Exclusivo: documento con las “preguntas frecuentes” para repactar
Nueva pista del fraude: El auditor externo de La Polar que se convirtió en asesor clave de gerencia
28.11.2011
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Exclusivo: documento con las “preguntas frecuentes” para repactar
28.11.2011
A Iván Pérez le repactaron unilateralmente su deuda con la multitienda La Polar en 2004. Aurora González sufrió el mismo abuso en el año 2006, pero no se quedó callada. Y a pesar de que escribió cartas e incluso fue a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en un comienzo nadie le creyó. Tanto Iván Pérez como Aurora González llegaron a pensar que eran los únicos afectados. Lo cierto es que ya en ese entonces eran decenas de miles las víctimas de renegociaciones sin consentimiento por parte de la multitienda. Hasta llegar al millón de afectados en 2011 que arrojan las últimas estadísticas oficiales.
Del análisis de la situación financiera debidamente auditada de La Polar y entregada por la nueva administración el 27 de octubre recién pasado, se desprende que la situación de Iván Pérez y Aurora González está lejos de ser excepcional. A la luz de los nuevos antecedentes, la investigación judicial sobre el millonario fraude en curso debiera abarcar obligatoriamente la génesis del sistema implementado, lo que coincide con la llegada a La Polar del ex controlador, Southern Cross, con Norberto Morita como presidente del directorio.
Pero hay un nuevo antecedente que arroja otras pistas para identificar a todos los responsables del fraude y dilucidar los muchos misterios que aún subsisten. Y está directamente relacionado con la auditoría a La Polar durante ese período y que estuvo a cargo de Ernst & Young.
El 2004, bajo la batuta de Morita y de su socio chileno Raúl Sotomayor, un año después de que la compañía se abriera a la bolsa, el responsable de auditar a La Polar por parte de Ernst & Young era el contador auditor Roberto Morales Chamorro. El profesional de 48 años, descrito por sus pares como un hombre de vasta experiencia en su campo y de una inteligencia sobresaliente, no percibió que las repactaciones unilaterales eran ya una práctica masiva dentro de la empresa. Y no lo percibió en las auditorías que dirigió y que personalmente garantizó con su firma en 2004 y 2005.
Según muestra la tabla que forma parte de los estados financieros corregidos y donde se describe la progresión de clientes con repactaciones unilaterales a partir de 1998, sólo el año 2005, 73.948 clientes fueron repactados unilateralmente por primera vez. Una cifra que sumada a las anteriores repactaciones representa el 18,6% del total de 1.074.690 clientes que fueron repactados sin su consentimiento hasta el año 2011. En cuanto a la deuda acumulada hasta el 2005, ya el 63,3% de ella se mostraba como “activos por cobrar”, lo que equivale a cerca de 600 mil millones de pesos.
El 2005, entonces, el fraude que hoy conocemos ya estaba en pleno funcionamiento. Ese año la memoria de La Polar abre con una carta del presidente de su directorio, Norberto Morita: “El año 2005 fue otro año extremadamente positivo para la empresa, ya que se alcanzaron altos niveles de crecimiento y mejoras en la rentabilidad y se rompieron récords históricos de ingresos y resultados, como viene ocurriendo año tras año, desde 1999”. La misma memoria viene firmada por Roberto Morales Chamorro, entonces socio de Ernst & Young, empresa a cargo de las auditorias entre el 2003 y el 2006, cuando la responsabilidad cambió de mano y se optó por la hoy cuestionada PricewaterhouseCoopers.
Pero cuando PricewaterhouseCoopers (PwC) se hizo cargo de la auditoría de La Polar, Roberto Morales Chamorro no desapareció de la multitienda. Y ello porque Morales abandonó su prestigiado cargo en Ernst & Young e ingresó a trabajar a La Polar como brazo derecho de María Isabel Farah, en la poderosa Gerencia de Administración. Y si bien llegó como un asesor externo en los hechos muy pronto se convirtió en un ejecutivo con autoridad.
Roberto Morales Chamorro, de profesión contador auditor, trabajó 14 años en PwC, como uno de los profesionales más reputados de la auditora. Se retiró en el año 2001 luego de que por séptima vez consecutiva lo rechazaran en la votación que lo habría convertido en socio. Formó las empresas “People + Consultores Limitada”, “People + Servicios Empresariales Limitada” y “People + Inversiones Limitada”. Paralelamente fue contratado por otra de las principales auditoras de la competencia de su ex empleador: Ernst & Young.
A Morales le correspondió en 2004 hacerse cargo de uno de los clientes estrella de Ernst & Young: La Polar. Y no fue una tarea cualquiera pues esa responsabilidad recayó en sus manos precisamente durante los años 2004 y 2005 cuando la compañía recién se había abierto a la bolsa. Las Memorias de La Polar de esos años cuentan con su firma aprobando los estados financieros de la empresa retail “en todos sus aspectos significativos”.
La información que se maneja actualmente, luego de que fueran reestablecidos los estados financieros tras el escándalo que se hizo público el 9 de junio, demuestra que las repactaciones unilaterales de las deudas, el nudo del fraude, comenzaron tímidamente en el año 2000, se transformaron en miles el año 2002 y estallaron sobrepasando los 70 mil durante los años que precisamente Roberto Morales auditaba a La Polar. Un periodo que coincide con Southern Cross como controlador y con Norberto Morita como presidente del directorio.
Desde que estalló el escándalo y María Isabel Farah debiera abandonar su puesto gerencial en La Polar para luego ser acusada por la fiscalía de diversos delitos, entre los cuales está el de asociación ilícita, el contador auditor Roberto Morales también desalojó esas oficinas.
CIPER lo encontró en la sede de su oficina particular -“People +”- ubicada en Providencia, en el noveno piso de un edificio a la salida del metro Manuel Montt. El contador auditor habla en voz baja, casi susurrando mientras clava la mirada en su interlocutor.
Roberto Morales explica que era imposible percatarse de las repactaciones unilaterales en ese entonces (2004 – 2005) con la información entregada por la compañía: “Nada me hizo pensar que había repactaciones unilaterales. Había provisiones adicionales y me tocaba ver que las repactaciones estuviesen documentadas”. Y ello a pesar de que la información recabada por CIPER indica que Morales actuaba con poder de decisión y mando y en la práctica era el hombre fuerte detrás de Farah.
– Si le saca una foto a la empresa en esa fecha, verá que los estados financieros están buenos, independiente del cuadro (se refiere al mismo cuadro que muestran el boom que tienen las repactaciones en esos años). Ese cuadro no tiene ninguna lógica, porque no tiene lógica analizar la deuda sin antes considerar lo provisionado -afirma.
Daniel Vásquez, vicepresidente del Colegio de Contadores Auditores, tiene una visión diferente. Evidentemente sorprendido, Vásquez analiza el mismo cuadro que describe la progresión de los clientes con repactaciones unilaterales entre 1998 y el 2011 y concluye:
-De acuerdo con esto, cuando había ocho, siete, incluso mil setecientas repactaciones unilaterales, podrían haber pasado inadvertidas ante la mirada del auditor. Pero ya desde el año 2003 en adelante, cuando eran más de cincuenta mil, los auditores debieron haberse dado cuenta. Porque cincuenta y tres mil quinientas repactaciones unilaterales es una cantidad significativa. Uno hace todo el trabajo de auditoría de acuerdo a muestras, no revisa todo, pero en las muestras estas repactaciones unilaterales debieron haber aparecido.
La última auditoría de Roberto Morales a La Polar como socio de Ernst & Young fue el 2005. Al año siguiente se retiró de la auditora porque el hecho de tener su propia empresa comenzó a incomodar a la nueva administración. Morales señala que se volcó a las asesorías independientes y tras pocos meses reanudó contacto con María Isabel Farah a quien había conocido como auditor de Ernst & Young de La Polar. Y explica que Farah se dio cuenta que había alguien de “sus competencias” en el mercado y como era la época en que se estaba implementando la Circular 17, que regula el marco operatorio de las empresas que no son bancos y emiten tarjetas de crédito, como es el caso de empresas de retail como La Polar, la gerenta lo contrató
-La verdad es que si me piden que realice un trabajo profesional remunerado, no tendría por qué negarme a hacerlo. Que alguien pretenda establecer que mi vinculación con La Polar es de otra naturaleza, está fuera de mi control. La única razón que me lleva a entender de dónde viene esa asociación es porque trabajé en varias áreas dentro de La Polar. María Isabel Farah me pedía que me hiciera cargo de áreas que estaban dentro de mi competencia cuando ella estaba sobrepasada, y ella constantemente estaba sobrepasada –continúa Morales.
El vicepresidente del colegio de Contadores Auditores, Daniel Vásquez, afirma que no es raro que las personas encargadas de efectuar auditorías se vayan a trabajar a las empresas que alguna vez han auditado. “Pero lo que hace distinta la situación en el caso de La Polar es que se descubrió lo que se descubrió. Situación cuestionable, porque en realidad el problema no es lo que están haciendo los que están fuera de La Polar, sino los que están dentro”.
Según la información recogida por CIPER, una de las funciones que le encargó María Isabel Farah a Morales fue diseñar un equipo de auditoría interna. Una tarea que en los hechos, asumió él mismo con su empresa particular.
Consultado al respecto, Morales explica que entre el 2007 y el 2011, en conjunto con el equipo de “People +” se hicieron cargo, además de implementar la Circular 17, de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) apoyando al departamento de Auditoría Interna de La Polar. Sus últimos meses en la empresa –dice- los dedicó a colaborar con el equipo que rehizo los estados financieros tras conocerse el escándalo que “tampoco pude ver”, a pesar de encontrarse dentro de la empresa precisamente en el área más álgida del fraude. Y esa incapacidad la justifica bajo el argumento de que la auditoría interna regula los procesos formales, los métodos, describe los procesos oficiales dentro de la empresa.
-Nadie te va a decir que va a hacer un flujo de repactaciones unilaterales -agrega con ironía.
Cuando el 9 de junio pasado se hizo público el millonario fraude, de las siete personas de la empresa de Morales -“People +”- que alguna vez trabajaron en La Polar, sólo iba quedando él. Un año antes, su socio Fernando Cabello Ramírez, se había retirado de la sociedad.
Precisamente, son las versiones contradictorias acerca de las razones de la salida de Cabello de la sociedad con Roberto Morales, las que siembran dudas sobre la relación entre “People +” y La Polar. Por un lado, el quiebre se explicaría por la poca transparencia con la que operaba la consultora sobre todo en relación con la multitienda.
Una de esas versiones indica que durante esos cinco años de servicios prestados por “People+” a La Polar, no se habrían firmado facturas sobre los trabajos realizados. Morales desmiente esa versión, y tras buscar entre sus carpetas nos muestra fugazmente una factura que data de noviembre de 2009, pero sin que podamos ver los montos comprometidos. Morales también se negó terminantemente a entregarnos una copia para exhibirla en este reportaje.
Además de “People +”, hay otra empresa contratada por La Polar, que hoy a la luz de los hechos, podría considerarse sospechosa de manejar información relativa a los delitos que comprenden la investigación del fraude. Se trata de “Círculo Verde”, la empresa que manejaba el rol privado de La Polar y que asesoraba a los ejecutivos en materias tributarias. Su socio principal es Omar Reyes Ríos, quien aparece además como accionista mayoritario en otra decena de empresas relacionadas.
“Círculo Verde” fue además la empresa a la que se le encargó el informe con los resultados de la auditoría que certificó la realización de la propuesta efectuada por La Polar en la mediación colectiva impulsada por el Sernac. El rechazo a la propuesta de la empresa de retail derivó en la demanda del Servicio Nacional del Consumidor por las renegociaciones unilaterales a los deudores que acabó sacando a la luz las irregularidades cometidas por la empresa desde por lo menos el año 2004.
Dos antecedentes adicionales vuelcan las miradas hacia “Círculo Verde”. El primero tiene que ver con el contrato que avalaría las obligaciones entre ambas empresas y que la nueva administración de La Polar aún no ha podido encontrar.
El segundo dato, es que Jaime Ripoll, ex gerente de Contabilidad de La Polar es actualmente parte del equipo de “Círculo Verde”. Ripoll es uno de los ex ejecutivos frente los cuales la Superintendencia de Valores y Seguros resolvió formular cargos por el eventual uso de información privilegiada asociada a la transacción de acciones de la empresa. CIPER intentó comunicarse con Ripoll, pero se negó a entregar su versión.
El Ministerio Público está consciente de la información que estas empresas relacionadas con La Polar podrían aportar a la investigación. Así lo explica el fiscal a cargo de la causa, José Morales: “Considerando la estructura organizacional de La Polar, especialmente en algunas áreas investigadas y que dicen relación con los supuestos delitos, son importantes para nosotros todas las empresas que les hayan prestado servicios, porque son empresas que deben manejar información y que eventualmente pudieron haber tenido conocimiento de ciertas prácticas al interior de la empresa”.
Previo a conocerse los estados financieros corregidos de La Polar – los mismos que llevaron a César Barros, actual presidente de la compañía, a describirla como “el maquillaje más grande de la historia” – la investigación de la Fiscalía se había centrado en analizar el período entre el 2008 y el 2011. Es decir, desde los curiosamente buenos resultados de la empresa a pesar de los efectos de la crisis subprime. Un período que coincide con la salida de Southern Cross como controlador de La Polar.
Como consecuencia de ese foco, la auscultación convergió preferentemente en la auditora PricewaterhouseCoopers, encargada de esa tarea a partir del 2006, y en quienes fueron los ejecutivos durante ese período y que hoy esperan ser formalizados: Pablo Alcalde, Nicolás Ramírez, María Isabel Farah, Julián Moreno y Santiago Grage.
Las denuncias y los emails que mencionan las repactaciones sin consentimiento también se concentran entre el 2008 y el 2011. En marzo del 2009 se inició una decidora cadena de correos electrónicos entre gerentes de La Polar incluyendo a María Isabel Farah y a Julián Moreno. Preocupados por los reclamos en las tiendas, y precaviendo las posibles denuncias en tribunales, Sernac o ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), se pidieron antecedentes semanales que describiera la naturaleza de los reclamos en relación con las repactaciones unilaterales.
El 26 de marzo de 2009, Jorge Uribe, subgerente de Control de Cartera de La Polar envió un mensaje clave para esta historia en esa misma cadena de correos electrónicos: “El 95% de los documentos se originan por concepto de RENEGOCIACIONES (sic) generadas en forma automática en la cuenta y que no fueron solicitadas y/o autorizadas por el titular de la cuenta”. Adjunto a ese email venía un documento donde quedan registrados los esfuerzos de la compañía por llegar a acuerdos con los clientes, o a “convenios finiquitos” como le llamaban, los cuales entre octubre del 2008 y marzo del 2009 alcanzaron a 1.820 consumidores. En promedio, diez al día y 303 al mes, según sus propios cálculos.
El cuadro que describe la progresión de las repactaciones unilaterales avala que el año 2008 fue cúlmine. Se realizaron 253.201 repactaciones unilaterales por primera vez. Sin embargo, para ese entonces ya había un porcentaje acumulado de 79,6% de las repactaciones sin consentimiento considerando un universo de 1.074.690 clientes víctimas de esta situación. Hasta ese año (2008), la deuda acumulada era del 98,7%, es decir, 935 mil millones de pesos que se hacían pasar por activos por cobrar.
Un segundo cuadro al que tuvo acceso CIPER de manera exclusiva pone énfasis en la cantidad de repactaciones sin consentimiento por persona, desde el 2006 en adelante.
Divide a los clientes repactados en dos grupos diferentes, la “Base 511” y la “Base 563”. Esta última, la más decidora, corresponde al grupo que el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno decidió “congelar” en diciembre del 2009 para gestionar de manera independiente y focalizada. Sobre ese grupo de 562.770 clientes (de ahí su nombre), en total se realizaron más de 7 millones de repactaciones unilaterales, con un promedio de cuatro operaciones por cada uno de ellos.
El gráfico muestra claramente cómo en 2008 la cantidad de clientes y repactaciones comenzaron a superar los cien mil por mes, y que tras el requerimiento de la Gerencia de Cobranza al área de Informática de sistematizar las repactaciones unilaterales, en mayo de 2009, al poco tiempo éstas llegaron a un récord de 550.992 repactaciones sin consentimiento en un solo mes.
Toda la información acumulada hasta hoy confirma los que algunos ex empleados de la empresa habían sugerido en virtud de su experiencia en sus declaraciones ante la Fiscalía: que la práctica de las repactaciones unilaterales no se había iniciado en 2008 y que era más antigua.
A pesar de reconocer haber participado en el último estado de la situación financiera consolidado de la empresa donde se muestra que las repactaciones unilaterales datan del año 2002, Roberto Morales insistió en entrevista con CIPER en que todo partió después del 2008:
-Creo que las repactaciones partieron con la crisis subprime. En una crisis, como administración tienes que ser capaz de tomar medidas drásticas, y cuando no tienes controlador eso se hace más difícil. Entonces, la crisis sumada al hecho de la salida de Southern Cross como controlador, hizo todo más complicado.
Aunque en su momento Roberto Morales consideró que los resultados de La Polar – sobre todo al compararlos con los de otras empresas de retail cuyo público pertenecía a un nicho menos riesgoso – eran “curiosos”, explica que no le correspondía opinar sobre ese u otro aspecto de la compañía. No obstante asume que en la empresa lo respetaban profesionalmente “porque cuando tenía una posición técnica la hacía valer”.
Una opinión que concuerda con la información recogida por CIPER que indica que Morales tenía toda la confianza de María Isabel Farah, y como asesor, hacía sentir su voz, la que era escuchada por la gerencia de administración.
Lo que sí reconoce Morales, es que María Isabel Farah le encargó preparar un modelo de gestión de riesgos porque se lo estaban pidiendo desde Colombia, donde La Polar preparaba a toda máquina su nuevo plan de expansión al momento de estallar el escándalo. Dice que tras haberlo desarrollado y entregado en el año 2010, éste nunca fue utilizado ni aplicado en Chile.
Si bien hoy la mayoría de los ejecutivos de la Polar imputados afirman que desconocían la existencia de las repactaciones unilaterales, lo cierto es que un documento enviado de manera interna bajo el título “preguntas frecuentes” explicita la manera que los encargados de recibir reclamos debían responder ante los clientes descontentos con el mecanismo abusivo.
Allí se lee, por ejemplo, que ante la pregunta “¿Puede usted repactar mi deuda sin mi autorización?”, la respuesta debía ser: “Existe un mandato de carácter irrevocable firmado por usted al adquirir su tarjeta La Polar que nos faculta para realizar este procedimiento”.
Y ante la amenaza de hacerse parte de la demanda colectiva de Sernac, la respuesta tipo era: “No tenemos información al respecto, agradezco su llamado porque a través de él nos ayuda a mejorar nuestros procesos, tomaré nota de su consulta y nos comunicaremos con usted cuando tengamos una respuesta concreta acerca de la situación que me comenta”.
¿Quién redactó ese documento tipo entregado a los empleados? ¿Cuántos gerentes sabían de su existencia? ¿Con qué abogados se consultó su redacción?
Un documento dirigido a la auditora PricewaterhouseCoopers el 15 de marzo de 2011 firmada por María Isabel Farah y Jaime Ripoll, confirma que los únicos asesores legales de La Polar eran Andrés Escabini; Montero & Abogados Ltda.; Barros & Errázuriz Abogados; y Guerrero, Olivos, Novoa & Errázuriz Abogados. Este último estudio se hizo cargo de los asuntos corporativos de la empresa desde la fallida fusión con Supermercados del Sur, ya que Barros & Errázuriz, oficina que asesoraba a La Polar hasta ese momento, estaba también a cargo de los asuntos legales de Southern Cross – ligado tanto a La Polar como a Supermercados del Sur – lo que implicaba un claro conflicto de interés. De ahí en adelante, Barros & Errázuriz sólo se hizo cargo de juicios y asuntos puntuales, especialmente los relativos a negociaciones con el Sernac.
Consultados por CIPER, un representante de Barros & Errázuriz negó toda relación con La Polar desde el año 2009 en adelante. La única excepción – según explicó – serían los juicios pendientes que tenía la multitienda con el Sernac con relación a presuntos cobros de intereses por sobre el máximo convencional en las compras a crédito.
Sin embargo, Luis Eduardo Toro, socio de Barros & Errázuriz, declaró algo distinto ante la Fiscalía en el contexto de la investigación del fraude de La Polar. En esa oportunidad describió detalladamente la secuencia de eventos que lo llevaron a colaborar con la empresa de retail desde abril de 2010 en cuanto a las negociaciones con el Sernac, en relación a las repactaciones unilaterales.
Toro señaló que tras reunirse con el abogado de la empresa Andrés Escabini, María Isabel Farah , Nicolás Ramírez y Julián Moreno, el 16 de noviembre de 2010, Moreno se habría retractado de la información entregada en abril, cuando dijo que las repactaciones sin consentimiento ya no se hacían y que en todo caso resultaban favorables para el consumidor porque de no haberse realizado, se hubiese acelerado el crédito y aplicado el interés máximo convencional.
El abogado agregó en su declaración que se había reunido con representantes del Sernac para redactar un documento con fecha 22 de noviembre de 2010 en el que se formulaba la propuesta de La Polar que ofrecía indemnizar a los 700 clientes reclamantes, se establecían las formas de comunicar esa oferta, los plazos y la acreditación por auditoría.
Luis Eduardo Toro nunca recomendó informar al directorio de la empresa de esta situación porque según explicó, en la última reunión de noviembre, estaba el gerente general de la empresa (Nicolás Ramírez), por lo que asumió que el máximo administrador de la compañía tenía conocimiento de la situación.
A pesar de estar al tanto de las renegociaciones unilaterales por lo menos desde el 2010, el 3 de junio recién pasado el estudio Barros & Errázuriz se sorprendió con el último cómputo del gerente Julián Moreno: los casos irregulares podían llegar a 200 mil. Y el asombro, según declaró Toro, fue mayor aún cuando Julián Moreno aseguró una semana después que había sido otro de los socios del estudio, Cristián Barros, quien habría realizado el mandato incluyendo el contrato de crédito autorizando las repactaciones sin consentimiento. En la declaración, Toro negó esta aseveración argumentando que no era efectivo y que además esa cláusula era ilegal: La Ley del Consumidor no acepta el silencio como manifestación de voluntad.