Los polémicos indultos de Frei: El patrón que Piñera no quiere repetir

Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Sebastián Piñera cuestionó duramente a su contendor Eduardo Frei por haber entregado indultos a homicidas y narcotraficantes. Pese a que el Ministerio de Justicia había sistematizado los datos oficiales de dichos beneficios, retrasó innecesariamente su entrega, recurriendo a resquicios de la Ley de Transparencia. La información llegó meses después de las elecciones, cuando parecían haber perdido valor periodístico. Sin embargo, a la luz del anuncio sobre nuevos indultos presidenciales caso a caso y con causales restingidas, resulta interesante constatar que de los 343 indultos otorgados por Frei, 14 corresponden a homicidios, 8 a parricidios y 56 a delitos ligados al tráfico de drogas. Los más comunes son por manejo en estado de ebriedad. Un documento obtenido tras un fallo del Consejo para la Transparencia permite revisar los argumentos caso a caso.

El anuncio de que no habrá un indulto general generó inédito respaldo de todos los sectores políticos al Presidente Sebastián Piñera, quien descartó así la propuesta de la Iglesia Católica para el bicentenario y en cambio evaluará caso a caso antes de ejercer la facultad presidencial de indultar. Delimitó además el tipo de condenas que se incluirá, restringiendo los candidatos al beneficio: no se permitirán delitos de lesa humanidad, narcotráfico y homicidio, entre otros.

El tema de los indultos ya estuvo en la agenda política varias veces el año pasado, pues el entonces candidato Piñera le enrostró en numerosas oportunidades a su contendor Eduardo Frei el haber sacado de la cárcel a Ángel Vargas Pargas, condenado por narcotráfico, durante su mandato.

Uno de los puntos más álgidos de la polémica se vivió durante un debate presidencial en octubre pasado, cuando Piñera acusó a Frei de haber indultado a otros 56 narcotraficantes y más de 20 homicidas, a lo cual el candidato de la Concertación replicó que se trataba de inexactitudes y “cifras cualquiera”.

“Esto de decir que me llevé todo el día indultando traficantes me parece exagerado…», continuó Frei. Lo cierto es que en los datos duros Piñera no estaba tan equivocado. Antecedentes obtenidos a través de la Ley de Transparencia permiten constatar que efectivamente indultó a 56 personas condenadas a delitos ligados al tráfico de estupefacientes, mientras que benefició a 8 condenados por parricidio y 14 por homicidio. En todo caso los más numerosos fueron los casos por manejo en estado de ebriedad: 106.

Entre los argumentos más esgrimidos se encuentran los problemas de salud, motivos familiares, humanitarios y la reinserción social. Varios de los beneficiarios ya se encuentran fallecidos. El desglose completo con todos los indultos otorgados durante la administración Frei puede revisarse en un listado entregado por el Ministerio de Justicia luego de un fallo del Consejo para la Transparencia (ver documento). Estos argumentos son particularmente relevantes ahora que se debate si es adecuado que el Presidente de la República tenga la facultad de indultar.

De los presidentes de la Concertación, Frei fue el que más veces indultó: 343 oportunidades. De acuerdo a información publicada por distintos medios, lo siguen Lagos (244), Aylwin (227) y Bachelet, quien a julio de 2009 sólo había otorgado 61 indultos. Mientras Frei y Lagos tuvieron mandatos de seis años, Aylwin y Bachelet sólo gobernaron cuatro.

Gobierno de Bachelet dificultó entrega de los datos

Antes de obtener la información de manera oficial, fue necesario recurrir a la Ley de Transparencia. En julio de 2009 el gobierno había entregado a El Mercurio los datos referentes a la administración Bachelet, luego de que la Presidenta dijera en televisión que no sabía si había indultado a alguien, pues éstos se hacían a través del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, cuando CIPER pidió a esa cartera los datos de los indultos de la administración Frei a través de la Ley de Transparencia, la respuesta se enredó en la burocracia gubernamental. Si bien formalmente la respuesta que entregó el subsecretario (s) Patricio Reyes (en reemplazo del titular Jorge Frei) fue positiva, en la práctica constituía una denegación de acceso a la información. Esto, debido a que Justicia respondió que los decretos de indulto eran públicos pero se encontraban en el Archivo Nacional. Localizarlos todos ahí era una tarea larguísima e inútil, pues sabíamos que el ministerio tenía los datos en sus manos.

Recurrimos entonces al Consejo para la Transparencia, argumentando que el Ministerio de Justicia poseía dicha información sistematizada, pues la había entregado recientemente a parlamentarios que la habían solicitado (ver documentos). En sus descargos, dicha cartera defendió su decisión citando un artículo de la ley que establece que cuando la información está disponible en sitios públicos, se extingue la responsabilidad del servicio.

El ministerio aseguró que era muy fácil recopilar la información en el Archivo Nacional, pero luego reconoció que responder a los parlamentarios “significó un enorme costo personal y material”, pues debieron destinar a dos funcionarios a jornada completa a hacer dicho trabajo. Además dijo que desde 2005 contrató personal especialmente para realizar la tarea de sistematizar los datos de indultos desde 1980.

No fue difícil entonces que el Consejo para la Transparencia confirmara que los datos que pedíamos estaban en manos del ministerio y debían ser entregados. Además destacó que el Ministerio de Justicia sabía que tenía al menos parte de la información solicitada y la respuesta “constituye un infracción al principio de máxima divulgación, toda vez que pudo y debió entregar una respuesta más completa al solicitante, entregando parte de la información solicitada, adjuntando aquella información que consta en los informes enviados a la H. Cámara de Diputados y, en lo que fuese necesario, derivar al Archivo Nacional, pero identificando con exactitud la fuente, el lugar y la forma en que podría acceder a la información restante”. (ver fallo)

Pese a que finalmente la información fue enviada, esta experiencia da cuenta de que a veces los servicios públicos pueden retrasar innecesariamente la entrega de datos. Si el Ministerio de Justicia hubiera respondido adecuadamente, los datos habrían estado disponibles cuando era periodísticamente más relevantes, es decir, en medio de la campaña electoral.

* Con la colaboración de Bastián Fernández y Lissette Fossa