Abogado de niños de La Greda dice que Codelco quedó “en una situación complicada” tras revelaciones de CIPER

El 23 de marzo último, pasadas las nueve de la mañana, las clases transcurrían normalmente en la escuela de La Greda en Puchuncaví. A esa hora la temperatura continuaba baja y la profesora Claudia Tapia decidió abrir la puerta de su sala, que da hacia la Fundición Ventanas de Codelco, «para que entrara el sol y nos diera un poco de calorcito». Pero lo que entró fue una neblina ácida proveniente del complejo minero, ubicado a menos de dos kilómetros.

“Fue como si nos lanzaran una bomba lacrimógena”, recuerda Claudia Tapia, quien sufrió un desmayo por insuficiencia respiratoria. Otros ocho docentes y 33 escolares también experimentaron los efectos de la intoxicación: vómitos, irritación en los ojos y vías respiratorias, dolores abdominales y mareos.

Codelco reconoció su responsabilidad. Según su declaración oficial, la noche del 22 de marzo inició el proceso de puesta en marcha de la planta productora de ácido sulfúrico, después de un periodo de 18 días de mantenimiento. Codelco afirmó a la autoridad sanitaria, a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que durante toda la madrugada el proceso se había desarrollado con normalidad, pero que debieron detenerlo a las 10:15 de la mañana debido a que habían surgido problemas en la planta de ácido. Producto de esta detención se habría producido una mayor emisión de anhídrido sulfuroso (SO2), un gas tóxico que ante las malas condiciones de ventilación existente, no se dispersó, por lo que habría llegado en forma de nube hasta la escuela, con las consecuencias señaladas.

Sin embargo, CIPER publicó pruebas que establecen que a las 03:50 de la madrugada se produjo otra detención de la planta que no fue informada por Codelco a las autoridades. El antecedente indica que, al contrario de lo declarado por la empresa, el proceso no se desarrolló con normalidad. El reportaje de CIPER también aportó antecedentes que permiten suponer que además del SO2, el complejo industrial habría emitido un gas mucho más peligroso: anhídrido sulfúrico (SO3), el que en contacto con la humedad ambiente se transforma en ácido sulfúrico.

Gonzalo Pereira, el abogado que presentó dos recursos de protección contra los responsables de la intoxicación, señaló a CIPER que aunque ambas acciones fueron desestimadas por la Corte de Valparaíso, las revelaciones del reportaje aportan antecedentes nuevos que pueden ser considerados por la Corte Suprema, que ahora debe resolver el tema.

“Codelco relató ante la corte (de Valparaíso), que hubo una sola interrupción del proceso de puesta en marcha de la planta de ácido, a las 10:15 de la mañana. ¿Y que nos revela el reportaje de CIPER? : Que hubo otra detención. Y esa otra detención no es inocua, porque podría estar asociada a la emanación de un tipo de gas altamente tóxico, como el SO3″, señala el abogado, quien también presentó dos querellas por el cuasidelito de lesiones menos graves contra todos quienes resulten responsables de la emisión negligente de gases tóxicos desde la fundición.

Recientemente, una comisión de la Brigada de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones se dirigió a la fundición de Codelco en Ventanas y comenzó a hacer una investigación sobre el incidente, a pedido del fiscal de Valparaíso, Javier Carrasco.

“Si en el marco de esta investigación -dice Pereira- se llegara a determinar que hubo dos paralizaciones en la planta de ácido y no una como afirmó la empresa, habría una evidente omisión o falseamiento de la información por parte de Codelco en el informe que le presentó a la Corte. Se habría faltado a la verdad en la narración de hechos sustanciales. Y eso constituye un delito que está sancionado en el Código Penal”.

– ¿A su juicio, qué implicancias tiene comprobar judicialmente esa paralización no declarada?
– Si se llega a comprobar que hubo una primera paralización cerca de las cuatro de la mañana, significaría que aquí hubo una detección de una falla que se produjo a lo menos unas seis horas antes de que se produjese la crisis y la paralización definitiva, que fue a las 10:15. El sólo dato de que aquí habría una paralización y que se volvió a reanudar, ya para nosotros es una conducta negligente. Tal vez, no se habría producido la emanación tóxica si hubieran parado totalmente el proceso en la primera detención.

– ¿Esto podría cambiar el curso de las querellas y de los recursos de protección presentados contra Codelco?
– Por supuesto. La información contenida en el reportaje me aporta dos antecedentes muy importantes que debo someter a comprobación para que tengan incidencia en los procesos. Uno es, como ya vimos, la paralización no informada y la otra es que, si a raíz de esa detención se produjo la liberación a la atmósfera del SO3. Si la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI emite un informe a la fiscalía comprobando estos hechos, o por lo menos uno de ellos, y si los plazos coinciden, yo lo podría presentar a la Corte Suprema para someterlo a su consideración antes de que esta se pronuncie sobre los recursos de protección.

– ¿Y qué podría lograr en ese caso?
– En el recurso de protección pedimos una serie de medidas como, por ejemplo, que se ponga fin a los acopios de minerales al aire libre. Pero, lo más importante, pedimos que si no se puede garantizar un funcionamiento de Codelco Ventanas que no afecte las garantías constitucionales de mis representados, en definitiva que no contamine de la manera que lo está haciendo, que suspenda las operaciones hasta que sí lo puedan hacer

– ¿Y con respecto a las querellas?
– Si llegamos a comprobar la emanación de un gas más tóxico (SO3), nos daría mayor fortaleza para establecer la gravedad de esta negligencia, de esta falta de cuidado por parte de la empresa y que se dé curso a las peticiones que solicitamos en la querella. Nosotros pedimos que se cite a declarar al gerente general de Codelco División Ventanas, don José Sanhueza, con el fin de que disponga de toda la información que posea y dé razón de sus propios actos en los hechos relatados. ¿Cuál fue su rol en su carácter de máxima autoridad de la empresa? También pedimos que se cite a don Gerardo Sánchez, gerente de Operaciones. La querella es contra quienes resulten responsables. Para eso tenemos que ver la asignación de funciones, la estructura organizacional y del proceso productivo en la planta de ácido. Y ahí tenemos que determinar quién dio las instrucciones durante el proceso fallido de puesta en marcha de esa planta.

– ¿Cómo calificaría la actuación de la autoridad en torno a este caso de contaminación?
-Ha sido indecisa y no tiene claro cómo resolver el problema. La conferencia de prensa en la que anuncian que la escuela estaba contaminada fue el 8 de marzo. Van cinco meses y toda la discusión se ha reducido a si la escuela se abre, se cierra o dónde se traslada. Pero no ha habido ninguna señal, respecto de cuáles son las medidas que va a tomar la autoridad para dar una solución global con el tema de contaminación en Puchuncaví. No ha habido ningún anuncio respecto de una nueva norma en relación a los límites de emisión, que no se cambia hace 18 años. El episodio del 23 de marzo no es un hecho aislado, sino que tiene que ver con todo este contexto. Al final, el cambio de la escuela tiene un impacto mínimo. Esos niños viven en el entorno, terminan las clases y van a jugar a las mismas calles alrededor de la escuela. Los fines de semana están ahí mismo. Lo que se puede apreciar es que la autoridad no ha tomado decisiones respecto de cómo solucionar de manera definitiva el tema y tiene que haber un rol más activo del Estado en la regulación y fiscalización. Y me refiero también a las autoridades en los últimos 20 años.

– ¿Y la gente que vive en la zona tiene la misma percepción de la autoridad?
– Mi percepción es que la gente de La Greda está muy escéptica de la autoridad y de las empresas. Por ejemplo, ante el estudio que se hizo en noviembre de 2010, donde se constató la existencia de metales pesados en la escuela, decidieron hacerles exámenes a los niños. Los profesores tuvieron que pedir en reiteradas oportunidades que a ellos también les hicieran los exámenes. Pero ahora el resto de la comunidad, con razón, pide que se les haga exámenes a todos. La autoridad entonces, a través del Seremi de Salud, del intendente, del ministro de Salud, ha dado respuestas confusas y evasivas. Han señalado en varias oportunidades que sí le van a hacer exámenes a la comunidad, pero con distintos números. En una oportunidad dijeron que se los iban a hacer a todos; en otra, sólo una muestra para 300 personas; en otra, que cada cierta cantidad de metros cuadrados se iban a tomar una o dos muestras. La comunidad le envió una carta solicitando esos exámenes a Jaime Jamett, Seremi de Salud de Valparaíso, de parte de los presidentes y secretarios de las tres juntas de vecinos de La Greda, la cual, hasta hoy, ya van 20 días hábiles, no recibe respuesta.

– ¿Y Codelco, qué relación ha tenido con la comunidad después del incidente de contaminación masiva?
– Respecto a Codelco me llega a sorprender la indiferencia de sus autoridades en relación a la gente, más allá de que se han realizado reuniones con el Comité de Defensa de la Greda, que está formado por las juntas de vecinos. Pero no ha habido una acción de parte de Codelco de acercarse a las personas que ese día cayeron al consultorio con desmayos, vómitos y mareos, para preguntarles cómo están, qué necesitan. El silencio de Codelco se puede interpretar como que están en un proceso de ver qué caminos tomar para afrontar esta situación. Si se llega a comprobar que es efectivo lo que habla el reportaje, tanto de la paralización, como de la emanación del SO3, Codelco estaría en una situación complicada, tanto del punto de vista judicial, por las responsabilidades penales que podrían derivar de las omisiones o falsedades, como del punto de vista de su credibilidad frente a la comunidad.