Los edificios dañados que aún penan en Santiago: 200 familias sin casa y en litigio con inmobiliarias

-Parecía tiza. Era como cuando uno sopla un castillo de arena, algo tan fácil de derribar. Para nosotros era súper importante que se echara abajo ese monstruo para poder superar la angustia. Pero al desaparecer, podía olvidarse lo que había detrás de ese edificio: nosotros, los vecinos. Y eso fue lo que pasó.

Apenas partió en noviembre la demolición del Condominio Don Luis en Maipú, Alejandra Monasterio fue a ver cómo la maquinaria pesada arremetía contra esa mole a medio caer que hasta el 27 de febrero de 2010 fue su casa y la de otras 39 familias. Hoy, el único indicio del condominio son los restos de cimientos, algunos pedazos de muro, números en la pared de lo que antes eran estacionamientos y una puerta que sigue en pie, pero no lleva a ninguna parte. Tres palmeras alineadas sobreviven en una jardinera junto a la entrada de vehículos trasera. Hay también un auto completamente destrozado, retorcido como una madeja de metal, y una pelota de fútbol azul que cayó en algún momento desde la casa de al lado y permanece quieta en medio de maleza seca, piedras y montículos de tierra.

A dos cuadras de allí, también en Maipú, en la calle Tristán Valdés, entre casas enormes, un par de colegios y un centro médico hay un enorme agujero donde hasta mediados de 2011 hubo un condominio llamado Don Tristán. El conserje del edificio contiguo –que antes del terremoto trabajaba en Don Tristán–, dice que Flesan S.A., la empresa a la que el Ministerio de Obras Públicas le encargó la demolición, terminó la obra en julio de 2011. Del edificio de 36 departamentos, sólo quedó la pequeña piscina azul en un rincón del terreno, aunque desteñida, sin agua y llena de piedras.

Los dos edificios demolidos, ambos obra de Constructora Mujica y González Ltda. e Inmobiliaria Francisco de Aguirre Ltda., fueron una de las principales postales que dejó el terremoto de febrero de 2010 en la capital. Don Luis fue desahuciado un par de semanas después, cuando el municipio decretó que había que derribarlo. Con Don Tristán ocurrió lo mismo: luego de un informe que indicaba que el edificio no era recuperable, el alcalde Alberto Undurraga firmó el documento que selló su demolición. Con otro de sus edificios, el Vista Hipódromo, en Independencia, la historia es parecida, aunque no igual. Los estudios realizados a su estructura indicaron que podía ser reparado, pero los vecinos decidieron no volver. Hoy está completamente abandonado.

Durante los días siguientes al terremoto, CIPER catastró los edificios que tuvieron daños serios e investigó cómo las inmobiliarias se negaban a pagar las reparaciones. La nómina arrojó que en Santiago, al menos 24 edificios no soportaron el sismo. Para el primer aniversario del movimiento telúrico, investigamos en qué estado de avance estaba su recuperación. Muchos ya habían sido reparados o estaban siéndolo, principalmente con el financiamiento proveniente de los seguros de los propietarios. Dos años después, algunos edificios de la lista parecen no haber sufrido ningún daño, unos ya ni siquiera existen y otros se mantienen como si el terremoto hubiera sido ayer. Cientos de vecinos afectados han llegado a acuerdos que les han permitido rehacer sus vidas. Para al menos 200 familias, en cambio, el suelo no ha dejado de moverse.

LOS FANTASMAS DE DON LUIS Y DON TRISTÁN

-Las familias están desesperadas. Cada situación es particular, pero todos sentimos lo mismo. Los abogados nos dicen que hay que llegar a un acuerdo económico, pero no hay ninguna propuesta concreta. Yo no puedo esperar más. Lo perdí todo y en dos años no ha pasado nada. No sé cuánto más voy a poder aguantar.

Claudia González vio a su edificio colapsar desde adentro y, a pesar de que hoy no es más que un hoyo, aún siente que en cualquier momento se le va a caer encima. Desde que desalojaron Don Tristán, vive junto a su esposo y su hijo como allegados en la casa de sus padres, también en Maipú. Todavía paga mes a mes el dividendo de un departamento que ya no existe porque el seguro que tenía en el Banco BCI no le cubrió el valor de la propiedad, sino que sólo el crédito hipotecario. Tendrá que seguir pagando el saldo por los próximos 25 años.

Al igual que Claudia, muchos de los dueños de los departamentos dañados todavía viven de allegados en casas de familiares. A muchos el seguro les cubrió la propiedad, pero no son pocos los que aún tienen que pagar el dividendo al mismo tiempo que pagan un arriendo en otro lugar, principalmente los que pagaron al contado. Para cientos ha sido muy difícil obtener otro crédito o un subsidio. Los ancianos son los más perjudicados. Del edificio de Claudia, una mujer tuvo que irse a vivir al extranjero con sus hijos porque simplemente aquí lo perdió todo. Y una vecina del Condominio Don Luis pasó casi dos años viviendo en su oficina en una clínica veterinaria. Allí donde atendía a los animales que le llevaban, tenía un sillón cama que cada noche extendía antes de dormir.

-¿Avances concretos en estos dos años? Sólo la formalización de Álvaro Mujica y la demolición de los edificios. Nada más. En todo lo demás, estamos igual que al día siguiente del terremoto –dice Alejandra Monasterio.

A Mujica, socio y representante legal de las dos empresas responsables de la construcción de los edificios, el fiscal jefe de Maipú, Tufit Bufadel, lo formalizó en octubre de 2010 por estafa. Antes de eso, un mes después de que sus construcciones colapsaran, la empresa ofreció a los vecinos una “ayuda humanitaria” de $200.000. La propuesta fue rechazada por unanimidad. Mientras los vecinos presionaban por medio de su abogado, Alfredo Morgado, para alcanzar algún acuerdo con las empresas de Mujica, los departamentos fueron saqueados. Se llevaron lavamanos, ventanas, cañerías, calefón; todo lo que podía extraerse. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo indemnizatorio siguieron mientras se demolían los edificios, pero sin éxito.

Dos semanas atrás, la inmobiliaria hizo una nueva oferta para llegar a un acuerdo. Alejandra prefiere no revelar de qué trató, pero asegura que era “tan ridícula”, que incluso el fiscal Bufadel les recomendó rechazarla.

-Lo que nos interesa es recuperar la inversión. No queremos ganar más plata, sino recibir lo que es justo –cuenta Alejandra.

El viernes 24 de febrero, Alejandra y sus ex vecinos recibieron una carta. Una semana después del terremoto, varios fueron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para denunciar la mala calidad de la construcción. Un año después los llamaron para solicitar más antecedentes. Ellos los entregaron. La carta que les llegó el viernes decía que el primero de diciembre de 2011 el Sernac declaró admisible la demanda colectiva contra la inmobiliaria. Los demandantes tenían 20 días hábiles para comparecer. Para Alejandra y sus vecinos fue como una mala broma. Llamó al Sernac para preguntar, pero le dijeron que ya se había cumplido el plazo. Al menos por esa vía, ya no podrían hacer nada.

UN EDIFICIO ABANDONADO FRENTE AL RÍO

-Esto no es sólo una vivienda, es un proyecto de vida que nos truncaron.

Marcela Leiva sostiene en sus manos un montón de papeles mientras conversa en el edificio Central Park (Balmaceda 2150), una torre de 19 pisos en la comuna de Santiago, frente al río Mapocho, donde los últimos dos años han pasado en vano. En el segundo piso, donde vivía Marcela y que parece como aplastado por el tercero, de una ventana con el vidrio quebrado se asoma una cortina polvorienta. Junto a ella, una enorme grieta cruza el muro de lado a lado, dejando los fierros expuestos. En ambos muros de ladrillo en la entrada hay graffitis. También rayados en contra de las empresas responsables: Inmobiliaria General S.A. (IGSA) –del holding Compañía General de Electricidad (CGE)– y DLP Constructora Ltda. “IGSA DLP CGE ESTAFA”, dice uno de ellos. Desde hace 24 meses que nadie vive allí.

Marcela es la presidenta del comité de vecinos del Central Park, o al menos de lo que queda de él. Y los papeles que tiene en sus manos son las citaciones que envió a fines de enero el municipio a los propietarios para presentarse ante los Juzgados de Policía Local de la comuna y pagar una multa de $3.900.000 cada uno por no reparar el edificio. Los 40 propietarios fueron el martes pasado hasta allá y se negaron a pagar. Alegan que la inmobiliaria es dueña del 73 por ciento del edificio puesto que otras 118 familias que vivían allí aceptaron revenderle –a un menor precio- los departamentos dañados. Por eso, y por la responsabilidad que le cabe a la empresa en los daños, los vecinos creen que es IGSA la que tiene que pagar esas multas.

En marzo de 2010, la inmobiliaria firmó un acuerdo con los propietarios que no quisieron vender. Entonces la empresa se comprometió a pagarle los arriendos alternativos durante un año, mientras duraran las reparaciones. En febrero de 2011, cuando dejaron de pagar los arriendos, el edificio estaba tal y como amaneció el día del terremoto. Ese acuerdo fue la base para que el 6º Juzgado Civil de Santiago acogiera la denuncia que hicieron los vecinos contra la inmobiliaria por daños y perjuicios, una causa que aún está en trámite.

-Hasta ahora, la inmobiliaria no ha fijado una fecha para iniciar las reparaciones –dice Miguel Abarca, un hombre que vivió hasta el 27 de febrero en el quinto piso del edificio y que hoy arrienda un pequeño departamento cercano donde vive con su esposa y su hija de ocho años. Además de pagar ese arriendo y los respectivos gastos comunes, sigue cancelando mensualmente el dividendo del edificio que tuvo que abandonar y los gastos comunes para mantenerlo con luz, agua y los guardias que lo vigilan día y noche para evitar, como ya ha ocurrido, que entren a robar lo que aún no se han podido llevar.

El 23 de enero pasado los vecinos se reunieron con la inmobiliaria para una conciliación, aunque en esa reunión no hubo tal cosa. Sí una promesa de querer llegar a un acuerdo, pero era exactamente la misma oferta que vienen proponiendo las empresas responsables desde septiembre de 2010. Los vecinos no aceptaron. Miguel, al igual que Marcela y los otros 40 propietarios, quiere que el edificio se repare para volver a vivir ahí. Dice que el Central Park nunca fue desahuciado y que por eso la orden del municipio fue repararlo. Hoy, la construcción sigue inclinada entre 10 y 15 centímetros luego de que un pilar en el subterráneo reventara. Los vecinos explican que el hormigón utilizado tenía piedras muy grandes, por lo que no se comprimió lo suficiente y dejó burbujas de aire que con el terremoto explotaron. También que los fierros de la estructura fueron amarrados con alambres delgados, de esos que se quiebran con sólo unas vueltas con un alicate. En las fisuras de los muros de lo que era el gimnasio o en el departamento de Marcela, se notan fácilmente esas fallas.

Hace unas semanas, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquet, se reunió con los vecinos del edificio de al frente, El Panorámico. Allí hay algunos ex habitantes del Central Park arrendando. La comunidad le exigió al alcalde que arreglara el edificio de sus vecinos, y él dijo que en marzo se iba a solucionar, que el primero de ese mes partirían las obras. Ante eso, el comité le envió una carta a Zalaquet para que les explicara eso, ya que ellos no sabían nada. Los citó para el 6 de marzo a una reunión en la alcaldía con Carlos Fabres, gerente de infraestructura de IGSA, y su abogado. Pero el abogado de ellos no podría ir. “Nos pidieron que (Alfredo) Morgado no fuera porque lo enreda todo. Nosotros igual vamos a llegar con él”, cuenta Miguel.

LAS DOS TORRES DE LOS HERMANOS CARRERA

Es poco el tráfico que tiene la calle Hermanos Carrera, en Maipú, y en general, es bastante silenciosa. Se oye el ruido de los árboles meneándose con el viento y los ladridos de un perro que, por lo agudo, debe ser pequeño. Los sonidos del animal provienen de un condominio de cinco torres contiguas de colores pasteles que está entre un enorme edificio de ladrillos (la Catedral Evangélica de Maipú) y un pequeño templo de la Iglesia Metodista de la comuna: Hermanos Carrera 2727.

A primera vista, desde la calle, el complejo se ve normal. Antenas de televisión, tendederos con ropa, un hombre limpiando un ventanal. Al mirar con más detalle, se ven pequeñas trizaduras en los muros y, en la entrada, pintura que se descascaró de las paredes. Pero nada que indique que esta es una de las construcciones más dañadas por el terremoto de 2010 ni que dos de sus cinco torres, las de al fondo, terminaron con orden de demolición. Basta darse una vuelta para ver que todo sigue igual.

Las dos torres que levantó la constructora Hermanos Carrera S.A. y que debían ser demolidas siguen en pie. Ambas están vacías y las pocas ventanas que tienen están quebradas. Algunas grietas se extienden desde el techo en el quinto piso hasta el suelo y parecen dividir la edificación en dos. Si la estructura sigue donde mismo, es porque en el primer piso, donde los habitantes estacionaban sus vehículos antes de que los desalojaran el 28 de febrero, está lleno de pilares de acero que soportan su peso. Si desde la calle se ve que la vida en el condominio ha seguido normalmente, lo que se ve al fondo es desolador.

La administradora del inmueble, Cristina Segura, explica que la demolición se ha atrasado porque el fiscal que investiga las responsabilidades penales se ha demorado en la realización de los peritajes. “Este era el tercer edificio que sería demolido en la comuna (después de Don Tristán y Don Luis), pero el fiscal se puso a pedir los peritajes y eso lo atrasó todo. Recién hace un mes avisó que ya no necesita más estudios, pero aún no libera el edificio para que se pueda llevar a cabo la demolición”, cuenta.

Según Segura, las primeras dos torres fueron reparadas por completo por la inmobiliaria con los seguros de los propietarios. El acuerdo al que llegaron los vecinos significó además que la empresa le devolviera los deducibles de los seguros y pusiera $6.000.000 para la recuperación de los espacios comunes. La tercera torre no ha sido reparada por completo. No porque haya tenido daños estructurales, sino que, como está unida a las otras dos que deben ser demolidas, no se harán las reparaciones en los departamentos contiguos hasta que sean erradicadas, ya que no se sabe cuál podría ser el impacto de esa acción sobre las viviendas.

Al momento del terremoto, las dos torres desahuciadas estaban sin vacante: sus 36 departamentos estaban ocupados. Como el seguro liquidó esos departamentos, las familias recibieron el dinero del seguro y la empresa negoció con ellos de forma individual para una compensación económica. Alrededor de 20 aceptaron la oferta de $2,5 millones. Los demás, aún podrían dar inicio a una demanda civil.

-Todos los peritajes han indicado que no hubo problemas de construcción, sino que de diseño –dice Segura, y agrega que entre marzo y abril debiera comenzar la demolición.

LOS REPARADOS, LOS MÁS O MENOS Y LOS QUE SIGUEN IGUAL

Por el edificio Geocentro Amunátegui, una estructura de 27 pisos que Inmobiliaria Aconcagua aún promociona en el centro de Santiago, pareciera que jamás pasó el terremoto. Al preguntar en la sala de ventas sobre cómo resistió el sismo, dicen que no pasó nada. No cuentan que uno de los pilares del subterráneo resultó con fierros retorcidos a la vista y que la losa se hundió. Tampoco que en elementos no estructurales los daños se presentaron en los muros de pasillos y en una escalera de emergencia fracturada. Sólo reconocen que las ventas bajaron, pero que después de un mes, era como si nada.

De los 200 departamentos del edificio, quedan 40 aún por vender y los ofrecen en eventos como el coctail que se realizó el jueves pasado por la tarde en la sala de eventos del edificio. Con la reserva de un departamento, la inmobiliaria ofrecía un 4% de descuento y una giftcard de $600.000.

La mayoría de los edificios que catastró CIPER en 2010 y que visitó durante los últimos días, hoy se encuentran reparados luego de que las empresas responsables llegaran a acuerdo con los propietarios. Eso ocurre con proyectos como Don Manuel (Macul), Regina Oriente (Ñuñoa), Dolce I (Santiago) y el Condominio Parque Dorsal (Conchalí). En el Condominio Jardín del Norte, en Huechuraba, los trabajos terminaron en noviembre de 2011. Y el Emerald, el proyecto en Ñuñoa de PAZ Corp que terminó con más daños –una de sus torres quedó inclinada–, fue reparado y desde hace un par de semanas que está nuevamente a la venta con la autorización del municipio. Cuando se aprobó la reapertura, el alcalde Pedro Sabat dijo que ante daños por un posible nuevo terremoto, la municipalidad no se haría responsable, debido a que fue otra la entidad encargada de hacer el estudio que dio como resultado que sí se podía habitar el edificio.

Otros tantos muestran avances, aunque aún no están listos. En el Condominio Los Reyes de Huechuraba, por ejemplo, recién hace dos meses que comenzaron las reparaciones. En el edificio Nuevo Mundo II, en Macul, aún hay departamentos que no han sido arreglados. En varios, después hubo una migración y, como ocurrió en el Condominio El Alto de Maipú, el número de propietarios frente a arrendatarios se invirtió. Hoy, en ese complejo de seis edificios cerca del 70% son arrendatarios. Antes del terremoto era al revés.

Pero en el Condominio Sol Oriente de Macul, no han tenido tanta suerte.

-Estamos mal. Ha sido lento y engorroso el proceso. Ya vamos a cumplir dos años. Hay acumuladas varias causas contra la constructora en los juzgados civiles 24, 21 y 12 de Santiago –dice Mirta Peña, vocera del comité de vecinos del edificio.

El 17 de enero pasado, Peña denunció en Radio ADN el abandono en que se encuentran ella y sus antiguos vecinos del primer edificio que tuvo orden de demolición en la capital. “No hemos tenido respuesta de la inmobiliaria”, decía. Poco más de un mes después, todo sigue igual: el edificio sigue en pie, en las mismas condiciones que hace dos años, porque las empresas responsables de la obra, Inmobiliaria Viva y la Constructora Sigro, presentaron una demanda civil para evitar la demolición. Eso, a pesar de que los estudios dicen que el edificio no es reparable.

Los vecinos que no aceptaron los $200.000 que ofrecieron las empresas, exigen la devolución total del valor de sus propiedades. Pero las demandas que pusieron contra ellas unos 120 propietarios de forma independiente, deben ser aunadas en un mismo tribunal y bajo una misma causa. Mientras, la inmobiliaria sigue cobrando los gastos comunes. Nadie los paga.

Vea las fichas de los edificios catastrados por CIPER: