Los dineros que el abogado Raúl Urrutia vio salir en sus 49 días como rector de la UDM

Vea la primera parte de esta investigación: Cómo lucraron los dueños de la Universidad del Mar (I)

Una forma de entender gráficamente cómo circulaba el dinero entre la Universidad del Mar (UDM) y algunas de las 85 sociedades detectadas por CIPER, es revisar parte de la experiencia vivida por el abogado y ex presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, durante los 49 días que estuvo en la rectoría de esa entidad.

“¡49 días!”, repite Urrutia cada tanto, aún sorprendido de cómo terminó todo. Dice que asumió el cargo (el 10 de abril de 2012) entusiasmado con el desafío de levantar la UDM, pero que rápidamente notó que nada era como parecía. Los fondos que reunía para sanear las cuentas de la universidad eran absorbidos rápidamente por una red de tuberías que no lograba dimensionar, aunque intuía que al final de la maraña siempre estaban los socios fundadores: Sergio Vera, Raúl Baeza, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga, quien renunció al control de la universidad cuando asumió Urrutia.

Refiriéndose al corazón de todo este andamiaje, a la universidad misma, el ex rector precisa: «Había una cáscara que parecía sólida, por eso acepté el puesto. Pero adentro estaba todo en el suelo: financiera y académicamente».

En el ámbito financiero Raúl Urrutia explica a CIPER que apenas tomó posesión del cargo comprobó que las leyes sociales no canceladas ascendían a $600 millones. Decidió entonces suspender los pagos de arriendo, en el entendido de que los dueños de la universidad podrían esperar.

Sergio Vera insistía, sin embargo, en que se cumpliera con el pago de los arriendos. Sobretodo presionaba por el dinero de la sede de Reñaca que la universidad pagaba a dos sociedades (Inmobiliaria del Mar e Inmobiliaria Rancagua) controladas hasta hoy por los cuatro fundadores. Estas sociedades, a su vez, tenían compromisos financieros con Seguros Vida Security Previsión S.A.

Uno de los argumentos que usaba Vera para insistir en el pago de arriendos era que en la universidad había muchos recursos, por lo menos $400 millones fácilmente disponibles. Urrutia le dijo que eso le parecía una gran noticia y pidió reunir esa suma pues no contaba con dinero para el cancelar los sueldos de mayo. Fijaron el 24 de mayo para realizar el ejercicio contable. En la mañana le mostraron por primera vez el presupuesto y Urrutia observó una pérdida para 2012 de unos $3.500 millones, «lo que no me pareció mucho para mis expectativas», explicó a CIPER.

Dejaron para la tarde la tanda de llamados telefónicos, sede por sede, para reunir los millones que se usarían para cubrir los sueldos. «Quedamos de juntarnos a las 18:30. Pero no llegó Sergio Vera ni los otros socios. Con personal de administración logramos determinar que sólo había $6 millones: de los cientos que iban a aparecer encontramos sólo seis”, narró Urrutia a CIPER.

Al día siguiente, el viernes 25 muy temprano, Urrutia mandó un correo a Villaseñor, Baeza y Vera expresándoles que en su condición de dueños debían depositar $ 400 millones para cumplir con las remuneraciones del personal. No recibió respuesta de ninguno. Para peor, el único email que le llegó fue el de Security Previsión S.A. que le exigía el pago del arriendo de Reñaca. Cuando el rector contestó que lo debían esperar pues no había dinero, el representante del Security respondió que según Sergio Vera, sí había dinero en la universidad y era por «capricho del rector» que no se autorizaban los pagos. Raúl Urrutia comprendió que ya no le quedaba nada que hacer ahí.

-De inmediato renuncié telefónicamente. La carta la presenté el 29 de mayo de 2012.

EL PESO DE LA SEDE REÑACA

Que el quiebre final de Raúl Urrutia haya sido a raíz de la sede de Reñaca, no es irrelevante. Dentro del complejo entramado de sociedades que sacan recursos de la UDM, Reñaca es una de las tuberías más gruesas.

La UDM arrienda el inmueble de Reñaca en 4.000 UF ($90.400.000 aproximadamente) a las sociedades ya mencionadas: Inmobiliaria del Mar e Inmobiliaria Rancagua, cuyos dueños son los citados Baeza, Zúñiga, Vera y Villaseñor (Ver infografía). Pero la propiedad no les pertenece. Actualmente el Campus Reñaca es de la compañía Seguros de Vida Security Previsión S.A. Los fundadores se lo vendieron en junio de 2010 a través de lo que parece una operación de leasback por la que recibieron $6.000 millones.

El leasback es una herramienta financiera que consiste en que la empresa le vende al banco un bien y consigue así dinero fresco. La característica del leasback es que la empresa puede seguir usando esos bienes mientras paga mensualmente las cuotas al banco. En la última cuota, que es la más cuantiosa, la empresa tiene, además, la opción de recomprar el bien que ha vendido. Debido a que el banco sólo compra a un 90% del valor del bien y a que los intereses son altos, el leasback es una forma de financiamiento cara, que sólo se justifica en momentos de apuro o ante la perspectiva de negocios de muy alta rentabilidad.

«La UDM gasta sólo en el arriendo de Reñaca $1.084.800.000 al año, que equivalen a la tercera parte de todo lo que recibió en 2011 gracias al Crédito con Aval del Estado (CAE)»

Las sociedades que recibieron el dinero del Security deben pagarle mensualmente UF 2.000. Pero –como se dijo- le cobran UF 4.000 a la universidad. Eso significa que los controladores de la UDM están recomprando el inmueble de Reñaca con recursos de la universidad. Peor aún, la UDM está pagando el equivalente a comprar dos terrenos como el que ocupa, pero no se queda con ninguno.

Con esa extraña forma de administración la UDM gasta en el arriendo de Reñaca $1.084.800.000 al año, que equivalen a la tercera parte de todo lo que recibió en 2011 gracias al Crédito con Aval del Estado (CAE). Hay que señalar, además, que según datos obtenidos por CIPER, aunque el banco prestó $6.000 millones por ese campus a las sociedades de los controladores, la edificación fue avaluada por el fondo de inversiones Southern Cross en $10 mil millones.

ASOCIACIÓN ILÍCITA

Fue en la sesión de la junta directiva de la UDM del 8 de mayo que Raúl Urrutia intentó cerrar otra gran cañería que se llevaba recursos de la UDM.
En un momento clave de la reunión Urrutia -que ya llevaba 30 días en el cargo- pidió que la UDM se querellara contra “Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa Ltda. y todos los que resulten responsables» por lo que llamó “asociación ilícita en perjuicio de la universidad”.

La Inmobiliaria Doña Teresa (como se explicó en la primera parte de este reportaje) le arrendaba a la UDM el inmueble donde funcionaba su sede de Iquique. En 2006 subió el arriendo de UF 1.000 a UF 1.700 (de $22 millones a $38 millones aproximadamente) y el entonces rector de Iquique, José Daniel Greenhill, aceptó el aumento y firmó el contrato.

¿Por qué Urrutia alegaba “asociación ilícita”? Porque Greenhill era uno de los dueños de Doña Teresa (a través de la sociedad Aula XXI). Esto significa que la cuantiosa alza que Greenhill suscribió como rector lo beneficiaba como propietario del inmueble. Pero eso no era todo. Dos de los dueños de la Universidad del Mar (Baeza y Zúñiga) también eran socios de Doña Teresa.

Es decir, ese 8 de mayo, cuando Urrutia pidió al directorio que defendiera judicialmente los intereses de la universidad, lo que estaba haciendo era intentar que los socios Vera y Villaseñor se querellaran contra Baeza y Zúñiga.

La arriesgada jugada de Urrutia tenía un buen motivo de fondo. En 2008, Doña Teresa había demandado a la universidad por el no pago de arriendo (por un monto total de 20 mil UF) y logró que los tribunales embargaran las cuentas corrientes. Debido a eso, todos los recursos que entraban a la Universidad del Mar terminaban en manos de los controladores de Doña Teresa.

-Ya habían embargado $600 millones cuando fui al directorio a pedir la querella. Plata que llegaba a la universidad, la tiraban a ese juicio y la sacaban. Me parecía que con ese aumento de 1.000 UF a 1.700 UF, y con la demanda y el embargo estábamos en el fondo ante una asociación ilícita en perjuicio de la universidad –afirmó Urrutia a CIPER.

El directorio votó y la querella fue aprobada por mayoría. Los representantes de Baeza y Zúñiga se abstuvieron. “Se dio instrucciones al abogado de la universidad, Carlos Zelada, para que presentara la querella, pero no lo hizo”, explica Urrutia. Nunca supo por qué.

Al cuestionable arriendo de la sede de Iquique se agrega otro acuerdo perjudicial para la UDM que involucra a la misma Inmobiliaria Doña Teresa. Se trata del arriendo del local donde funciona la sede de Calama de esta universidad. Según datos recogidos por CIPER, hasta comienzos de este año, Doña Teresa le cobraba a la universidad más de $10 millones mensuales de arriendo. Pero la inmobiliaria no era la dueña del terreno sino que hacía de intermediaria entre la universidad y su real dueño a quien le pagaba $ 2 millones 700 al mes. Es decir, mensualmente Doña Teresa sumaba a sus arcas $ 8 millones solo por intermediar. Al descubrir esta situación, Urrutia hizo lo que cualquier responsable de la salud económica de la universidad habría hecho: negoció directamente con el dueño del terreno, sacó de en medio a Doña Teresa y el arriendo de Calama bajó en $ 8 millones.

Dedicarse a cerrar las llaves por las que los socios bebían de la generosa fuente que era la UDM ayudó a que el rector durara tan poco tiempo en su cargo.

EL SECRETO DE LOS HONORARIOS

Otra llave que Raúl Urrutia cerró de golpe fue el pago de honorarios. El dato se lo dio en el casino un funcionario que estaba convencido de que Urrutia quería sacar adelante la universidad. «Mire los honorarios, por ahí se va la plata», le susurró. Urrutia pidió la nómina. Había cuatro mil personas retribuidas mediante honorarios. Pidió el desglose de los 50 más grandes:

-Ahí estaban Mauricio Villaseñor y Sergio Vera. Me acuerdo que allí figuraba que Raúl Baeza, el año anterior, había sacado $130 millones por honorarios de Uglobal (una empresa ligada a la UDM que ofrece cursos de elearning sobre todo en Ecuador y Bolivia). También estaba Héctor Zúñiga con $70 millones –explicó Raúl Urrutia a CIPER.

«Entre los altos honorarios mensuales que detectó Urrutia estaba Jovanka Sapunar, la segunda esposa de Sergio Vera. Trabajaba media jornada en Finanzas y ganaba $6 millones: $2 millones por contrato y $4 millones más a honorarios.»

Urrutia ordenó que en adelante no se cancelaran más honorarios sin que él lo autorizara. Recuerda que entre los beneficiados con estos dineros había personas que no podía identificar como trabajadores de la universidad. Por ejemplo, un arquitecto de apellido Olavarría que había recibido $60 millones. Preguntó de qué se trataba. Le dijeron que había hecho trabajos en la sede de Copiapó. Urrutia llamó al rector de esa sede para averiguar el motivo del pago. “El rector me dijo: ‘yo pagué porque me dijeron que pagara’”, recuerda Urrutia.

Entre los altos honorarios mensuales estaba también Jovanka Sapunar, segunda esposa de Sergio Vera. Trabajaba media jornada en Finanzas y ganaba $6 millones: $2 millones por contrato y $4 millones más a honorarios.

-A ella y a varios más les bajé sus remuneraciones. Por ahí se iba mucha plata de la universidad -relata Urrutia.

En ese contexto no resulta extraño que, según la información recabada durante meses por CIPER, los costos de docencia de toda la Universidad del Mar (entre contratos, honorarios reales y honorarios inflados) ascendieran, en el momento en que Raúl Urrutia renunció, a $1.600 millones mensuales.

¿QUÉ PASÓ CON LA ACADEMIA?

Debajo de esta danza de millones, está el nivel académico de la universidad. La calidad de la educación que se imparte en la UDM. Las críticas al respecto se han ido acumulando desde hace años. La primera luz de alerta la dio el doctor Francisco Acevedo que en 2003 recibió de parte de los socios fundadores el encargo de materializar uno de los planes más ambiciosos de esa casa de estudios: crear una Facultad de Medicina en la sede de Viña del Mar. En 2007, Acevedo renunció a su cargo y envío cartas a las autoridades de gobierno de Salud y Educación acusando en esencia que la formación de Medicina que impartía la UDM no cumplía estándares mínimos. La culpa, dijo, era el desvío de fondos.

-En una de mis denuncias dije que los alumnos pagaban cerca de $800 millones al año en aranceles mientras la universidad gastaba en esa carrera cerca de $400 millones. Los otros $400 millones no sé a dónde iban –contó a CIPER.

Ese tipo de administración, agregó el doctor Acevedo, producía un resultado obvio: mala calidad formativa. En una carta que envió a la Asociación de Facultades de Escuelas de Medicina dijo que los alumnos de quinto año de Medicina de la Universidad del Mar (de la sede Reñaca) “no han asistido nunca a un parto ni a una actividad quirúrgica mayor; no han tenido actividad académica práctica de oftalmología, dermatología, traumatología ni salud mental”.

-¿Esas carencias se deben a la falta de recursos?
Absolutamente.

-¿Usted les explicaba a los socios de la Universidad cuál era la situación de los egresados de Medicina de Viña del Mar?, ¿les decía que su falta de formación podía resultar hasta peligrosa?
Así es. Y Sergio Vera contestaba que no había más recursos. Pero la verdad es que sí había recursos. Yo los veía cambiar su auto Mercedes cada tres meses. Y a los otros no les iba mal. Héctor Zúñiga, que hace 25 años era el piloto de El Argonauta (un barco que hacía turismo en la bahía de Valparaíso), tiene ahora un palacio en un terreno de más de dos hectáreas en Reñaca. Zúñiga fue el rector durante mucho tiempo. Ninguno de ellos pueden decir que no hay plata.

Una opinión similar expresó a CIPER el sucesor de Acevedo en la Facultad de Medicina de la sede de Viña, el doctor Néstor Irribarra. Explicó que en 2010 le pidió al entonces rector de la universidad Héctor Zúñiga, recursos para apoyar a los alumnos en la preparación de la prueba Eunacom, que mide los conocimientos de los egresados de Medicina y que es la vía para poder trabajar en el sistema público. En 2010, de los 50 alumnos que dieron el examen, 24 lo reprobaron (48%).

-Héctor Zúñiga me contestó que no autorizaría esos recursos porque estimaba que el Eunacom era un asunto que sólo interesaba a los alumnos. Dijo que la universidad cumplía con los jóvenes entregándoles la formación médica universitaria, y era responsabilidad de ellos aprobar el examen. Su idea era que si salen bien, es una ganancia para ellos; y si salen mal, es una pérdida para ellos –contó Néstor Irribarra a CIPER.

Raúl Urruia tuvo la constatación de que el problema de la mala formación académica persistía en mayo de 2010, cuando al final de una jornada extenuante intentando encontrar recursos para mantener funcionando la universidad, la presidenta del Centro de Alumnos de Medicina le pidió una reunión urgente. La joven le contó que las dos mejores estudiantes de la carrera de Medicina de la UDM habían vuelto llorando del internado que realizaban en el Hospital de Peñablanca. Decían que al trabajar en el hospital se habían dado cuenta que no sabían nada, que los estudiantes de otras universidades privadas las habían ayudado porque ellas no tenían los conocimientos básicos.

El relato de las estudiantes se sumó a otros antecedentes académicos que había recopilado Urrutia y que lo llevó a postular que la UDM, cuya acreditación vence en 2012, no intentara reacreditarse. Pensaba que la universidad debía fortalecerse primero, salir de la crisis que estaba viviendo. Pero eso era cerrar una llave clave para los controladores: el ingreso seguro de los fondos del Crédito con Aval del Estado (CAE), que en 2011 le permitió a la UDM recibir $3.392 millones (por el CAE que recibieron 1.993 alumnos, que equivale al 10% del total de los alumnos de la UDM y al 2,1% de todos los universitarios beneficiados con el CAE en 2011).

LA ACREDITACIÓN

El sistema de acreditación que le permitió a la UDM acceder al CAE ha sido seriamente cuestionado como un mecanismo en el que las universidades se visan unas a otras usando a los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), los que eligen ellas mismas. (Para más detalle lea en CIPER “Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades”).

La primera evidencia concreta de que eso ocurría, sin embargo, apareció recién en enero de este año cuando CIPER dio a conocer un contrato que firmó la Universidad del Mar con el presidente (s) de la CNA, Eugenio Díaz.

«En 2005, de los 1.571 profesores que tenía la UDM el 71,8% trabajaba menos de 20 horas semanales. Es decir, eran “profesores taxi”. Esa proporción ha seguido creciendo. En 2011, el 83,7% están en esa categoría.»

Actualmente la Fiscalía Oriente reúne pruebas para mostrar la existencia de los delitos de negociación incompatible y cohecho en ese contrato donde Díaz se compromete a asesorar a la universidad para que logre acreditarse. Pero antes de que la justicia falle, el sentido común indica que cuando pagamos a una autoridad para que nos ayude a pasar una prueba donde esa misma autoridad debe fiscalizarnos, estamos ante un acto ilícito.

Para entender la relevancia de esta investigación judicial, donde se juntan el lucro y la mala calidad educativa, hay que retroceder un poco. Como se relató en la primera parte de este reportaje, entre 1993 y 1997 la UDM tuvo un crecimiento frenético tanto de sedes como de alumnos. Lo logró gracias al proceso de autonomía que una vez obtenido les permitía a las universidades privadas hacer todo lo que estimaran conveniente en términos de programas, contratos de profesores, aperturas de carreras y sedes.

Así, universidades como San Sebastián, Las Américas, Andrés Bello, Gabriela Mistral, Autónoma aplicaron la misma estrategia, ante una autoridad que deseaba el desarrollo de estas instituciones.

Pero las universidades no se desarrollaron como se esperaba. Al igual que la UDM, muchas crearon una tupida red de sociedades inmobiliarias y de servicios, por donde fueron sacando ganancias de un negocio en donde la calidad de la educación fue en desmedro del giro financiero principal. Cuando las autoridades se dieron cuenta del desastre, estas instituciones eran ya enormes entidades extendidas por todo el territorio, educaban a decenas de miles de jóvenes y empleaban a otros tantos miles de profesores. Y tenían poder.

Así lo explicó a CIPER Gonzalo Zapata, sociólogo de la Facultad de Educación de la Universidad Católica: “En los ‘90 la explosión de carreras fue extraordinaria: se pasó de tres mil a siete mil en todo el sistema de educación superior. Recuerdo casos de instituciones que al día siguiente de obtener su autonomía reducían su planta de docentes. El Ministerio de Educación hizo una consulta nacional en las universidades manifestándoles que venía un problema muy complejo en el que se entregarían autonomías sin regulación. Los privados respondieron que no querían regulación”.

Pero algo había que hacer. En 2003 el gobierno de Ricardo Lagos decidió discutir en el Congreso un sistema de acreditación. Como no se podía obligar a las universidades a someterse a un nuevo examen, se optó por incentivarlas ofreciéndoles el Crédito con Aval del Estado (CAE): dinero fiscal para que estudiantes pobres estudiaran en el sistema privado. Si las universidades querían acceder a esos recursos debían acreditarse.

Para la UDM el incentivo no pudo llegar en un mejor momento. Su modelo de crecimiento había empezado a hacer agua al menos desde 2006. La precariedad financiera de los alumnos era uno de los ejes del problema. También su débil formación escolar. Según datos entregados por la propia universidad al Consejo Nacional de Educación CNED, en 2011 más del 70 % de los matriculados en primer año obtuvo menos de 450 puntos en la PSU o simplemente no rindió esa prueba.

A ello se agregó un nuevo problema: la UDM empezó a tener una alta deserción en primer año. Para hacer cuadrar los números, se debió hacer un esfuerzo de captura de nuevos estudiantes. Según cifras entregadas por la UDM al CNED, en 2011 cerca de un 30% de su matrícula era de alumnos nuevos.

Pero mientras las finanzas de los estudiantes eran precarias, los intereses de las inmobiliarias se mantenían firmes. Los controladores de la UDM no sólo no bajaron los montos de arriendos de las sedes universitarias sino que los subieron. Así, el patrimonio de las inmobiliarias y sociedades ligadas a los controladores de la UDM siguió acrecentándose.

SOUTHERN CROSS

La aparición del Crédito con Aval del Estado (CAE) fue una tabla de salvación. Pero por muy laxos que fueran los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación, la UDM no tenía cómo ser acreditada. Uno de sus puntos más débiles era el tipo de docente que contrataba. En 2005, de los 1.571 profesores que tenía, 1.128 (el 71,8%) hacía menos de 20 horas semanales. Es decir, eran lo que en la jerga académica se llama “profesores taxi”. Esa proporción ha seguido creciendo. En 2011, de los 2.667 docentes que educan a los 20 mil alumnos matriculados, el 83,7% (2.234) son taxis.

La UDM fracasó en su intento de acreditarse en 2005 y 2007. Según contó Héctor Zúñiga a La Segunda, el quedarse sin CAE debieron involucrarse en una política arriesgada: dar créditos ellos mismos, con baja tasa de interés. En 2008, afirmó Zúñiga, entregaron créditos por $10 mil millones. Al año siguiente los créditos llegaron a $8 mil millones y al siguiente a $9 mil millones. Así es como se fue llenando una habitación entera de pagarés no cobrados, que según Zúñiga estima sobrepasan los $50 mil millones.

Esos $50.000 millones “o bastante más, son los verdaderos ‘desvíos’ de fondos que generaron las dificultades financieras que tiene la UDM, y no los arriendos pagados a Inmobiliarias”, aseguró Zúñiga a CIPER.

En 2010 la UDM volvió a intentar ante la CNA la acreditación. Resultaba capital obtenerla. Y la obtuvo. En 2010, el año en que Eugenio Díaz presidió la CNA, todas las instituciones de educación superior que intentaron acreditarse lo consiguieron: 16 universidades, 5 Centros de Formación Técnica y 10 Institutos Profesionales. Desde el más precario instituto hasta la más antigua institución que se presentó, todas se fueron al menos con un año de acreditación bajo el brazo.

Los casos que más llaman la atención fueron los de las universidades Tecnológica Metropolitana (UTEM), Arcis, Pedro de Valdivia y por supuesto la Universidad del Mar, todas ellas nunca antes habían logrado pasar esa prueba. En lo que parece un cambio de criterio de la CNA, a la Universidad Pedro de Valdivia le rechazaron la reacreditación a comienzos de julio de 2012. (Vea el cuadro con las instituciones acreditadas en 2010).

El 20 de enero de 2011, un mes después de lograr la acreditación, la UDM contrató a Díaz para que la asesorara en el nuevo proceso.

Con los recursos fiscales llegando a las arcas, la UDM no sólo empezó a llegar a un equilibrio en las cuentas. Mejor aún, se volvió un negocio interesante para el fondo de inversión Southern Cross, hoy famoso por el escándalo de La Polar.

Con una sincronía que la Fiscalía Oriente debe investigar, en abril de 2011 el fondo Southern Cross anunció que entraría a controlar la Universidad del Mar. Según se informó en ese momento, el ingreso del fondo a la corporación tomaría 90 días “una vez cumplidas ciertas condiciones previas”. El objetivo, se dijo era “potenciar el proyecto educativo y convertir a la Universidad del Mar en una institución líder a nivel nacional”.

Como en Chile las universidades no lucran ni se compran, las intenciones de Southern Cross se describieron como una alianza estratégica. En esos días preparando la estructura societal para que Southern Cross tomara el control de la UDM, buena parte de las 85 sociedades detectadas por CIPER decantaron en sólo 4: Inmobiliaria del Mar S.A., Inversiones del Mar S.A. Inmobiliaria e Inversiones Rancagua S.A. e Inversiones Omega S.A. Estas sociedades oficializaron un capital de $4.000 millones.

Ese monto da una idea no del valor de la universidad, que es mucho más, sino del dinero que los socios estaban dispuestos a reconocer públicamente como resultado de sus inversiones. Y no es poco pensando en que este emprendimiento comenzó en 1988 cuando se creó el Instituto Profesional de Valparaíso Ltda., con un capital de apenas $2 millones.

(Vea
la tercera parte y final de esta investigación)