.
Fue en ese mismo mes de noviembre de 2012 que el fiscal Julio Pineda resolvió enviar a la Primera Fiscalía Militar la denuncia por los ilícitos acumulados en los ocho tomos de su indagatoria interna. En ella, el general Pineda menciona al menos diez hechos que “pueden ser constitutivos de delitos”, instruyendo para que se haga la persecución penal que corresponda.
En la segunda página de su informe -al que CIPER tuvo acceso- se da cuenta de cómo se gestó en el TIC la compra de los primeros 295 generadores eléctricos a Mellafe & Salas, los que después llegarían a 662. El general Pineda establece que la reunión clave para dicha compra se realizó el 18 de enero de 2011, en las dependencias del TIC, a las que asistieron por parte de Mellafe & Salas, Rodrigo Carrasco Quiroga y Vladimir Beovic. Por el TIC estaban: el teniente coronel Ramiro Martínez Chiang, el ingeniero eléctrico Sergio Zúñiga Carrasco, el sargento primero Mario Velásquez Silva y el sargento segundo Rodrigo Muñoz Quezada.
En esta cita los representantes del TIC -como era habitual, al parecer- le informaron a los representantes de Mellafe & Salas cuáles eran sus próximas compras. Lo primero en la lista fueron los generadores. Como Mellafe & Salas no tenía generadores inscritos en el portal del mercado público, hizo la solicitud respectiva para un tipo especial: Kipor Diesel KDE6700T. Y obtuvo la incorporación de esos generadores el 9 de marzo de 2011.
Ocho días más tarde, el 17 de marzo, un documento electrónico salió del Departamento TIC (Nº 1.193), firmado por el capitán Carlos Bustos Prat, dirigido a la sección de Adquisiciones de la Subdirección de Gestión y Control de Adquisiciones. Allí se informa de las características técnicas que deben tener los generadores que se compraran. Tres días después se subió al portal Chile Compras (ID 1315) la licitación de 295 generadores eléctricos -Kipor Diesel KDE6700T-, los mismos que el primer día de marzo Mellafe & Salas solicitó incorporar al portal de compras públicas. El precio final fue de $787.887.844.
Aún no se sabe el resultado de la investigación de la Contraloría. Por casi once meses miembros del equipo de Auditorías Especiales de la entidad se instalaron en las dos dependencias donde funciona el Departamento TIC: calle Retiro Nº1560, en Recoleta; y Amunategui Nº 519, en la comuna de Santiago. Allí se les facilitó una sala donde tuvieron acceso a toda la documentación requerida para la auditoría. También tuvieron acceso al sumario interno de la DIPOLCAR, cuyos tomos fueron exhaustivamente revisados durante algunas semanas.
La información fue contrastada con documentación solicitada a Chile Compras y a una de las empresas más cuestionadas por las millonarias licitaciones: Mellafe & Salas.
Al inicio de la investigación, uno de los miembros de este equipo de la Contraloría, dijo a CIPER: “No nos demoraremos más de dos meses, máximo tres. Pero no más allá de eso, porque son los tiempos que disponemos”. A días de cumplirse un año del reportaje de CIPER, la misma fuente responde: “Ya se terminó la investigación, se hizo el informe y está siendo revisado para su publicación. Y esto no llevará más de dos semanas”.
Las insistentes llamadas y correos enviados por CIPER en la primera semana de diciembre de 2011, solicitando entrevista con los mandos del Departamento TIC, encendieron las alertas en el grupo íntimo de González Theodor, el oficial recién ascendido a tercer hombre de Carabineros. Y la respuesta fue siempre la misma: “Estamos gestionando la entrevista, tal vez la próxima semana…”. Una forma de dilatar la publicación de CIPER y de intentar evitar un cuestionamiento público por malversación en millonarias adquisiciones, manejadas por el general González Theodor y su “grupo de confianza”.
González Theodor ya había dado muestras de su habilidad. Se hizo famoso en 1990, cuando siendo jefe de una sección del OS-7 logró la captura de uno de los delincuentes más buscados: Günther Muller Pinto, buscado por más de 20 asaltos a bancos en Vitacura y Providencia. Ascendió a la jefatura del TIC en el momento clave en que Carabineros daba un salto en su sistema informático. En 2007, cuando ascendió y asumió la dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros (DIPLADECAR), obtuvo premio: llevarse al Departamento TIC al área bajo su mando, dejando a su hombre de confianza a cargo, el coronel Iván Cortes. Así, mantuvo el control sobre un departamento estratégico.
-González Theodor llegó al TIC por su fama de “tecnológico”. Siempre andaba investigando las últimas tecnologías y con el último teléfono o computador de moda. Incluso se metió a estudiar ingeniería, pero no pudo seguir. Aún así, fue el único que llegó a ser jefe del TIC sin título de ingeniero o estudios especiales en el área. En su círculo más cercano, él decía: “estoy a cargo de puros hueones con título que fueron a perder el tiempo a la universidad” –dijo a CIPER un general que fue por muchos años muy cercano a González Theodor.
Una vez que CIPER publicó el reportaje sobre las irregularidades del TIC, González Theodor creyó que, siendo el tercer hombre en la jerarquía institucional, seguía manejando los hilos. Se equivocó. El 30 de mayo del 2012, salía del departamento TIC un oficio firmado por su nuevo jefe, el coronel Juan Antonio Muñoz, dirigido al fiscal a cargo de la investigación interna informando de al menos diez irregularidades. Todas ellas pusieron a González Theodor y a su sucesor en el TIC, el coronel Cortés, en la galería de los “acusados”.
Entre las irregularidades más graves, se mencionan los contratos con Entel, gestionados por el entonces mayor Urrea López; la página web de Carabineros que mantenía una persona con antecedentes penales, Héctor Alegría Melo; el contrato incumplido por Elsag Datamat, empresa vinculada a los hermanos Francisco y Fernando Cordero (hijos del ex general director de Carabineros, general Fernando Cordero), a los que nadie les había hecho valer la garantía que los obligaba a pagar una multa de cerca de $400 millones.
Pero había más. Una de las principales irregularidades detectadas por el equipo del nuevo jefe del TIC, coronel Juan Antonio Muñoz, fue en el proyecto estrella del general Gerardo González Theodor: la construcción de una nueva Central Nacional de Comunicaciones (CENCO) en el antiguo cine de la Mutual de Carabineros (Ver entrevista del coronel Juan Antonio Muñoz).
Entre los hallazgos de la investigación interna no causó sorpresa que el coronel Iván Cortes, el teniente coronel Ramiro Martínez Chiang y el capital Carlos Bustos Prat, tuvieran un trato especial con la empresa proveedora Mellafe & Salas. En el Departamento TIC se sabía que ese nexo nació en 2009, cuando el entonces agente de ventas de Mellafe & Salas, Rodrigo Carrasco, asumió como interlocutor de la empresa en el TIC.
A los pocos meses, Rodrigo Carrasco ascendió a gerente comercial de la “División Instituciones Públicas” de Mellafe & Salas. Las ventas subieron. Sólo en el último mes y medio de 2009, cuando Carrasco llevaba apenas cuatro meses como gerente comercial, la empresa facturó con Carabineros ventas por un valor de US$ 2.280.484,99.
Entre esas ventas, figuran once órdenes de compras por kits de cámaras de vigilancia que, si bien se pagaron dentro de la fecha y tienen plazo de instalación, algunas hasta hoy no han sido instaladas, incumpliendo el periodo establecido en la misma orden de compra. Las ventas generadas por Rodrigo Carrasco, gerente comercial de Mellafe & Salas, se convirtieron en la envidia de muchos proveedores de Carabineros. Se habló de regalos consistentes en vehículos nuevos, dinero, viajes… Pero nadie lo pudo probar.
El mismo Daniel Platosky, en entrevista concedida a CIPER en enero del 2012, días antes de que se publicara el reportaje sobre las irregularidades detectadas en el TIC, se refirió a ello:
-Yo estuve sólo en una o dos ocasiones en el TIC, para conocer sus instalaciones, invitado por el jefe Iván Cortes, pero no conocí a nadie más. Y en cuanto a regalos o favores de cualquier tipo, si se demuestra que alguien de mi empresa hizo cualquier tipo de regalo o favores, me avisas y lo echo por huevón.
Y se probó. El lunes 2 de noviembre de 2009, el mismo mes que empezaron las millonarias compras a Mellafe & Salas en el Departamento TIC de Carabineros, el capitán encargado del trato con los proveedores en el TIC, Carlos Bustos Prat, embarcó hacia Japón –vía Estados Unidos- acompañado de Rodrigo Carrasco, gerente comercial de Mellafe & Salas. Ambos regresaron el 11 de noviembre.
Los billetes de avión fueron comprados en la empresa turística Carlson Wagonlit Travel, tuvieron un costo de US$ 6.220,56 y fueron pagados por Mellafe & Salas. En la boleta de recibo figura escrito a mano: “Div. Instituciones Públicas”, y lleva la firma del gerente comercial de la empresa, Rodrigo Carrasco.
Cuando la investigación interna en Carabineros descubrió este viaje, todos miraron al techo. En Mellafe & Salas dijeron que fue a pedido del TIC. El capitán Bustos declaró que fue autorizado por su jefe directo, el coronel Iván Cortes y con conocimiento del general González Theodor; y que para el viaje hizo uso de su feriado. Y dejó de hablar cuando le mostraron un correo que el mismo le envió a Rodrigo Carrasco, gerente de Mellafe & Salas, solicitando una reunión con Daniel Platosky para hablar sobre este viaje.
El coronel Iván Cortés también se fue de negativa: declaró que él no había autorizado ese viaje, que nada sabía. Debió enmudecer a su vez cuando a los pocos días el capitán Carlos Bustos entregó un correo que da cuenta de que sí sabía de su viaje a Japón.
Y hasta allí llegó el baile. Porque entonces se le pidió la renuncia voluntaria al capitán Bustos y se le hizo un “llamado voluntario a retiro” al coronel Iván Cortes, por entonces jefe de la Prefectura de Carabineros Santiago-Norte.
“Todo se hacía con la anuencia del dueño de Mellafe & Salas, Daniel Patosvky, quien en varias ocasiones nos invitó (oficiales del TIC) a cenar a “La Mar”, un restaurante ubicado en Vitacura. En una de esas cenas se habló del viaje a Japón y otros posibles viajes futuros, de los cuales algunos se concretaron y otros no”, dijo a CIPER uno de los involucrados que pide reserva de su nombre hasta que sea llamado a declarar ante la fiscalía.
En 2009 el general Gabriel González Theodor viajó a México. Allá conoció en terreno un centro de la policía mexicana a través del cual se controlaban vehículos, retenes, comisarías y otros recintos en el extenso territorio de ese país. Apenas llegó a Chile le propuso al general Gordon, entonces a la cabeza de Carabineros, instalar algo similar. Con el visto bueno de su superior, González Theodor comenzó de inmediato a organizar su gran legado tecnológico.
Decidió que la nueva central de comunicaciones se instalaría en el ex cine de la Mutual de Carabineros, ubicado en calle Amunategui Nº 519, en Santiago. El teniente coronel Ramiro Martínez Chiang, funcionario del TIC y otro de sus hombres de confianza, recibió de González Theodor la responsabilidad de la ejecución del proyecto.
Las obras comenzaron en dos frentes: civiles y tecnológicas. Pero sin ninguna licitación. Tampoco se suscribió una garantía para las más de 60 pantallas que se instalaron en el recinto. La idea de González Theodor fue hacer las obras e instalaciones y después se verá. Tal como lo hacía en el TIC: después se vería cómo cuadrar los montos con las licitaciones que se subirían al portal público.
La investigación realizada a las irregularidades en la instalación de la nueva CENCO arrojó un dato que no fue sorpresa para nadie: la empresa más requerida en este proyecto era Mellafe & Salas. Y fue con los trabajos comprometidos “de palabra” para la CENCO que Mellafe & Salas tendría que, por primera vez, enfrentarse al cambio del sistema.
Fue Rodrigo Carrasco, el exitoso gerente comercial de la División Instituciones Públicas de Mellafe &Salas, quien dejó su huella en las oficinas del nuevo jefe del TIC, coronel Juan Antonio Muñoz. Así informó este coronel sobre la audiencia que ambos sostuvieron y que figura en el expediente de la Fiscalía Militar:
“En audiencia concedida al señor Rodrigo Carrasco Quiroga, manifestó que era el gerente de División de Instituciones Públicas de la empresa Mellafe y Salas y que mantenía en sus bodegas un sistema de climatización por un valor aproximado de $ 400.000.000, que además había invertido en un estudio de climatización por un valor de $1.500.000, para las obras de la Nueva Cenco, todo solicitado por el Director de Planificación y desarrollo de la época (el documento pone el cargo pero omite el nombre del general Gabriel González Theodor)
Agregó que le habrían manifestado que incluyera las obras civiles dentro de la climatización, las que consultó con la misma empresa que estaba desarrollando las obras civiles en la Nueva Cenco y que estas alcanzaban a los $ 180.000.000, todo lo cual se adquiriría bajo la modalidad de Convenio Marco, a la empresa Mellafe y Salas, confiando en la palabra y sin que existiera ningún acuerdo por escrito, la empresa importó dicho equipamiento y elaboró el estudio”.
Ni los $400 millones del sistema de climatización y tampoco las obras civiles avaluadas en $180 millones, y que se pagarían a Mellafe & Salas, fueron cancelados. Todas las obras de la nueva CENCO comprometidas a través de tratos verbales por el general González Theodor –que alcanzaban a $581 millones- quedaron paralizadas. Por primera vez no era el dinero de Carabineros el que se volatilizaba, sino el de Mellafe & Salas.
-Después de todo lo que se ha descubierto, al general González Theodor lo mandan a retiro con un desahucio de $80 millones más un sueldo vitalicio de $2.900.000… ¡Un chiste! Y el otro día mi coronel Muñoz echó al suboficial Fajardo porque cambió un vale de gasolina por $24.000, porque lo habían mandado al Sur sin viático… -fue el comentario de un oficial del TIC a CIPER.
Pero el gran rumor que aún hace eco en el TIC y en otras dependencias de Carabineros es el incendio que se inició en la oficina del general Gabriel González Theodor el viernes 12 de octubre de 2012 y que incineró su computador y todos los archivos que allí mantenía. Todos los testimonios recogidos por CIPER hablan de un incendio intencional relacionado con las irregularidades del TIC y con la denuncia de sobreprecios a las compras del Plan Frontera Norte del Ministerio del Interior.
-El general González Theodor tenía negocios con el coronel Jorge Garrido Díaz, quién se entendió en muchas de esas compras con sobreprecios directamente con uno de los expulsados de la Subsecretaría del Interior: el abogado Baeza. Pero como González era el tercer hombre de Carabineros, nadie investigó lo del incendio –dijo a CIPER un general.
El coronel Jorge Garrido es el actual subdirector de Gestión, Control y Adquisiciones de la Dirección de Compras de Carabineros.
(NOTA DE LA REDACCION: José Miguel de la Cuadra, se desempeñó como jefe de la División de Convenios Marco de la Dirección ChileCompra hasta mayo de 2012, fecha en que dejó de trabajar para esa repartición).