Consejo para la Transparencia ordena entregar a CIPER memorias y balances de fundación de Piñera

Los antecedentes financieros que la Fundación Futuro debe entregar al Ministerio de Justicia para su fiscalización son información pública. Así lo determinó el organismo encargado de zanjar las controversias por la aplicación de la Ley de Transparencia luego de que la fundación del presidente electo intentara evitar que salieran a la luz. La decisión se tomó el mismo día en que el gobierno aprobó los estatutos de la Fundación Cultura y Sociedad, a la que Sebastián Piñera pretende transferir Chilevisión. Ahora sus memorias y balances, así como los de casi 20.000 corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, podrán ser conocidos por cualquier ciudadano.

El Consejo para la Transparencia dictaminó que las memorias y balances de la Fundación Futuro que están en manos del Ministerio de Justicia son documentos de carácter público. Se acogió así el amparo presentado por CIPER luego de que la fundación que preside el mandatario electo, Sebastián Piñera, pidiera que se negara la solicitud de acceso a la información pública presentada por este centro de investigación periodística.

La decisión contó con el voto favorable de los consejeros Juan Pablo Olmedo, Alejandro Ferreiro y Raúl Urrutia y el voto disidente de Roberto Guerrero. El dictamen ordena al Ministerio de Justicia que dentro de 5 días hábiles entregue las memorias y balances de la Fundación Futuro entre 1994 y 2008. Otros diez días tendrán el ministerio y la fundación si deciden recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir la resolución del Consejo para la Transparencia.

En el fallo se reconoce que de acuerdo a la Ley de Transparencia la información en poder de los órganos del Estado es en principio pública salvo que se configuren causales de secreto o reserva. Y en este caso particular, se sostiene que no se aprecia cómo la publicidad de la información podría afectar los derechos de la Fundación Futuro.

A juicio de los consejeros, por tratarse se una entidad sin fines de lucro no es posible que se vean afectados sus derechos económicos y comerciales, ya que por su naturaleza no compite con terceros. En cuanto al alegato de Futuro de que la información podría usarse de manera inescrupulosa y perjudicar a sus beneficiarios, el fallo estima que ese posible uso de la información no fue justificado y tampoco se ha demostrado cómo su entrega podría dañar la misión de la fundación.

La resolución se dictó luego de una audiencia pública realizada el 22 de enero pasado. Ese mismo día, el Ministerio de Justicia aprobaba los estatutos de la Fundación Cultura y Sociedad, también presidida por Sebastián Piñera, quien pretende transferirle la propiedad del canal de televisión abierta Chilevisión antes del cambio de mando. La operación ha sido cuestionada por la Concertación, donde el presidente (s) de la DC, Renán Fuentealba, acusó que sería como «sacar la plata de un bolsillo y ponerla en otro».

Si bien una normativa especial obliga a los canales de televisión a entregar sus balances a la Superintendencia de Valores y Seguros, el reciente fallo del Consejo para la Transparencia permitirá conocer también lo que sucede con sus utilidades una vez que ingresen a la Fundación Cultura y Sociedad.

Hasta ahora los dineros de las cerca de 20 mil fundaciones y corporaciones sin fines de lucro permanecían en un terreno oscuro ya que el Ministerio de Justicia no tiene la capacidad de fiscalizarlas. La publicidad de sus antecedentes financieros hará que al menos los ciudadanos y organismos interesados puedan conocer dicha información.

La ruta de la transparencia

Durante el último año CIPER ha solicitado y accedido a balances y memorias de diversas entidades sin fines de lucro. Fue así, por ejemplo, que se inició la investigación sobre la hasta ese momento desconocida Corporación de Estudios Estratégicos (CEES) de Patricio Rojas. En mayo pasado, con el objeto de hacer un reportaje sobre las fundaciones ligadas a los presidenciables, solicitamos los documentos relativos a las fundaciones Presidente Frei y Futuro, pero sólo la primera accedió a que el Ministerio de Justicia los entregara.

En la primera respuesta a la solicitud de acceso de información pública, recibida el 3 de junio, Justicia afirmó que sólo contaba con los documentos relativos a la constitución de Fundación Futuro en 1993, los que debían ser solicitados en el Archivo Nacional. Como no había rastro de que Fundación Futuro hubiera cumplido con la obligación legal de entregar sus memorias y balances, se pidió al ministerio una copia de las comunicaciones mediante las cuales se hubiere solicitado a Futuro la entrega de los documentos que anualmente deben presentar para su fiscalización.

La respuesta a esa segunda solicitud reveló que, de acuerdo a los antecedentes en manos del Ministerio de Justicia, la Fundación Futuro no había entregado ninguno de los documentos exigidos legalmente. Tanto en el año 2000, como en 2005, 2006 y 2009 –esto último tras la primera solicitud de CIPER– se había pedido a la Fundación Futuro remitir copia de los estatutos vigentes, memorias y balances, inventario valorizado de bienes muebles e inmuebles, registro de socios y actas de asamblea donde se eligieron los directores desde 1994 a la fecha. Si hubo respuestas éstas no se encontraron.

Tras la última petición hecha por el Ministerio de Justicia a Fundación Futuro en junio del año pasado, se nos informó que finalmente la fundación del entonces aún candidato presidencial se había puesto al día. Presentamos entonces una tercera solicitud de acceso a la información requiriendo las memorias y balances.

Ante la lentitud del proceso –ya habían pasado tres meses– intentamos que Futuro nos entregara, ya sin obligación legal, copia de los documentos. “Toda la información ha sido despachada por la Fundación Futuro oportunamente al Ministerio de Justicia desde su creación en 1993. Ello consta en las copias timbradas de las cartas conductoras correspondientes a dichos despachos que tenemos en nuestro poder”, nos dijeron entonces. Pese a la inconsistencia con la información oficial, no nos entregaron los documentos que acreditaran que efectivamente hubieran cumplido con los envíos.

En el Ministerio de Justicia se reconoció que no sabían si habían recibido los documentos correspondientes al período 1994-1999, pero dijeron tener la certeza de que no recibieron nada después de 2000. CIPER revisó miles de páginas en el Archivo Nacional, donde cada 5 años se guardan los documentos oficiales, y no halló ni un sólo oficio relativo a la Fundación Futuro.

Recién en septiembre se produjo la comunicación oficial en que Magdalena Piñera Echenique, directora ejecutiva de Futuro, pedía a Justicia denegar el acceso a los antecedentes solicitados. Fue entonces que recurrimos al Consejo para la Transparencia y cuatro meses más tarde se agendó una audiencia pública para revisar el caso. Para entonces, Sebastián PIñera era ya presidente electo.

En esa audiencia la Fundación Futuro estuvo representada por David Cademártori, del estudio Barros y Errázuriz. El abogado justificó su rechazo a entregar la documentación argumentando que era información privada, que la fundación no recibía aportes públicos y que la Ley de Transparencia no estaba hecha para ser utilizada por el periodismo investigativo, sino para los ciudadanos comunes. Añadió que se presumía que al solicitarla, CIPER pretendía dañar la candidatura presidencial de Sebastián Piñera.

CIPER fue asistido por abogado Juan Pablo Hermosilla, quien argumentó que las memorias y balances que las fundaciones entregan al Ministerio de Justicia son públicos por naturaleza. Estas entidades requieren de una autorización del Estado para funcionar y deben demostrar que cumplen con los fines para los que fueron creadas y que no lucran con su labor.

El dictamen del Consejo de la Transparencia constituye un precedente para todas aquellas fundaciones que hoy no son fiscalizadas y que, escudándose en el hecho que no reciben financiamiento del Estado, se niegan a que sus balances y movimientos sean conocidos.