Denuncia de abuso en el Liceo Alemán: La promesa incumplida del cardenal y el ocultamiento del acusado

Salió de su audiencia con el cardenal con un pan de pascua en las manos y la satisfacción de saber que por fin la Iglesia Católica se comprometía no sólo a investigar seriamente su denuncia, sino a brindarle apoyo a su familia. Habían pasado tres meses desde que diversos profesionales le comunicaron que su hijo de sólo cuatro años presentaba síntomas de haber sido víctima de abuso sexual. Un calvario que partió a mediados de septiembre de 2009, cuando llevó al niño a la consulta de una neuróloga y luego a una sicóloga por sus inusuales accesos de agresividad y conductas erotizadas. Junto a su mujer hicieron la denuncia ante la justicia y luego la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI inició las pesquisas que arrojaron como sospechoso a Richard Aguinaldo, el padre Ricardo, uno de los sacerdotes que trabajaba en el Liceo Alemán del Verbo Divino de Chicureo, el establecimiento donde su hijo asistía al prekinder.

Fue una vez que el Ministerio Público acumuló antecedentes que permitieron formalizar al religioso de origen filipino y decretar su prisión preventiva, que decidió llevar la denuncia a la justicia eclesiástica. Sólo un día después de iniciado el proceso en la sede de la Arquidiócesis de Santiago, en la primera quincena de diciembre, el cardenal Francisco Javier Errázuriz lo recibió en audiencia.

– Yo tenía un discurso preparado, pero me sorprendió de entrada. “El niño está diciendo la verdad”, me dijo. Me descolocó. “¿Cómo sabe usted eso, cardenal?”, le pregunté. Y me dijo: “Me leí la carpeta que usted trajo ayer y es imposible que un niño de cuatro años mienta cuando dice todo eso” –relata el padre del menor, quien pidió mantener bajo reserva su identidad, para proteger a su hijo.

Al cardenal, cuenta, le entregó más antecedentes, como declaraciones que constaban en el proceso iniciado por la Fiscalía de Colina e, incluso, escuchas telefónicas:

–Ahí comenzó a agarrarse la cabeza. “¿Cuántas veces te han llamado los sacerdotes (del Verbo Divino) para ofrecerte ayuda?”, me preguntó. “Ninguna”, le dije. “Y dime, ¿te están pagando las terapias de tu hijo”. “No, padre, nada”, le respondí. “Quédate tranquilo que te vamos a ayudar”. Me ofreció un pan de pascua para que me lo llevara. Lo encontré un bonito gesto. Fue un siete. Me creyó, se quedó con más información y me dejó tranquilo. Me dijo que me iban a llamar y que me iban a apoyar. Pero no sucedió nada. Esperé y cero. Ni un mensaje. Ni siquiera un mail.

Al cardenal no lo volvió a ver. Tres meses después, el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Chomalí, le comunicó formalmente que el arzobispado no haría nada. Él lo sintió como una bofetada. Un golpe que lo desanimó tanto como cuando se enteró de que la Congregación del Verbo Divino había facilitado el ocultamiento de Aguinaldo en noviembre, después de que la Fiscalía despachó su orden de detención. Un episodio que quedó registrado en diversos documentos que constan en la carpeta que lleva el Ministerio Público.

El ex abogado de la iglesia que podría cambiar de rol

Los antecedentes acumulados en la investigación de la Fiscalía contrastan duramente con las declaraciones formuladas el pasado 16 de abril por el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, el obispo Alejandro Goic, quien leyó una declaración en la que pidió perdón por los casos de religiosos que han cometido abusos, llamó a comunicar las denuncias a la iglesia y aseguró que “hemos actualizado nuestra normativa canónica que nos obliga a actuar con rigor frente a eventuales denuncias, aplicación que ya habíamos establecido en mayo de 2003”.

– No hay lugar en el sacerdocio para quienes abusan de menores –dijo Goic–, y no hay pretexto alguno que pueda justificar este delito. A las personas directamente afectadas y a las comunidades que en Chile han visto en algún sacerdote motivo de escándalo, les pedimos perdón, y les exhortamos a comunicarnos estos hechos. Es total nuestro compromiso de velar incesantemente porque estos gravísimos delitos no se repitan.

Si la Iglesia Católica ya había definido en 2003 actuar con rigor y acoger a los denunciantes, eso no parece haberse cumplido en el caso que siete años después afecta a Aguinaldo.

La familia se siente sola, pero se prepara para reforzar su artillería legal para enfrentar la justicia. Además del abogado Sebastián Mandiola, quien ha llevado el caso hasta ahora, están en avanzadas conversaciones para sumar a un penalista conocido por su cercanía con los jesuitas y cuya opinión suele ser consultada por el arzobispado.

Davor Harasic, ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, representó a la iglesia en 2004 en el proceso por el asesinato del sacerdote Faustino Gazziero, cometido en la catedral metropolitana por un joven con sus facultades perturbadas. Un año antes, tras el caso de abusos sexuales del cura “Tato”, la revista Qué Pasa preparó un reportaje titulado “El club de abogados de la Iglesia”, en el que enumeraba a los profesionales dispuestos a trabajar gratuitamente para la institución religiosa. Entre ellos mencionaba a Harasic. “No le puedo cobrar a mi madre”, dijo entonces Harasic, quien ahora está apunto de transformarse en acusador del sacerdote Aguinaldo.

Escondido en un fundo

La desilusión del papá del menor con la congregación del Verbo Divino fue casi inmediata. El 15 de septiembre del año pasado, después de la consulta con la sicóloga, junto a su esposa decidió llevar al niño al Servicio Médico Legal. Ahí el pequeño fue examinado, una carabinera tomó declaración a la pareja y luego derivó los antecedentes a la Fiscalía de Colina. Seis días después, el lunes 21, se reunió con Herbert Becker, el padre Heriberto, rector del colegio.

–Le expliqué la situación y que las probabilidades de que haya ocurrido en el colegio eran altas. “¿Y usted qué quiere que haga?”, me preguntó. “Que se investigue internamente”, le contesté. Lo vi tan pasivo que le dije que si no tomaba medidas, lo iba a dar a conocer a la comunidad. “Si usted decide hacer eso”, me respondió, “es mejor que se retiren con su familia del colegio”. Fue un balde de agua fría, porque uno elige el colegio no sólo pensando en la enseñanza académica, sino también por un proyecto, filosofía, valores.

El 23 de septiembre, relata el papá, se programó una reunión con todos los apoderados del ciclo de pre-básica: “Ahí habló el rector. Dijo que había una sospecha y que iban a ser de una sola línea. Que el culpable tenía que pagar, que se harían parte del apoyo a la familia afectada frente a todos los procedimientos legales”.

No fue así. Apenas la investigación enrumbó hacia el sacerdote filipino, el anunciado apoyo a la familia se desvaneció. La defensa del religioso la asumió el conocido penalista Carlos Cortés, “que iba a ser el abogado que supuestamente nos iba a proporcionar el colegio”, cuenta el padre del niño.

Y contra todo lo expuesto en la declaración del episcopado hecha en 2003 y confirmada ahora en abril por el obispo Goic, lo que hizo la Congregación del Verbo Divino fue dificultar la detención de Aguinaldo y ocultarlo de la justicia. Así se desprende del expediente que lleva la Fiscalía, donde consta el Informe Policial Nº15178/00623, fechado el 4 de diciembre de 2009 y firmado por el subcomisario César Bórquez y el detective D’Angelo Espíndola. El documento indica que el 1 de noviembre del año pasado ambos agentes concurrieron al colegio a detener a Aguinaldo y consultaron al rector Becker por su paradero. El sacerdote les dijo que lo desconocía.

No obstante, en la declaración que el propio Becker hizo la Fiscalía de Chacabuco, el 6 de enero de 2010, reconoció que a comienzos de noviembre supo por el abogado Cortés que la policía estaba buscando a Aguinaldo. También admitió que el abogado le pidió que sacara al imputado del colegio porque lo iban a detener y que efectivamente dio aviso a Aguinaldo para que se fuera. Finalmente, declaró que el sacerdote filipino estuvo en varias propiedades de la congregación mientras era buscado por la policía.

Las afirmaciones de Becker fueron refrendadas por el profesor de música del colegio, César Arenas Bernal, quien declaró como testigo el 7 de enero de 2010 ante el fiscal Mauricio González Araya. Arenas indicó que el 4 de noviembre de 2009 el rector Becker informó a los profesores que Aguinaldo estaba con orden de detención y que permanecía en el sur por instrucciones de su defensa, debido a que consideraba que esa orden era ilegal porque el acusado no había sido citado a declarar previamente.

El profesor Arenas no entró gratis en este proceso. Durante una audiencia en noviembre pasado, el abogado Cortés lo mencionó como sospechoso de ser el autor de los abusos. Ese mismo día fue abordado por la prensa. En su testimonio aseguró que frente al daño que esto produjo a su imagen y honra no ha recibido apoyo ni de la congregación ni de su empleador para aclarar ante los apoderados que la imputación carecía de fundamentos.

El ya mencionado informe policial de los agentes Bórquez y Espíndola agrega más datos acerca de la protección que la congregación brindó a Aguinaldo. El relato de los policías indica que el 2 de noviembre el rector Becker les facilitó el número del celular de Aguinaldo, con quien lograron establecer contacto telefónico a las 13:30 de ese día. El sacerdote filipino les dijo que estaba en viaje a Los Ángeles y acordaron reunirse en esa ciudad por la noche. El imputado no volvió a responder las llamadas. A las 21:30 el subcomisario Bórquez y el subinspector Germán Pereira llegaron hasta el Liceo Alemán del Verbo Divino de Los Ángeles, donde funcionarios del establecimiento les indicaron que Aguinaldo estaba en el fundo San José de la localidad de Huaqui, propiedad de la congregación.

Esa misma noche Bórquez y Pereira se trasladaron al fundo, donde un cuidador les confirmó que había visto a Aguinaldo en el predio. Los policías se comunicaron con el fiscal Mauricio González, quien obtuvo de la jueza de Garantía Carolina Gajardo autorización para ingresar y registrar el fundo por espacio de una hora. En ese lapso los agentes sólo lograron revisar una parte del predio y se retiraron sin ubicar a Aguinaldo. Las diligencias para ubicar al imputado continuaron. De esta manera, aunque finalmente el sacerdote se presentó a las autoridades, quedó registrado que burló la orden de detención ocultándose en propiedades de su congregación.

CIPER intentó obtener la versión sobre estos hechos del rector Becker y del provincial de la congregación del Verbo Divino, Carlos del Valle, máxima autoridad de ese grupo religioso en Chile. Ambos argumentaron, a través de sus secretarias, que esta semana les resultaba imposible responder al requerimiento.

Las excusas de la iglesia chilena

Las sorpresas de la familia del niño con el accionar de la iglesia no pararon ahí. El 18 de marzo pasado, tres meses después de su cita con el cardenal, el papá del menor recibió un llamado de una persona que se identificó como Cristián Becker. Le dijo que le habían asignado la investigación para un eventual juicio canónico y que había habido una reunión entre el vicecanciller del arzobispado, el obispo Chomalí y el provincial de la congregación del Verbo Divino, Carlos del Valle, en la que habían estimado que debía hacerse esa investigación.

Al padre del niño le pareció extraña esta versión. No podía creer que el arzobispado hubiese consultado a Del Valle, jefe de la congregación en Chile, en circunstancia que estaba acreditado en el proceso judicial que esa orden religiosa había facilitado sus propiedades para ocultar a Aguinaldo en noviembre.

Pidió una audiencia con Chomalí para cerciorarse de que estaba frente al procedimiento adecuado:

– Resulta que nadie conocía a este Cristián Becker. Chomalí me dijo que efectivamente había existido una reunión y que como arzobispado no podían hacer nada, que no tenían tuición sobre la congregación, porque ésta depende directamente de Roma y que no había nada que hacer porque así funciona la escala jerárquica. Me dijo que, de todas formas, esto era aún una sospecha (…) Dijo que el arzobispado no podía hacer más que manifestarle a la congregación que yo no estaba conforme y que eso habían hecho, que le habían sugerido al provincial (del Verbo Divino) que hiciera algo. “Lo siento mucho, pero es lo más que podemos hacer”, me dijo, sin ponerle ni sacarle palabras.

La respuesta lo descolocó. Las palabras de Chomalí desconocían por completo lo que le había dicho el cardenal Errázuriz en diciembre. Era sumamente extraño que la máxima autoridad de la iglesia en Santiago le hubiese prometido ayuda a la familia si sabía que la denuncia afectaba a una congregación sobre la que no tenía tuición. ¿O acaso el cardenal desconocía las limitaciones de su propia autoridad frente a una congregación que depende de Roma?

CIPER solicitó una entrevista con el obispo Chomalí y le envió un cuestionario consultándole si el arzobispado al menos había puesto los antecedentes en conocimiento de las autoridades pertinentes en Roma. La respuesta formal de Chomalí fue entregada por intermedio del director del Departamento de Opinión Pública del arzobispado, Ramón Abarca, confirmando lo adelantado por el padre del niño: “Todo lo referido a este tema está en manos de la congregación del Verbo Divino, porque el arzobispado tiene tuición para investigar a las instituciones y religiosos diocesanos, pero no a las congregaciones que dependen directamente de Roma”.

Todos los caminos llegan a Roma

La familia vivió esta semana el peor momento desde que inició el camino judicial. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones accedió el lunes 17 a la solicitud de la defensa de Aguinaldo y le cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario.

–Entendemos que este es el primer paso para acreditar la inocencia absoluta de mi representado –dijo a la prensa el abogado Carlos Cortés.

Se trata de la misma sala que en noviembre denegó el arresto domiciliario, ocasión en que la fiscalía y los querellantes alegaron que permitirle a Aguinaldo vivir en una casa de la congregación era inapropiado, debido a que esa institución había facilitado el ocultamiento del religioso cuando se ordenó su detención.

Los jueces, en todo caso, tuvieron a la vista esta vez el “informe pre sentencial” de Gendarmería que recomienda no beneficiar al imputado con alguna medida de libertad vigilada, debido a que no tiene red de apoyo que contenga su conducta, a su poca capacidad reflexiva y a su falta de control, lo que le genera impulsos agresivos. El informe finaliza con una observación decidora respecto a su escasa internalización de las reglas grupales y difícil aprendizaje de las experiencias.

El dictamen del lunes hace a la familia preguntarse si vale la pena continuar. “El niño está en terapia desde que se inició esto y cada vez que tiene que dar su testimonio, vuelven a manifestarse sus temores y se pierden los avances que han logrado con él”, dice un amigo del padre. Pero el papá del niño tiene fe de que tanto la justicia como las más altas autoridades de la iglesia –y no precisamente el arzobispado chileno– se harán cargo de las acusación:

–No le puedo dar detalles aún de cómo lo vamos a hacer, pero vamos a llegar a Roma –dice con convicción. CIPER confirmó a través de otras fuentes que el Vaticano ya está al tanto del caso, por una vía distinta al arzobispado. El proceso, en todo caso, se vislumbra largo y de frutos inciertos.

–Yo exijo el proceso, no el resultado –señala el padre, aunque hasta ahora lo único concreto que ha obtenido de la Iglesia Católica es un pan de pascua.