Seguridad ciudadana: la hora en que el gobierno se enfrenta a sus promesas

“Mano dura contra la delincuencia” y “fin a la puerta giratoria” fueron dos de las promesas que ayudaron a Sebastián Piñera a llegar a la presidencia. Pese a las altas expectativas creadas, a 100 días de que llegara a La Moneda, aún no se da a conocer su Plan Maestro Antidelincuencia. Su diseño se prevé polémico. Sería anunciado por el propio Piñera una vez conocida la encuesta de victimización, que confirmará la tendencia a la baja durante el gobierno de Bachelet. Los anuncios y señales aisladas conocidos hasta ahora tienen la huella del estilo y políticas del Presidente de Colombia Álvaro Uribe. La misión de derrotar la delincuencia es comandada por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien le dio un rol estelar al empresario de la seguridad privada Jorge Nazer, a cargo de la División de Seguridad Pública. Ésta ha adquirido un perfil más operativo y para ello ha fichado ex funcionarios del Ministerio Público, organismo que debiera ser su aliado principal para ganar la batalla con la delincuencia y con el que el gobierno ha protagonizado varios choques públicos.

A comienzos de mayo, tres días después de concurrir a un decomiso de precursores químicos que servirían para fabricar cocaína, el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta la Escuela de Investigaciones Policiales. Vistiendo una chaqueta de la PDI prometió un aumento del 18% de la dotación policial para los próximos cinco años y dio a conocer el resultado de un operativo realizado el día anterior, que derivó en la detención de más de 1.300 personas. “El Plan Antidelincuencia Selectivo es una muestra de cómo vamos a ganarle la batalla a la delincuencia”, dijo en esa oportunidad.

Por primera vez el operativo era coordinado por la División de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio del Interior, y dado a conocer por un Presidente que aprovechaba de estimular a los policías presentes con voz golpeada y traje institucional. Una puesta en escena muy similar a la que se vio a fines de marzo, en vísperas del Día del Joven Combatiente, cuando Piñera llegó a arengar a los integrantes de las Fuerzas Especiales de Carabineros y pidió “mano firme contra la delincuencia”.

Últimamente no ha vuelto a pisar cuarteles policiales, pero en su reemplazo ha ido su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el hombre del gobierno en materia de seguridad ciudadana. El jefe de gabinete se ha ocupado de recalcar –tal como lo hizo a comienzos de esta semana al concurrir a un decomiso de marihuana– que “los narcotraficantes ya sienten que cambió la mano”.

La apuesta no pasa sólo por marcar diferencias con la antigua administración. En su Cuenta Anual del 21 de mayo, Piñera definió a “la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico” como el tercer gran desafío o eje matriz de la agenda de su gobierno, superada sólo por el crecimiento económico y la cesantía. Fue la principal bandera de la campaña presidencial que llevó a la derecha al poder. Su caballito de batalla. Y ahora que está en el gobierno, a partir de los primeros días ha entregado una serie de señales tendientes a acentuar esa prioridad.

Han sido señales potentes. Vistosas y en algunos casos efectistas, alternadas por diversos anuncios que se han entregado a cuentagotas. El último de ellos fue dado a conocer esta semana y apuntó a un proyecto de ley tendiente a eliminar los beneficios para autores de delitos graves. Iniciativas ha habido de sobra, pero no han sido más que retazos de lo que pretende ser un golpe de efecto mayor que se avecina, luego de que se dé a conocer este viernes la encuesta sobre victimización, la que marcará una tendencia a la baja durante la administración Bachelet.

En estos días el gobierno trabaja contra el tiempo en la elaboración de lo que ha denominado el Plan Maestro Antidelincuencia, administrado y monitoreado desde el Ministerio del Interior. La idea es que quien lo dé a conocer sea el propio Presidente y que contenga varias medidas novedosas, sino polémicas. Entre otras, se estudian mecanismos que favorezcan las denuncias anónimas y la publicidad a las identidades de reincidentes de delitos violentos, de un modo similar a lo anunciado en la Cuenta Anual con personas condenadas por delitos sexuales graves contra menores.

Las medidas han sido elaboradas en la oficinas de la División de Seguridad Pública, a cargo del empresario Jorge Nazer Rodríguez, quien trabaja bajo la directa supervisión de Hinzpeter. Es el tercer rostro político de “la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico”. El más seguro candidato a la subsecretaría del ramo del futuro Ministerio del Interior y Seguridad Pública, proyecto al que se le ha dado urgencia en el Congreso y que debiera concretarse este año.

Nazer todavía no es subsecretario, pero gana como si lo fuera. Su sueldo de $6.122.278 es un tercio más alto que su antecesor y representa la importancia y el poder que se le quiere dar a su función.

PAPEL ESTELAR

A fines de febrero, Rodrigo Hinzpeter dio una entrevista a La Tercera en la que dijo: “Como ministro del Interior voy a liderar el combate a la delincuencia”. No era sólo una manera de marcar territorio. La declaración establecía una diferencia con los gobiernos de la Concertación.

Si desde 1990 la seguridad ciudadana estuvo confiada a la subsecretaría del Interior, cuyos representantes se ganaron el apelativo de sheriff, a contar del 11 de marzo último esa función pasó a ser ocupada por el titular de la cartera. La decisión se correspondía con las reiteradas críticas de la derecha a los gobiernos de la Concertación por el supuesto mal manejo en el tema y la promesa de hacer de la “lucha contra la delincuencia” una prioridad.

El cambio de roles fue sólo el punto de partida. Una operación casi simbólica. Porque la movida de fondo consistió en dotar de mayor poder a la División de Seguridad Pública (DSP), que pasó a realizar tareas casi operativas. Por eso se eligió a alguien como Jorge Nazer Rodríguez, abogado y socio fundador de la empresa de seguridad privada ALTO, caracterizada por una agresiva y exitosa acción contra los autores de robos hormiga en supermercados y grandes tiendas.

A diferencia de lo que ocurría antes, en las jefaturas el perfil técnico fue reemplazado por uno más ejecutivo, de trabajo en terreno, a los que se asignaron altos salarios. De ahí que se haya reclutado al ex fiscal jefe de Ñuñoa, Vinko Fodich, quien en sus nuevas tareas a cargo de la Unidad de Control recibe un sueldo de $5.200.000. El más reciente fichaje es el del abogado de Extranjería del Ministerio Público Marko Magdic, de nacionalidad chileno-croata, quien recibirá un sueldo de $4.200.000.

Desde los primeros días Nazer dejó en claro que no estaba para roles secundarios. Participó de actividades policiales y delegó en el ex fiscal Fodich la coordinación del operativo de la PDI de comienzos de mayo que derivó en 1.300 detenidos. Ese es precisamente el perfil que se le pide. Pero el exceso de entusiasmo y protagonismo le hizo cometer un error. Su llegada a la casa del director de El Mercurio, Cristián Zegers, que poco antes había sido violentamente asaltada, fue mal evaluada y obligó al día siguiente al ministro del Interior a dar explicaciones.

FUEGO CRUZADO

La propuesta del gobierno también consideró a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, que quedó a la cabeza del también ex fiscal Gonzalo Yuseff. No había una buena evaluación de ese organismo, especialmente en la detección de grupos anarquistas responsables de bombazos. A Yuseff se le encargó una reestructuración profunda de la ANI, que se ha traducido en el despido de cerca de 15 analistas y varias jefaturas. También se le encargó una función más activa, lo que ha representado un problema. El ex fiscal de Quillota ha pedido atribuciones operativas que chocan con sus facultades legales.

La puesta en marcha de las políticas de seguridad ciudadana no ha estado exenta de dificultades mayores. Algunas de ellas al interior del propio gobierno. Aunque nadie ahí pone en duda que se trata de una parcela de Hinzpeter, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, ha reclamado por la injerencia de Interior en atribuciones que le son propias. El último roce tuvo que ver con la intención de Hinzpeter de designar al sucesor del renunciado director de Gendarmería, Iván Andrusco. El titular de Justicia se negó.

Bulnes tiene por lo demás la función de dar cumplimiento a las promesas de campaña de “endurecer la mano” y poner fin a la “puerta giratoria”. La primera respuesta al respecto se conoció esta semana, al darse a conocer el proyecto elaborado por un grupo de reconocidos juristas que proponen el cumplimiento total de penas para los delitos más graves y medidas para garantizar el cumplimiento efectivo de penas alternativas.

Además, el titular de Justicia ha quedado en medio de la discordia que en estos días enfrenta al gobierno con el Ministerio Público y, en menor medida, el Poder Judicial. Si en época de campaña las principales críticas de la derecha apuntaron a la facilidad con que los jueces otorgan libertades, a lo que éstos retrucaban que sólo cumplían la ley, ya en el gobierno los reproches han estado dirigidos al Ministro Público.

Primero fueron las críticas de Hinzpeter a la lentitud de ciertas investigaciones y pobres resultados. El último capítulo se vivió esta semana, cuando el ministro del Interior pidió que la investigación por un bombazo en la capital no se extendiera más de un año y el fiscal nacional, Sabas Chahuán, respondió que al ministro no le correspondía dictar plazos. Al Ministerio Público no le ha gustado que Hinzpeter les dicte pautas, pues eso supone una intromisión a su autonomía. Pero menos le ha gustado que el gobierno insista en imponer una auditoría externa para medir sus gastos y resultados.

La propuesta fue defendida por Piñera en la cuenta anual del Ministerio Público. En la misma instancia el fiscal nacional le respondió que “no se puede, de acuerdo a la Constitución, hacer una auditoría impuesta a la fiscalía”.

EL FACTOR COLOMBIA

La primera iniciativa del gobierno en materia de seguridad ciudadana nació herida, casi muerta. Corrían los últimos días de febrero y el senador Alberto Espina tuvo la ocurrencia de filtrar a la prensa su plan para crear una “red de informantes ciudadanos” a los que se les distribuiría celulares. La idea no era suya. Había sido copiada de un programa colombiano elaborado en el marco de la Política de Seguridad Democrática del presidente de ese país, Álvaro Uribe. El plan propuesto por Espina no duró más de una semana.

Tras recibir duras críticas de sectores oficialistas, y algunas veladas provenientes de su propio sector, Rodrigo Hinzpeter le quitó el piso a la “red de informantes” de Espina.

Fue el primer tira y afloja en materia de seguridad al interior del actual gobierno. Hinzpeter hizo una muestra de poder y Espina, que había sido coordinador de la Comisión de Seguridad Ciudadana de los grupos Tantauco, se sintió injustamente desplazado. Mal que mal, el proyecto de la red de cooperantes había sido conocido en un viaje que en 2008 realizó a Colombia junto a Andrés Allamand y el entonces candidato Piñera.

En la oportunidad, los tres políticos chilenos se reunieron en privado con el Presidente Uribe, gestor de la Política de Seguridad Democrática, y con su ministro de Defensa de entonces y virtual Presidente electo en Colombia, Juan Manuel Santos. Los contactos también consideraron al poderoso ex comandante de las Fuerzas Militares de ese país, Freddy Padilla.

No fue un viaje cualquiera. Uribe tuvo el gesto de invitar a los chilenos a subir al avión que lo llevó junto al entonces ministro Santos y el jefe militar a una localidad que hasta hace no mucho estaba en poder de las FARC y donde celebró un Consejo de Seguridad. Se trata de reuniones de trabajo con la comunidad –o puestas en escena efectistas y de alto impacto mediático, de acuerdo con sus detractores– donde el Presidente colombiano suele tomar medidas sobre la marcha e incluso reconvenir a sus colaboradores.

Junto con destacar los logros en materia de economía y seguridad en Colombia, en ese viaje Piñera expresó su admiración por el “estilo Uribe”. Un estilo que replicaría en algunos aspectos una vez instalado en el gobierno. Quienes conocen de política colombiana vieron la influencia del mandatario de ese país en la arenga que Piñera hizo ante las Fuerzas Especiales de Carabineros en vísperas del Día del Joven Combatiente. También en su visita del 5 de febrero a la Escuela de la Policía de Investigaciones, cuando apareció vestido con la casaca institucional de la PDI para anunciar un aumento de dotación y dar cuenta de un operativo que se extendió por 20 horas y que derivó en la detención de más de 1.300 personas.

Es probable que la red de cooperantes, tal como fue anunciada, haya sido archivada. Al menos así lo asegura una fuente de la División de Seguridad Pública. Pero la influencia colombiana parece palpitar en otras iniciativas.

INDICES DE VERGÜENZA

La segunda señal provino de la División de Seguridad Pública (DSP), y el encargado de enunciarla fue su titular. No llevaba un mes en el cargo cuando Jorge Nazer Rodríguez planteó en una entrevista con La Segunda que “hay experiencias, por ejemplo en Bogotá, que son buenísimas y que juegan con las sensaciones de vergüenza de los delincuentes”. La propuesta sonó atractiva para la galería pero fue motivo de controversias entre los expertos en seguridad.

Nazer se refería a la experiencia implementada por el candidato a la presidencia de Colombia Antanas Mockus. Durante sus dos periodos al frente de la alcaldía de Bogotá, Mockus ideó campañas de tránsito y urbanidad basadas en la sanción social. El problema fue que esas estrategias -que resultaron efectivas y que han sido adoptadas por Monterrey y Ciudad de México- están orientadas a la educación cívica y no a la lucha contra la delincuencia.

Muy por el contrario, varias de las políticas implementadas por Mockus se contraponen a las que pretende aplicar el gobierno chileno. Mientras acá por ejemplo se plantea introducir mecanismos que faciliten las denuncias anónimas, mediantes lo que se ha denominado “canales abiertos de denuncia”, allá una campaña se propuso terminar con la delación indiscriminada. “No sea sapo”, era su eslogan.

En la División de Seguridad Pública precisan que las campañas que han trabajado con los índices de vergüenza no son privativas de Bogotá, sino que también se han aplicado en países como Australia y Japón. “Hay muchas experiencias relacionadas con el uso de los índices de vergüenza como mecanismo para disuadir la acción delictiva. Lo importante es identificar las franjas de impunidad que abren margen para conductas delictivas y atacarlas mediante acciones y mensajes dirigidos tanto hacia el delincuente como a la ciudadanía”, dicen.

Si hay algo que identifica a Jorge Nazer son los mensajes. Durante su gestión al frente de la empresa de seguridad ALTO, especializada en la prevención del robo hormiga en supermercados, implementó un sistema en que hostigaba a los ladrones con mensajes enviados a sus casas en los que les advertía que estaban identificados y que, en caso de persistir, les caería todo el peso de la ley. Un método que resultó efectivo en supermercados y que algunos expertos en seguridad han ligado al discurso impuesto desde la División de Seguridad Pública, en el sentido de que las nuevas estrategias preventivas buscan “acorrarlar” a los delincuentes.

“Tenemos que hacerles sentir que están acorralados, que nosotros les vamos a cerrar los espacios de actuación a los delincuentes”, anunció Nazer en entrevista con La Segunda.

El director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Fruhling, advierte que las políticas que buscan la presion social en condenados podrían ser contradictorias con planes de reinserción que hoy están siendo apoyados por el Ministerio del Interior. “Es muy complicado que ese mensaje sea enviado a gente que ya cumplió su pena, aunque sean reincidentes. Algo que quizás sea legal para los privados, para el Estado no lo es”.

Fruhling dice que lo importante de cualquier estrategia que se piense aplicar es que haya sido evaluada “con estudios serios”, lo que a su entender no se corresponde con la idea de aplicar en Chile índides de vergüenza a fenómenos criminales. “Si vamos a innovar, lo lógico es comenzar con programas que han sido debidamente probados y se adapten a nuestra realidad”.

PROPUESTA FINAL

El primer viaje que Jorge Nazer hizo al extranjero como jefe de la División de Seguridad Pública tuvo como destino Bogotá. Invitado por la Policía Nacional de ese país, viajó a principios de abril junto a la subsecretaria de Carabineros, Carol Bown. Fue un viaje corto aunque intenso, en que ambos tuvieron la oportunidad de conocer las experiencias en esa capital del plan cuadrante, que presenta algunas variaciones respecto a nuestro país, y el modelo de central telefónica única que concentra y agiliza los llamados de emergencia a policías, ambulancias y bomberos. De ambos modelos tomaron nota las autoridades chilenas para ser consideradas entre las propuestas.

“Fuimos a ver específicamente el uso que hacen de la tecnología para implementarla en temas de seguridad. Nos llevamos una muy buena impresión porque tienen un plan muy bien hecho con elementos que hoy existen en Carabineros y en el gobierno, pero que se pueden potenciar de mejor forma”, dice Carol Bown, cuya subsecretaría presentó un proyecto para reunir las comunicaciones de la institución en un solo edificio. La idea es concentrar las señales de radio y telefonía, además de la totalidad de las cámaras de seguridad del país, en un recinto único, lo que a juicio de la autoridad ayudaría a “optimizar la información y agilizar la capacidad de respuesta”.

Este edificio inteligente, como el proyecto de una central telefónica única para llamados de emergencia, son parte de las novedades que están siendo evaluadas por la División de Seguridad Pública para la propuesta final, que debería ser presentada este mes.

A éstas se suman un proyecto para unificar las bases de datos sobre criminalidad que en este momento tienen Carabineros, la PDI y el Ministerio Público. La iniciativa no sólo mejoraría el flujo de información entre los distintos organismos, sino que nuevamente apunta a fortalecer las atribuciones de la División de Seguridad Pública, que tendría acceso a la nueva base consolidada.

Eso quiere decir que el gobierno dispondrá de la información del registro de condenas, imputados, detenciones pendientes, denuncias policiales, además de entradas y salidas del país, entre otros datos altamente sensibles que hasta ahora sólo estaban en manos de la justicia y de los organismos policiales y de inteligencia.

Este nuevo diseño requiere de la tecnología de punta con que el gobierno ya ha comenzado a dotar a la DSP. Para ello se ha invertido en sofisticados softwares de análisis de datos y se planea crear una Unidad de Análisis capaz de procesar insumos que permitan focalizar las políticas antidelincuencia.

El equipo de Nazer también se ha ocupado de evaluar las estrategias y los planes que venían aplicándose desde la administración anterior. La mayoría de los programas tienen continuidad durante el presente año y en algunos casos, a decir de expertos en seguridad vinculados a la antigua administración, fueron presentados con otro nombre y como novedad en la Cuenta Anual del 21 de mayo.

El antecesor de Nazer en la División de Seguridad Pública, Jorge Araya, pone como ejemplos los ya existentes programas 24 Horas y Barrio Seguro, que fueron anunciados por Piñera con el nombre de Vida Nueva y Barrio en Paz. El primero persigue el seguimiento y tutelaje de niños y adolescentes en riesgo social; el segundo apunta a la intervención de sectores críticos mediante estrategias policiales focalizadas.

“Hasta ahora sólo ha habido anuncios de cosas generales y bien intencionadas que suenan bonitas pero que no tienen una bajada, un desarrollo de cómo se implementarán. Mientras no se expliciten esas propuestas nuevas es difícil saber lo que quieren hacer”, dice Araya.

TENDENCIA A LA BAJA

Lo que se quiera hacer depende en buena parte de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que se entrega este viernes. Debido a la magnitud de su muestra, cercana a las 25 mil personas, y a que mide la victimización y no las denuncias, se trata de la medición más relevante a la hora de evaluar resultados y enfocar políticas.

Aunque fue entregada en marzo por el Instituto Nacional de Estadísticas, recién se dará a conocer este viernes 4 de junio. Quienes tuvieron acceso a ella antes del cambio de gobierno sostienen que los últimos resultados correspondientes a 2009 confirmarán la tendencia a la baja de los últimos años, lo que presentaría un desafío adicional para las nuevas autoridades: el gobierno de Bachelet asumió con la meta de reducir en un 10% las cifras de victimización y hasta el año pasado estaba cerca de llegar a esa cifra.

A lo anterior se suma el reciente estudio dado a conocer por el Ministerio del Interior, según el cual las denuncias por asaltos descendieron en un 11,3% durante el primer trimestre del año en relación al mismo periodo anterior. También disminuyeron las denuncias por violación (7,3%) y por lesiones (3,4%). Como contrapartida, las denuncias por robo con fuerza aumentaron en un 6%. Considerando que el estudio abordó sólo un par de semanas de lo obrado por el nuevo gobierno en la materia, los resultados de esta última medición son en buena parte responsabilidad de su antecesor. Al igual que lo será la nueva encuesta sobre victimización.

Es por esto que el piso del actual gobierno estará dado por el techo que dejó el anterior. El punto de partida para lo que fuentes de gobierno definen como los lineamientos en materia de seguridad ciudadana de los próximos diez años. “La Estrategia de Seguridad Pública vence este año y nosotros tenemos que generar la de 2020 en el marco de una nueva institucionalidad”, dicen en el gobierno, concientes de que esta estrategia puede darles la llave de la continuidad.

De ahí que se trata de una tarea prioritario para el gobierno. La tercera en importancia. Por ello, antes de entrar en funciones, Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior, anunció que lideraría personalmente el combate a la delincuencia. Una apuesta que determinará el futuro político del delfin del Presidente y candidato a sucederlo.

Vea además: Bachelet superó meta de antidelincuencia de su gobierno: Victimización cayó 12,3%