La obsesión de EE.UU. con las supuestas conexiones del terrorismo islámico en Chile

El informe de lo conversado en aquella reunión era confidencial. El entonces embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Chile, Craig Kelly, organizó ese 6 de enero de 2005 un almuerzo para agradecer el apoyo prestado en la cumbre de la APEC que se había realizado sólo un par de meses antes en Santiago. Y para ello, invitó a tres hombres clave. En la mesa se sentaron Gustavo Villalobos, director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), el general director de Carabineros general Alberto Cienfuegos y Arturo Herrera, director de la Policía de Investigaciones (PDI). Pero el agradecimiento era sólo el motivo oficial. Kelly también pretendía sondear el estado de la seguridad en el país. El cable N° 25.425 enviado ocho días después por el embajador al Departamento de Estado no informa de lo que comieron, pero sí de lo que hablaron.

La conversación pasó por varios temas: el rol de la ANI como un ente de análisis y no de operaciones, la situación en Haití, la Convención de la OEA sobre Cooperación Legal entre países, la relación entre las policías en la región y la presencia de terrorismo en la zona. De los documentos diplomáticos filtrados por Wikileaks, este es el primero de una serie que demuestran no sólo la preocupación de Estados Unidos por las actividades y conexiones de la comunidad islámica en Chile, sino que también el apoyo que le ha dado el gobierno chileno en tareas de inteligencia.

El general Cienfuegos fue tajante en su primera intervención: “El terrorismo internacional en Chile no existe”. Luego, Villalobos dijo que no hay grupos armados operando en el país y que no hay confirmación sobre el financiamiento a terroristas u otra actividad relacionada en Iquique, una ciudad “con una importante población de paquistaníes y libaneses”. Sin embargo, dio a entender que el dinero del contrabando y la venta de autos en esa ciudad es enviado a “receptores desconocidos”.

Antes de terminar el almuerzo, Cienfuegos le dijo a Kelly que Carabineros le prestaría apoyo a EE.UU. para ingresar a Colonia Dignidad a investigar la desaparición del ciudadano norteamericano Boris Weisfeiler durante la dictadura. También le señaló que, en el marco de esa investigación, era un buen momento para hablar con el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras.

Pero la prioridad de Kelly, como lo demuestran los cables, no era precisamente el caso Weisfeiler. Incluso desde antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, reportes de prensa indicaban la preocupación creciente de EE.UU. sobre el establecimiento de grupos terroristas islámicos en Sudamérica, principalmente en la zona de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Si bien los invitados a la reunión no reconocieron la presencia de terroristas en Chile, sí dejaron entrever que las autoridades chilenas habrían detectado el envío de fondos desde el norte del país a agrupaciones en el extranjero. También indicaron la dificultad para el sistema judicial chileno de perseguir los casos de terrorismo y su financiamiento, “no tan fáciles de probar como los casos de drogas”. Después de ese almuerzo, el interés de EE.UU. por las actividades de la comunidad islámica en el país se hizo evidente y sus sospechas, cada vez más explícitas.

MUSULMANES EN EL PAÍS: PERFIL SECRETO DESDE LA EMBAJADA

En agosto de 2005, desde la sede diplomática norteamericana salió el cable N° 38.339, titulado “Comunidad musulmana en Chile” y etiquetado como “Secreto”. En el documento, el embajador Kelly señala que la comunidad islámica en el país “está fragmentada y comprende menos de la mitad del 1% de la población”. Además indica que debido a su pequeño tamaño y a “su aparente balcanización, hay poca información generalmente disponible sobre sus dinámicas y personalidades”.

Luego de una breve reseña histórica que va desde la fundación en 1926 de la Sociedad de Musulmanes Chilenos Unidos hasta la creación de la segunda mezquita construida en Chile en 1999 “para servir a los musulmanes (muchos comerciantes paquistaníes) que llegaron en 1972 con el establecimiento de la Zona Franca de Iquique”, se refiere a las disputas por el control de la nueva mezquita en Coquimbo. Según indica el informe, su edificación tuvo un costo de US$ 875.000 y fue financiada en partes iguales por el gobierno de Marruecos y la municipalidad de Coquimbo. Pero la disputa a la que se refiere Kelly en el cable era interna: grupos sunitas y chiítas se peleaban por quién se haría cargo de la dirección teórica del nuevo centro. Un grupo de chiítas argentinos que había asesorado el proyecto atacó verbalmente al alcalde de Coquimbo, pero la ofensiva chiíta también venía desde Santiago y pedía a las autoridades que investigaran a los grupos sunitas, ya que eran peligrosos.

Kelly además se basa en un sitio web -cuya dirección no indica- para graficar la fragmentación de los musulmanes en el país. Aunque dice que su “exactitud es desconocida”, asegura que es interesante porque sugiere una división también entre árabes o paquistaníes, ya que la mezquita de Iquique también tendría problemas entre su líder y las tendencias de los grupos Tabligh en Santiago.

Pero el foco de EE.UU. no está en las disputas internas ni en cuántos musulmanes hay en el país. Lo que realmente le importa es lo que aparece en los comentarios que hace Kelly al final del cable:

-La embajada (norteamericana) trabaja activamente con el GOC (gobierno chileno) para impulsar el monitoreo de organizaciones musulmanas en Chile, particularmente grupos conectados con la Zona Franca de Iquique. Estos grupos son conocidos por tener conexiones con organizaciones islámicas en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Hay información de inteligencia que indica que grupos de Iquique contribuyen a la recolección de fondos para organizaciones de caridad islámicas y posiblemente otras (…). Mientras las autoridades policiales y de inteligencia gubernamentales chilenas monitorean algunos grupos, hasta ahora el Gobierno de Chile no ha sido particularmente agresivo, dado a la estructura legal chilena de las operaciones de inteligencia y a la aparente falta de convicción de que hay allí una amenaza seria. Como se ha reportado por otros canales, acciones recientes del gobierno chileno, como la incursión contra el objetivo de Hezbollah, Ali Mohammad Rashid, en Iquique y Santiago podrían verse como un presagio de cambio en la histórica política de cautela contra personalidades musulmanes radicales en Chile.

Ese mismo mes la Policía de Investigaciones había allanado varias propiedades de Ali Mohammad Rashid, un ciudadano paraguayo nacido en El Líbano en búsqueda de pruebas que lo vincularan al lavado de dinero para financiar el terrorismo. Según publicó entonces La Nación, se trató de un enorme operativo que sólo arrojó inconsistencias en los flujos de dineros, pero no pruebas contundentes. Nunca más se supo del caso, pese a que Ali Mohammad Rashid ya había estado bajo sospecha en 2003, sin que lograra acreditarse el delito.

CHILE, UN ALIADO

El informe que la embajada despachó cuatro meses después a Washington deja claro que para EE.UU. Chile es un aliado fuerte en la región en la guerra contra el terrorismo. Según el cable N° 47.948, titulado “Chile 2005: Reporte nacional sobre terrorismo”, el gobierno de Ricardo Lagos había apoyado los esfuerzos norteamericanos en varios foros internacionales. De hecho, el ex embajador de Chile en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Heraldo Muñoz, durante 2004 presidió el comité que sancionaba a Al-Qaeda y al régimen talibán en Afganistán. También celebra la promulgación en 2003 de la Ley 19.913 sobre lavado de dinero , ya que penaliza el financiamiento del terrorismo, pero agrega que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales algunas de las atribuciones de la naciente Unidad de Análisis Financiero (debido a la vulneración del secreto bancario) la dejaron “fuertemente discapacitada”.

Los diplomáticos norteamericanos, reconocen que los esfuerzos antiterroristas de las autoridades chilenas han aumentado y que el país ha hecho un esfuerzo por eliminar el “santuario” para terroristas. Principalmente por la información que habla de “simpatizantes de terroristas” residiendo en Chile y la supuesta autorización que tiene Hezbollah, una organización libanesa que EE.UU. considera extremista, para funcionar como una entidad sin fines de lucro en Iquique.

-Mientras Chile oficialmente condena el terrorismo y las organizaciones terroristas, hay evidencia de apoyo privado entre pequeños grupos en Chile a organizaciones terroristas como Hezbollah, grupos islámicos anti-EE.UU., las FARC y grupos bolivarianos anti-EE.UU. –dice el cable.

El informe indica que las autoridades chilenas se han interesado más en las posibles conexiones de extremistas islámicos de la Triple Frontera con Iquique. De hecho, dice que la PDI ha investigado varios casos de terrorismo, pero que ninguno ha llegado a ser judicializado. Por lo mismo, EE.UU. no sólo ha continuado en Chile con su programa de entrenamiento a las fuerzas de ley y orden, equipamiento e incluso fondos para mejorar sus capacidades en el combate contra el terrorismo y la coordinación con las policías y agencias de inteligencia norteamericanas.

En mayo de 2005 aproximadamente 70 jueces chilenos recibieron instrucción sobre leyes de propiedad intelectual (IPR) y la posible vinculación entre las violaciones a esas normas con conspiraciones para el lavado de dinero. El gobierno estadounidense ha presionado fuertemente a su par chileno para exigir el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual desde hace muchos años y esta vez aprovechó una de las habituales capacitaciones que realizan a los magistrados para promover su tesis de que la piratería sirve de pantalla para financiar el terrorismo, especialmente asociado a zonas francas como la que existe en Iquique.

FINANCISTAS DE “TERRORISTAS DESCONOCIDOS”

Cada cierto tiempo, el Departamento de Estado en Washington envía a sus sedes diplomáticas repartidas por el mundo un cuestionario para evaluar el ambiente de seguridad en las distintas naciones. Las preguntas apuntan a saber si existen grupos étnicos o religiosos capaces de llevar a cabo demostraciones anti-norteamericanas, si ha habido protestas en contra de políticas de EE.UU. en los últimos meses, si han sido violentas y si han corrido riesgo instalaciones o funcionarios de ese país. También sondea las capacidades de las autoridades locales para controlar esas manifestaciones, si el país tiene algún conflicto con otro estado, la situación del “terrorismo indígena” y los indicadores de terrorismo transnacional. El 27 de febrero de 2006, el embajador Kelly despachó su respuesta sobre la situación chilena en el cable N° 54.538.

El representante norteamericano indicó que sí hay grupos étnicos contrarios a los intereses de EE.UU. en Chile. Habló de “una pequeña comunidad de descendientes de árabes musulmanes” que ya se han manifestado contra la guerra en Irak, una parte de la enorme colonia chilena de palestinos y libaneses que “podrían compartir algunas de las mismas posiciones políticas” y de la considerable comunidad cubana que vive en Santiago. Sin embargo, su mayor preocupación no tiene que ver precisamente con estos últimos.

Cuando le preguntan sobre la presencia de grupos indígenas terroristas, Kelly se refiere a los mapuche que están en conflicto en el sur del país, aunque asegura que no son ni terroristas ni contrarios a EE.UU. Que sus actividades violentas contra el gobierno y algunos terratenientes de la región sólo podrían afectar a norteamericanos “que estén en el lugar y momento equivocados”. Pero lo cierto es que no está seguro si hay grupos indígenas anti-EE.UU.

-Es incierto. Hay información contradictoria sobre grupos indígenas anti-americanos en Chile. Grupos respaldados por Irán y Hezbollah han continuado su búsqueda de apoyo entre individuos indígenas –responde Kelly.

Este cable es uno de los más claros para determinar las sospechas que tiene Washington sobre la presencia de terroristas internacionales en Chile. Según el embajador, en el norte del país hay simpatizantes de Hezbollah y hay indicios que hablan de extremistas paquistaníes y otros partidarios de Al Qaeda en territorio chileno. Dice que “estos fundamentalistas, que son conocidos por estar asociados a Hezbollah, están incrementando su presencia y actividad en Chile”. Que están repartidos entre Iquique, donde la organización iraní estaría recolectando fondos, y, en menor cantidad, en la capital

-El Centro Islámico de Santiago ciertamente provee apoyo financiero a terroristas desconocidos. Reportes esporádicos sugieren que estos grupos tienen la capacidad de planificar operaciones si quisieran hacerlo. Periódicamente hay reportes no confirmados que indican la intención de planificar un acto terrorista en algún lugar de la región, pero nada definitivo. Se cree que los grupos de Hezbollah en el norte de Chile son las células financieras.

En Santiago actualmente existen dos organizaciones que agrupan a la comunidad musulmana: el Centro Islámico de Chile, en Ñuñoa, y el Centro Islámico de Santiago, en Conchalí. Ambos son sunitas y se diferencian entre sí en que la primera es más grande, con presencia de extranjeros y un poder adquisitivo mayor, mientras que la segunda es bastante reducida y la componen sólo chilenos que se han transformado al Islam. Por lo mismo, no queda claro a cuál se refiere el embajador, pero la aseveración que hace es tan dura como ambigua.

En octubre de ese año, Gustavo Villalobos, director de la ANI, y Luis Alarcón, jefe de inteligencia de la PDI, participaron en una reunión de los representantes en Chile de los países del G-8, organizada por el embajador ruso Yuriy Filatov. Lo que ocurrió en ese encuentro aparece detallado en el cable N° 81.651. Allí, Villalobos y Alarcón aseguraron que no hay datos concretos que vinculen la actividad terrorista de la Triple Frontera con los grupos islámicos de Iquique, pero que sí existe evidencia que indica que desde esa ciudad podría estar saliendo financiamiento para grupos de Medio Oriente y que Chile podría estar siendo utilizado para operaciones de lavado de dinero de esas organizaciones.

La forma en que opera el monitoreo de la embajada de Estados Unidos a supuestos terroristas islámicos quedó en evidencia en mayo de 2010, semanas después del último cable filtrado por Wikileaks. Es por eso que no existen registros de lo que luego se conoció a través de la prensa: que funcionarios estadounidenses identificaron al pakistaní Mohamed Saif Ur Rehman como sospechoso, que lo siguieron hasta la mezquita de Ñuñoa, que luego lo citaron a la embajada por supuestos problemas en su visa y que una vez ahí lo retuvieron por tener rastros de elementos explosivos. Tras meses de pesquisas, el Ministerio Público no logró probar que el joven estuviera vinculado a actividades terroristas y decidió no perseverar en la investigación.

TRES PAÍSES SOBRE EL EMBAJADOR DE IRÁN

Era mayo de 2007 cuando un diplomático norteamericano le preguntó al actual embajador en Ecuador, Juan Pablo Lira, entonces a cargo de la Dirección América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el fortalecimiento de las relaciones de Irán con el gobierno de Hugo Chávez. Para ese entonces, Irán no tenía embajada en Chile y EE.UU. temía que el acercamiento del país islámico con Venezuela le abriera las puertas en la región. Entonces, quería saber cuál era la postura de Chile.

El cable N° 108.347 que contiene la respuesta de Lira está catalogado como “Secreto”. En el texto, el funcionario responde que Chile comparte las preocupaciones de Washington y que Irán ya se ha puesto en contacto con autoridades chilenas para reabrir su embajada. Según él, el gobierno sólo se comprometió a estudiar la propuesta y que “no tiene ninguna intención de responder positivamente”. Que la opción que se ofrecería sería acreditar al embajador de ese país en Buenos Aires cuando reabran su embajada en Argentina. El cable dice además que la visita del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad a la toma de mando de Rafael Correa en Ecuador no era buen augurio para la dirección que éste le daría a su gobierno y que la ANI ya estaba monitoreando a los iraníes presentes en la Triple Frontera, principalmente a los que habían pasado por Chile, ya que podían fortalecer el narcotráfico y el terrorismo.

Las aprehensiones del gobierno chileno por la reapertura de la legación diplomática en Santiago pueden tener que ver con lo ocurrido en 1998, cuando Teherán cerró su sede en Chile. De acuerdo a un reportaje publicado en el diario La Tercera, sólo dos días después de la partida de los iraníes, funcionarios Dirección de Seguridad Pública, Investigaciones y Carabineros allanaron en secreto el lugar en busca de información vinculada a actividades extremistas. Temían que la embajada hubiera sido utilizada como refugio de alguno de los terroristas que atentó contra objetivos israelíes en Buenos Aires en 1992 y 1994. Tanto sobre el embajador como el cónsul de la época pesaban órdenes de captura internacional pedidas por Argentina.

De todo modos, pocos meses después de las palabras de Juan Pablo Lira Irán ya tenía abierta su embajada en Chile. Pero su estadía no pasaría desapercibida. Los pasos de esa representación diplomática, encabezada por el embajador Kambiz Jalali, sería seguida de cerca no sólo por los gobiernos de EE.UU. y Chile, sino que también por el de Israel.

En julio de 2008, desde la embajada de EE.UU. salió el cable N° 162.871 titulado “Relaciones israelíes e iraníes con Chile” y etiquetado como “Confidencial”. En ese documento, el agregado de Defensa de Israel, Yoeli Or, asegura que trabaja en conjunto con las policías chilenas y “otras agencias de inteligencia” (posiblemente la ANI) compartiendo información y proveyendo entrenamiento cuando es posible, aunque se encuentra desanimado por “el fracaso del gobierno chileno en tomar la amenaza del financiamiento del terrorismo seriamente”. En todo caso, Or dice que están trabajando con el gobierno chileno para monitorear cualquier actividad inusual del embajador Jalali y de los 37 palestinos musulmanes provenientes de la frontera entre Irak y Siria que fueron reubicados en tres ciudades chilenas a principios de ese año.

Además, según dice el cable, fuentes israelíes creen que compañías chilenas tienen vínculos con el financiamiento de terroristas, tanto directa como indirectamente. Por lo mismo, Or asegura que la inteligencia israelí ya está en el país monitoreando de cerca la influencia iraní entre los grupos islámicos y palestinos.

El cuestionario secreto que envió la secretaria de estado Hillary Clinton en enero de 2009 a 27 receptores distintos, muestra claramente que la preocupación de EE.UU. por la presencia de Irán en Latinoamérica no amaina. En el cable N° 188.653, Clinton informa a sus representantes diplomáticos que la Secretaría de Estado detectó que Irán se está acercando a los países de la región para fortalecer lazos y buscar aliados que compartan su agenda anti-EE.UU. Dice que ya cuenta con embajadas en 10 países y centros culturales en otros 16. Que la relación con Venezuela es la más clara y que ese país podría ser usado por los simpatizantes de Hezbollah como un lugar seguro mientras “otros gobiernos populistas” (Bolivia, Ecuador y Nicaragua) estrechan sus relaciones con Irán. La lista de preguntas pretende recabar información sobre la penetración que ha tenido la influencia de Irán en distintos grupos de los diferentes países. Ese es el último de los cables relativos a la preocupación norteamericana por las conexiones terroristas en Latinoamérica a los que tuvo acceso CIPER. La respuesta del embajador norteamericano en Chile no está incluida en el paquete de cables de Wikileaks.