La pesca descontrolada del jurel en Perú

El jurel es una especie con una severa sobrepesca en el Pacífico Sur. En las últimas décadas, el recurso se ha desplomado a nivel mundial de un stock de cerca de 30 millones de toneladas a menos de tres millones de toneladas. Flotas asiáticas y europeas, que han agotado otros océanos, ahora se dirigen a las zonas marítimas de Perú y Chile, un escenario crítico que se agudiza por la falta de control.

El ICIJ detectó que en algunas temporadas las cuotas de jurel fijadas por el gobierno peruano mediante resoluciones del Ministerio de la Producción, no son respetadas. En 2008, los desembarques de jurel excedieron las cuotas en 26 por ciento, de acuerdo con los registros de captura de Imarpe, el instituto gubernamental encargado de la investigación del mar peruano. Incluso, en enero de ese año, se pescó más de un 40 por ciento por sobre lo que se autorizó para ese mes.

En los siguientes dos años, 2009 y 2010, el pescado fue tan escaso que los dueños de las naves no llegaron a capturar la cuota global. Al año siguiente, el jurel volvió a aparecer en mayores cantidades, pero las compañías pesqueras una vez más sobrepasaron la cuota hacia noviembre.

No sólo se trata de capturas que se exceden de manera ilegal, sino que en algunos casos las recomendaciones de los científicos de Imarpe son ignoradas por el Ministerio de la Producción. Documentos oficiales revelan que el 13 de febrero de 2008, el entonces ministro Rafael Rey fijó una cuota mensual de 38 mil toneladas para febrero y marzo mediante la resolución ministerial N°355-2008, ocho mil más de lo recomendado para cada mes por los científicos en un informe técnico al que accedió ICIJ.

Aunque en 2002, Perú prohibió el uso de jurel para harina y lo destinó para el consumo humano, el Ministerio de la Producción continúa dependiendo de las declaraciones de pesca de jurel que le entregan los dueños de las naves, sin llevar un control directo y permanente de estos desembarques en los puertos.

No existe un sistema informático del gobierno que registre las descargas de las especies de consumo humano, como sucede con la anchoveta, un pescado que casi en su totalidad es destinado al negocio millonario de la harina con exportaciones que en 2010 tuvieron un valor de 1.600 millones de dólares.

Recién desde octubre pasado hay unos 40 fiscalizadores del Ministerio de la Producción que supervisan las descargas a la par de las empresas inspectoras Cerper y SGS, pero no pueden cubrir el tráfico de desembarques de todas las especies que llegan a cerca de 100 plantas del litoral.

Reproducción en peligro

Los registros del gobierno también muestran que hay una preocupante captura de jurel por debajo de la talla mínima, lo cual amenaza la reproducción de la especie.

El ICIJ obtuvo un reporte de Imarpe que demuestra que casi el 60% de las más de 26 mil toneladas capturadas en 2009 eran descargas de jurel juvenil. En enero y febrero de 2011, los meses en los que el pescado suele desovar, el 91 por ciento del jurel también era pequeño.

“Lo único que está llegando es el jurel chico”, dijo Úrsula Amésquita, en su restaurante ubicado al frente de la planta de CFG Investment en la localidad sureña de La Planchada, Arequipa. Esta empresa es sucursal en Perú del imperio de productos marítimos con sede en Hong Kong, Pacific Andes Internacional Holdings. No sólo figura entre las empresas más poderosas de captura de anchoveta, sino también de jurel.

Los pescadores artesanales del puerto de La Planchada confirmaron a ICIJ que la mayor parte del pescado que ahora ven en los muelles tiene menos de 15 centímetros de largo, a pesar que la talla mínima es de 31 centímetros, según la legislación peruana.

El reglamento de ordenamiento pesquero de jurel prohíbe capturas de más del 30% de jurel por debajo del tamaño mínimo. Pero esto es difícil de monitorear. Imarpe no publica sus reportes sobre capturas de jurel juvenil, tampoco los informes técnicos con las recomendaciones de cuotas que envía al ministerio.

En la mayor parte de los casos, el Ministerio de la Producción aprobó medidas y regímenes provisionales excepcionales para permitir mayor pesca de jurel juvenil. Casi siempre fue a favor de las flotas industriales que de los pescadores artesanales.

En medio de estas resoluciones de excepción, hay un caso que merece especial análisis. En 2011, el gobierno promovió una mayor pesca de jurel para una campaña que llevó a cabo en colaboración con las seis empresas más importantes que capturan esta especie, para vender el pescado a menor precio en distritos de bajos ingresos.

Coincidentemente, en una carta del 15 de febrero de 2011, la entonces viceministra de Pesquería, María Isabel Talledo, preguntó a Imarpe si podía haber “una modificación de los volúmenes de pesca recomendados” en el informe técnico de enero, en el que los científicos proponían la captura de hasta “10 mil toneladas mensuales de la fracción juvenil de jurel” entre enero y marzo. Al día siguiente de la misiva de Talledo, Imarpe emitió un nuevo informe modificando su recomendación inicial. Así, el 25 de febrero, se publicó una resolución ministerial que amplió la cuota a 45 mil toneladas y que fue suscrita por el entonces ministro de la Producción, Jorge Villasante.

En los siguientes meses del año hubo más ampliaciones. Casi todo lo que se capturó, entre enero y abril fueron ejemplares juveniles, de acuerdo a los registros de Imarpe.

Villasante informó al ICIJ que mil toneladas de pescado fueron vendidas a precio reducido hacia la mitad del año como parte de la campaña “Jurel para todos”. Pero tal cantidad apenas representa el uno por ciento de las casi 200 mil toneladas que capturaron las pesqueras ese año al amparo de los regímenes excepcionales para capturar jurel juvenil, entre ellas las seis empresas que participaron en la campaña: TASA, Copeinca, Austral, Hayduk, Diamante y CFG Investment. El resto de lo capturado fue vendido por las compañías a precio del mercado.

En su defensa, Villasante señaló que aprobó las ampliaciones de cuota porque el tamaño predominante del jurel estaba entre los 25 y 27 centímetros, “es decir cuando ya pasó su etapa reproductiva”, dijo. Además, consideró que la talla mínima de 31 centímetros fijada para el jurel en el Perú es una valla muy alta y que debería ser como en Chile donde el límite es de 26 centímetros.

Pero la bióloga Gladys Cárdenas, directora científica de Imarpe, dijo al ICIJ que “siempre hay que respetar las tolerancias de las tallas mínimas establecidas por las normas” peruanas ya que tienen un sustento científico.

Acompañados del nuevo encargado del Viceministerio de Pesquería, Jaime Reyes Miranda, los científicos de Imarpe admitieron que en gestiones anteriores se permitió la pesca de jureles pequeños, lo que puede afectar al stock.

“No vemos bien esto porque los ejemplares juveniles son los responsables de la renovación de las poblaciones. Si los capturamos, estos todavía no han madurado, no han desovado”, explicó la bióloga Cárdenas. Queda claro, sin embargo, que la protección de esta especie, la tercera más importante de la pesquería peruana, fue lo último que tomaron en cuenta los funcionarios del Estado.