CDE se querella por autocontratos en la Universidad de Chile

Fue en 2003 cuando en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) se decidió partir de cero. Acababa de terminar la investigación del polémico proceso por las irregularidades MOP-Ciade –que remeció al gobierno de Ricardo Lagos-, y en su arista administrativa, el sumario de la Contraloría había dejado a la casa de estudios sin su director económico y administrativo, sin su jefa de contabilidad y sin su ex decano interino y director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), Nassir Sapag. Todos ellos fueron destituidos. El caso de Sapag fue el más emblemático: las causas que motivaron su despido fueron autorizar pagos a empresas de su propiedad y de su cónyuge, contratar a su hermano y su sobrino, consentir indemnizaciones a funcionarios que se acogieron a retiro y pagar por proyectos convenidos con la facultad sin que se hubieran realizado. En el proceso judicial, Sapag fue condenado en primera instancia a 541 días de presidio menor en su grado medio e inhabilitado permanentemente para ejercer cargos públicos.

-Después de la mala experiencia que significó para la facultad todo el tema del MOP, se dijo “empecemos de nuevo y tratemos de ser lo más cautos posible” –dijo en 2008 a CIPER, Joseph Ramos, decano de la FEN hasta 2006.

Pero lo que vino fue un modelo de negocios que le generó a la FEN otra serie de problemas que desde hace tres años la tienen bajo la lupa de la Contraloría y la justicia. Y aunque el MOP esta vez no tiene nada que ver y el mecanismo es distinto, los errores terminaron siendo los mismos.

Para agilizar sus procesos de gestión y hacerla más competitiva en el mercado, en la FEN se decidió crear una fundación homónima sin fines de lucro y de derecho privado. Si bien la nueva entidad sería jurídicamente independiente de la universidad, operaría en estrecha relación con ésta y estaría dirigida por los directivos de la facultad en función de sus cargos. Así, su directorio quedaba formado por el decano, el vicedecano, los directores de los tres departamentos (de Administración, de Sistemas de Información y Auditoría, y de Economía), el director de la Escuela de Postgrados y tres consejeros electos por el Consejo de Facultad. Sus fines serían “la investigación, el estudio, el fomento, la difusión y la ejecución de toda clase de actividades relacionadas con las ciencias económicas y administrativas, incluyendo la auditoría y los sistemas de información a nivel nacional e internacional”.

Y aunque recién empezó a operar en 2005 -dos años después de su creación-, la “cautela” a la que se refería Joseph Ramos, estuvo ausente desde el inicio.

En junio de 2008, CIPER publicó una investigación sobre las relaciones contractuales entre la FEN y la fundación, las que se asemejaban bastante al modelo que terminó con Sapag en prisión. En total, fueron 69 los convenios firmados entre 2005 y 2007. El reportaje puso en evidencia una serie de autocontratos realizados a través de la fundación por parte de algunos directivos de la FEN. Los mismos que hoy tienen a Carlos Maquieira Villanueva, actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás -y en esa época director de Postgrados de la FEN, además de director de la fundación-, enfrentando una querella criminal que interpuso en su contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por negociación incompatible.

Los autocontratos

A fines de 2005, Carlos Maquieira tenía un nivel de poder dentro de la FEN que lo llevaba a autodenominarse como el “triministro”: era director del Departamento de Administración, vicedecano interino y director de Postgrados. Y esos tres cargos le aseguraban un puesto en el directorio de la fundación. En diciembre de ese año, Maquieira solicitó el estudio “Asesoría para la gestión estratégica de programas de postgrado”, el que se tramitó desde la facultad hacia la fundación. El contrato era por $8,7 millones de pesos. Un mes después haría lo mismo, para otro estudio similar y por el mismo precio. Al igual que el convenio anterior, después de pasar por Contraloría Interna de la Universidad de Chile, fue aprobado en decreto exento de la FEN.

Para la realización de esos estudios, la fundación subcontrató a la Sociedad Inversiones Maquieira y Caro Ltda., perteneciente a Maquieira y su esposa, Lorena Caro. Aunque Joseph Ramos avaló que ambos estudios sirvieron para mejorar los programas de postgrados de la FEN, fueron cuestionados por su calidad por distintos expertos. Además, si bien el mecanismo de pago solía ser a posteriori, la entrega de los documentos y el cobro por ellos fue paralelo. Y de esas platas, ni un peso fue a parar a las arcas de la fundación.

Precisamente a esos contratos se refiere la querella que el 31 de marzo pasado interpuso el CDE contra Maquieira y “quienes resulten responsables por este u otros delitos que se establezcan en el curso de la investigación”. A través de esta acción, el fisco toma parte en la denuncia que ya había iniciado en 2007 el académico de la FEN, Miguel Mendoza, ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Un año después, hizo lo mismo ante Contraloría General de la República. El criterio del CDE para sumarse al proceso judicial, fue que Maquieira “no sólo infringió las normas de la Ley de Probidad Administrativa que le prohíben confundir el interés público que debe animar el desempeño de su cargo”, sino que además, los hechos constituyen el ilícito de negociación incompatible, al tomar “directo interés en un contrato en que tenía que intervenir en razón de su cargo”. La querella lo identifica como autor del delito de negociación incompatible consumada. De ser hallado culpable, arriesga entre 61 y 541 días de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En el texto de la querella, el CDE le solicita al Ministerio Público que cite a declarar a distintas personas involucradas en los procesos realizados entre la FEN y la fundación. En la nómina, además de Joseph Ramos, quien era decano –y por lo mismo, director de la fundación- cuando se materializaron los contratos, se pide la comparecencia del actual ministro de Transportes, Felipe Morandé, quien encabezaba la FEN al momento que la Contraloría realizó su fiscalización.

Pero la investigación de CIPER descubrió que los dos estudios objeto de la querella interpuesta por el CDE, no son casos aislados: representan sólo uno de los ejemplos que caracterizaron las relaciones entre la FEN y su fundación, al menos entre 2005 y 2007. De allí podrían salir otros nombres que posiblemente engrosarían la lista de acusados.

El caso Morales

Al mismo tiempo que CIPER indagaba en los contratos entre la FEN y la fundación del mismo nombre, el Ministerio Público y la Contraloría mantenían una investigación sobre las posibles irregularidades que presentaban los convenios. Seis meses después, el informe del ente fiscalizador corroboró no sólo lo relacionado con los estudios encargados, realizados, aprobados y cobrados por Maquieira, sino que también las otras anomalías detectadas por CIPER.

Mario Morales Parragué es director del departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la FEN y, por lo tanto, miembro del directorio de la fundación. Al igual que Maquieira, durante el período que las personas ligadas a la fundación denominan como de “marcha blanca” (septiembre de 2005 a junio de 2006), Morales también solicitó estudios que se tramitaron a través de la fundación sin fines de lucro. El primero fue en diciembre de 2005; el segundo, en marzo de 2006. Éstos también se referían a la planificación estratégica, pero para el departamento que dirige Morales, y funcionaron bajo el mismo modelo: las facturas por las consultorías eran a nombre de Profesionales Morales y Gálvez Ltda., la sociedad de inversiones perteneciente a Mario Morales y su esposa, Loreto Gálvez.

El informe que preparó la Contraloría y que envió al Ministerio Público y al CDE para que decidan si además de las faltas administrativas existe algún delito, cuestionó esos contratos, los que le reportaron a Morales ingresos adicionales a su sueldo por $10 millones, y también dejó consignado otro hecho irregular: los resultados de esos estudios no fueron encontrados.

Además, el documento cuestiona la legitimidad de otro contrato realizado con María José Morales Parragué, hermana del director del departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la FEN. Ella habría realizado en 2006, junto al directivo de la FEN, una asesoría al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con el fin de evaluar el rediseño de los procesos hospitalarios. Ese fue el segundo de los convenios entre la FEN y el Hospital Clínico, lo que también se tramitó a través de la fundación. El costo de esa consultoría fue de $27.000.000, los que también fueron cobrados por la sociedad de Mario Morales y su cónyuge. Morales fue quien autorizó el pago e incluso firmó el cheque para su hermana. Pero una vez más la Contraloría no encontró ninguna evidencia de los servicios que ella prestó.

Los dos contratos entre la FEN y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, son sólo una muestra de los que celebró la FEN con terceros y que, canalizándolos a través de su fundación, terminaron siendo realizados por las sociedades de sus directivos y que motivaron la investigación de CIPER.