Los documentos de la Universidad de Chile que complican la venta de Chilevisión

La Universidad de Chile se ha convertido en el principal obstáculo para que Sebastián Piñera concrete su promesa de campaña de deshacerse de la propiedad de Chilevisión. Y ello porque esa casa de estudios es la titular indefinida de la concesión de la señal y Piñera sólo puede vender el usufructo de ella. CIPER buscó y desmenuzó los contratos que la regulan y las interpretaciones jurídicas que habrían hecho desistirse a Linzor Capital de pagar US$ 130 millones por el canal. La premura de Piñera por vender se acrecienta mientras el precio baja y los conflictos de interés para el Presidente se agudizan. A la congelación de varios nombramientos en el área por parte del gobierno se suma el cuestionamiento al rol que podría jugar en esta transacción el Consejo Nacional de Televisión, integrado por dos de sus más cercanos familiares y asesores.

La relación de Sebastián Piñera con la Universidad de Chile no pasa solo por la propiedad de Chilevisión. El artículo 9º de la ley que fija los Estatutos de esa casa de estudios le entrega un importante rol al Presidente de la República: ser patrono de la universidad, precisamente la entidad que se ha transformado en un obstáculo para las intenciones del Presidente de desprenderse lo antes posible de la red televisiva Chilevisión y así poner fin a los múltiples conflictos de interés que le genera.

Porque si bien el Mandatario es dueño de la estación de TV, sólo tiene el usufructo de la señal. La concesión por tiempo indefinido pertenece a la Universidad de Chile. ¿Suena enredado? Lo es. Tanto así, que a ese embrollo se le atribuye la responsabilidad del fracaso de la venta de Chilevisión a Linzor Capital Partners. Sus ejecutivos habrían concluido que los US$ 130 millones ofertados a Piñera por el traspaso de dicha concesión constituían un precio demasiado alto en virtud del riesgo de que la Universidad de Chile reclame la devolución del canal en 2018. La fecha está establecida en el contrato clave de ese proceso firmado en 1993.

La primera señal de alerta la dio el director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Eduardo Dockendorff. El 19 de mayo pasado el ex ministro de Ricardo Lagos publicó una polémica columna en El Mercurio donde afirmó que en la transacción con Piñera, Linzor sólo recibiría el usufructo, pero no la propiedad del canal. Explicitó además el interés de la universidad de aprovechar una nueva ley en trámite para ingresar al mundo de la TV digital a través de Chilevisión.

“Su voluntad (de la universidad) es necesaria para la eventual renovación del contrato de usufructo en 2018 y para que, respecto de sus concesiones, se pueda migrar a la digitalización”, escribió Dockendorff. Hay quienes creen que estas palabras contribuyeron al fracaso de la operación Linzor.

Los directivos de la Universidad de Chile tienen en la mira el nuevo espacio que abre la puesta en marcha de la TV digital. Sostienen que la nueva ley, que permitiría el funcionamiento de hasta ocho señales en el espacio de cada una de las actuales, cambiaría la naturaleza de la concesión, lo que les abre la posibilidad de recuperar al menos un canal para una plataforma de servicios digitales de carácter educativo. La intención de hacer uso de alguno de los nuevos canales fue explicitada de manera oficiosa ante directivos de Chilevisión por personeros de la universidad antes de la elección de Piñera. La idea era buscar una salida amistosa, pero finalmente no prosperó.

Al interés por la TV digital, se sumó luego la anunciada venta del canal y la columna de Dockendorff instaló públicamente las dudas respecto de los alcances de los derechos de la Universidad de Chile sobre la señal de Chilevisión. Las interrogantes aumentaron luego de que la semana pasada la rectoría hiciera una declaración pública anunciando que se encargaría un informe en derecho sobre el punto. En la misma se insistió en la propiedad de la concesión, en que el vencimiento del usufructo está fijado para el 2018 y en la importancia de la TV digital para la casa de estudios.

Un día antes de la declaración, el rector Víctor Pérez recibió a los diputados opositores Felipe Harboe, Carlos Montes, Patricio Hales, Marcelo Schilling y Jorge Burgos, todos integrantes de la autodenominada Bancada de la Transparencia. Tras el encuentro, los parlamentarios apoyaron la idea de que Chilevisión sólo puede usar la señal hasta el 2018 y anunciaron que defenderán el patrimonio público involucrado en la propiedad de la señal.

La declaración, que fijó la posición oficial de la Universidad de Chile sobre la propiedad y la concesión de Chilevisión, terminó de consolidar un escenario de gran incertidumbre jurídica cuyas distintas interpretaciones tienen un fuerte impacto en el precio de venta actual del canal.

En el intertanto, los otros dos compradores interesados en Chilevisión –el grupo Clarín de Argentina y el grupo Luksic– ya habrían declinado participar en el nuevo proceso de venta. Y aunque la prensa ha mencionado la existencia otros potenciales compradores, el camino para Piñera no se anuncia fácil. Hay quienes auguran que el proceso puede tardar meses y que para ello será clave primero resolver el conflicto con la Universidad de Chile.

Los documentos de la discordia

CIPER recopiló diversos documentos que ayudan a reconstruir la forma en que la Universidad de Chile se desprendió de la señal y a esclarecer los alcances jurídicos de esta acción, además de sus efectos en el actual proceso de venta.

De acuerdo a una minuta sobre la historia de la Universidad de Chile como concesionaria del canal de TV que circula entre importantes funcionarios de la casa de estudios, el primer paso lo dio el ex rector Jaime Lavados el 3 de noviembre de 1992. Fue entonces que la máxima autoridad universitaria solicitó al Consejo Universitario la autorización para transferir dos bienes raíces en Valparaíso a una sociedad anónima. Ésta fue creada el 24 del mismo mes (noviembre) con el nombre de Red de Televisión Universidad de Chile (RTU S.A.) y su objeto era operar la concesión televisiva del entonces canal 11. Con un capital de $8.000.000, el 90% quedó en manos de la universidad y el resto en poder de la Editorial Universitaria.

Cuatro meses más tarde, el Consejo Universitario analizó las ofertas del grupo editorial español Zeta y de la Corporación Venezolana de Televisión (Venevisión), optando por unanimidad aceptar el ingreso al canal de esta última. La decisión, adoptada el 18 de marzo de 1993, estableció además ciertas limitaciones a la transacción: la universidad se quedaría con el 51% de la propiedad y se protegería la imagen institucional “en armonía con la idiosincrasia nacional”, por lo que la orientación programática debería concordarse con la casa de estudios.

Casi un mes más tarde, el 2 de abril, el rector Lavados ofició al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) solicitando autorización para transferir la concesión de la señal a RTU, que aún era propiedad de la casa de estudios y de la Editorial Universitaria. En este documento, la Universidad de Chile explicita por primera vez que se trata de un derecho de usufructo que duraría 25 años.

El punto es relevante para el proceso de venta actual en que está empeñado Piñera, pues da cuenta de que fue el propio rector Lavados el que puso la fecha de término y no se trató de una exigencia del CNTV. De todos modos no sería raro que el rector se haya anticipado a los hechos ya que el año anterior (1992) una modificación a la normativa había limitado a 25 años el plazo de las nuevas concesiones.

En el documento, Lavados recalca que, a diferencia de otras concesiones, la de la “U” mantuvo el carácter de indefinida: “No obstante, la universidad ha estimado de conveniencia limitar el derecho de usufructo que pretende transferir a la sociedad anónima Red de Televisión de la Universidad de Chile S.A. al mismo plazo de 25 años”. Además, explicita que no se desprende del derecho de propiedad de la concesión y que la universidad será co responsable de las emisiones televisivas.

La respuesta fue rápida. El 10 de mayo de 1993 el CNTV resolvió autorizar a la Universidad de Chile para transferir derechos de usufructo a RTU, y de acuerdo a lo solicitado por Lavados, se le puso límite temporal a la transacción: “La presente autorización se otorga por un plazo de 25 años”.

El 30 de julio de 1993 fue clave en el proceso. Ese día tuvo lugar la primera junta de accionistas de RTU, a la que asistieron el rector Lavados y Rodolfo Rodríguez García por Venevisión, quien ya tenía en sus manos el 10% de la Editorial Universitaria. Ambos aprobaron un aumento de capital a $ 7.753.380.000. En la misma jornada se firmó un contrato de suscripción de acciones mediante el cual se vendió parte del canal a Venevisión, mientras que la universidad aportó a RTU los bienes físicos y la frecuencia televisiva.

En este documento se establecieron las condiciones de la renovación del contrato y que hoy son factor clave para el proceso de venta de Chilevisión: “Al término del plazo de veinticinco años (2018) contemplados para la duración del usufructo de la concesión televisiva, éste se renovará automáticamente por el mismo periodo de tiempo, salvo que el accionista Universidad de Chile haya desahuciado dicho usufructo con una anticipación a la fecha de vencimiento del plazo de, a lo menos, cinco años (2013), lo que sólo podrá ocurrir en la medida que el socio Venevisión haya incumplido gravemente sus obligaciones, y este incumplimiento haya sido debidamente determinado por un fallo arbitral”.

El contrato no define qué es un incumplimiento grave ni tampoco se refiere al rol del CNTV, cuya autorización no habla de renovación automática. Son esos puntos los que en este momento están siendo analizados con lupa por los abogados de todas las partes interesadas en el proceso de enajenación de Chilevisión.

La minuta interna de la Universidad de Chile da cuenta del paso siguiente: en noviembre de 1994 el Consejo Universitario autorizó la venta del resto de la participación del canal, manteniendo sólo el 2% de RTU. Sin embargo, un mes más tarde, el 29 de diciembre, la universidad se desprendió del 51% que tenía, desvinculándose completamente de la propiedad, transacción por la que recibió US$ 8,8 millones.

El pago se finiquitó en 1998, lo que dio paso al término de la relación contractual. Lo anterior quedó oficializado en una escritura firmada el 20 de julio de 1999 por el entonces rector Luis Riveros y los abogados Jorge Carey y Pedro Pablo Gutiérrez por Venevisión.

Pese a que a partir de ese momento la Universidad de Chile ya no tuvo participación en la propiedad de Chilevisión, como titular de la concesión sí debe responder ante el CNTV cada vez que el canal es multado por el contenido de su programación. Molestas por los llamados de atención del CNTV, las autoridades universitarias decidieron tener injerencia en la línea programática y promovieron un acuerdo de colaboración recíproca, el que fue firmado el 27 de octubre de 1999 entre el rector Riveros y el director ejecutivo del canal, Felipe Pozo (ver documento).

Para ejecutar el acuerdo, ambas partes resolvieron crear un comité asesor del director ejecutivo del canal en el que participarían dos representantes de la universidad. Otro delegado asistiría a las sesiones del Comité de Programación en que se tomaran decisiones estratégicas, entre otras medidas.

Fuentes universitarias señalan que no hay registros de que la participación de la Casa de Bello en la programación de Chilevisión se haya puesto en práctica durante la gestión del grupo Cisneros –que luego cambiaría el nombre de Venevisión por Grupo Claxon– ni mucho menos a partir de 2004, cuando Sebastián Piñera compró el canal.

Una suma de conflictos de interés

La cancelación de la venta de Chilevisión a Linzor Capital puso nuevamente a Sebastián Piñera frente a múltiples conflictos de interés. Que el Presidente de la República mantenga la propiedad de un canal de televisión tiene múltiples efectos en otras decisiones del gobierno. En el Senado, por ejemplo, se detuvo la ratificación de los nuevos directores de Televisión Nacional (TVN) debido a que se trata del dueño de un canal que propone a los directivos de otro. Lo mismo ocurrió con la designación de cuatro consejeros del CNTV, los que son propuestos por el Presidente y también requieren ser visados por la Cámara Alta.

Los conflictos más complejos tienen al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) como protagonista. La incertidumbre jurídica sobre el rol de la Universidad de Chile en la venta de Chilevisión, abrió la pregunta de si es posible que el consejo dé por terminada la autorización de usufructo de la señal en 2018, como señala el certificado de 1993. ¿Podría alguno de los actores interesados pedir la interpretación del CNTV? ¿Podría éste pronunciarse ocho años antes de la fecha?

De hacerlo, la respuesta del CNTV tendría un impacto de millones de dólares en la valorización de Chilevisión y por lo tanto también en el patrimonio del Presidente Piñera. Y es allí donde la actual composición del consejo agudiza los conflictos de interés. Su presidente, Herman Chadwick Piñera, es primo de Sebastián Piñera y entre sus once integrantes figura María Luisa Brahm, la poderosa jefa del segundo piso de asesores del Presidente.

En el CNTV ya se abrió la polémica sobre el punto. En la sesión del 12 de abril pasado (ver acta), el consejero Genaro Arriagada expuso los alcances del conflicto de interés del presidente como dueño de Chilevisión y la gravedad de sus efectos en la televisión chilena. La alerta de Arriagada no fue apoyada por los otros consejeros, pero al menos se acordó solicitar una reunión con la ministra secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, para tratar el tema.

En su exposición, el ex ministro DC detalló el alto grado de conflictos de interés de Piñera como propietario de un canal de TV. El acta destaca las siguientes:

-Nombra al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien debe impulsar leyes pendientes que reforman el mercado televisivo y que están ligadas a la TV digital.

-Nombra el presidente del CNTV, ente que regula la industria televisiva, y en el que su voto dirime.

-Debe proponer los nombres de cinco nuevos consejeros del CNTV.

-Nombró al presidente del directorio de TVN, lo que sería una violación a la ley 18.575, que prohíbe que un funcionario público intervenga en asuntos en que tenga interés personal.

-Nombró ministro a un director de TVN (José Antonio Galilea en Agricultura), designando un sucesor que debe ser aprobado por el Senado (Sergio Urrejola). El nuevo directorio deberá posteriormente designar al director ejecutivo de la estación.

-La Universidad de Chile tienen concesiones televisivas y el Presidente es patrono de esa casa de estudios.

-La venta de Chilevisión puede tener impacto en la concentración de los medios, afectando la libertad de expresión.

*Asistente de investigación, Matías Fouillioux