Claves del paraíso para inversionistas foráneos
Los enormes beneficios tributarios a los que acceden las empresas mineras en Chile
19.07.2011
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Claves del paraíso para inversionistas foráneos
19.07.2011
Vea además: “Royalty: Los millones de dólares que Chile regala a las empresas mineras”
Chile es un paraíso para las empresas mineras. Contra las alarmas que cada tanto enciende el Consejo Minero, que agrupa a los mayores capitales que invierten en el rubro; o los gráficos del Instituto Libertad y Desarrollo que hablan de un país con una importante carga tributaria, invertir en Chile es realmente muy rentable para las compañías mineras. De hecho, si un extranjero tuviera que decidir dónde levantar su proyecto, de entre todas las naciones especializadas en la industria extractiva debiese optar por Chile, pues aquí es donde va a pagar menos impuestos y va a obtener las mayores ganancias.
De acuerdo a un estudio realizado por Cochilco (Comisión Chilena del Cobre) al que tuvo acceso CIPER, un proyecto minero tipo levantado en Chile, va a tener una carga total de impuestos de 39,4%, obteniendo una rentabilidad de 14,5 por ciento.
Para que se haga una idea: la misma inversión puesta en México, Indonesia o Sudáfrica tiene una carga impositiva mucho mayor (entre 5 y 10 puntos porcentuales más). De hecho, el único lugar donde tributaría menos que en Chile es en Australia occidental. Pero en ese caso obtendría también una rentabilidad menor. De ahí que Chile aparezca como un lugar idílico para las grandes empresas mineras, aún con las tasas actuales del Impuesto Específico a la Minería (IEM), cuyo promedio es 6%, pero que volverá a ser de 4% para la mayor parte de las empresas entre 2013 y 2018. (Ver gráfico)
Los datos de Cochilco arrancan de un modelo creado por un reconocido consultor e investigador de temas mineros (James Otto, de la Universidad de Denver, en Estados Unidos). Otto desarrolló el prototipo a partir de una inversión promedio, pues hoy resulta prácticamente imposible comparar sistemas tributarios de países distintos: es como mirar dos madejas de lana y buscar las 7 diferencias: cada nación tiene sus royalty, sus plazos, sus franquicias, sus filtraciones (Vea la “Tabla comparativa de sistemas tributarios”).
Ese es otro tema con Chile: el sistema está lleno de beneficios y vacíos que las empresas saben aprovechar hasta la última gota, sobre todo las más grandes, pues cuentan con la asesoría de las principales consultoras tributarias del mundo (Ernst & Young, Price Waterhouse), y de abogados con postgrados en planificación tributaria, un área que se ha desarrollado fuertemente en los últimos diez años y cuyo principal objetivo es “optimizar la carga impositiva”. En buen castellano: reducirla al mínimo.
-Nuestra Corte Suprema validó la planificación tributaria, cuando en el caso Bahía (2001) establece que el contribuyente está en su pleno derecho de buscar la optimización en el pago de impuestos -afirma Javier Jaque, ex monitor académico del Servicio de Impuestos Internos (SII) y actual director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile.
“Planificar no es eludir, menos evadir. Es hacer las cosas bien para el futuro y tratar de ahorrarse los impuestos”, profundiza Juan Aguilar, quien al igual que Jaque trabajó por años en el SII y hoy asesora a diversas empresas, entre ellas mineras, como planificador tributario.
De un lado, entonces, está toda la expertise y el know how privado. Del otro, el enorme aparato del Estado, intentando marchar al vertiginoso ritmo de las multinacionales.
El Servicio de Impuestos Internos ha puesto a su mejor gente a entender cómo funciona el negocio minero. Pero la distancia entre los dos mundos aún es grande. Recién en 2001 se creó en el SII la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC), el departamento que audita a las más grandes empresas chilenas y extranjeras (Falabella, la banca, las universidades privadas, las Isapres) y, entre ellas, a las mineras (Vea la nómina de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos).
La Dirección cuenta con 220 personas (entre fiscalizadores y jefes), sin embargo, aún no existe dentro de ella un equipo específico dedicado a la industria minera. Ello, pese a que desde 2004 es el sector que más impuestos paga en Chile (25% del presupuesto fiscal viene de los tributos de Codelco y las empresas privadas, según datos de 2011). (Vea el Presupuesto de la Nación).
“La Dirección de Grandes Contribuyentes está dividida entre empresas nacionales e internacionales; y las mineras están en ambas áreas. Más adelante se pretende crear una unidad minera con fiscalizadores especializados”, cuenta una fuente del SII. A la DGC llegan los mejores funcionarios del Servicio, pero no es obligatorio que sepan inglés o que tengan estudios de postgrado, por ejemplo. De hecho, solo hace tres años comenzaron a impartirles clases de inglés a través de un programa de e-learning.
-El año 2006 había que negociar con Argentina por el proyecto Pascua-Lama. Nos reunimos con la empresa y les pedimos cifras de su proyecto. Se les pidió a unos ingenieros, gente con MBA y ese tipo de post grados, que hicieran un modelo con las proyecciones para calcular cuánto iba a ganar la empresa en ambos países. Hicieron el modelo. Luego se les pidió que le aplicaran los impuestos de los dos países, pero no sabían cómo hacerlo. Los funcionarios no sabían cómo calcular el efecto considerando la distribución de dividendos y el modelo de de flujos completo -revela un ex funcionario que estuvo en las negociaciones. (Ver recuadro).
Chile es un paraíso por donde se le mire. A través del DL 600, que regula la inversión extranjera, en las últimas décadas las mineras con capitales internacionales han podido gozar de «invariabilidad tributaria». ¿Qué significa eso? Que tras firmar un contrato con el Estado, este se compromete a no cambiarles «las reglas del juego». De esta manera se les envía una señal muy clara a las empresas extranjeras. Los impuestos, que en general dependen de la voluntad política de los gobiernos, quedan bajo una camisa de fuerza y dejan de ser considerados «un riesgo» por el inversionista.
El más reciente ejemplo de la importancia que se le otorga a este tema, y el uso político que se le da, es la elección de Ollanta Humala como Presidente de Perú. Al día siguiente de conocidos los resultados que daban como ganador a Humala, la Bolsa peruana se desestabilizó. ¿Qué pedían las mineras, las corredoras internacionales y el empresariado peruano para calmar a los mercados? Que el nuevo Presidente se comprometiera a no cambiar «las reglas del juego».
“Lo importante para nosotros es que se respeten los contratos y que se generen los consensos y conciertos necesarios para que se mantenga la competitividad del país”, afirmaba Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Perú, entrevistado por La Tercera, en los días siguientes a la elección de Humala. Eso, en un país donde la industria minera tiene proyectado invertir US$ 41.500 millones en los próximos 10 años.
En el caso de Chile, hasta 2005, existían fundamentalmente dos tipos de invariabilidad, reguladas por el DL 600. La más conveniente (y que estaba destinada a las inversiones mayores, por sobre los US$50 millones) era la del artículo 11 Bis, el cual garantizaba mantener inamovible como una estatua la tasa de impuestos a las remesas de utilidades y otras normas que podrían alterar esa tasa.
Eso, por 20 años. Aunque durante el período del contrato se produjeran cambios al sistema impositivo, como efectivamente ocurrió en Chile en 2001 con la ley contra la evasión tributaria.
Uno de los temas que se reguló entonces fue la depreciación acelerada. A través de esta medida, el gobierno de la época buscaba aumentar los pagos de impuestos y terminar con beneficios indirectos que redundaban en una menor tributación. Pues bien, a las mineras que tenían contratos vigentes con el Estado, esa modificación les pasó por el lado. La nueva normativa solo iba a regir para los proyectos que firmaran contratos después de 2001.
Como la invariabilidad tributaria es un gran beneficio para las empresas extranjeras, éstas se comprometen con el Estado a pagar una tasa impositiva un poco más alta por llevarse las utilidades fuera del país: sin contrato, pagarían 35%; con contrato, la tasa sube a 42%. Sin embargo, en la práctica, ese acuerdo nunca ha regido, pues la mayoría de las compañías renuncian a la invariabilidad antes de repatriar sus dividendos. O incluso el mismo día. Luego, sacan la plata pagando la tasa del 35 por ciento.
En la historia del Comité de Inversiones Extranjeras solo una empresa ha pagado la tasa del 42%: lo hizo un inversionista japonés que se convirtió en un mito dentro de la institución pues hasta ahora se ignora por qué tomó esa opción.
El DL 600 es una creación del régimen de Pinochet para atraer inversión extranjera. Pero fue con Hernán Büchi como ministro de Hacienda que los plazos de las franquicias se aumentaron, pues en esos años “meter plata en Chile era como invertir en Ruanda, había que estar loco”, recuerda un ex funcionario del Comité de Inversiones Extranjeras.
A comienzos de los ‘90, la fama de Chile no era mucho mejor. De hecho, según explica esta misma fuente, las primeras mineras que vinieron al país lo hicieron luego de contratar un seguro en el Miga, una agencia de garantías del Banco Mundial cuya especialidad son los países «en riesgo económico»: países con peligro de guerra civil, expropiaciones o restricciones a las transferencias de dinero.
“Cuando yo entré a trabajar al Comité de Inversiones Extranjeras en 1990, el gran tema para todas las empresas mineras era la compra de seguros de riesgo político. Todo el mundo iba al Miga antes de invertir en Chile”, dice la misma fuente. Para hacerse una idea: hoy, la mayor parte de los clientes del Miga en materia minera son grandes empresas con inversiones en la Federación Rusa, Indonesia y el Congo.
Ahora, con la introducción del Impuesto Específico a la Minería (IEM), el artículo 11 Bis dejó de ser una alternativa para las grandes compañías. Desde fines de 2004, toda minera que se acoge al IEM (fundamentalmente las grandes) solo puede regirse por el artículo 11 Ter, que también tiene sus beneficios. En este caso, por ejemplo, las tasas del IEM se mantienen invariables por períodos de 12 a 15 años. Además, se le asegura a la empresa que no se le aplicarán nuevos tributos ni les aumentarán el valor de las patentes de explotación y exploración que cancelan por su propiedad minera.
En Chile, además, las empresas en general gozan de una serie de franquicias tributarias. De hecho, de acuerdo al ranking mundial de tasa de tributación realizado por Price Waterhouse en 2010 (donde se incluyen los impuestos a las empresas, laborales y todos los demás tributos), Chile es por lejos el país más conveniente para invertir a nivel continental. Ocupó el lugar 24 entre 183 países analizados. En el puesto 23 se ubicaba Islandia. Y Trinidad y Tobago, la primera nación americana en aparecer, está más de 20 lugares después de Chile.
Hay varios ejemplos que refrendan lo competitivo que es Chile. Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países mineros (Vea la tabla comparativa), las empresas pueden arrastrar pérdidas de manera indefinida. ¿Qué implica eso? Que mientras tengan pérdidas, sobre todo durante los primeros años del proyecto, van a pagar menos impuestos pues hay menos ganancias. A ello hay que agregar la depreciación acelerada (otro ítem que aumenta los gastos en los primeros años de vida); y otros beneficios hechos a la medida de las mineras, como hacer aportes a través de bienes de capital que, al ingresar al país, no pagan IVA (esto, para las firmas extranjeras que suscriben contratos con el Estado a través del DL 600).
Es difícil encontrar modelos parecidos al DL 600 en otros países del mundo. De hecho, este año una comisión discutió cómo modernizarlo emergiendo una corriente partidaria de eliminarlo por considerarlo obsoleto y demasiado pro inversionista extranjero. Los que lo defienden dicen que actualmente países como Colombia o Perú tienen instrumentos mucho más agresivos para atraer la inversión externa.
-Una de las razones por las cuales los inversionistas chinos no han llegado masivamente a Chile y han optado por Perú, es porque el empresario chino quiere traer su barco con trabajadores de su país para operar la mina, pero bajo las condiciones laborales chinas. Chile es bastante restrictivo en esas áreas. Por ejemplo, la ley fija un porcentaje máximo de personal extranjero (15%) por empresa -explica una fuente vinculada a las negociaciones con inversionistas extranjeros.
Chile tiene otra serie de beneficios para las empresas: la estabilidad política, las buenas notas que le dan al país las clasificadoras de riesgo (eso significa menos intereses al pedir préstamos en bancos internacionales); o el que en Chile, hasta ahora, una empresa minera no esté obligada a preocuparse por el costoso cierre de las faenas, como sí debe hacerlo en Perú (actualmente, el proyecto de cierre de faenas está en su tercer trámite constitucional en el Congreso).
Tampoco pasan en Chile episodios como los que vive un inversionista en Argentina o en otros países federales, que debe aprenderse el mapa de la legislación ambiental de los distintos estados pues las reglas cambian según el lugar donde se ubique el proyecto.
-Chile tiene condiciones muy especiales para la explotación minera: costos bajos y una infraestructura relativamente buena. Además, como es un país muy angosto, las minas están cerca de los puertos y esa es una cuestión tremendamente importante. La mayor parte de las faenas están en el desierto, por lo tanto tampoco hay muchos problemas ambientales ni con las comunidades, como ocurre en Perú. En suma, las condiciones son excepcionales -resume Juan Villarzú, ex presidente ejecutivo de Codelco y actual presidente del directorio de Minera Apoquindo, una compañía canadiense con inversiones en Chile y Perú.
“A los extranjeros les encanta Chile”, subraya Villarzú. Y acota: “Aquí están ganando mucha plata”.
Según su experiencia, una empresa cualquiera a la que le va excepcionalmente bien, tiene utilidades antes de impuestos de 30% (los bancos en Chile, por ejemplo, tienen utilidades de 26%). Y las mineras, con los actuales precios del cobre, hoy están teniendo márgenes de 50% y más.
-Con este boom, las mineras van a ganar plata por 10 ó 15 años más. Y nosotros vemos pasar esta historia. El país tiene diez mil necesidades y pasan los millones de dólares por delante -reclama Villarzú, firme partidario de aplicar un IEM mucho mayor del que actualmente existe en Chile. (Vea “Royalty: Los millones de dólares que Chile regala a las empresas mineras”)
Distintas fuentes confirman que hoy el tema, para buena parte de las mineras, es qué hacer con tanta plata.
Eduardo Titelman, ex asesor de tres ministros de Minería y ex jefe de estudios de Cochilco, publicó en 2010 un artículo donde analizó los resultados de las grandes mineras, con especial énfasis en las utilidades que éstas han obtenido en los últimos años. Según sus cálculos, entre 2005 y 2009, se les regaló a las mineras US$10 mil millones anuales, que es más o menos lo que obtuvieron de utilidad extraordinaria: recursos que se relacionan no con su gestión, sino con el valor del cobre y los altos precios con que el metal se está transando en el mercado. (Vea “Royalty: Los millones de dólares que Chile regala a las empresas mineras”)
¿Y qué son US$10 mil millones?: el presupuesto que se destina actualmente a Educación en Chile.
En 2004, una comisión del Senado encargada del estudio de la tributación minera identificó una lista de mecanismos por parte de las empresas del rubro que redundaban en un menor pago de impuestos. Siete años después, CIPER consultó a profesionales y algunos de los expertos que participaron en esa investigación para saber cuáles se mantenían. Y se identificaron las siguientes prácticas:
-Endeudamiento con empresas relacionadas: una empresa con más deuda tiene más gastos y, por lo tanto, menos utilidades. Es frecuente entonces, que las empresas mineras locales estén endeudadas con sus empresas relacionadas (las casas matrices, por ejemplo), por importantes sumas de dinero, lo que significa más pérdidas. Pero además, las grandes mineras acuden a otra treta. La razón es bien clara: por retirar utilidades y llevárselas al extranjero, se paga un impuesto de 35%. Por retirar dinero para pagar intereses como consecuencia de un préstamo, en cambio, el impuesto que se aplica es de 4%. ¿Qué hacen algunas mineras entonces? Se endeudan con sus empresas relacionadas y retiran utilidades disfrazadas de pago de intereses. En 2001 esta situación se reguló a través de la ley contra la evasión tributaria, que introdujo un impuesto de 35% al pago de «intereses excesivos». No obstante, según los expertos, las empresas aún tienen un amplio margen para endeudarse con sus relacionadas (hasta tres veces el capital propio tributario) y siguen utilizando este mecanismo, pues para el SII es difícil de pesquisar ya que el endeudamiento se puede diferir a lo largo del año.
-Inversiones ficticias: para evitar pagar el 35% por el retiro de utilidades, la compañía informa al Comité de Inversiones Extranjeras que va a reinvertir las utilidades en una empresa en Chile. Como en teoría no se está llevando la plata fuera del país, no paga el impuesto adicional, sino solamente el 17% de Primera Categoría. Luego, la nueva empresa puede dedicarse a hacer negocios dentro o fuera de Chile con el capital que ha recibido y para el SII es imposible seguirle la pista a ese dinero.
“Muchas empresas en este minuto no tienen nada que hacer con la plata. ¿Qué están haciendo las compañías entonces? Están financiando proyectos en otras partes del mundo desde Chile”, explica un asesor empresarial. Para ello usan dos mecanismos: invierten en el capital de empresas relacionadas en el exterior que llevan adelante los proyectos (adquieren acciones, por ejemplo); o lo que es más común, les prestan dinero a esas empresas. En el camino, se ahorran el pago del 35% por las remesas de utilidades al extranjero.
-Precios de transferencia: es uno de grandes temas pendientes en Chile y una de las vías por las cuales todos los expertos coinciden en que se elude la mayor cantidad de impuestos. Se refiere a los precios que se fijan empresas relacionadas, cuando una está en Chile y otra en el extranjero (matriz y filiales, por ejemplo) por la compra y venta de productos o servicios, los cuales se abultan o se disminuyen en función de la conveniencia contable. A comienzos de año, el director del SII anunció que el servicio iba a enviar un proyecto de ley para que se regulara esta materia, pues Chile es uno de los pocos países del mundo donde es tarea del SII descubrir la trampa y denunciarla (en otros países, las empresas tienen que demostrar que los precios no están abultados o rebajados en forma artificial). Hasta ahora, sin embargo, el SII no ha enviado el citado proyecto. “Lo estamos socializando con firmas de asesoría tributaria y estudios de abogados”, explicaron en el SII. La idea es enviarlo al Congreso en julio.
-Dependiendo de cómo sea la tributación en el otro país, tú haces juegos con los precios de transferencia para aumentar la pérdida en un país o disminuir los ingresos en otro. Para demostrar eso, el servicio necesita coordenadas para poder tasar y demostrar los precios. Ahí es donde está la limitante del SII – grafica Juan Aguilar, planificador tributario.
Hasta ahora se desconoce con qué herramientas el SII pretende combatir esta práctica. En un seminario organizado por la Sofofa el pasado 23 de junio, el jefe de gabinete del director del servicio, Gerardo Montes, explicó en detalle a los empresarios los alcances de la reforma. Según el funcionario, la idea no es sobre regular sino “entregar certeza a los empresarios”.
-Estamos trabajando para entregar certeza y transparencia -afirmó.
* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.