“Llegamos a un punto donde se hace imprescindible revisar la institucionalidad de medición de la pobreza en Chile”

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TÓPICOS DE CONTROVERSIA TÉCNICA

Los tópicos de controversia técnica no están en el ámbito de competencia de la CEPAL en lo que dice relación con el vínculo que se establece con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para los efectos de elaborar las cifras de pobreza, por lo que la CEPAL no tiene responsabilidad en su diseño. Primero, el marco de muestreo, que sufrió una transformación importante en esta oportunidad. Ese marco que tradicionalmente es un marco de secciones pasó a ser un marco de manzanas en el área urbana, y también hubo criterios de estratificación que fueron modificados respecto de los que se venían utilizando en los años anteriores. Esto fue acompañado con el diseño y selección de la muestra, que también sufrió cambios importantes.

Los dominios de estudio, se cambió de comunas a regiones, y el tamaño muestral sufrió una alteración que no es menor: aumenta fuertemente la representación y el tamaño de las regiones extremas, hay una mayor proporción de la muestra total radicada en esas regiones y, súbito hoy, quisiera ilustrar eso, hay un cambio drástico en tamaños por regiones. Esto, y todo lo que viene, está cruzado por una consideración básica: poder evaluar el elemento de comparabilidad.

Es conveniente que podamos despejar si el nuevo diseño (de la muestra) no nos pone frente a un cuadro que estamos trazando bajo conceptos que están fuera de la comparabilidad estricta.

Todos los cambios que se introducen en esta o en cualquier otra encuesta, siempre están inspirados en mejorar la calidad de la revisión. De eso no hay duda. Siempre están inspirados en mejorar la calidad, en acercarse de mejor manera a la realidad. Pero genera una cierta tensión porque implica innovar, y la innovación puede llegar a los extremos en que haga incomparable la nueva medida con las anteriores. De lo que se trata es buscar un cierto equilibrio entre la innovación, el perfeccionamiento, la mejora técnica y no interrumpir las series, salvo de que estemos en presencia de alguna situación que lo haga obligatorio. Desde el punto de vista técnico, eso es de común ocurrencia, pero por lo mismo existen los mecanismos y las prácticas que nos permiten conocer el impacto de esos cambios y evaluarlos en el marco de la comparabilidad y, eventualmente, si se salen de aquel rango que uno puede considerar donde las viejas y nuevas cifras son comparables, establecer las medidas que nos permitan generar los empalmes correspondientes para que la nueva serie pueda conversar de alguna manera con la serie anterior. Esto es algo que en estadística y en economía estamos enfrentando cotidianamente.

No existe una fórmula matemática para establecer el tamaño de aquel intervalo en el que uno puede considerar que los cambios no afectan o rebajan la comparabilidad y, por lo tanto, no se puede colocar una cifra, la nueva, al lado de la antigua. Lo único que podemos hacer al respecto es contar con la mayor evidencia y trabajarla en detalle, con amplitud y profundidad, aplicarle un proceso de discernimiento y, en muchos casos, complementarlo con una dosis importante de sentido común. Por desgracia, a veces, el menos común de los sentidos. Pero claramente no hay una ciencia en la que nos podamos amparar para poder establecer cuáles son los contornos. Aunque con esos elementos, uno más o menos puede ilustrar lo que es un cuadro donde las diferencias son sustantivas y, por lo tanto, debiera considerarse cuando afecta la comparabilidad y cuando no.

Vuelvo sobre el tema. Decía que quería ilustrar cambios en los tamaños de muestra por región y que sería conveniente tener información que nos ilustre un poco más respecto del impacto que generan de cara a la comparabilidad. Si tomamos las regiones con menor pobreza del país, lo que vamos a ver es que, en general, esas regiones sufrieron un aumento en los tamaños de muestra que fueron muy considerables. 130% en Magallanes; 208% en Antofagasta; casi 300% en Tarapacá. Y hay una cierta correlación, aunque no tengo una hipótesis detrás de esto. Nada más es para llamar la atención de que es un tema que debiéramos explorar más en detalle. Cuando uno conecta estas regiones de menor pobreza con el mayor aumento proporcional en sus tamaños de muestra y el comportamiento de las tasas de pobreza, lo que se advierte es que en el período 2009-2011 hay 3,3 puntos porcentuales de caída en la pobreza en Magallanes, 0,5 puntos porcentuales en Antofagasta, 5,3 en Aysén, 2,7 en Tarapacá y 4,2 en Atacama. Tengamos como referencia por el momento que a nivel nacional, que constituye el promedio contra el cual contrastar el comportamiento de cada región, fue de 0,7. Entonces, cuando hablamos de estas cifras, estamos hablando varias veces por encima de lo que fue el comportamiento del resto del país y del promedio nacional en general.

Si revisamos las regiones con mayor pobreza, encontramos que hay un comportamiento inverso: ahí, los tamaños de muestra se redujeron de manera significativa. 42% en La Araucanía, 50% en Bío Bío, 32% en Valparaíso y 21% en Maule. Aquí tenemos un impacto sobre las tasas de pobreza que es algo más diverso, pero de cualquier manera se establece algún vínculo. No quisiera hablar de correlaciones, pero se establece un vínculo en que La Araucanía baja en 42% su tamaño de muestra y baja 4,2 la pobreza; también muy por encima de la caída promedio del país. Y en Maule pasa otro tanto: baja su muestra en 21% y reduce su pobreza en 4,5 puntos. Insisto: no hay hipótesis detrás de esto, pero es conveniente que podamos despejar si el nuevo diseño no nos pone frente a un cuadro que estamos trazando bajo conceptos que están fuera de la comparabilidad estricta.

El punto es que en esta oportunidad eso se consiguió parcialmente: hay una disminución de los tamaños de los márgenes de error en un grupo de regiones, básicamente respecto de 2009, no así de 2006, pero al precio de aumentar el margen de error a nivel nacional.

La alteración de los tamaños de muestra fue en función de mejorar la representatividad de las regiones. En estadística, eso en lo podemos traducir en términos de disminuir el error de muestreo o de mejorar la precisión de los indicadores a nivel de regiones. El punto es que en esta oportunidad eso se consiguió parcialmente: hay una disminución de los tamaños de los márgenes de error en un grupo de regiones, básicamente respecto de 2009, no así de 2006, pero al precio de aumentar el margen de error a nivel nacional. Y tenemos de 0,64 en 2009 a 0,81 en 2011, o incluso del 0,58 del 2006 al 0,81 en 2011 en la muestra comparable, que es lo que se denomina R2. Pero quizás también ahí uno tendría que repensar si se consiguieron a plenitud los objetivos buscados con este rediseño estadístico de la encuesta, que se tradujo en definitiva en cambios de los tamaños de muestra regionales.

Por último, está el tema de la ampliación del período de levantamiento, donde la encuesta tiene un tamaño mayor del que tenía los años anteriores, pero a condición de sumar las dos réplicas: la R1 y la R2. Pero como la R2 es aquella directamente comparable con las encuestas anteriores, lo que tenemos es una disminución del tamaño de muestra de 71.460 hogares en 2009 a 59.084 en 2011, una caída de 17,3%. Por lo tanto, lo que aquí procede es una evaluación de si de consiguieron con este rediseño los propósitos buscados y si el uso que debemos hacer de la suma de R1 y R2 está en línea con criterios que estén claramente establecidos. Ya el MDS ha dado alguna explicación al respecto, pero cuando uno lo pone en perspectiva hacia delante, quisiera tener una mayor claridad de cómo se va a usar la CASEN completa en el próximo año y el subsiguiente y de cómo va a empalmar aquello con las encuestas anteriores.

Déjenme redondear esta parte que es la más árida de todas –aunque la que sigue no lo es mucho menos– con algunas propuestas. En el marco de muestreo, divulgar los resultados de los diseños experimentales, porque es lo único que nos puede indicar si al pasar de secciones a manzanas hay un impacto significativo en los estimadores. Y eso está establecido, forma parte de las buenas prácticas. Y seguramente se hizo. No doy fe, porque no intervine en esa fase del proceso, pero seguramente se hizo y está documentado. Lo que sería recomendable a estas alturas y dado el debate que se ha establecido, es que sencillamente se transparente esa información y todos podamos sacar algunas conclusiones al respecto y no mantener las dudas que hoy pueden subsistir.

Lo que sería recomendable a estas alturas y dado el debate que se ha establecido, es que sencillamente se transparente esa información y todos podamos sacar algunas conclusiones al respecto y no mantener las dudas que hoy pueden subsistir.

Desde el punto de vista de la muestra, evaluar pormenorizadamente efectos de los cambios en tamaños de muestra regional. Los errores de muestreo: examinar ese trade-off entre el mejoramiento de la precisión regional y el deterioro de la precisión a nivel nacional. Esto no es menor, porque el país viene conversando hace dos meses no sobre lo que pasó en Novena Región, sino que sobre lo que pasó con la pobreza y la indigencia a nivel del conjunto del país, de manera de que ese indicador, al menos en el momento inicial, se convierte en el punto de referencia y uno quisiera saber cuál es la solidez con la que estamos refiriéndonos a él.

Y los errores de muestreo: mostrarlos. Ya se han mostrado. Hubo 0,7 como aproximación primera en términos de puntos porcentuales de la tasa de pobreza e incorporando el efecto de diseño, se habla de 0,80 ó 0,81. Pero el punto es que resulta paradojal o incluso cómico que tengamos al país conversando en torno a los márgenes de error cuando no se ha hecho una mínima pedagogía a ese respecto. También hay que asumir desde la óptica técnica una tremenda responsabilidad en función de que si vamos a incorporar en ese diálogo elementos que sin duda son muy relevantes para formarse un juicio sobre la solidez de los datos que estamos manejando una vez que se hacen de dominio público. Por lo menos inducir pedagógicamente a una mejor comprensión. Y eso surge de nuestra propia práctica, sin duda.

Por último, el tema de la réplica: evaluar el logro de los objetivos buscados, así como pertinencia de esos objetivos.

MODIFICACIONES AL CUESTIONARIO

Modificaciones se hacen siempre. A veces son más masivas; otras veces menos masivas. En el ámbito del módulo de ingreso de la CASEN 2011 se hicieron, a lo menos, y considerando sólo las modificaciones más relevantes, ocho cambios importantes. Me voy a referir a dos de ellos porque estamos apegados a la pauta de Dante Contreras: la Asignación Social (y23) y la pregunta nueva que se hizo sobre los ingresos laborales a los familiares no remunerados, desocupados e inactivos (y11).

Vamos a la primera.

1. Pregunta “y23”

La Asignación Social comenzó a operar en abril de 2011 y el cuestionario de la CASEN incorporó una pregunta para captar esa corriente de ingreso. La pregunta tiene un preámbulo que dice:

“Este subsidio consiste en entregar un pago mensual y otros pagos adicionales una vez al año, los cuales dependen del cumplimiento de compromisos familiares, como por ejemplo Control del Niño Sano, Escolaridad e Inserción Laboral de la Mujer”.

Dado que el bono de noviembre de 2011 debió ser objeto de un tratamiento distinto al resto de los que componen la Asignación Social, uno podría en ese momento haber incorporado la modificación del cuestionario e individualizar ese bono para permitir darle el tratamiento que correspondía después en el procesamiento de los datos.

Valga la aclaración de que entiendo que en ese momento, el término “otros pagos adicionales una vez al año” estaba más bien referido a una o dos componentes adicionales del paquete de bonos que comprende la Asignación Social y que ahora va a comprender el Ingreso Ético Familiar (IEF), que no son directamente lo que luego pasó a ser el bono anual de noviembre. Pero de cualquier manera contemplaba que el paquete completo de la Asignación Social tenía esta diversidad. Unos ingresos que se recogían de manera regular todos los meses y otros que eran esporádicos y que podían entregarse una vez al año o bajo circunstancias muy puntuales. A lo mejor una vez en la vida, pero que no eran regulares. Y la pregunta quedó formulada en estos términos:

“El mes pasado, ¿su grupo familiar recibió ingresos por este nuevo subsidio llamado asignación social?”

Y agrega algo que no es menor: “Solicitar ver liquidación de pago”. Es claro que la Asignación Social comprende un conjunto de bonos (el bono base, el bono por deber y el bono por trabajo de la mujer) y que se dio a conocer el 24 de octubre de 2011, con la CASEN ya en campo, un nuevo bono de $10.000 por cada integrante de la familia a ser pagado por única vez en el mes de noviembre, cuya cobertura se esperaba que fuera de 143.000 familias o núcleos familiares, o sea que del orden de 541.000 personas, las más vulnerables del país. Es cierto que la encuesta en su primera réplica (R1) ya estaba en campo, que corrió del 17 de octubre al 21 de noviembre. La segunda réplica (R2), aquella que es directamente comparable con los años anteriores, entraba recién a operar entre el 22 de noviembre de 2011 y el 22 de enero de 2012. Situado en ese momento, uno podría identificar a lo menos un par de opciones ex-ante de cómo encarar este cambio en la realidad. La primera: modificar y reimprimir el cuestionario para la R2, individualizando el bono de noviembre. Dado que ese bono debió ser objeto de un tratamiento distinto al resto de los que componen la Asignación Social, uno podría en ese momento haber incorporado la modificación del cuestionario e individualizar ese bono para permitir darle el tratamiento que correspondía después en el procesamiento de los datos.

También había una segunda opción: instruir a los entrevistadores de pedir que se excluya lo correspondiente a este bono. Se nos podrá ocurrir una tercera, una cuarta o una quinta, pero estas dos opciones ya ilustran que algo se podía hacer y que cualquiera que se tome tiene un costo –en el caso de la primera, un costo monetario; la segunda, el costo de que algo importante desde el punto de vista de los pobres y los indigentes deja de medirse, por lo que desconoceríamos el impacto que pudo haber tenido–, pero no se tomaron en cuenta estas opciones y se siguió adelante con el mismo cuestionario. No es algo en que la CEPAL haya tenido participación alguna.

En términos ex-post, frente al cuestionario tal cual quedó diseñado y en operación, teníamos tres opciones. La primera: mensualizar el valor total declarado por Asignación Social, que en rigor es lo que corresponde hacer sólo con la componente anual y no así con las mensuales, porque vamos a subestimar el ingreso mensual efectivo de los hogares. La segunda: no mensualizar ese valor, por lo tanto vamos a sobreestimar el ingreso, porque lo que hay que dividir no lo estamos dividiendo. Y la tercera: una opción más radical que es excluir la variable del todo, con lo cual subestimamos aún más el ingreso de los hogares.

Surgió una cuarta alternativa por sugerencia del MDS: imputar externamente el valor de cada bono según la composición del hogar. Nosotros sabemos cuáles son las condiciones de elegibilidad para acceder a cada tipo de bono y están todos en función de la composición de la familia: si acuden o no los niños a la escuela, si tienen su carné de salud al día, si hay una mujer que consiguió un trabajo, etc. Por lo tanto, si son informaciones que están disponibles en la CASEN, uno puede construir el perfil de quienes tienen potencialmente la condición para acceder a la Asignación Social. Pero en este caso, no se trataba del universo potencial, sino que se trataba de imputar a los que habían informado recibir Asignación Social, que se les modificara su valor en función de lo que debieron haber recibido. El programa quedó diseñado de esa manera. La CEPAL lo tomó y lo implementó. El problema es que los resultados no fueron los esperados.

Bajo cualquier apreciación técnica que se haga del resultado de la estimación de pobreza, el impacto de la “y23” cae bajo un margen que es absolutamente despreciable desde el punto de vista estadístico.

No nos permitieron desagregar el valor declarado, que es lo que uno habría deseado, sino que arrojaron resultados completamente distintos. El monto global se más que duplicó: fue entre 130 y 140% más alto que el que habían declarado los hogares. Y a su vez, prácticamente ningún registro reprodujo el valor declarado con el valor imputado, lo cual nos está dando la señal de que lo que se esperaba que recibieran no era lo que efectivamente estaban recibiendo. Aquí retomo aquello de la instrucción explícita al entrevistador de que no sólo preguntara por el monto, sino que además pidiera que le mostraran la colilla de pago. No habrá sido así en todos los casos, pero cabe esperar que en un porcentaje importante de casos, lo que se declaró fue efectivamente lo que se recibió y que estaba acreditado por esa colilla de pago. Por eso, uno habría esperado que la coincidencia entre valores imputados y valores declarados fuera a lo menos mayor, al menos en una proporción significativa. No sucedió.

No tenemos tiempo ahora para entrar en las conjeturas que pueden explicar esa disparidad, pero lo que es claro es que en el marco de la práctica habitual, y volvemos a tener la comparabilidad como referente, nunca se ha corregido ni la cobertura ni los montos de los subsidios sociales. No se hace para efecto de la construcción de la medida de pobreza. Sí se hace con propósitos analíticos posteriores, como por ejemplo para evaluar el impacto de los programas sociales, función clave de la encuesta CASEN. Pero no se hace en el marco del constructo de la medida de pobreza, por lo tanto tampoco procede hacerlo en esta oportunidad.

La encuesta tuvo una cobertura de la asignación social de 73 mil familias, en circunstancias de que según el registro administrativo se pagó a 143.000 en el mes de noviembre. Los montos declarados en la encuesta son de $2.439 millones, en circunstancias de que lo efectivamente cancelado son $10.128 millones. Estamos hablando de que en la encuesta, en los datos concretos con los que estamos operando, hay una tremenda subestimación, tanto de la cobertura declarante como en el caso de los montos declarados. El impacto que uno habría esperado que tuvieran la cifras de pobreza, el computar adecuadamente el bono y en particular el bono anual, no es el que se puede verificar en los datos de la encuesta. Ese impacto se redujo a 0,15 en la tasa de pobreza y 0,1 en la tasa de indigencia cuando excluimos completamente la variable. Si en vez de excluirla la dividimos por 12, baja levemente y queda en 0,3 en la tasa de pobreza y queda en 0,1 en la tasa de indigencia. Estaremos de acuerdo de que bajo cualquier apreciación técnica que se haga del resultado de la estimación de pobreza, esto cae bajo un margen que es absolutamente despreciable desde el punto de vista estadístico. No incide ni en la robustez ni en la precisión del dato: fuera de toda duda, en el contexto de hoy, está para ponerlo dentro del margen de error.

Nos enfrentamos a un cuadro donde, si no podíamos optar por el procedimiento más adecuado dentro de los disponibles, nos pareció que no mensualizar la variable no tenía un impacto de gravedad ni generaba una distorsión grave en el cuadro general que estábamos construyendo en materia de extensión de pobreza. Esa fue la decisión tomada a ese respecto y por esas consideraciones.

2. Pregunta “y11”

Que la pregunta respecto de los ingresos laborales a los familiares no remunerados, desocupados e inactivos es una pregunta nueva, no cabe duda alguna. Pero a lo que hay que responder en estos casos es si además se trata de ingresos nuevos. No basta con que la pregunta sea nueva, porque ya decíamos que estamos constante innovando en términos de cómo hacemos el cuestionario e innovamos porque aprendemos de cada nueva experiencia. Cada encuesta nos enseña algo respecto de qué funcionó bien y que no lo hizo, además de los famosos pre-test, etc. Y por lo tanto no aprender de esa experiencia para ir mejorando los instrumentos, sería bastante necio. El tema no está en si la pregunta es nueva, sino en que si lo que capta son ingresos nuevos.

No es claro qué pasa con los ingresos de trabajos regulares. Para la persona que hoy está cesante con referencia a la semana previa, el trabajo que le generó ingresos el mes anterior pudo haber sido un trabajo regular que se interrumpió ahí y que podría haber venido operando desde hace mucho tiempo, de manera tal de que si son ingresos originados en un trabajo regular, en principio no estarían captados en las encuestas previas y correspondería excluirlos.

Surge por disparidad entre el período de referencia para la ocupación y el período de referencia de los ingresos. A esta población, particularmente los desocupados e inactivos, no se les preguntan ingresos del trabajo porque ya tempranamente calificaron como no ocupados, y sólo a los ocupados se les pregunta por esos ingresos. Y la calificación de ocupados o no ocupados es con relación a lo que hizo la semana anterior. En cambio, los ingresos son consultados en relación a lo que hizo el mes anterior. Ese desfase puede permitir que un desocupado haya tenido ingresos laborales el mes anterior. Se recupera por la vía de esta pregunta. De hecho, esa es la inspiración de haberla incorporado. Lo que hay que resolver acá es si son ingresos nuevos.

Hay una parte de esos ingresos, por como está construido el cuestionario, que uno dejaría fuera de duda que ya estaban medidos antes, por lo que corresponde seguir midiéndolos ahora, que son aquellos que se originan en una actividad ocasional, porque ha habido siempre una pregunta sobre ingresos ocasionales y ahora se dice “pregúntelo acá”. Si ya lo respondió aquí, no lo incluya en la pregunta sobre ingresos ocasionales. Pero no es claro qué pasa con los ingresos de trabajos regulares. La persona que hoy está cesante con referencia a la semana previa, el trabajo que le generó ingresos el mes anterior pudo haber sido un trabajo regular que se interrumpió ahí y que podría haber venido operando desde hace mucho tiempo, de manera tal de que si son ingresos originados en un trabajo regular, en principio no estarían captados en las encuestas previas y correspondería excluirlos.

La pregunta se convierte en qué parte de los ingresos son ocasionales y qué parte no lo son. No hay cómo resolver eso con información explícita de la encuesta. Construimos un par de proxys: por un lado, si han trabajado antes o no. Pues bien, el 85% había trabajado antes, lo que ya supone una cierta habitualidad desde el punto de vista de la generación de ingresos laborales. No lo sabemos en referencia al mes anterior, pero es un Proxy. Y lo segundo, es si recibió ingresos por este concepto en cada uno de los tres meses anterior. Esta pregunta, lo mismo que la de los ingresos laborales para el resto de los ocupados, no sólo inquirió sobre el mes anterior, sino que también sobre los dos previos: mes -1, -2 y -3. Pues bien, respondió por ingresos en el -1, pero si también respondió por ingresos de esa naturaleza en el -2 y el -3, nos está dando la señal de que la actividad laboral es una actividad relativamente regular. Alrededor del 80% declaró ingreso de esta fuente en los tres meses anteriores. En función de esta evidencia, la CEPAL, en primera instancia, y por razones de comparabilidad, decidió no computar la variable y11 como parte de los ingresos del hogar para la medición de la pobreza. Esto es lo que se ha conocido como la primera entrega de la CEPAL al MDS.

Luego de esto, inmediatamente después, hubo una adición de información por parte del ministerio a través de una minuta donde hace referencia a los resultados del pre-test, que es siempre una instancia previa al inicio de la encuesta donde ya se tiene definido o predefinido el cuestionario y se prueban en campo ciertas cosas. El pre-test, en esta oportunidad, habría arrojado que esa componente de ingresos regulares habrían sido captadas regularmente en la variable “otros ingresos”. Y además, añade como argumento adicional, que en años anteriores hubo cambios similares en la encuesta, que se agregaron y desagregaron preguntas y que no se había objetado la comparabilidad.

Alrededor del 80% declaró ingresos laborales en los tres meses anteriores. En función de esta evidencia, la CEPAL, en primera instancia, y por razones de comparabilidad, decidió no computar la variable y11 como parte de los ingresos del hogar para la medición de la pobreza. Esto es lo que se ha conocido como la primera entrega de la CEPAL al MDS.

Esta información la sometimos a un reanálisis. A esa altura, presionados por los tiempos por la exigencia de divulgar prontamente los resultados de la encuesta, se levantaban ciertas dudas de por qué se estaba dilatando esa divulgación, por lo que uno no tenía toda la tranquilidad del mundo para operar como le habría gustado. No era un factor determinante, pero no quisiera que se dejara completamente desconsiderado. Como parte del análisis, uno puede desplegar lo que ocurrió con tres variables que alguna relación tienen con el problema a dilucidar, el de la nueva pregunta, el comportamiento de las remuneraciones por trabajos ocasionales, por otros ingresos y por trabajos antes del mes anterior. Lo que uno esperaría con las dos primeras, es que si componentes que eran parte de esas variables hoy están siendo captados a través de una variable independiente, hayan tenido un comportamiento marcado a la baja y que la magnitud de esa baja guarde alguna correspondencia con lo que estamos captando en la nueva variable. Si uno advierte los trabajos ocasionales, no baja, incluso sube: de $9.537 millones en 2009 a $10.377 millones en 2011. Uno podría decir que podría haber subido mucho más de no tener esta variable independiente. Perfectamente, pero no lo sabemos ni lo sabremos. Lo que sí hay es un indicio en términos de que no bajó, sino que tendió a subir. Por otro lado, los otros ingresos si bajó en el de 600 ó 700 millones de pesos. Lo que tenemos en contraste es que la nueva variable capta casi $25.000. Por lo tanto, no hay una correspondencia en los montos disminuidos en las variables anteriores con los montos agregados en la nueva variable. Y uno podría pensar y defender a partir de eso que la nueva variable está captando ingresos adicionales que no existían en el pasado, que no eran captados.

Si esto lo ponemos en correspondencia con los cambios operados particularmente en 2006 respecto de 2003, y que consistieron básicamente en desagregación de variables, podemos ver que siempre hay un impacto y que puede llegar a ser muy significativo con el sólo hecho de separar lo que en principio es una pregunta agregada y convertirla en una pregunta donde se identifica más específicamente cada corriente de ingreso. En 2006 se pasó de una a 13 preguntas en la “bonificación y gratificaciones”, por desagregación. Pues bien, el monto captado saltó de $18.000 millones a $95.000 millones. Y en “ingresos en especies” ocurrió algo similar: de dos a 11 preguntas y saltó de $9.451 millones a $31.247 millones. En esa oportunidad, el pre-test elaborado por Microdatos de la Universidad de Chile señaló explícitamente que este par de cambios no había tenido incidencia estadísticamente significativa. No hay una argumentación adicional, porque suele no incluirse dentro de la documentación, pero sí es explícita la conclusión de que con estas magnitudes no hubo un impacto significativo para la comparabilidad de los datos entre esos dos años.

Aun agregando estas seis décimas a la tasa de pobreza, estamos técnicamente dentro del margen de error, y por lo tanto una zona de ambigüedad desde el punto de poder afirmar concluyentemente que la pobreza tuvo una baja y que es estadísticamente significativa.

Esto se puede corroborar en que también desde el punto de vista de los respondentes hubo cambios muy significativos y la nueva variable, la y11, incorporó muchos más respondentes de los que teníamos antes en las dos variables anteriores. Pero eso también sucedió en los cambios de 2006 en relación a 2003, y en mayor magnitud de lo que uno puede advertir ahora. Lo que quiero concluir es que estamos frente a un cuadro donde no es tan trivial tomar la determinación de si esto es comparable o no, si esta variable del ingreso era o no medida antes. Hay una zona de ambigüedad. Uno está obligado por la información disponible a jugárselas. Si uno pone el cuadro en que incluir esta variable respecto de la situación original que la excluía tiene 0,6 puntos de incidencia en la tasa de pobreza y 0,4 puntos en la tasa de indigencia, la CEPAL decidió finalmente reincorporar esta variable como parte de los ingresos del hogar, porque teníamos a la vista este elemento: la tasa de pobreza de 14,4, después de incorporar la y11, tiene un margen de error que la desplaza dentro del intervalo 15,2 y 13,6. A eso hay que agregar que la tasa de pobreza de 2009 tiene un margen de error cuyo intervalo es 15,7 y 14,5. Aun agregando estas seis décimas a la tasa de pobreza, estamos técnicamente dentro del margen de error, y por lo tanto una zona de ambigüedad desde el punto de poder afirmar concluyentemente que la pobreza tuvo una baja y que es estadísticamente significativa.

Apelando a esa comprensión del resultado y a ese impacto de esa decisión, es que en definitiva la CEPAL tomó la determinación de incorporar esa variable, por cierto acompañada de la documentación técnica de toda la transparencia que comento en esta oportunidad. Nada de lo que he dicho ahora no se ha dicho en el informe que para el efecto elaboró la CEPAL y que entregó al MDS.

¿Se puede hacer algo a esta altura? Mi respuesta es afirmativa, con una precisión: hay una exigencia dado el compromiso de fe pública de ser extraordinariamente transparente con los antecedentes que se pongan a consideración de los técnicos y la sociedad chilena por lo alcances que ha tomado este debate: la CEPAL no pidió que le mostraran el informe del pre-test. Es cierto, no lo pidió. No me voy a explayar en las razones del por qué. No es habitual que la CEPAL le pida a los gobiernos frente a la información oficial ningún tipo de confirmación. Pero eso es la CEPAL. Desde el punto de vista de la sociedad chilena, lo que corresponde es dar la máxima transparencia. Debiéramos conocer muy prontamente ese informe del pre-test y que cada uno se forme el juicio en relación a si hay o no ahí evidencia concluyente que sugiera que la componente de ingresos regulares de la y11 efectivamente venía siendo captada en la variable “otros ingresos” en años anteriores. Pero agregaría una segunda cosa: tampoco la pedimos por la premura del tiempo, pero que ahora se podría hacer y que sería muy sano y recomendable tener esa evidencia adicional, y que la considero a priori mucho más robusta que las que nos pueda conceder el mismo pre-test. Y es volver a los cuestionarios de 2009: esos cuestionarios en la pregunta de “otros ingresos” incluye un campo adicional que dice” especifique”. Se pone una especificación a mano. El problema es que eso no se codifica. Pero dada la polémica actual y las dudas que han surgido al respecto, tenemos técnicamente la posibilidad de volver sobre una muestra de cuestionarios de 2009 y mirar si ahí se verifica que alguna de las componentes con alta frecuencia señala por los respondentes como parte de sus otros ingresos es precisamente que corresponde a los desocupados e inactivos por concepto de ingresos laborales. Tomará un poco más de tiempo, pero el país reclama más claridad y también para la serie de datos de la CASEN en adelante, necesitamos mayor robustez, mayor confiabilidad de lo que significa el 14,4 respecto del 15,0, lo que significa incluir o excluir esta variable en los ingresos totales del hogar.

Déjenme concluir este punto apelando a algo señalado en la nota técnica de la CEPAL:

“Se hace necesario insistir en que las mediciones de pobreza del tipo de las que se efectúan con la encuesta Casen tienen un nivel de precisión que está afectado tanto por la naturaleza muestral del relevamiento en que éstas se basan (errores de muestreo), como también por los supuestos y decisiones que es necesario adoptar acerca del tratamiento de los datos a lo largo del proceso de estimación. Todo lo cual le confiere cierta variabilidad a las estimaciones, que debiera ser tenida muy en cuenta a la hora de divulgar e interpretar los resultados.”

Llegamos a un punto donde se hace imprescindible revisar la institucionalidad de medición de la pobreza en Chile. Son muchas las razones, pero sólo esta polémica provee una que nos convierte aquel tema en insoslayable: hay que abordarlo y hay que abordarlo ya. No da para más.

Nos atenemos a eso. Hay un cierto margen donde opera la técnica. Hay un cierto margen donde en función de la técnica, tomamos las decisiones de cómo divulgar la información. Si estamos apegados a los límites que la técnica nos sugiere, tendremos una modalidad de poner en la conversación técnica los resultados de la encuesta. Si nos apartamos de eso, sin duda podemos generar algún grado de confusión. Lo que no quisiera que quedara bajo duda es que si la CEPAL, a la hora de tomar estas decisiones y de entregar los resultados, no fue suficientemente clara y transparente en el conjunto de consideraciones que debían ser tenidas en cuenta. No cabe duda a mi juicio, de que llegamos a un punto donde se hace imprescindible revisar la institucionalidad de medición de la pobreza en Chile. Son muchas las razones, pero sólo esta polémica provee una que nos convierte aquel tema en insoslayable: hay que abordarlo y hay que abordarlo ya. No da para más.

Hay muchas fórmulas que ya han entrado al debate. Se ha hablado de un INE autónomo y fortalecido. Ésta es una estadística pública. Le confiamos por ley toda la estadística pública al INE. No veo por qué ésta, con la sensibilidad que tiene, no va a caber también en el ámbito de aquel organismo que es el rector del sistema estadístico nacional. Pero se requiere que cumpla ciertas condiciones. Quizás debamos conversar sobre cuáles son y cómo implementarlas. Sería deseable que esa instancia fuera acompañada por alguna experticia por parte de algún comité externo. Y finalmente esto se enmarca en el código de buenas prácticas. América Latina acaba de aprobar, en el marco de la Conferencia Estadística de la CEPAL, un código de buenas prácticas como el del sistema Estadístico Europeo. Y muchos de los temas que hoy están en debate o bajo cuestionamiento sobre cómo han sido tratadas las informaciones de la CASEN en esta última ocasión, están regidas por esas buenas práctica. Se sabe qué hay que hacer y qué no. Basta con tenerlo como un referente explícito para garantizar que en el futuro podremos manejar mejor estos temas.

Desde el punto de vista metodológico también hay una frontera: no da para más seguir trabajando con la línea de los ’80. Eso está clarísimo. El país necesita hacer una actualización de esas líneas. Y no se trata sólo de actualizar los valores, sino que también modernizar el enfoque metodológico que hay detrás de eso. Debiéramos terminar con el ajuste a cuentas nacionales, incorporar las nociones de equivalencia o de economías de escala, etc. Hay una lista de cosas que forman parte de la modernización del método de medición de pobreza monetaria que el país viene utilizando. Pero además se debiera complementar esa mirada con otras: que el fenómeno de la pobreza es multifactorial, multidimensional, multicausal; lo sabemos. Por eso no se puede pretender que se deje atrapar única y exclusivamente por el comportamiento de los ingresos monetarios de los hogares. Es imposible. Está íntimamente vinculado con la condición de inequidad, de desigualdad distributiva. Hay que incorporar sin dudas medidas multidimensionales, como lo ha hecho ya la CEPAL para América Latina. También otros indicadores que den cuenta de la vulnerabilidad, de la exclusión, del bienestar subjetivo y la movilidad social, y por último, incorporar sistemáticamente en este debate que tiene por norte conocer mejor la realidad de pobreza en el país para poder actuar de manera más eficaz y eficiente en la superación de la pobreza, la mirada de los pobres.

La Fundación para la Superación de la Pobreza ha hecho un estudio pionero sobre voces de los pobres que tiene toda esa mirada que es fundamental que haga parte del diseño, la implementación e incluso la evaluación de las políticas sociales y en particular de las políticas antipobreza. No pueden estar fuera de la mesa. Hay instrumentalmente propuestas muy claras y validadas para que eso haga parte del sistema de información que el país construya para tener una capacidad mejorada e incrementada para actuar con buenos resultados en el ámbito de la superación de la pobreza.