Entre Cabrero y Valparaíso se decide el futuro judicial del diputado (DC) Jorge Sabag

Un nuevo e imperdible capítulo sobre el mal uso de los fondos fiscales destinados a los diputados se zanjará este viernes 26 de marzo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El diputado (DC) Jorge Sabag fue formalizado el martes 23 de marzo por “negociación incompatible” y la corte deberá resolver si acepta su petición de que la causa se radique en Cabrero, ciudad que representa; y no en Valparaíso, como lo pide el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

La decisión de los ministros no es banal. Si la investigación debe rendir cuentas al juzgado de Cabrero, el diputado Sabag se defenderá en un terreno que conoce como pocos. En esa zona su familia ha construido un verdadero imperio político y económico.

Su padre, Hosain Sabag (DC), es el senador de la región (VIII Norte); él diputado y su tío (hermano del senador Sabag) alcalde. Además, otros familiares tienen posiciones estratégicas: un hermano preside la asociación de canalistas y una hermana es oficial segundo de la Notaría y Conservador de Bienes Raíces de Cabrero. Incluso la Policía de Investigaciones funciona en una casa entregada en comodato por el senador Sabag, ubicada justo a un costado de la oficina que figuraba como sede parlamentaria del diputado y que motivó una investigación de CIPER.

La Fiscalía de Valparaíso lo investiga por haber usado los fondos destinados a arriendo de su sede parlamentaria para pagarle a una empresa de su padre, el senador Sabag, y que es gestionada por su hermano. La supuesta sede es en realidad la oficina donde se concentran los negocios familiares en Cabrero, ciudad donde el diputado fue formalizado.

Desde enero pasado que el diputado Sabag intenta que el juzgado de su distrito se haga cargo del caso, aunque la investigación podría seguir en manos de la Fiscalía de Valparaíso. Formalmente, lo que la Corte de Apelaciones decidirá este viernes es el principio de ejecución del presunto delito: si éste se realizó en Valparaíso, donde se firmó el contrato de arrendamiento; o en Cabrero, donde se encuentra la cuestionada sede distrital. Por la primera opción se inclinan la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, mientras que la defensa del diputado intenta probar lo contrario.

Pero de acuerdo a los hechos investigados, lo que está en juego es algo más.

La disputa comenzó el pasado 7 de enero, cuando el Ministerio Público pidió audiencia para formalizar a Sabag en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Ese mismo día el diputado presentó en el Juzgado de Cabrero una solicitud para que se le informara si existía una investigación en su contra.

Lo que vino después fue una confusa secuencia de presentaciones judiciales entre Cabrero y Valparaíso. La fiscalía representó ante el tribunal de la VIII Región que la solicitud de Sabag carecía de fundamento, ya que él estaba al tanto de que era investigado en la V Región. Y avaló sus dichos en el hecho de que el propio hermano del diputado, Patricio Sabag, había declarado en septiembre del año pasado.

De todos modos se realizó una audiencia en Cabrero. El tribunal dio 60 días de plazo para que se formalizara al diputado. El plazo se cumplía el 21 de marzo. Pero antes, el 3 del mismo mes, estaba fijada una audiencia con el mismo objeto en Valparaíso, la que tras el terremoto se postergó para el 7 de abril, fecha posterior al plazo fijado por Cabrero. Finalmente, se consiguió adelantar la fecha. El 10 de marzo Sabag se anotó un triunfo: la jueza Verónica Toledo resolvió que el juzgado competente era el de Cabrero. La resolución pasó inadvertida. Faltaban sólo horas para la ceremonia del cambio de mando presidencial.

La fiscalía apeló de la resolución de la jueza Toledo e insistió en que Cabrero no era el lugar en que se cometió el delito investigado. El lunes 22 de marzo se realizaron los alegatos. Sabag estuvo representado por el abogado Hernán Bosselin. Pero la resolución quedó pendiente. Entonces, la audiencia de formalización -que se había adelantado para el 18 de marzo- fue suspendida por incompetencia. De todos modos Sabag no se presentó en la corte ese día: estaba con licencia médica.

En el intertanto, los 60 días de plazo que le impuso el tribunal de Cabrero a la fiscalía de Valparaíso para formalizar a Sabag, seguían corriendo. De no mediar una acción judicial, se corría el riesgo de que la causa se sobreseyera. Fue entonces que la fiscalía decidió pedir audiencia en Cabrero. Ahí fue formalizado el martes pasado el diputado Jorge Sabag. Hasta la Octava Región viajaron la fiscal adjunta de Valparaíso, Paola Castiglione y el abogado del CDE, Javier Rojas. Sabag estuvo representado esta vez por el abogado Mario Boero Gasparini, de Concepción, quien pidió que la investigación durara sólo 15 días. No tuvo éxito: la fiscalía tendrá 5 meses para investigar.

La defensa del senador Sabag

La investigación de la Fiscalía de Valparaíso se inició luego de que CIPER revelara en agosto del año pasado las inconsistencias en la sede distrital del diputado Sabag. La oficina para la cual la Cámara le entregaba la asignación de arriendo, ubicada en la calle Río Claro 1050 de Cabrero, era en realidad la oficina del aserradero y otros negocios de la familia Sabag. El pago lo recibía mensualmente una sociedad del senador Hosain Sabag y su esposa. Al ser consultado, el diputado dijo en ese momento que su hermano Patricio, gerente de la empresa, distribuía luego el pago entre sus otras sedes.

Cuando las pesquisas de la fiscalía ya estaban públicamente en curso, el senador Sabag aprovechó la tramitación de la Ley de Presupuesto para intervenir indirectamente en el problema de su hijo. El gobierno presentó una glosa –que nadie dice haber pedido, aunque algunos apuntan a Sabag– que especifica que las asignaciones parlamentarias “continuarán siendo de libre disposición”. En la comisión mixta el senador dijo que si ese punto no se aclaraba, todos los parlamentarios podrían ser acusados penalmente por negociación incompatible (la figura que se le imputa a su hijo) y criticó veladamente al Ministerio Público.

En enero, Hosain Sabag volvió a ocuparse del problema y defendió a su hijo en el diario El Sur de Concepción usando justamente el argumento de la misteriosa glosa: “En la Ley de Presupuesto 2010 se dice que estos recursos son de libre disposición y por lo tanto no se puede cuestionar su uso”. A juicio del senador Sabag, el dinero no es de la Cámara sino de cada diputado y además sostiene que parlamentarios sí pueden firmar contratos con sus familiares, a diferencia de las otras autoridades.