Red de “trata de personas” para la prostitución operó durante nueve años en el corazón del barrio El Golf

El juicio por “trata de personas” que el pasado 20 de agosto apareció en todos los noticiarios de televisión, dejó nervioso al argentino Rubén Zapata Uribe. Las imágenes de las cuatro mujeres -dos dominicanas y dos chilenas- que fueron condenadas en el 4º Tribunal Oral de Santiago, le penaban a Zapata y a sus cuatro socios. Tenían razones para inquietarse. Se dedicaba al mismo negocio que las cuatro sentenciadas: comercio sexual de ciudadanas extranjeras. Y lo hacía en el corazón de uno de los barrios más exclusivos de la capital: El Golf.

A solo tres cuadras del recientemente inaugurado Costanera Center, a dos de la resguardada embajada de Israel y detrás de las embajadas de Costa Rica, Honduras, Guatemala y Haití, en la calle Helvecia 240, Zapata operó durante nueve años (desde 2003) su imperio de prostitución. Allí administró cuatro departamentos en los que llegó a tener una veintena de mujeres -argentinas, colombianas y ecuatorianas- trabajando para él.

Las protestas de sus vecinos (el edificio de Helvecia 240 es de uso residencial y tiene 140 departamentos), sus denuncias ante la policía y los tribunales, no lograron clausurar en casi una década el negocio de Rubén Zapata. Sólo podía ser acusado de facilitación de la prostitución, un ilícito que no se paga con cárcel. Si cerraban sus departamentos, a los pocos días volvía a operar. Chile era el paraíso de los proxenetas. Lo era, hasta la reforma de la Ley 20.507 sobre “trata de personas”, que ahora sí penaliza duramente el negocio de Zapata y bajo la cual fueron condenadas las cuatro mujeres que él vio en las noticias del 20 de agosto.

En la madrugada de este jueves 6, Zapata fue detenido -junto a otras cuatro personas- en el aeropuerto de Pudahuel. Había llegado hasta el terminal aéreo para embarcar a tres mujeres. Iban rumbo a México, donde Zapata pretendía abrir una “agencia”, como le llamaba en su círculo más cercano. CIPER rastreó la organización de Zapata desde fines del año pasado y esa investigación dejó en evidencia que el argentino había resuelto dejar Chile, un país que se había vuelto peligroso para él y sus socios con la reforma a la ley de “trata de personas”. Pero lo hizo tarde. Ahora arriesga una pena que parte desde los cinco años y un día de presidio.

LAS CHICAS DOMINICANAS

La reforma a la Ley 20.507 se concretó en abril de 2011. Debió pasar más de un año para que se aplicara en el primer juicio oral por comercio sexual con mujeres extranjeras. Fue en el caso de las dominicanas que Zapata vio en la prensa. Ese proceso aún está a la espera de que se dicte la pena para las cuatro condenadas, la que será comunicada el viernes 7 de septiembre.

La modificación legal aumentó las penas y tipificó como delito algo que no estaba especificado anteriormente, castigando el tráfico de personas incluso cuando las víctimas hayan dado su consentimiento para involucrarse en el negocio ilícito. Ahora, la norma considera que el “facilitador” se aprovecha de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima. La reforma también se hace cargo de un punto que en lo sucesivo evitará que Chile sea un paraíso para los proxenetas que ingresan extranjeras a prostituirse, pues castiga a aquellos que se asocien para reclutar, alojar, transportar y alimentar personas con el objeto de que participen en el comercio sexual, y los somete a penas efectivas de cárcel.

En ese primer juicio, la fiscal Carolina Suazo acusó a Gregoria Manzueta, Orquídea Ubiera, Alba Arancibia y Mariana Fuenzalida -las dos primeras dominicanas y las siguientes chilenas- de formar una organización ilícita para el tráfico de mujeres con el fin de prostituirse.

Según la fiscalía, estas personas se encargaron de traer a Chile a 14 dominicanas, montando una red de prostitución que operó, entre 2010 y 2011, en Santiago, Rancagua y San Antonio. Cuando en mayo pasado un grupo del OS-9, al mando de la capitana Mitza González, desbarató esta red, encontró a una joven dominicana encerrada con candado en el lugar donde se prostituía.

El tráfico con fines de “explotación sexual” es estadísticamente el más alto en lo que se refiere a “trata de personas”: 76 % de las víctimas de este delito en el mundo son reclutadas para prostitución, según cifras de Naciones Unidas. Este mercado negro involucra más de US$32 mil millones de dólares al año a nivel global. Es el tercer negocio ilícito que más dinero mueve, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas, de acuerdo con las estadísticas de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur).

UN NEGOCIO CON POCO RIESGO

Las bases del lucrativo e ilegal negocio que desarrolló Rubén Zapata en pleno barrio El Golf, fueron sentadas por su compatriota Luis Alejandro González, originario de Córdoba. González llegó por primera vez a Chile a mediados del 2003, venía acompañado de su pareja, también argentina, Malvina Soledad Serrano.

-Conocí a Malvina en Córdoba, trabajábamos en un bar nocturno. Pero la cosa no estaba bien. Ella me dijo que su pareja se venía a Chile a poner un negocio. Que aquí las cosas andaban mejor y que si funcionaba, ella me avisaba para que me viniera a trabajar. No habían pasado más de dos o tres meses y me llama Malvina y me dice que necesitan chicas, que si yo estaba dispuesta a venirme y si podía invitar a más chicas -contó a CIPER una mujer argentina que se prostituyó en la red que lideró González y que ahora trabaja en una tienda en Providencia.

Esta joven cordobesa fue una de las decenas de chicas trasandinas, colombianas, paraguayas y ecuatorianas, que Luis Alejandro González trajo a Chile. Su método era muy estudiado y luego lo imitaría, hasta en los más pequeños detalles, la organización de Rubén Zapata. González partió montando un estudio fotográfico en el departamento 603 de la calle Antonio Varas 1.377. Ahí hacía un “álbum” de fotos de las chicas, desnudas o semidesnudas, que después publicaba en Internet, ofreciendo sus servicios.

-La primera vez que salimos en la web éramos solo cinco chicas, pero Lucho nos hizo parecer que éramos como 20. Nos sacaron un montón de fotos. Trajo un amigo, que nunca supe su nombre, al que le decíamos el Pelao, porque era pelado, aunque joven. Él era fotógrafo profesional. Nos sacamos la ropa e hicimos unas con bombachas, otras sin nada, en algunas se veían nuestras caras y en otras sólo el cuerpo. A cada una nos daban un nombre de fantasía y salimos publicadas. Yo salí con tres nombres diferentes: Sandy, Bety y Mari -comenta la joven cordobesa.

Esta primera organización se instaló en Providencia. Malvina Serrano, la mujer de Luis González, administraba el negocio: manejaba el celular al que se contactaban los clientes, cobraba y se encargaba del lugar donde operaban, Ricardo Lyon 1.516, departamento 22.

-Pronto el local nos quedó chico y muchos vecinos se quejaban, así que nos cambiamos a una casa que arrendó Lucho en calle El Vergel. El local se llamó “La Mansión” -recuerda la muchacha que trabajó para González.

Luis Alejandro González fue investigado por el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Oriente por lavado de dinero y trata de personas con fines de explotación sexual. El interés de Impuestos Internos se debía a que el negocio le estaba proporcionando ingresos a sus cuentas bancarias entre $14 y $18 millones semanales, dineros que no declaraba. Pero cuando llegó el momento de involucrarlo directamente en el tráfico de personas para fines de explotación sexual, faltaron pruebas. Las jóvenes estaban instruidas para que, ante un allanamiento a la “La Mansión”, declararan que habían llegado a Chile por su propia voluntad y que tenían libertad de movimientos. Antes de la reforma a la Ley 20.507 bastaba con eso para que el proxeneta librara de la justicia.

González se vio obligado a abandonar el país después de que el OS-9 descubriera a una menor de edad ecuatoriana en “La Mansión”:

-La mayoría de las chicas quedamos en la calle y tuvimos problemas para volver a Argentina, porque nos pagaba cada 15 días y cuando Lucho se fue no teníamos plata -contó una de las mujeres desde Córdoba, en un contacto telefónico con CIPER.

“La Mansión” fue clausurada y González nunca fue a prisión. Hoy sigue en calidad de prófugo e Impuestos internos no alcanzó a congelar las cuentas donde almacenaba sus ganancias. Ahora, con la reforma a la ley sobre “trata de personas”, a su heredero, Rubén Zapata, no le fue igual.

EL PRONTO RELEVO

Rubén Zapata Uribe, sin profesión conocida, tiene residencia en Chile desde 2003. Al principio su rol se limitaba a proveer de mujeres extranjeras para el negocio de Luis González. Una vez que éste escapó de Chile, Zapata aprovechó sus contactos y se quedó como único jefe de la red. Uno de sus cómplices es Juan Córdova Morales, quien trabajaba antes con González.

La pareja de Córdova, Erika Pérez Ponce (38), era administradora de Central Suites, un apart hotel que funcionaba en dos pisos del edificio de Helvecia 240. Antes de que Zapata tomara el control del negocio, los vecinos del inmueble ya habían hecho denuncias en el Juzgado de Policía Local de Las Condes por desorden, malas prácticas de convivencia y uso clandestino de esos departamentos para el comercio sexual.

Rubén Zapata arrendó dos de los 12 departamentos que tenía a su cargo la pareja de Córdova. Ambos en el 6º piso (603 y 610). Luego reclutó a las chicas cordobesas que habían quedado dispersas después de la fuga de González. La investigación policial determinó que George Andrés Pool Varela y su pareja L.M.C., se encargaron de la administración de los departamentos de Zapata. Ellos cobraban a los clientes y pagaban a las mujeres. Pool Varela, además, traía chicas desde el extranjero. A los pocos meses, arrendaron dos departamentos más, esta vez en el 7º piso (705 y 706). De esa manera, se inició el calvario de las familias que vivían en el edificio, las que se habituaron a soportar ruidos, juergas, peleas y el tránsito permanente de extraños día y noche.

“MI HOGAR SE VOLVIÓ UN PROSTIBULO”

-Mi mujer heredó el departamento y cuando tuvimos a nuestro tercer hijo, decidimos irnos a vivir ahí. Llegamos en 2004 ó 2005. Empezamos a escuchar quejas de otros vecinos, porque durante el día y sobre todo por la noche, entraba mucha gente ajena. Decían que algunos departamentos se usaban para prostitución, como motel -cuenta uno de los residentes, quien pide la reserva de su identidad por temor a represalias.

El mismo vecino dice que se hizo una reunión y se decidió estampar una denuncia en el Juzgado de Policía Local, pero las cosas siguieron igual.

-En febrero del 2008, en el departamento de arriba, empezaron ruidos día y noche. Lo había arrendado un argentino. Una vez subí y lo enfrente, pero me cerró la puerta en la cara y no le importó que llamara a Carabineros. Cuando llegaron los policías no pasó nada, porque después me enteré que los porteros les habían avisado y se habían cambiado de departamento –agrega el mismo vecino.

Después de ese episodio, él y su esposa recibieron amenazas de parte de “la mafia de los argentinos”, como la llaman en el vecindario. Al final, por temor, como muchos otros vecinos, decidieron mudarse. En 2010 pusieron el departamento en arriendo. Poco después, descubrió que su corredora de propiedades lo había alquilado al mismo argentino y que su antiguo hogar estaba convertido en un prostíbulo.

Otro vecino relató a CIPER que en 2006 “un cliente salió sin pagar y con un cuchillo que traía escondido, un corvo enorme, amenazó a la prostituta e incluso al portero. Ahí hicimos otra denuncia y llego hasta la PDI. Comenzó una investigación que duro varios meses y terminó con un allanamiento a los pisos denunciados. Fueron clausurados. Pero no pasaron ni cinco días y ya estaban funcionando nuevamente”.

CIPER constató que las denuncias siguieron sumándose en el Juzgado de Policía Local sin resultados. Incluso todo siguió igual cuando en 2010 Carabineros allanó un departamento del tercer piso, por una investigación de “trata de personas” que llevaba la Fiscalía de Las Condes, y una joven argentina se lanzó por la ventana, lo que le provocó una fractura expuesta en una pierna.

Un año antes, en 2009, la comunidad había hecho una nueva denuncia ante el Juzgado de Policía Local (Rol Nº 78.482-10.2009), confiada en que sería acogida. Aportaron pruebas irrefutables, como grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban el inusual tránsito de personas ajenas al edificio, y fotocopias del libro de visitas (registro obligatorio para todos los que ingresan). La resolución del juez del Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, Alejandro Cooper Salas, rechazó la denuncia “al no haber sido acreditados los hechos que le sirven de fundamento”. El magistrado ordenó el archivo de los antecedentes.

El abogado de la comunidad, Jaime Barros, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando que el juez Cooper ignoró pruebas que debiesen haber dado curso a la denuncia. El 23 de enero de este año, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones aceptó el recurso, revocó el fallo de Cooper e impuso a cada uno de los denunciados una multa de tres Unidades Tributarias Mensuales ($118.710). También dictó una orden a Carabineros para que llevara “una estadística sanitaria en el inmueble” e impidiera “que en ese lugar se puedan agrupar prostitutas, debiendo clausurar esos sitios, además de denunciar esas infracciones al juez letrado en lo civil de mayor cuantía”.

A pesar de que esta resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago fue dictada en enero de este año, el negocio de los prostíbulos siguió funcionando. Hasta la madrugada de este jueves 6 de septiembre, cuando el jefe de la red, Rubén Zapata, fue detenido y los departamentos allanados.

EL GOLPE FINAL

Un mes antes de la resolución de la Corte de Apelaciones, CIPER ya estaba investigando los pasos de esta organización. A la luz de la reforma a la Ley 20.507, promulgada en abril del año pasado, ya no era sólo un caso de facilitación de la prostitución, sino de “trata de personas”. Así lo dejó en claro también el abogado Barros en su presentación ante el tribunal de alzada.

El viernes 2 de diciembre pasado CIPER siguió los movimientos del argentino Rubén Zapata, quien se desplazaba en dos vistosos vehículos de su propiedad: un Mazda 3 y un Audi A3. Ese día salió del estacionamiento de Helvecia 240 a las 15:20, conduciendo el Audi y acompañado de una mujer. Se dirigió al Terminal de Buses Sur. Allí esperó un bus procedente de Mendoza y recogió a una pasajera joven, morena, que llevaba un bolso y una maleta. La llevó a almorzar a la Piccola Italia (Las Condes 11.070) y luego la dejó en el edificio de Helvecia. Esa misma noche, la joven ya estaba disponible para ofrecer servicios sexuales en el departamento 606.

El martes 13 de diciembre, CIPER fue testigo de la llegada de otras dos jóvenes argentinas -E.Y. y M.D- que venían a trabajar para Zapata. Llegaron al mismo terminal de buses, también desde Mendoza. Sus boletos fueron comprados por Martín Saldívar, argentino, quien oficiaba de chofer y “protector” de las jóvenes prostitutas cuando éstas prestaban servicios a domicilio. Saldívar llevó a las dos chicas desde el terminal al edificio de Helvecia, subiendo con ellas hasta el departamento 610.

Tal como lo hacía su antecesor y coterráneo Luis González, Zapata también dispuso que un fotógrafo hiciera un set de imágenes de las chicas. La sesión se realizó a los pocos días de la llegada de las jóvenes y las fotos se publicaron a lo menos en cinco páginas web que ofrecen servicios sexuales. Las ciudadanas argentinas Susana Potschka y Wilma Pitra, contestaban los celulares que aparecían en Internet, agendaban los contactos con los clientes y llevaban el registro de lo recaudado. Susana Potschka fue detenida junto a Zapata: uno de sus celulares aparecía en tres páginas web asociados a los servicios sexuales ofrecidos por Anaiz, Moira, Yanina, Marianita e Isidora (todas argentinas), además de Almendra (ecuatoriana).

Zapata fue arrestado finalmente por el OS-9 junto al chileno Juan Córdova y las argentinas Susana Potschka, Wilma Pitra y Nadia Rolfo. Al momento de su aprehensión, se allanaron 13 inmuebles y se logró detectar a 21 mujeres (cinco argentinas, cuatro colombianas, una venezolana, una ecuatoriana y diez chilenas), las que eran explotadas por la red de Zapata.