El millonario y oscuro negocio del carbón: Auge y miseria en El Cesar colombiano

Fotografía | Juan Carlos Sierra/REVISTA SEMANA

“Da vergüenza, uno rodeado de tanta riqueza y este pueblo que debiera brillar está acorralado por esas minas”, dice Lorenzo Arias, presidente de la junta de acción comunal de Plan Bonito, un caserío del municipio de El Paso, en Cesar, el segundo departamento productor de carbón al nororiente de Colombia.

Lo que dice Lorenzo Arias es literalmente cierto: los firmes alambrados amarrados por postes de concreto de las empresas carboneras encierran su pueblito de unas 200 casas. Al lado está la mina Calenturitas de la empresa Prodeco, filial de Glencore, la más grande multinacional suiza que domina el 50% de los mercados del metal de cobre del mundo(2). En 2010, Glencore exportó carbón por casi mil millones de dólares y la sola mina Calenturitas pagó US$34,2 millones de regalías al Estado colombiano, la mayor parte de éstas para invertir en el desarrollo de la zona donde se extrae el carbón. (Ver Mapa Minas del Cesar)

Sin embargo, los millones no brillan en Plan Bonito. De aquel vividero sabroso, de gente humilde que sembraba yuca y ñame en tierras ajenas y pescaba bocachico y bagre en el vecino río de Calenturitas, ya no queda casi nada. Desde que despegó la bonanza minera hace un lustro, lo llaman el pueblo de las dos mentiras: ya ni es plan ni es bonito.

Sus habitantes siguen siendo igual de pobres, pero la vida les empeoró. Ya no tienen acceso a parcelas para trabajar ni pueden bajar al río a pescar. El río lo desviaron y por donde corre ahora, hay guardias privados que muchas veces no los dejan entrar. Al que no tiene trabajo en las minas ni tienda para venderles algo a los mineros, la comida le escasea.

Las explosiones que remecen el pit de la Calenturitas no sólo averían sus viviendas: también provoca que las venenosas serpientes bocadorada y cascabel que están en la maleza, huyan a esconderse en las casas. “Hay que estar mirando a los niños”, dice un lugareño.

Como el pueblecito está partido en dos por la vía que va de La Jagua a La Loma y que le sirve de arteria a los emprendimientos mineros de la zona, las tractomulas que pasan de día y de noche cargados de carbón no dejan dormir y esparcen una estela de polvillo negro. Son camiones en su mayoría de Prodeco, pues esta vía conecta su mina de Calenturitas con la de La Jagua, situada en el camino a la cordillera que colinda al oriente con Venezuela.

La carbonilla flota siempre en el aire caliente de Plan Bonito. Cuentan allí que el bebé de Nelsy apenas nació se afectó de los pulmones y que Dionisia Ochoa de 66 años, Augusto Jiménez de 57 e Isidro Sosa de 40, andaban asfixiados cuando murieron. El agua de pozo profundo antes limpia y clara ahora se tornó oscura. Nunca llegó el alcantarillado. La Fundación Calenturitas de Prodeco hizo una escuelita pero la entrada es un charco, pues no quedó adoquinada. En su interior se ven unos viejos pupitres, que según contaron los vecinos, se los donaron los profesores del vecino pueblo de El Hatillo, otra aldea que quedó cercada por las minas.

Varios hombres en Plan Bonito se han beneficiado como contratistas enganchados por las bolsas de empleo, o directamente como empleados de las minas: pueden ganar más de seis veces los salarios que conseguían como jornaleros agrícolas. En total, son 25 mil los empleos directos o indirectos que ofrecen las minas. Y los efectos se ven: ahora los “drummeros”, como les dicen a los mineros por esas tierras pues es la norteamericana Drummond la más grande carbonera de la zona y emplea a unas 10 mil personas, gastan más, beben, estrenan mujeres, y el billar del pueblo vive lleno.

La Glencore empezó una negociación con los habitantes de Plan Bonito para comprarles sus casas y darles indemnizaciones por los daños causados. Algo parecido estaba haciendo la Vale con los de El Hatillo, pero en medio de las negociaciones, la gente, desesperada, bloqueó las vías y esto llevó al Ministerio de Medio Ambiente a dictar varias resoluciones para obligar a las empresas a mejorar la calidad del aire y a algunas de ellas, a hacer bolsa común y asumir el reasentamiento de Plan Bonito y El Hatillo, además de Boquerón, otro poblado que el ministerio consideró muy contaminado.

MALOS VECINOS

Para entrar a El Hatillo, el otro pueblo de 150 casas que también tiene que ser reasentado, hay que pasar por un lodazal colmado de basura: allí bota el boyante pueblón de La Loma sus desperdicios. Después se ven sus casas sencillas de paredes de bahareque y techos de palma. El paisaje de fondo es una árida colina que sirve de botadero de la mina del mismo nombre, El Hatillo. La mina es explotada por la Vale Coal, una filial de la multinacional brasilera Vale, la principal productora de hierro del mundo. En 2010, Vale exportó US$148 millones desde El Hatillo.

A unos 800 metros de El Hatillo está la mina La Francia, de propiedad de la Colombian Natural Resources. Esta mina era de Coal Corp., una empresa de ex directivos de la petrolera estatal venezolana PVDSA, hoy socios mayoritarios de Pacific Rubiales, registrada en la bolsa de Toronto(3). Con La Francia les fue mal: es una mina difícil de explotar por la forma de sus depósitos y acumuló agua. Al parecer, según dijeron a CIPER, para proteger un contrato de venta a una caldera en Estados Unidos, un directivo, asociado a Goldman Sachs, consiguió que esta firma se quedara con la mina(4). Y hoy este poderoso banco de Wall Street es dueño de La Francia y, junto con Drummond, Glencore, Carbones del Cesar y Vale, es socio de Fenoco, la empresa que tiene la concesión para operar los trenes que sacan el carbón desde el centro del Cesar hasta los puertos en la costa Caribe, desde donde sale al exterior(5). (Ver tabla Las mineras de carbón del Cesar).

Con tanto magnate por vecino, las historias de El Hatillo suenan más tristes. La señora Leanis dice que a su hijo Dailer de 3 años, le sale un brote en las piernas que se le infecta por el agua ácida contaminada por el carbón. Una vecina, a la que la última explosión le tumbó una pared de su casa, y Alberto Mejía, líder comunitario, se lamentan de que ya no pueden reparar los techos de sus casas porque el acceso a la finca vecina, de donde antes sacaban las hojas de palma, está cerrado. Y otra mujer asegura que hace poco vino una brigada de salud de algunas empresas y les trajeron medicina vencida. Algunas testigos piden reserva de sus nombres pues sus maridos trabajan en las minas.

Los reclamos se repiten. Y se entiende. Un estudio reciente de la Secretaría de Salud Departamental, solicitado con urgencia por la Defensoría del Pueblo, constató lo que la gente ya sabía: que el agua no es apta para consumo humano y que el 51% de sus habitantes sufre de “enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental tales como las del sistema respiratorio, y enfermedades de la piel y de los ojos”.

El tercer pueblo que debe ser reasentado, el Boquerón, está en mejores condiciones. El gobierno municipal construyó un acueducto y una escuela, y las empresas tienen dudas sobre si realmente debe ser reasentado pues la contaminación allí es menor. Después de decisiones contradictorias, el gobierno determinó que previamente debía hacerse una consulta con las comunidades negras asentadas allí.

Los daños de la minería no sólo han afectado a los pueblos que se van a reasentar. En los caminos que cruzan las siete minas que hoy están en producción en la región, se encuentra la huella de las quejas. Así, por ejemplo, en la vereda Hato Guajira, del municipio de Becerril, otro de los grandes productores de carbón, la quebrada donde botan el estéril, la tierra sobrante después de sacar el carbón de la mina, se volvió un barrizal. Las vacas de Lilo Martínez, un campesino de 60 años, son las que han sufrido las consecuencias. “Vacas gordas, bonitas, les entra la bobera y se mueren”, dice. Martínez ya perdió 10 el año pasado, una cuarta parte de las que tenía.

MEJORES AIRES

Desde que el gobierno intervino con regulaciones en 2009 y 2010, y las empresas pudieron transportar su carbón en tren, salieron más de 1.100 tractomulas de las vías. Además, Prodeco cumplió su compromiso de pavimentar la vía del carbón. La Drummond, en cambio, sólo ha pavimentado 11 de los 17,9 kilómetros acordados. Augusto Jiménez, presidente de Drummond, explicó a esta periodista que le están exigiendo que asfalte una vía que estará cubierta por un botadero de escombros de Prodeco, y por eso no tiene sentido hacerlo. A cambio, dijo, ha propuesto al Ministerio de Ambiente pavimentar el equivalente en vías en La Loma, la población que queda más cerca a su mina.

Según los registros oficiales, estos cambios y las extraordinarias lluvias han hecho que la contaminación en la zona carbonera del centro del Cesar baje en un 50 %. Además, se suspendió la aprobación de las licencias de varios proyectos que casi duplicarían los 43 millones de toneladas anuales de carbón, la producción actual de la zona. A Drummond, la mayor exportadora de carbón del Cesar, que vendió en 2010 más de US$2.100 millones, le negaron la licencia para desarrollar un tercer complejo minero pegado a La Loma: El Descanso Sur-Similoa-Rincón Hondo. Según el gobierno, se debe a que los niveles de contaminación son aún demasiado altos. La empresa pidió reposición de la decisión y el asunto está pendiente.

Lo cierto es que la gente de los pueblos más afectados sigue en las mismas. El plazo para reasentar Plan Bonito venció hace seis meses (en septiembre 2011). Se hizo un censo para determinar el valor del patrimonio de sus humildes habitantes, pero según una fuente, aún no se ha podido tabular. José del Carmen Peña, líder del poblado, explica que ellos han pedido negociación directa, que a cada cual le paguen sus propiedades y una indemnización por los perjuicios que les causaron.

Para negociar mejor, esperan la publicación de un estudio de la Universidad Nacional que determine qué tanto ha afectado la salud de los niños de los cinco municipios mineros la contaminación. El estudio costó unos US$120 mil y aún no se conoce. Varios boniteños ya tienen sus casas en un barrio de La Loma donde se quiere ir la mayoría. Intentarán rehacer allí los lazos tejidos en 170 años de historia, rotos por la aplanadora minera.

-Nos confiábamos tanto de las empresas, pero todavía no conseguimos que nos cumplan –dice desconsolado José.

En El Hatillo, la comunidad no se ha puesto de acuerdo para decidir sobre el formato del censo. Por rápido que lo ajusten, no empezará sino hasta febrero próximo. Como dijo a esta reportera el líder comunitario Alberto Rodríguez, aún no tienen claridad de cómo seguiría el proceso. “Pedimos que nos consulten –dice su hijo Alberto, el único bachiller de El Hatillo –y que a dónde nos vayan a reasentar no haya riesgo. ¿Y quién nos responde por la indemnización?”.

“El gobierno se ha equivocado en el manejo de los reasentamientos y no ha hecho lo que ha debido hacer: prohibir la actividad minera hasta que no cumplan con el reasentamiento”, dijo a CIPER Alberto Gutiérrez, experto en minería y ex consejero ambiental del Cesar. El ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, reconoció en entrevista con CIPER que no tienen un plan de emergencia en salud o ambiental para proteger a las comunidades de estos pueblos, abandonados y enfermos, mientras se da el reasentamiento.

FALLOS Y FALLAS MEDIOAMBIENTALES

Los reasentamientos no son los únicos compromisos ambientales no cumplidos por las mineras. El Ministerio del Medio Ambiente ha multado a empresas de Glencore por el equivalente a US$208 mil por haber intervenido en una reserva forestal sin permiso, por haber intervenido el curso del río Tucuy y haber tomado agua de un manantial en 2009. La empresa ha pagado las multas y está tramitando los permisos respectivos. Ese mismo año el MinAmbiente impuso tres multas a la Vale por US$270 mil por haber realizado obras sin licencia, haber vertido aguas residuales a un caño y haber capturado agua del río Calenturitas y el arroyo Paraluz sin contar con los permisos. Vale ha pagado dos multas y la tercera está en fase de apelación. Este año impuso otra multa a Norcarbón por US$135 mil por haber hecho vías en zonas de reserva, que aún está sin pagar.

La multa más alta impuesta por el MinAmbiente fue a la Drummond en 2008: $1.604 millones (US$870 mil dólares) por haber realizado una carretera entre sus dos minas -La Loma y El Descanso-, con los consecuentes efectos negativos sobre el río y la capa vegetal y el desvío de un arroyo. Drummond no ha pagado. Pide que la anulen argumentando que sí tuvo permiso de Corpocesar para hacer la vía, y que el mismo MinAmbiente le dio después el permiso cuando le dio la licencia ambiental para explotar su mina El Descanso.

Los transportes son otra fuente de problemas, un área donde la contaminación había hecho estragos y el Estado debió intervenir. Las empresas Drummond, Vale y Prodeco tenían sus puertos de cargue por barcazas, lo que estaba contaminando las playas, amén del ruido y el peligro que presentaba el paso constate de los trenes cerca de las playas. El gobierno ordenó que para enero de 2013 todas deben tener puertos de cargue directo, mucho menos contaminantes. La curiosa excepción es Carbosan, un puerto de socios locales en pleno Santa Marta por donde se exporta parte del carbón nacional.

Glencore, cuyo puerto queda en Santa Marta, se adelantó a construir Puerto Nuevo en Ciénaga, con capacidad para 27 millones de toneladas métricas al año. Drummond demoró en acatar la medida, pero finalmente obtuvo permiso para modificar su licencia de puerto a cargue directo al final de 2011, a la espera de completar las modificaciones para cargue directo con capacidad de 50 toneladas métricas en 2014. La Vale, al parecer molesta por los cambios impuestos a los términos de su puerto, ha anunciado que venderá sus activos en el país.

Otros efectos negativos tienen que ver con la alteración de los cursos de las aguas que fluyen naturalmente desde la Serranía del Perijá hacia la Ciénaga de la Zapatosa. Para el experto local, Alberto Gutiérrez, el problema está en que las cuencas que debe vigilar la entidad ambiental local, Corpocesar, son más grandes que la zona donde tiene el impacto directo la actividad minera, de vigilancia exclusiva de mineras y el Ministerio. Eso provoca, dice, que no hay quién vea cómo la actividad minera puede desequilibrar la cuenca en su conjunto.

NEXOS CON PARAMILITARES

El récord de incumplimiento ambiental de las carboneras en el centro del Cesar amerita detenerse en los expedientes: incumplimientos constantes a medidas de la autoridad y resistencia de algunas a pagar multas aún cuando sus montos son irrisorios, se repiten. Y lo que resalta es la indolencia que exhiben sus representantes ante los reclamos de las comunidades pobres que están sufriendo el impacto ambiental de sus millonarios y sofisticados emprendimientos.

No sólo en materia ambiental las multinacionales que extraen el carbón en Colombia están en deuda. El otro estándar mínimo que se viola es el laboral. Las huelgas y otros conflictos laborales que han afectado a ese sector han sido mínimos considerando el tamaño de sus operaciones. Detrás de esa aparente calma, surgen graves acusaciones en contra de la Drummond por persecución a su sindicato.

El sindicato de obreros mineros Sintramienergética demandó a esa empresa y a sus directivos en Colombia y en Alabama ante la justicia de Estados Unidos. Los acusan de complicidad con los paramilitares que asesinaron a tres líderes sindicales de la carbonera Drummond en marzo de 2001: Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler. Estos dirigentes exigían que cambiaran al proveedor de la alimentación de los obreros pues les estaba dando mala comida. Distintos juzgados colombianos condenaron a los paramilitares por estos asesinatos. Por estos mismos crímenes, la fiscalía acusó al contratista de la Drummond, Jaime Blanco.

En segunda instancia, la justicia estadounidense dictaminó que no había pruebas que avalaran que los directivos de la Drummond en Colombia o en Estados Unidos hubieran sido cómplices de los crímenes. No fue el final del juicio. Los huérfanos de los sindicalistas asesinados interpusieron otra demanda contra la empresa y sus ejecutivos. En marzo de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos dictaminó que no era un caso juzgado y se podía procesar. (Vea el fallo de la Corte).

No es el único nexo con paramilitares de los que se acusa a la Drummond. Hay también una tercera demanda por su presunta responsabilidad en la creación y financiación de un bloque paramilitar –“Juan Álvarez”– para proteger sus operaciones mineras del acoso guerrillero. Este frente fue autor de la muerte de varios colombianos. La demanda pide que la empresa minera pague también por su presunta complicidad en el desplazamiento forzado y asesinato de campesinos del predio Mechoacán, donde la empresa compró terrenos. Estas últimas dos demandas están en proceso.

Drummond ha insistido en su inocencia. Ante la pregunta de cómo pudieron operar cuando los paramilitares tenían casi el dominio total de la región a fines de los ‘90, sus voceros han dicho que ahora, como entonces, ha mantenido su convicción de no pagarles a terroristas por protección, y que por ello tuvieron que aguantar muchas bombas y sabotajes. Ante las afirmaciones de nuevos testigos a favor de los demandantes, que asocian a los directivos de la carbonera con estos crímenes, la empresa ha reiterado que son “tretas propagandísticas”.

Voceros de Sintramienergética han dicho que tienen suficientes testigos que demostrarán en el juicio que el pago a paramilitares fue parte de la protección de la carbonera estadounidense contra la extorsión guerrillera. La justicia estadounidense tiene la última palabra.

DECLARACIONES EN DUDA

Las autoridades colombianas investigan si la gran minería de carbón en el Cesar puede estar fallando con otras obligaciones. Así, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades investiga a Glencore (con las minas Calenturitas y La Jagua y varias filiales) y a Pacific Rubiales (dueña de una mina en Cerrolargo con decenas de filiales), porque no habían declarado su condición de grupo empresarial, como lo obligaba la ley. Una fuente de Prodeco explicó que, luego de la notificación de la Super, estaban trabajando para cumplir las normas.

La Dian anunció investigaciones en el sector minero porque sospecha de maniobras para evadir impuestos. En el área del carbón encontró incongruencias, como que en 2010 las empresas declararon patrimonios en un 68,5% mayores en sus declaraciones de impuesto a la renta, que en las realizadas para pagar impuesto al patrimonio. Es decir, pueden estar evadiendo impuestos al patrimonio. También está analizando por qué el porcentaje del impuesto sobre ingresos pagado por las empresas carboneras bajó de 6,18 en 2008 a 4% en 2010.

CIPER miró en detalle las exportaciones a Chile, y descubrió que en 2011, según los manifiestos de aduana registrados por Legiscomex en Colombia, las carboneras colombianas, varias del Cesar, exportaron a Chile US$387,8 millones (Ver tabla Exportaciones de carbón colombiano a Chile). Y en cambio, según los datos de ProChile, en 2011, sumando todos los tipos de carbón que entraron de Colombia a Chile, oficialmente los chilenos importaron carbón colombiano por US$454,9 millones FOB. ¿Por qué entró a Chile US$ 67 millones más en carbón del que exportó Colombia a este país? Según un experto, esto se puede deber a maniobras de las empresas para evadir impuestos, pero sería tema de investigación de las autoridades.

Otras entidades del Estado están además revisando que los costos y montos de producción declarados por las mineras sean los reales, y por consiguiente, que estén pagando las regalías y compensaciones debidas.

Pero la tarea no es fácil. Cada empresa que extrae carbón en Cesar tiene uno o varios contratos que se rigen por arreglos diferentes de pagos según las cambiantes normas legales bajo las cuales los firmaron. (Ver explicaciones de Ingeominas sobre los Contratos con cada uno en detalle). SON LOS CONTRATOS. Además, los precios de referencia del carbón varían. Así, un contrato toma el precio FOB en puerto de destino descontando los costos de transporte nacionales y fletes internacionales, otro toma el precio ICR que lo calcula una revista especializada y otro un precio que fija la Unidad Minero Energética, según diversas variables. (Ver Indices de precios del carbón). En algunos casos, las carboneras pagan otras compensaciones que aseguran al Estado ingresos adiciones en épocas de precios altos.

Estas normas diversas hacen más complejo el control. Se dan casos tan absurdos como que Glencore, después de haber adquirido la totalidad de los títulos mineros de la mina La Jagua y haber unificado su operación, pidió al gobierno que le permitiera unificar también los términos de la explotación en un solo contrato, y éste se rehusó, aun cuando la empresa hubiera terminado pagando un porcentaje mayor de regalías, pues este aumenta cuando los montos exportados sobrepasan los tres millones de toneladas.

Como las operaciones de Glencore crecieron tanto, negoció con Ingeominas en 2010 tres cambios a su contrato en Calenturitas. Uno de ellos, al reconocerle un monto ajustable de los costos de la producción de carbón, implica que la minera pagara una compensación menor a si estos costos se hubieran dejado fijos. No obstante, con razón la empresa ha explicado que en términos reales los costos han aumentado, y así lo reconoció en su momento el gobierno. De todos modos la Contraloría abrió una investigación para determinar si hubo un detrimento al Estado que calcula puede ser hasta de US$35 millones.

El gobierno también está considerando revisar cómo se calculan las multas por temas contractuales y ambientales, para que las empresas mineras realmente compensen el daño.

MALABARES OFICIALES

Parte del problema de por qué el gobierno no ha podido ser más estricto con las mineras se debe al comportamiento de algunos funcionarios encargados de su fiscalización. Así, por ejemplo, sorpresivamente, en medio de la mina de La Jagua, apareció una persona reclamando un título minero de tres hectáreas, dada la superficie reclamada se hizo evidente que el propósito de este título era especulativo. Glencore, dueña de la Jagua, protestó, denunció, pero nada pasó. El dueño del mini-título, ex empleado del Ingeominas, la autoridad nacional que da los títulos, se salió con la suya y obstruyó el desarrollo de la mina La Jagua hasta tanto Glencore no le pagara un millón de dólares por su título. Ante la negativa de toda autoridad de investigar el caso, Glencore pagó.

Otra situación extraña fue la que vivió Prodeco, filial de Glencore, cuando el propio presidente Álvaro Uribe en un consejo comunitario le ordenó comprar unos terrenos en los predios de El Prado, donde no tenía planeado desarrollar sus minas. Lo extraño es que testaferros de paramilitares había usurpado predios allí a sangre y fuego, y Prodeco terminó pagándoles mejoras(6). Más tarde, aparecieron los verdaderos dueños de esas tierras, desplazados por los ‘paras’ exigiendo que les compensaran por esas tierras. Por esta razón Prodeco demandó al Incoder.

Algo parecido le sucedió a Drummond. Estaba en su interés comprar varias parcelas de Mechoacán, una tierra donde hubo desplazamiento forzado y asesinatos, pero el gobierno le dijo que tenía que comprar más parcelas de las que necesitaba para su desarrollo minero.

Y ni qué decir de las irregularidades en la inversión de las regalías que giraron estas empresas para el desarrollo económico y social de los municipios productores: en total sumaron $424 mil millones de pesos (unos US$230 millones) desde 2008 hasta el final de 2010. (Ver tabla con total de producción y regalías giradas por proyectos de interés nacional). El Departamento Nacional de Planeación, que le hace una vigilancia preventiva al gasto de estas sumas millonarias, tiene suspendidos los giros de regalías a Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua, los cuatro municipios mayores productores de carbón en el Cesar, por incumplimientos por inminente peligro de desvío de recursos. En sus reportes desde 2007, el DNP ha encontrado 206 irregularidades asociadas a la contratación.

Como la plata se desperdicia o se la roban, los municipios siguen con índices de pobreza extrema: en La Jagua todavía se mueren 38 niños de cada mil que nacen antes de cumplir el primer año, una tasa de mortalidad infantil cinco veces mayor que la chilena, el doble que la tasa promedio de Colombia que es de 19,9. En Chiriguaná la tasa es de 36,7. Sus desempeños en servicio públicos son igualmente patéticos: El Paso tiene una cobertura de 30% en alcantarillado.

Los alcaldes corruptos ya les perdieron el miedo a los organismos de control: aunque los expulsen del cargo, saben que se van a sus casas multimillonarios y con el poder suficiente para que sus compadres salgan elegidos.

“Hasta que el Estado no encuentre cómo dejarlos presos y en la ruina, no parará el robo”, dijo un líder empresarial del Cesar que conoce los carros de lujo y las mansiones de los funcionarios expulsados por corrupción. Pero también, como dijo un empresario que conoce el sector, hay mafias heredadas del paramilitarismo y la guerrilla, que obligan a los alcaldes a darles una tajada de los dineros públicos. Quienes se han atrevido a denunciar han sido amenazados de muerte.

Las empresas carboneras hasta ahora han hecho poco por frenar este desangre, salvo la tímida financiación de algunas de un Observatorio de la Regalías que intenta hacer más transparentes estos flujos y ha entrenado veedores locales para que hagan algún control ciudadano. La ironía es que cuando se agoten las minas –la de Calenturitas el 2032 y la de La Loma en 2066 –y los niños sigan muriéndose y los campesinos y mineros sigan sin acueducto ni alcantarillado, la gente va a culpar a los que perciben como los ricos del barrio: las mineras. Estaría en su propio interés contribuir de manera más enérgica a mejorar la calidad del liderazgo local, y usar su poder regional y nacional para que las regalías que ellos pagan al Estado tengan un mejor uso.

El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos aprobó en diciembre una reforma a la ley de regalías que redistribuye mejor a todo el país estos recursos e impone nuevos filtros para impedir que las dilapiden. Sin embargo, los territorios productores seguirán recibiendo millones en regalías, y si las élites locales no aterrizan que ésta es una cosecha irrepetible, no es de esperar que corran mejor suerte. Pero para ello necesitan que el Estado sea más eficaz en desbaratar las bandas armadas que extorsionan y amenazan.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Las carboneras del Cesar han ido realizando inversiones en sus comunidades, desarrollando sus áreas de responsabilidad social. Glencore, por ejemplo, promovió un programa de prevención del embarazo adolescente con Profamilia, y construyó un hospital en La Jagua que atiende a sus empleados y a los afiliados a Coomeva. Drummond impulsó el uso de materiales de reciclaje, como la madera, para una asociación de madres en La Loma y ofrece becas a los jóvenes promisorios del Cesar.

No obstante, sus conceptos de sostenibilidad empresarial son aún muy limitados. Como dijo La Declaración de Berna, una ONG suiza que promueve un desarrollo más equitativo Norte-Sur, sobre el primer reporte de responsabilidad social que publicó Glencore este año, “confunden un compromiso caritativo con un concepto moderno de responsabilidad social empresarial”.

Las más grandes multinacionales que se instalaron en el Cesar no son modelo en materia de responsabilidad social. Drummond, una empresa privada de un solo dueño que además de desarrollos carboneros hace campos de golf, ha optado por contar con personajes cercanos al gobierno de turno, y como dijo uno de sus competidores, para salirse con la suya. Es revelador que aunque empezó su explotación en los ‘90, sólo en 2009 anunciara en un reporte público que “ha establecido un nuevo programa de gestión social que brindará soporte a los municipios para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes”. Su presidente, Augusto Jiménez, asegura que ha sido un proceso, y que en el entorno de tranquilidad actual es más viable desarrollar proyectos más ambiciosos de responsabilidad social.

En el nuevo tono seguramente influye el hecho de que vendió el 20% de la compañía en 2011 a la Itochu, una de las cinco grandes comercializadoras japonesas, una empresa abierta pues cotiza en bolsa.

Glencore ni siquiera figuraba como la dueña de sus filiales muy públicamente. La cultura de secreto con la que suelen caracterizar a la empresa matriz situada en el paraíso fiscal de Zug en Suiza, también la perciben en el Cesar. No hay que olvidar que esta empresa fundada por Marc Rich, quien fue fugitivo del FBI por años, y aunque fue perdonado por Clinton y ya no es su dueño, los ejecutivos brillantes que le compraron se las ingeniaron para comerciar petróleo sudanés en plena guerra y terminaron enredados en el escándalo del programa de ayuda de la ONU a Irak de ‘Petróleo por alimentos’. Un estudio reciente que hizo una organización noruega encontró que Glencore era la más opaca de las multinacionales, con un 46% de sus subsidiarias registradas en paraísos fiscales (Ver estudio).

“En Colombia, aunque tienen mucho más personal colombiano que extranjero, le tienen miedo a la exposición directa”, dijo una fuente que los conoce bien. Pero como la empresa matriz Glencore salió a vender acciones por US$10 mil millones en la bolsa de Londres en mayo pasado, ha comenzado a hacer reportes públicos, a abrir sus libros, y es probable que esto la lleve a una cultura de mayor transparencia al escrutinio público. En Colombia publicó su primer informe de responsabilidad social empresarial en 2011.

EL FUTURO

El negocio carbonero en Colombia pinta extraordinariamente bien. Sólo el César, si arrancan los proyectos en ciernes, exportará unos US$6.500 millones anuales y dejará unos 300 millones más en regalías (Ver lista de Nuevos proyectos). Además, están en construcción otra línea férrea y dos puertos de cargue directo, suficiente para desarrollar todo un complejo minero-industrial.

No obstante, el impacto ambiental de las gigantes minas a cielo abierto que ocuparán un territorio tres veces que el que ocupa hoy Bogotá, según cálculos del experto Alberto Gutiérrez será mucho mayor. Varios funcionarios del gobierno de Santos dijeron que buscan asegurarse que estas empresas “demuestren un genuino interés en el desarrollo de las comunidades y sus actividades tengan un impacto positivo o neutro sobre el medio ambiente”. Según diversas fuentes los ministros ya han convocado a las empresas a ponerse a la altura del desafío social y ambiental.

Es más fácil vigilar ahora la minería en el Cesar pues son menos actores, más grandes y más visibles. Pero también se necesita que el gobierno mejore la calidad de su información ambiental y económica; se trace una política coherente y de largo plazo que no esté dando bandazos como hasta ahora; se coordine mejor con las autoridades locales; y realmente esté dispuesto a sacar del juego a quien no cumpla.

* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.