Tribunales declaran ilegales las expulsiones de alumnos por tomas de colegios

La noticia apareció en la primera página del cuerpo nacional de El Mercurio. El 30 de julio, cuando la manifestación de los estudiantes universitarios estaba ganando masividad, los alumnos del colegio particular San Juan Evangelista (Las Condes), se tomaron su establecimiento. La información entregada por el matutino indicaba que 130 estudiantes participaron en la acción de apoyo al movimiento estudiantil de la cual era vocero el alumno de segundo medio, Gaspar González. Los estudiantes declararon que querían solidarizar con quienes luchaban por terminar con los privilegios y que ellos, como alumnos de colegio privado, se sentían en parte privilegiados.

Hace un par de semanas los padres de Gaspar recibieron la noticia de que este colegio, perteneciente a la orden del Sagrado Corazón de Jesús (fundada por León Dehon), no le renovaría la matrícula a su hijo. En la reunión, relatan, el colegio adujo que la medida se debía a problemas de comportamiento (atrasos, no uso del uniforme y la adulteración de una comunicación de su madre). Pero sus padres no tienen duda de que el origen de esta decisión fue el rol que jugó su hijo en la toma del establecimiento. Así lo alegan en un recurso de protección en contra de la medida que se presentará esta semana y en la que su padre sostiene:

-Para mí es penoso llegar a pensar que después de todos los años que mi hijo ha estado en su colegio, el San Juan Evangelista, ahora las autoridades del establecimiento utilicen argumentos falsos para simplemente deshacerse de un estudiante que mostró inquietud y solidarizó con la realidad nacional por todos conocida.

Similar reacción tuvieron los apoderados de los compañeros de curso de Gaspar, quienes enviaron a la institución una carta que señala: “Son múltiples las virtudes de Gaspar: es un alumno brillante intelectualmente, respetuoso de sus ideales y de los demás, buen amigo (dos veces en su trayectoria ganó el premio al mejor compañero), comprometido con su curso y con el colegio.
No vemos, por tanto, razones que hagan obvia la cancelación de su matrícula, salvo la sospecha instalada de que su salida se debe a la participación que le cupo en las movilizaciones estudiantiles durante este año en el colegio, donde jugó el rol de vocero”.

Consultado sobre la expulsión de Gaspar González, el rector del San Juan, Aníbal Montoya, contestó a CIPER por escrito:

-Los fundamentos de la cancelación de matrícula de Gaspar están relacionados con una falta grave al Reglamento de Convivencia, hecho acaecido en noviembre, y no tienen relación alguna con las movilizaciones. Los detalles fueron comunicados directamente a la familia. Por lo demás, producto de acuerdos suscritos con alumnos y apoderados en el mes de octubre, ningún alumno que haya participado en las dos tomas que tuvimos recibió algún tipo de sanción.

La situación de Gaspar es muy similar a la de cientos de alumnos a quienes en este mes se les ha impedido matricularse. Todos tienen en común el haber participado en las tomas de sus establecimientos y también el hecho de que estos centros educacionales justifican su decisión en situaciones disciplinarias no relacionadas con las movilizaciones. Se da la paradoja de que las expulsiones han aumentado, pero muy pocas se fundamentan en la participación de esos alumnos en las tomas de sus colegios.

El aumento de las expulsiones es hasta ahora sólo una percepción de las organizaciones de padres y de profesores. La falta de certeza se debe a que no hay una institución que esté monitoreando este problema, por lo que cada familia debe enfrentar individualmente esta situación. Es lo que ocurrió esta semana en los colegios más importantes de la comuna de Providencia donde se está desarrollando el proceso de matrícula.

CIPER recorrió esos colegios y constató el temor a que se les cancele la matricula por repitencia entre las aproximadamente 760 familias de los alumnos que no se acogieron al plan oficial “Salvemos el año”. Lo que la mayoría de ellas ignora es que en casos de alumnos expulsados por participar en movilizaciones que han recurrido ante la justicia, las cortes de apelaciones respectivas han fallado a su favor.

LO QUE DICEN LOS JUECES

CIPER ha conocido una docena de fallos donde las expulsiones fueron anuladas por los tribunales porque los colegios no respetaron los procedimientos internos para sancionar a los alumnos. El proceso normalmente debe constar de dos instancias independientes de evaluación y permitir que el alumno tenga la posibilidad de presentar pruebas a su favor y hablar.

Por el contrario, los colegios procedieron mecánicamente, en algunos casos simplemente diciendo a viva voz a los alumnos que estaban expulsados. Ese tipo de expulsiones han sido declaradas ilegales por las cortes.

Eso ocurrió, por ejemplo, con cuatro alumnos del Colegio Christian Garden School, de La Granja. En sus descargos ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el representante del establecimiento indicó que la expulsión se debía a “faltas de extrema gravedad, como lo indica el manual de convivencia escolar”. El tribunal estimó, sin embargo, que el colegio no respetó los procedimientos ni los derechos de los alumnos y calificó de ilegal la medida, obligando a la reincorporación de los estudiantes:

-El actuar del colegio recurrido ha vulnerado el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley, al haberse impuesto la sanción extrema de expulsión del establecimiento por un conjunto de autoridades del Colegio que no tienen dentro de sus atribuciones privativas el aplicar una sanción de tal naturaleza, por cuanto no se encuentran establecidas en ninguna orgánica del establecimiento –señala el fallo de la Corte, fechado el 13 de octubre de 2011.

Similar situación ocurrió con el Colegio Araucaria de Puente Alto, donde se expulsó a un alumno. El establecimiento adujo que esta medida se debía a un historial de mal comportamiento. Al revisar los antecedentes, sin embargo, la misma Corte de San Miguel estimó que ese historial no era tal, pues «tenía tres anotaciones en marzo, ninguna en abril y dos en mayo».

El colegio, además, acusaba al alumno de haber actuado violentamente en la toma. Pero el tribunal estimó que “del mérito de los antecedentes que arroja esta causa, no es factible vislumbrar ningún atisbo serio, grave y concreto de participación del joven en los acontecimientos”.

En la vida escolar normal los docentes son juez y parte y sancionan basándose en su propio juicio, lo que entre los alumnos produce la sensación de injusticia. Pero esos procedimientos que se usan corrientemente para castigar al que habla en clases y generan “anotaciones en el libro”, no se puede aplicar para dejar a un alumno sin estudios.

En el caso de Puente Alto, el fallo de la Corte del 5 de septiembre estimó que el alumno «fue vulnerado en su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República», y dejó sin efecto la cancelación de la matrícula.

Ocurrió similar cosa en la expulsión que ordenó la dirección del Colegio Carlo Magno, de Quilpué, donde se expulsó a una alumna por publicar en su facebook una versión adulterada de la insignia del establecimiento en la que puso un signo peso ($) y la frase “Lucramos con la educación”. Esto lo hizo cuando a un grupo de estudiantes se les impidió tomarse el colegio. El establecimiento alegó que la joven era una alumna de bajas notas y de mal comportamiento. La Corte de Valparaíso estimó que no se cumplieron los procedimientos para expulsarla y declaró ilegal la decisión de la directora del colegio, Sandra Álvarez Machuca.

Más interesante es el fallo de la Corte de Valdivia en el caso de dos colegios tomados en La Unión. Esta vez fue la municipalidad la que recurrió al tribunal para conseguir el desalojo, pues estas tomas, alegaba el municipio, comandado por la alcaldesa (RN) Hilda Carvallo, atentaban contra la propiedad. El argumento está en la misma línea de lo declarado por el alcalde de Providencia, (UDI) Cristián Labbé, quien ha dicho, sobre el Liceo Carmela Carvajal, que sigue tomado: “Han pasado siete meses de usurpaciones donde las alumnas han transgredido todos los códigos de una sociedad libre».

En estos casos, la Corte de Valdivia decidió en octubre de 2011, que las tomas no era un tema judicial sino político: “La toma por los estudiantes de los liceos municipales, a que se refiere este recurso, y muchos otros interpuestos a lo largo del país, es una acción de los propios estudiantes quienes, organizados a nivel nacional, son actores principales en un conflicto que afecta a la sociedad en su conjunto y, en especial, a las instituciones políticas y que se ha expresado de variadas formas, como tomas y marchas, manifestadas tanto a nivel local y regional como nacional, lo que constituyen hechos evidentes o de público conocimiento. Así, se observa que estamos en presencia de un conflicto de naturaleza política, siendo ese el ámbito en que procede darle la debida solución y no en sede jurisdiccional como se pretende en este caso”.

El fallo agrega que “dada la naturaleza política del conflicto del que son parte los estudiantes, de que estas tomas son una manifestación, conflicto político de carácter nacional, y observando que éste tiene como actores principales a los estudiantes y al Gobierno, representado por el Ministro de Educación, su solución debe ser acordada por quienes intervienen en el conflicto”.

En vista de esto, la corte rechazó el recurso, dejando al entonces ministro de Educación, Felipe Bulnes, la tarea de dar solución.

PROBLEMA SIN CIFRAS

Sólo la organización de derechos humanos Defensoría Popular ha recibido desde el inicio de las tomas hasta hoy, 350 denuncias de jóvenes expulsados o con la matrícula cancelada. La cuenta corresponde sólo a Santiago. Rodrigo Román, abogado de esta organización, dice que los colegios que tienen más fallas en la aplicación de la normativa son los particulares subvencionados y que el tema va a ir en ascenso, pues “hubo una primera ola de conflicto con expulsiones ilegales una vez terminadas la tomas; ahora viene una segunda ola vinculada al proceso de matrícula”.

En la lista de la Defensoría Popular aparece el Liceo Augusto D`Halmar, de Ñuñoa, donde un grupo de apoderados ha reclamado ante las autoridades municipales y provinciales de Educación por la expulsión de 24 estudiantes.

El director del liceo, Jaime Andrade Jorquera, sostiene que efectivamente hay 24 alumnos que no tienen matrícula en este momento, pero que eso se debe a que “no han pagado una deuda que tienen con el colegio por daños hechos en la toma estimados en $54.435.000, constatados por dos empresas enviadas por la Municipalidad de Ñuñoa, en techos, vidrios, espejos, aulas, computadores”. Y agrega que si bien por ahora no hay nadie expulsado, se “va a priorizar a los mejores promedios al momento de matricular”.

En la nómina de la Defensoría Popular también figura el Liceo Francés, de Santiago Centro, donde 18 alumnos fueron expulsados por participar en una toma. Los alumnos reclamaban, además del cumplimiento del petitorio nacional, mejoras en la infraestructura del establecimiento, como el aumento de los baños, pues tenían cinco para 200 alumnos. El liceo es particular subvencionado, el sostenedor quebró y sus instalaciones fueron vendidas en medio del conflicto estudiantil. Después de la toma, los alumnos empezaron a buscar un nuevo lugar donde estudiar pues el Liceo Francés ya no existe.

-Los dueños del colegio usaron la toma para vender sin avisarle a los apoderados –dice Marta Albornoz, profesora y apoderada del establecimiento.

La parte más visible de esta situación ocurre en la Municipalidad de Providencia, donde el alcalde Cristián Labbé ha amenazado abiertamente a los alumnos que han participado en las tomas de dejarlos sin matrícula. Cuatro colegios de la comuna -el Liceo Carmela Carvajal, el Liceo Victorino Lastarria, Liceo Tajamar y el Liceo Arturo Alessandri- continúan bajo el control de sus alumnos, cada uno de ellos con cerca de 30 estudiantes que pernoctan ahí. Las alumnas del Liceo 7, también de Providencia, entregaron las instalaciones esta semana.

En todos ellos reina la incertidumbre pues los procesos de matrícula terminan este viernes. Por lo pronto, a dos alumnas del Liceo 7 se les comunicó la predecible noticia de que no se podrían matricular, una por “atrasos” y la segunda por ausentarse de su sala en horario de clases en 2010, según dijo a CIPER la vicepresidenta de las alumnas, Valentina Hevia.

En el Carmela Carvajal la directora Rosa Del Valle aún no tiene claro cuántas son las jóvenes a quienes no se les dará matrícula:

-A las expulsadas se les han entregado los documentos, bueno, a todas quienes lo han pedido, pero no se cuántas son.

Frente a la prolongación de la toma, la directora declara que “ellas prometen que entregaran el colegio un día y después no. Debe ser producto de su inmadurez”.

Recién la próxima semana se sabrá exactamente cuantos alumnos de esta comuna pagarán el precio de un semestre sin clases. Los más complicados son cerca de cien niñas del Carmela Carvajal, 400 alumnas del Liceo 7, 50 jóvenes del Lastarria, 160 alumnas del Liceo Tajamar y 150 estudiantes del Liceo Arturo Alessandri que no se inscribieron en el plan “Salvemos el año” -el programa que impulsó el gobierno como alternativa a las tomas- y, por lo tanto, oficialmente repitieron de curso.

Sobre ellos, Labbé ha lanzado amenazas. Los repitentes, dijo el alcalde, no tendrán matrícula en la comuna: » Si esto no puede ser gratis», argumentó.

A nivel nacional la única estimación sobre cuántos alumnos no participaron del plan «Salvemos el año» la entregó el ex ministro Felipe Bulnes: 50 mil jóvenes. En términos reales no se puede decir que hayan aprendido menos que los alumnos que sí se inscribieron. Y ello porque en varios establecimientos este programa consistió en completar cuatro guías por ramo. La repitencia de estos miles de alumnos, si es que se produce, se deberá a que la otra opción era hacerlos pasar sin trámite alguno, sin usar un timbre de goma, por decirlo de alguna manera, y eso parecía inaceptable.

Así lo considera Elioska Zárate, vocero del Liceo Victorino Lastarria. A sus compañeros, dice, se les propuso, hace unos días, deponer la toma y dar una prueba para pasar el año: “Se nos dijo que si dábamos esa prueba, pasábamos de curso. La materia que no vimos este año la veríamos el primer semestre de 2012 y en el segundo semestre la materia que correspondía al 2012. Hemos luchado todos estos meses para exigir una educación de calidad y nos ofrecen eso. ¿Cómo es posible? Consideramos que dar esa prueba es un chantaje”, dice Zárate.

El joven hace esas declaraciones en la completa incertidumbre sobre si tendrá o no matrícula. “La directora nos dijo que iban a reducir los cursos de 57 a 46. No nos especificó si iba a ser en todos los niveles o sólo en enseñanza media”, explica. En su caso particular, explica que un profesor le informó que tendría matrícula pero bajo “ciertas condiciones”. El supone que la condición será el no tener un cargo en el centro de alumnos: “Nos han ido informando quienes tendremos matrículas, aunque sea bajo condiciones, pero no nos han dicho quienes no tendrán”.

La amenaza de entregar educación a los que se “porten bien”, no parece una política de la que pueda enorgullecerse nadie.