Los conflictos de interés que contaminan la evaluación ambiental de HidroAysén

Para fines de junio estaba programada la prueba de fuego de la tramitación ambiental de HidroAysén. Pero no era sólo un test para la empresa eléctrica (sociedad compuesta por la hispano-italiana Endesa y la chilena Colbún), sino también para el Gobierno, que por primera vez debía tomar decisiones concretas sobre la iniciativa, despejando así el panorama sobre el tipo de tramitación que dará al controversial megaproyecto que busca construir cinco represas en la Patagonia chilena, en los ríos Baker y Pascua de la Región de Aysén.

El 30 de junio la compañía debía presentar sus respuestas (adenda) al segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara, según nomenclatura del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA) que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), presidida por el ex intendente concertacionista Selim Carrasco, evacuara el 18 de enero de este año. Poco antes de cumplirse el plazo, la empresa solicitó postergar la entrega de sus respuestas por 4 meses –requerimiento aprobado el mismo día– para contar con mayor tiempo para responder las 1.114 consultas que le hicieran los órganos con competencia ambiental, bastante menos que el primer compilado de preguntas: 2.698.

Ya el 22 de enero de este año Hernán Salazar, gerente general de HidroAysén, había solicitado una primera suspensión por 5 meses, la cual fue aceptada tres días más tarde. Con la nueva prórroga quedará en suspenso hasta el 29 de octubre la posibilidad de saber cómo actuará el Gobierno. Por la empresa se pondrá también a prueba la gestión del ex director ejecutivo de TVN, Daniel Fernández, quien como vicepresidente ejecutivo estrenó nuevo cargo y mayores atribuciones en reemplazo del ex gerente Salazar.

Inconformidad: La opción que no existía

No será fácil para la administración de Piñera tomar sus primeras decisiones en torno a la tramitación de HidroAysén. Los cuestionamientos al lobby realizado, presiones sobre los servicios públicos e irregulares decisiones se han sucedido durante todo el proceso, llegando hasta la Cámara de Diputados, los Tribunales y la Contraloría. Y fue precisamente en este organismo donde se dio la última señal de que el Gobierno de Michelle Bachelet cargó, a pesar de la impresión de Enersis de que en su gestión hubo “falta de voluntad” para apoyar su iniciativa, algunos estratégicos dados a favor del proyecto.

El 10 de mayo de este año la Contraloría Regional de Aysén emitió un dictamen en el cual exige a la Conama local “arbitrar las medidas conducentes a fin de adecuar los sistemas informáticos conforme a los cuales se tramita el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19.300 y al decreto Nº 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, incorporando las distintas alternativas de pronunciamiento contenidas en el citado cuerpo legal y reglamentario”.

La resolución del organismo contralor se originó en una consulta que le hiciera el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región de Aysén en octubre de 2009, sobre una irregularidad que detectó en la tramitación electrónica de HidroAysén, que es la que rige para efectos de la evaluación. Al enfrentarse los órganos con competencia ambiental al formulario informático de ingreso de observaciones se encontraban con sólo tres posibilidades: “Pronunciamiento Conforme sobre el EIA”, “Pronunciamiento con Observaciones sobre el EIA” y “No participación en la evaluación del EIA”. Lo extraño de la situación es que la legislación ambiental establece para los órganos evaluadores una cuarta y fundamental categoría: emitir un “pronunciamiento inconforme sobre el EIA”, sobre la base de constatarse falta de información esencial y relevante, y transgresiones a la legislación aplicable.

Los opositores a este proyecto –entre organizaciones, parlamentarios y comunidades– han argumentado que 13 de los 32 servicios públicos evaluadores –más de un tercio del total– aludieron en sus versiones en papel a “falta de información esencial y relevante” y dos a “ilegalidades”en el EIA, pero ninguno pudo dejarlo consignado en la evaluación electrónica porque se había eliminado tal posibilidad. Hasta el momento el único hecho relevante conocido con posterioridad al pronunciamiento de la Contraloría Regional de Aysén, sea como resultado directo o simple fruto de la casualidad, es la remoción de quien ofició informando de las irregularidades, el director regional del SAG, Cristián López Montecinos. A pesar de haber sido designado bajo el sistema de Alta Dirección Pública, el funcionario fue destituido del cargo un mes después de conocido el dictamen.

Con HidroAysén en el corazón

Si existió un tema que inundó los medios durante los primeros meses del Gobierno de Sebastián Piñera (además de las buenas y malas decisiones post terremoto), éste fue el de los conflictos de interés. El caso de HidroAysén no fue la excepción.

La Corema de Aysén está integrada por 19 miembros. Una mayoría forma parte del Gabinete Regional –es decir del Ejecutivo– y sólo 4 representan al Consejo Regional de Aysén. Y es precisamente entre las autoridades nombradas por el Gobierno donde algunos consideran que no estarían dadas todas las condiciones para una actuación imparcial e independiente al momento de resolver sobre HidroAysén.

El caso más paradigmático es el del actual gobernador de la provincia General Carrera, Pedro Durán Ivanoff, quien además de ser miembro de la Corema debe emitir informes de evaluación sobre el estudio. Hasta un día antes de asumir en este cargo de confianza, fue coordinador provincial de Relaciones con la Comunidad de HidroAysén.

Otra situación compleja es la de Fernando Guzmán Espinoza, quien según fuentes cercanas a la empresa, también prestó servicios a HidroAysén en la evaluación de proyectos que organizaciones comunitarias presentaron para financiamiento de la eléctrica. Hoy es seremi de Economía y miembro de la Corema.

Victoria Moya Cáceres, actual seremi de Minería, también estuvo vinculada al proyecto sobre el cual se deberá pronunciar en un futuro cercano. En mayo de 2008 contó que trabajaba para una consultora que, como contratista, hacía perforaciones para HidroAysén. “La gente local lo único que quiere es trabajo”, dijo entonces cuando se le consultó sobre la oposición al proyecto. También integra la Corema.

Todo esto es particularmente complejo si se considera que tendrán que lidiar, además, con lo estipulado en la Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado: el principio de abstención establece como motivo “tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Quizás la postergación hoy juegue a su favor.

Otro que partió con una posición clara pro represas fue el actual seremi de Obras Públicas, Quemel Sade Barría. En la primera declaración que dio el 14 de abril a una radio regional, luego de que se conociera su designación, expresó que “somos la gran reserva de energía del país, la única energía limpia, nuestra y renovable es la energía hidroeléctrica, y a esa energía tenemos que sacarle lucas para que los ayseninos realmente nos incorporemos al crecimiento y desarrollo de Chile, y nos desarrollemos nosotros”. Opinión que no difiere de la que vertiera en un foro en el periódico electrónico El Ciudadano el 5 de diciembre de 2008, al opinar sobre los proyectos en la Patagonia: “La mejor energía: renovable, no contaminante y cien por ciento chilena es la hidráulica. Bienvenidos los lagos y las centrales hidroeléctricas para sacar Aysén de su ancestral ostracismo. Energía sana y un freno al calentamiento global”.

La definición en estos cargos se hizo a pesar de que la Contraloría Regional de Aysén ya dio luces sobre la estricta postura que tendrá respecto a los eventuales conflictos de interés entre las acciones de las autoridades evaluadoras y los titulares evaluados, en el marco del SEIA.

Producto de una consulta realizada el 16 de septiembre de 2009 por el autor de este reportaje, el organismo fiscalizador dictaminó el 5 de marzo de este año que “los referidos municipios deberán arbitrar las medidas que correspondan a fin de abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia de que se trata, circunstancia que será verificada por este organismo contralor en las futuras fiscalizaciones que se disponga sobre el particular”. El requerimiento había apuntado a los municipios de Aysén (alcaldesa Marisol Martínez Sánchez, PS), Cochrane (alcalde Patricio Ulloa Georgia, UDI) y O’Higgins (alcalde José Fica Gómez, DC), y requería a la entidad que procediera a “investigar y determinar la eventual incompatibilidad de los convenios y contratos (varios de los cuales generan una relación de dependencia de recursos financieros) que diversos municipios de la Región de Aysén mantienen vigentes con sociedades cuyas iniciativas presentadas ante el Sistema de Evaluación Ambiental les corresponde evaluar en el marco de la institucionalidad respectiva”.

La decisión del organismo fue un duro golpe a la política de responsabilidad social empresarial de las hidroeléctricas en Aysén, pues se vieron en la obligación de expresar públicamente que en ningún momento buscaron incidir en las decisiones de los organismos públicos, mientras los alcaldes aclaraban que los recursos recibidos no afectaron bajo ninguna circunstancia su independencia al momento de evaluar los estudios de impacto ambiental de éstas.

Dentro de las prácticas cuestionadas se incluyen diversas acciones conjuntas entre municipios y las empresas.

Una de ellas fue el “Convenio de Cooperación para la Promoción de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas entre la Ilustre Municipalidad de Cochrane e HidroAysén”, suscrito el 22 de enero de 2009, o una biblioteca para la Escuela Litoral Austral, dependiente de la Municipalidad de Aysén, por $ 4 millones por parte de Energía Austral, que junto a otras actividades ha generado incluso que tenga el concejo que aprobar modificaciones presupuestarias en la misma época en que ya le correspondía evaluar el proyecto de represa de esta empresa, río Cuervo.

También está la itinerancia del programa “Conversemos de Energía” que HidroAysén desarrolló en diversos establecimientos educacionales de la región. Luego de recorrer varias ciudades de Aysén, la situación en Villa O’Higgins fue compleja: “Apoderados de Escuela de Villa O’Higgins Impidieron Realización de Muestra ‘Conversemos de Energía’ de HidroAysén” publicó el diario local El Divisadero, dando cuenta del cuestionamiento ciudadano a este tipo de iniciativas. “Conversamos el tema con la directora y le hicimos ver que no era pertinente que una empresa viniera a promocionar un proyecto que está en plena evaluación ambiental, y con muchos cuestionamientos. Además hicimos las consultas y el programa de HidroAysén no tiene autorización del Ministerio de Educación, y nosotros no aceptamos que vengan a alterar el programa escolar de nuestros hijos” dijo en la ocasión el ex concejal y presidente de la Agrupación Cultural y Ambiental Río Pascua, Hans Silva. Ante esto se resolvió realizar la actividad en el gimnasio sólo con los niños cuyos padres autorizaran su participación, con el compromiso de que no se hiciera promoción a la empresa. Aunque según Silva sólo asistieron 14 de los casi 90 alumnos de la escuela, la promesa no se cumplió, pues al concluir la exposición se entregaron “linternas de regalo para los niños con el logo de HidroAysén”.

Pero en la decisión de la Contraloría Regional de Aysén había un fundamento de fondo: la mujer del César no sólo debe serlo, sino también parecerlo. La Ley de Bases Generales sobre Administración del Estado señala expresamente que los organismos públicos deben abstenerse de “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”. Esto ha abierto una caja de Pandora en la discusión sobre los conflictos de interés, por lo amplio que puede ser considerado el concepto “cualquier circunstancia”.

El debate sobre esta resolución de la Contraloría Regional de Aysén no ha quedado en la sola recomendación. En forma separada, organizaciones de las comunas de Cochrane, O’Higgins, Aysén y Coyhaique, además del diputado PPD René Alinco, están presentando ante el organismo solicitudes para que definitivamente se dé término a los contratos entre municipios e hidroeléctricas con estudios en tramitación, y que dirima 3 aspectos: la legalidad o ilegalidad de los contratos suscritos en situación de irregularidad, al igual que de los informes técnicos de evaluación emitidos en tal condición, y las posibles sanciones administrativas y legales a los responsables de un proceder que se considera una grave contravención a la probidad.

Los vínculos en las ventas de terrenos

Si estas situaciones refieren a temas institucionales –contratos suscritos en calidad de corporaciones edilicias– el alcalde UDI de Coyhaique, Omar Muñoz Sierra, ha tenido un vínculo un poco más personal con la compañía que desde el 22 de agosto de 2008 le corresponde evaluar al municipio que hoy encabeza (él asumió en diciembre de 2008). El 4 de abril de ese mismo año, su esposa Daissy Mondelo Duhalde vendió a HidroAysén el fundo El Treile de 661 hectáreas en el sector de Cochrane, por el cual percibió $ 231 millones. En la transacción participó el propio Omar Muñoz en su calidad de administrador de la sociedad conyugal. El abuelo de su mujer, Manuel Mondelo Oyarzo, recibió por la misma fecha $ 210 millones por La Gauchita, un campo de 600 hectáreas.

Mención aparte merece el desempeño de la Municipalidad de Coyhaique, dirigida hasta el 6 de diciembre de 2008 por el actual diputado UDI David Sandoval y cuyo administrador municipal era Omar Muñoz. A pesar de solicitársele mediante oficio participar en la evaluación de HidroAysén, la entidad no cumplió con su responsabilidad de hacerlo cuando por primera vez se lo requirió Conama. Una omisión relevante, pues podría haberse pronunciado sobre los impactos del proyecto en el uso del aeropuerto Balmaceda y el tramo del Camino Longitudinal Austral de la comuna de Coyhaique que se interna en la Reserva Nacional Cerro Castillo, ambos dentro de su jurisdicción. Sólo emitió un informe de evaluación luego del primer adenda, pero como no participó desde un principio en el proceso, no pudo hacer sus propias observaciones y sólo tuvo la posibilidad de adscribir a las manifestadas por otros servicios públicos.

Revisando las compras de HidroAysén a Daissy Mondelo se abre otra arista. En ambas transacciones, de abril de 2008, representó a la eléctrica la abogado Jeanne Marie Laporte Miguel. Este hecho no tendría nada de extraño si no fuera porque en una causa voluntaria que se llevó adelante ese mismo mes en el Tribunal de Familia de Coyhaique, en la cual la Corte dio su autorización para que dos menores de edad enajenaran por un total de $ 350 millones tres predios a favor de un tercero (extranjero, se informó en la resolución), la misma profesional actuó como defensora pública, puesta por el Estado para salvaguardar los derechos de las niñas, y en calidad de tal elaboró un informe en el cual señaló que “existen razones suficientes que legitiman la enajenación de los tres bienes raíces”. Coincidentemente, dos de estos campos terminaron posteriormente en manos de HidroAysén y el tercero, de Energía Austral, sociedad que busca construir otras 3 represas en la zona y cuyo proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo se encuentra desde mediados de 2009 en evaluación ambiental.

Por ese tiempo, además, Jeanne Marie Laporte era abogado de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la Región de Aysén, organismo ante el cual esta última hidroeléctrica tramitaba por la misma fecha planes de manejo para avanzar en su proyecto, a la vez que recibía denuncias de privados por posibles ilegalidades tanto en las operaciones forestales de HidroAysén como de Energía Austral. Incluso el 2 de julio de ese año Laporte presentó ante el Juzgado de Policía Local, en representación de Conaf Aysén, una solicitud de aprobación de una transacción extrajudicial para dar por terminado el litigio que el organismo forestal mantenía con Energía Austral por corte ilegal de bosque nativo.

Los lazos familiares del Presidente e Hydroaysén

Pero la discusión sobre los eventuales conflictos de interés no se ha dado sólo a nivel regional. En Santiago también se sigue con atención el tema. Esto, considerando que el problema podría poner en una difícil situación a quien detenta el principal cargo de la Nación: el Presidente Sebastián Piñera.

El líder del Ejecutivo tiene en el directorio de HidroAysén un pariente político cercano. Se trata de Eduardo Morel Montes, hermano de la esposa del Primer Mandatario, es decir, su cuñado, quien ocupa el cargo de director suplente. La eventual incompatibilidad es establecida claramente por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado cuando señala que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa” situaciones como “intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive”. Y es en esta última categoría donde se insertan los cuñados, además de ser una circunstancia que podría “restarle imparcialidad”.

Aunque este ingeniero civil de la Universidad de Chile se ha desempeñado en tal función desde mucho antes de que Piñera fuera candidato presidencial y participa en el directorio en representación de Colbún (en la actualidad es gerente de la División de Ingeniería y Proyectos de la eléctrica), hasta el momento la familia presidencial no ha adoptado medida alguna para evitar las eventuales inhabilidades.

Otra autoridad que ha sido cuestionada, ya públicamente, es el ministro de Energía, Ricardo Raineri, quien trabajó para Colbún en el marco del desarrollo del proyecto HidroAysén realizando un informe técnico que fuera sometido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para lograr su alianza con Endesa. Luego confirmó las aprensiones de quienes se oponen a estas iniciativas al expresar que HidroAysén era “tremendamente atractivo” para el Gobierno, lo que reiteró en una entrevista en CNN Chile el pasado 9 de junio.

A nivel de Ministerio de Medio Ambiente los opositores también ven trazas de parcialidad. De todos es conocido que la ministra del ramo, María Ignacia Benítez, se desempeñó –hasta antes de asumir tal función– como profesional de Gestión Ambiental Consultores, liderando los equipos de varios estudios de impacto ambiental de proyectos energéticos, incluso de Endesa, empresa que en términos accionarios es propietaria del proyecto HidroAysén.

Pero la danza de interrelaciones entre el mundo público fiscalizador y mundo privado fiscalizado, que algún ruido ha generado desde que se instalara la actual administración, no se queda sólo entre quienes tienen las más altas responsabilidades políticas y administrativas en la toma de decisiones sobre este proyecto.

A nivel intermedio resalta el caso del abogado Carlos Ciappa, quien representó a HidroAysén en una consulta hecha ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que la compañía pudiera solicitar “derechos de aprovechamiento de aguas de carácter no consuntivos, en la cuenca del río Aysén, de la Región de Aysén”. El objetivo es que la empresa logre, si es aprobado su proyecto, generar energía con pequeñas centrales hidroeléctricas para así, han afirmado, cumplir su compromiso de proveer de energía más barata a la zona. Esta labor la realizó Ciappa en concordancia con su rol de abogado asesor de la compañía entre 2007 y 2009.

Con la asunción del nuevo Gobierno, Ciappa se ha alzado como el brazo derecho del nuevo director general de Aguas, Matías Desmadryl, pero bajo un contrato de la Dirección General de Obras Públicas –organismo que articula la gestión técnica del MOP– para la reorganización institucional de la DGA y la “nueva política ministerial para el manejo y gestión de los recursos hídricos”, entre otras funciones que realizará hasta el 31 de diciembre de 2010. Según comentan fuentes de la repartición, le habrían “prohibido” ver los temas de HidroAysén para evitar posibles incompatibilidades. Coincidentemente, pocas semanas después de su contratación Desmadryl retiró de la Contraloría General de la República una presentación que la DGA, dirigida en ese entonces por Rodrigo Weisner, hiciera pidiendo definir la legalidad de la solicitud de nuevos derechos de agua que HidroAysén está requiriendo en los ríos Baker y Pascua, y sin los cuales el proyecto no se puede ejecutar como está planteado. Estos derechos ya fueron rechazados por la DGA de Aysén en noviembre de 2008, y con el retiro de la Contraloría de la consulta la decisión final queda hoy en manos de Desmadryl, asesorado directamente por Ciappa.

No será fácil para el Gobierno de Sebastián Piñera desmarcarse del cruce de conflictos de interés –familiares y laborales– que nacen al tener que tomar decisiones con respecto del proyecto HidroAysén, iniciativa que ha derivado en el principal conflicto socioambiental de la historia de Chile. Al saber que la presentación de las respuestas de la empresa a las observaciones de los servicios públicos se postergó del 30 de junio al 29 de octubre, se aplaza en 4 meses el estreno de la mano con que encarará estos dilemas, donde las opciones serán aplicar una “nueva forma de gobernar” o seguir con la “antigua”, que tuvo como resultado un grave cuestionamiento a la política ambiental de la Concertación.

*periodista de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida y presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén.