Saqueadores: Ladrones de ocasión
29.06.2010
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29.06.2010
Hay varias zonas de Chile que no fueron arrasadas por el terremoto ni por el tsunami, sino por los chilenos. Ciudadanos comunes que saquearon todo a su paso. Además de la sanción social, hasta ahora el mayor castigo ha sido la prisión preventiva para unas doscientas personas.
La semana pasada se falló el primer juicio oral. Rosa Leviqueo Castillo, de San Pedro de la Paz, tenía 23 cajas de alimentos no perecibles, robadas del supermercado Unimarc y de las bodegas de Carozzi. Fue hallada culpable del delito de receptación, esto es, tener en su poder mercadería robada. Aunque la fiscalía pedía 4 años de presidio, el tribunal la condenó sólo a 41 días de pena remitida.
Hasta el momento en la VIII Región se registan 168 condenas en Concepción, Talcahuano y Yumbel en juicios abreviados, donde el acusado acepta los cargos a cambio de una rebaja de pena. Son todas condenas que no contemplan cárcel, sino firma y multa. El de Rosa Leviqueo es el primer juicio oral, pero la Defensoría pretende seguir el mismo camino con los casos pendientes, para demostrar que el Ministerio Público se ha excedido con las prisiones preventivas y no tiene pruebas para conseguir altas condenas. Salvo si el acusado tiene un historial delictual, es probable que terminen con los responsables en libertad y firmando.
Descontando a los formalizados, la amplísima mayoría de los que saquearon no ha debido enfrentar más que a su propia conciencia, lo que significa someterse a un tribunal muy disímil.
Probablemente el mejor ejemplo de eso está en la zona de Palomares, en la entrada sur-este de Concepción. Allí empresas como Nestlé, Ariztía, Ripley y Falabella tienen galpones con los que abastecen a la ciudad. Las seis bodegas más grandes tienen 600 metros cuadrados más subterráneos. El terremoto no dañó sus estructuras ni tampoco a las poblaciones del sector, donde viven más de 3 mil familias. Pero tres días después del sismo, no quedaba absolutamente nada en esas instalaciones, salvo el techo, las paredes y el piso.
El saqueo en Palomares comenzó a las 11 del mismo sábado 27 de febrero, cuando sin electricidad, ni agua, y sin noticias sobre lo que había pasado en el resto de Chile, una frase empezó a recorrer los pasajes de la población con la misma insistencia con que las réplicas azotaban la zona: las empresas de alimentos iban a regalar sus productos pues la falta de luz haría que la mercadería se descompusiera.
Entre las cosas curiosas que ocurrieron en esos terribles días, está el hecho de que esa frase se repitió, con pequeñas variantes, en todas las ciudades afectadas por el terremoto, desde Talca hasta Lebu: “van a regalar comida”, “dieron permiso para sacar cosas”, “Carabineros está dejando entrar”. El desastre puso las mismas palabras en la boca de los chilenos aislados e incomunicados.
En algunas partes eso fue parcialmente cierto, como en Constitución donde Hugo Vásquez, dueño del supermercado La Despensa, autorizó que sacaran mercadería de uno de sus locales dañado por el tsunami.
—Ya a las 5 de la mañana había gente mirando y les dije que se llevaran las cosas para que no se perdieran— cuenta.
Cuatro horas después no había nada, ni siquiera los papeles de la oficina.
—Les dije, “para qué se llevan las facturas, de qué les sirven” y me echaron la choreada: “sal de aquí tal por cual”.
La horda se llevó balanzas, tubos fluorescentes y lo que no podía llevarse, lo destrozó: por ejemplo, las congeladoras o los estantes y las góndolas. Luego siguieron con el local del lado, que no había sido dañado, y con el de más allá. En esa cuadra Vásquez tenía tres tiendas y una bodega. No sólo se quedó sin mercadería sino que lo privaron de toda la infraestructura necesaria para volver a trabajar.
—Perdí 1.200 millones de pesos, ese día. La mitad fue por el saqueo— cuenta.
Hoy, más de tres meses después de la tragedia, sólo ha logrado echar a andar una verdulería de barrio. Lo peor es que la ferocidad de la gente aún lo tiene intimidado. Vio ricos y pobres en la destrucción de lo que le había costado años montar. Reconoció a algunos y sabe que llegó gente en camioneta, que pagó a muchachones para que le cargaran el vehículo y luego se fueron a toda velocidad, gritando ¡tsunami!, para que la gente despejara la calle. Pero Hugo no quiere denunciar.
—Hay que concentrarse en salir adelante. No hay que mirar al pasado. No quiero más problemas —dice.
Hasta ahora, en Constitución el Ministerio Público no ha formalizado a nadie por los saqueos que destruyeron prácticamente todo el comercio.
En la mayor parte de las ciudades la frase “están regalando” no fue cierta. Así lo aseguran las fiscalías, que aún investigan. Pero allí donde no fue dicha, los chilenos se la inventaron o se aferraron a que otro sí la había oído. En aquellas primeras horas con la autoridad atomizada y tan perdida como los ciudadanos, la única autoridad que quedaba era la ética de cada cual. Y esa frase la hizo trizas.
Luciano Bascuñán, presidente de la junta de vecinos de Alto Palomares, dice que en la cara de sus vecinos podía ver como la ética se había derrumbado. Su villa la componen 800 familias que partieron con un precario campamento. Demoraron 35 años en organizarse, ahorrar y tener las casas fiscales en las que viven ahora. Son trabajadores y pequeños comerciantes que ganan entre 200 y 300 mil pesos.
—Somos gente honrada, pero en esos días a mis vecinos les cambió hasta la cara —explica—. Se notaba la lucha entre el lado bueno y el lado malo de cada uno. Yo les decía que no estaba bien lo que hacían. Me contestaban, ‘métase en sus cosas vecino’.
En Constitución, el sacerdote Alejandro Quiroz también reparó en las caras de sus conciudadanos. En esa ciudad, donde el terremoto derrumbó una docena de cuadras y el tsunami arrasó con otras tantas, los saqueos empezaron muy temprano.
—No me olvido de sus rostros. Eran caras como inconscientes, caras que habían perdido algo de su humanidad. Eran rostros como de animal asustado y feroz. También vi miradas burlescas, gente que iba feliz empujando un carro cargado de licores o de carne, disfrutando su buena suerte— explica el cura.
En Palomares, el saqueo de las bodegas de alimentos duró todo el sábado. Al día siguiente la muchedumbre se reunió en torno a los galpones de las multitiendas. El carnaval recomenzó cuando empezó a circular otra frase: “Dijeron que les da lo mismo que nos llevemos todo, porque están asegurados”. Era una excusa pobre y, pese a eso, también se la oyó en varias ciudades, como si las hordas necesitaran sentir que mientras robaban, no estaban robando.
—Unos vecinos míos oyeron lo del seguro —dice Luciano Bascuñán—. Eso volvió loca a la gente. Aquí a muchos no les dan crédito y tienen que ahorrar un año para comprar una tele. Entonces cuando les dijeron que las cosas estaban ahí, que había que ir a buscarlas nomás, perdieron el cable a tierra… Lo primero que vi fue un vecino arrastrando una cocina por la calle. Fue como a las 11 de la mañana y de ahí no paró más.
El saqueo duró el domingo y el lunes hasta que el Ejército copó Concepción y se decretó el toque de queda. En el festín participaron todas las villas cercanas a las bodegas: Alto Palomares, San Ramón, Valle Lonquén, Ferroviario. Todo el que pasaba por la concurrida avenida General Bonilla, podía bajarse de su auto, echar algo y partir. Había ahí todo lo que los chilenos desean y van a ver en los paseos dominicales al mall: sillones, lavadoras, computadores, camas, y la estrella de la jornada, el plasma.
—La mayor parte de las personas no tenía antecedentes policiales —explica el sub prefecto de Investigaciones de Concepción, José Luis López, quien estuvo encargado de recuperar los bienes saqueados. Sabe que son villas habitadas por personas que, en circunstancias normales, quieren más policías en las calles. Durante ese fin de semana protagonizaron uno de los saqueos más grandes, pero eran a tal punto inconscientes de la situación que en las noches acordonaron sus barrios porque temían la llegada de saqueadores. De otros saqueadores.
Cuando la ciudad volvió a la calma, los detectives visitaron la zona.
—Les hicimos saber que si no devolvían cosas, los allanarían los militares. Les propusimos que dejaran las cosas en la calle y nadie sería detenido— explica el detective López.
Luciano Bascuñán convocó a sus vecinos a una reunión y los retó:
—Volvió la luz y pudimos ver en las noticias como estaba sufriendo la gente de Talcahuano, de Constitución y de tantos lugares. Nos dimos cuenta de la suerte que habíamos tenido y lo mal que habían actuado. Les dije lo que les dolía: que ahora nos iban a tratar como un barrio de delincuentes y no les iban a dar trabajo. Les dije que no criticaba el robo de comida, porque nadie sabe qué va a pasar mañana. “Pero acaso van a comer una tele, vecinos”, les dije. “Están lucrando mientras la otra gente lo pasa mal”. Chuta, la gente estaba callada, con la cabeza para abajo y después empezaron a pedir disculpas. Había 300 personas reunidas y 80 hablaron.
Fue una catarsis. La policía había fijado la entrega de la mercadería para el domingo. Al mediodía, los vecinos empezaron a sacar las cosas, muchas aún con embalados. Las fotos de esa devolución son impresionantes: cuadras llenas de mercadería. Era tanto el material, que los policías estuvieron un día entero cargando camiones y llenaron tres gimnasios.
—Devolvimos todo. No allanaron a nadie y ninguno se fue preso. Yo pido disculpas por mis vecinos. Qué le puedo decir: nos dejamos llevar por un tema sicológico, por el momento que vivimos— dice el dirigente. Agrega: “No estábamos preparados para un terremoto como este. Nos faltó educación cívica sobre qué hacer”.
Regresar las cosas a sus dueños no fue fácil. Una fuente uniformada señala que tuvieron fuertes discusiones con las multitiendas para obligarlos a reconocer las especies.
—Un gerente nos dijo: “llévense las cosas a la casa si quieren, está todo asegurado, nos da lo mismo”. Finalmente accedieron a recogerlas para no dar una mala señal social y se las entregaron a las aseguradores, que las van a rematar— explica la fuente.
Antes del terremoto, el mar de la bahía de Talcahuano estaba entre los más contaminados de Chile. El tsunami, sin embargo, devolvió los desechos en forma de un lodo maloliente que se depositó en las calles.
Daniel Muñoz vio ese barro el mismo 27 de febrero, cuando llegó a las cercanías de la Compañía General de Electricidad (CGE).
—Era un barro negro, pegajoso. Era como si el mar hubiera vomitado. Ahora la bahía está limpiecita— dice.
Cuando se fue, un par de horas después, no solo estaba entero sucio, sino que había embarrado su vida.
Daniel Muñoz era capitán de bomberos de la Tercera Compañía de Talcahuano. Durante toda la mañana del sábado trabajó junto a sus hombres en el rescate de heridos y muertos.
—Rescatamos ocho cadáveres esa mañana—, recuerda.
A mediodía los enviaron a recuperar documentos del cuartel, ubicado al frente de la oficina central de la CGE. Recuerda que empezó a formarse un tumulto ante las puertas de la empresa y de pronto sintió el estallido de los ventanales y la algarabía de la gente entrando. Lo primero que pensó fue que tenían que irse, porque la horda podía quitarles los equipos. Cerró el cuartel, pero al subir al carro vio que había cajas adentro.
—Pregunté de dónde habían salido. Nadie me dijo nada claro, pero yo entendí. No nos podíamos quedar ahí y mandé que nos fuéramos. El teniente me decía que teníamos que devolver las cosas, pero mientras avanzábamos yo pensaba que si íbamos a Carabineros o Investigaciones, los cabros iban a quedar presos. No podía hacer eso.
Según su versión, decidió esperar el momento para devolver todo. Pasaron días, semanas. Pasó un mes, hasta que los descubrieron.
De acuerdo a la acusación de la fiscalía, el 27 de febrero Daniel y sus 6 hombres se llevaron de la CGE un LCD de 37 pulgadas, un equipo musical, una CPU, una máquina de coser, un secador de pelo, dos PlayStation, un notebook, dos cámaras fotográficas. Repartieron las mercaderías en distintas casas usando el carro de bomba. El tribunal lo calificó como robo con fuerza en lugar no habitado y los condenó a más de 300 días de presidio, pena que no se cumple en la cárcel sino que firmando y pagando una multa.
Para Daniel y para varios de los bomberos, las penas graves fueron otras: los expulsaron de su institución y Daniel, quien trabajaba como bombero en Asmar, también perdió su empleo. La exposición pública del caso lo obligó a congelar sus estudios de Química Industrial. Pero lo peor fue la cárcel. Aunque su condena no contempló ese castigo, pasó junto a sus hombres 11 días en prisión preventiva.
Como la mayoría de los condenados, no tenía antecedentes policiales. E igual que ellos, sentía que los delincuentes eran otros, gente muy distinta a él. Fue muy traumático ver que la maquinaria de fiscales, leyes y medios de comunicación implacables, apuntara sobre ellos.
—Sentía que nos querían usar de ejemplo. Cuando nos dijeron que iríamos a la cárcel no lo podía creer. La noche previa fue larguísima. A mí hasta me daba miedo caminar en la noche por algunas calles, entonces saber que iba a ir al lugar donde está todo lo que me da miedo, era terrible.
Los encerraron en el Manzano Dos:
—Llegamos cuando estaban todos en las celdas. A un amigo le preguntaron por qué habíamos caído y él contestó que era por robo. “Pero ustedes son imputados”, le dijo el preso y se empezó a reír: “Es que aquí estamos los rematados, somos todos malos”. Después se dieron cuenta de quiénes éramos. Y empezaron a gritar “¡Son los bomberos!” y golpeaban las celdas. Ahí me dio indigestión. Se reían y gritaban “mañana te tengo harta ropa para que me laví, hueón”. Yo no pude dormir. Tiritaba y no era por frío.
Como andaban en grupo no les hicieron nada y algunos incluso los trataron bien. Al salir, Daniel tenía otra mirada respecto de los delitos y de la forma implacable como los cuentan los medios.
Ahora, reflexionando sobre lo ocurrido, dice poco: “Nos fuimos en la volada”.
El fiscal de Talcahuano, Andrés Cruz, escuchó decenas de explicaciones similares. Eran amas de casa, estudiantes universitarios, obreros, carpinteros marinos mercantes, escolares…
—Cuando les preguntaba por qué lo habían hecho me decían: “Es que como estaban todos robando”. Nada más. Eso me hace pensar en algo que leí sobre la banalidad del mal. Uno espera que el que comete un delito sea un monstruo sin moral, pero la mayor parte de las veces es una persona como usted o como yo que puesta en determinadas circunstancias hizo algo que no debía.
El fiscal relata que en esas jornadas de caos hubo también delincuentes organizados que robaron a un ritmo profesional. Pero el grueso del saqueo no fue hecho por ellos.
—¿Sabe? Mucho del robo respondió a la lógica de la compra de liquidación. Había gente que se llevaba 50 botellas de Coca-Cola, o jabas vacías. ¿Para qué? Pensaban como en una liquidación: no lo necesito, pero está barato. Aquí era gratis.
Vista así, parte de la destrucción puede leerse como una enorme barata de temporada en la que los chilenos –que según muchos sociólogos ya no son ciudadanos sino consumidores— se volvieron locos.
Tal vez la única lección positiva que se pueda sacar es ésta: durante los días en que la autoridad desapareció de varias ciudades importantes, los delitos violentos bajaron. No hubo más violaciones, ni homicidios ni agresiones o asaltos.
Sin la autoridad encima lo que muchos chilenos hicieron fue robar.
El ingeniero Christian Díaz, fue fotografiado a la salida de un supermercado en San Pedro de la Paz, cargando comestibles en su camioneta Santa Fe y se transformó en un caso emblemático de las jornadas de saqueo.
A Díaz, la fiscalía lo formalizó por robo en lugar no habitado. Su representación la asumió el jefe de la defensoría de Concepción, Pelayo Vial.
“Él dice que bajó al supermercado tipo 4 de la tarde, hizo una fila y entró. Estaba medio apagado, le dieron tres bolsas, y sacó y se fue ¿Pagó? No, no pagó porque no se podía pagar. Y eso le consta a mucha gente que hizo la cola. Y me consta a mí porque yo vi la fila. Entonces, ¿esto es saqueo? No. La fiscalía lo acusaba de robo en lugar habitado, lo que es un chiste.
Esto es como máximo un hurto, aunque si se demuestra que una persona entregaba la mercadería, no es ni siquiera es eso. Pero supongamos que es un hurto: lo cometió una persona sin antecedentes que además reparó el daño”.
Para el abogado Vial, el final que correspondía era un acuerdo reparatorio. Y si no, entonces una suspensión condicional del procedimiento es decir, que el ingeniero queda con firma durante u año y luego se sobresea la causa.
—Eso es lo que se hace en cualquier causa de hurto donde la persona repara el daño y no tiene antecedentes. Pero en este caso la fiscalía pidió la prisión preventiva y la corte lo confirmó. Eso no ocurrió en este caso solamente sino también a otras 200 personas
Vidal cree que lo que ocurrió aquí es que hubo “puras prisiones preventivas desproporcionadas”. En la defensoría aseguran que van a ir a juicio oral para demostrar. Vial prevé el resultado:
“Estas causas van a terminar todas con penas no privativas de libertad. Y sin embargo estas personas estuvieron privadas de libertad. Es vedad que en Chile hay un margen importante de error de personas que pasan un periodo privados de libertad y luego reciben condenas que no incluye eso. Lo que me gustaría saber es si en estas causas, el estado se equivocó mucho más de lo normal. Y es grave si pasó eso porque cuando los operadores del sistema no aplican la ley porque hubo un terremoto, chuta ¿qué va a pasar si hay una dictadura? Porque tenemos una historia bien triste a mime preocupa como operador que se estire la ley. Es súper preocupante para la sociedad que se fuerce la ley.
*Una versión de este reportaje fue publicada en revista Qué Pasa el 26 de mayo de 2010.