Se muere el río Copiapó (II): Lluvia de fórmulas para salvarlo de la agonía

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La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) decretó alerta temprana ante el frente de mal tiempo que se acercaba el martes 14 de julio a la Tercera Región. En una zona desértica y poco preparada para la lluvia, no se necesita un gran temporal para causar anegamientos. Pero fue una falsa alarma, pues la llovizna apenas alcanzó a 5 milímetros en la capital regional (Copiapó), lo que equivale a una cuarta parte de la lluvia promedio anual.

Fue entonces una buena noticia. Pero ni aunque hubiera sido diluvio habría alcanzado para revertir el desastre de la cuenca del río Copiapó y su progresiva escasez de agua. La cantidad de derechos de agua otorgados cuadruplica la capacidad que tiene el acuífero de recargarse, lo que pone en riesgo el consumo humano, agrícola y minero (Ver primera parte de este reportaje). Por ahora, lo único que llueve de verdad son ideas para salir de un problema que requiere de medidas urgentes y de largo plazo.

Con ese fin el año pasado se constituyó la Mesa del Agua, una iniciativa público-privada que institucionalizó un trabajo que distintos actores venían realizando en conjunto. Recientemente se sumó la Coordinadora por la Defensa del Agua, que agrupa a diversas organizaciones civiles que se han unido para exigir un derecho básico para la subsistencia de los habitantes de Copiapó.

La actividad minera y agrícola conviven en el valle de Copiapó y arriesgan su subsistencia por falta de agua

El avance de la mesa ha sido lento, según reclaman varios de los participantes. Pero las propuestas ya empiezan a tomar forma al tiempo que la preocupación por lo que pasa en Copiapó llegó hasta Santiago. El gobierno central dio muestras de que su intención es tomar cartas en el asunto, al constituir durante la última semana de junio un Comité Interministerial de Política Hídrica, que en su primera sesión analizó la situación de Copiapó, con la participación de la intendenta de Atacama, Viviana Ireland. Lo preside el ministro de Obras Públicas (MOP), Sergio Bitar y participan también las carteras de Medio Ambiente, Agricultura, Minería, Economía, Bienes Nacionales y Energía.

Ya se anunció una reforma constitucional que declarará el agua como bien nacional de uso público –algo que ya está establecido en el Código de Aguas- y se propondrá terminar con los derechos a perpetuidad. La idea es que la suma de éstas y otras medidas evite desastres como el de Copiapó, donde privados han ganado millones de dólares vendiendo derechos que se les otorgaron gratuitamente. El Estado no ha podido detener la sobreexplotación del recurso, pues no cuenta con las herramientas legales para hacerlo.

-Hemos resuelto darle a la cuenca de Copiapó una importancia crucial, porque ahí podemos probar todos los mecanismos ya que es la zona que tiene más escasez – dijo el ministro Bitar tras el encuentro.

En este comité debería aprobarse también una fórmula para hacer factible la instalación de una planta desaladora de agua. Hace ya un par de años que distintos actores promueven esta alternativa, pero la idea se topa con el alto costo que supone llevarla a cabo. Por eso el gobierno está estudiando un modelo de concesión privada en que las grandes empresas actuarían como pool de consumidores.

Según cuenta la directora regional de Aguas, Kattherine Ferrada, están realizando un trabajo preliminar con la Dirección de Concesiones del MOP. “La idea es buscar un modelo de negocios que permita invertir en una planta y que ésta dé el agua suficiente para que no se frene el desarrollo de la región”, explica. Pero hay pasos previos: primero hay que caracterizar la demanda –no se sabe aún si alcanza para hacer viable el negocio- y hacer un análisis jurídico para ver cómo el MOP se hace de competencias para concesionar la desalación del agua. Todo ello hoy se trabaja junto al Ministerio de Economía y la Dirección General del Territorio Marítimo (Directemar).

El río Copiapó está seco en varios tramos

El negocio ya abrió el apetito de los potenciales inversionistas. La intendenta se reunió hace dos semanas con el vicepresidente de Aguas Andinas y presidente de Aguas Barcelona, Joaquín Villarino, quien se mostró interesado participar de la operación de la planta desaladora. De acuerdo a La Tercera, General Electric habría mostrado su interés en la construcción del complejo. Y a Copiapó ya fue una empresa estadounidense a ofrecer un buque desalador.

Desalar sale salado

Cuando se habla de soluciones para la escasez hídrica, la propuesta que más se repite es la de la planta desaladora. Se insiste en que si bien es cara, las mineras tienen utilidades suficientes para financiarla y se argumenta que si el modelo funciona en Antofagasta, por qué no en Copiapó. Lo cierto es que acá las condiciones son un poco más complejas.

“Es técnicamente factible, el tema son las inversiones”, explica el gerente general de la sanitaria local Aguas Chañar, Ramón Cambiaso. Según cuenta, tras escuchar muchas estimaciones “al aire”, la empresa se comprometió a hacer estudios de prefactibilidad para la instalación de dos plantas, en Chañaral y Caldera. Ambas ciudades son abastecidas con agua del valle de Copiapó.

De acuerdo al análisis realizado por Aguas Chañar, las plantas requieren una inversión de $ 21.000 millones y tienen costos operacionales de $3.500 al año. El 70% de estos costos se explica por el consumo energético que exige su funcionamiento: hay que elevar el agua a muy altas presiones para que pase a través de una membrana de filtrado. Se calcula que se requiere una potencia de unos 4.000 KVA (Kilo Volts Amperes), que hoy no están disponibles en la región, por lo tanto habría que aumentar la generación de electricidad.

Vista satelital de planta desaladora en Antofagasta (Foto: GoogleMaps)

La suma de estas inversiones arroja un costo tres o cuatro veces superior que el que tiene la extracción de agua de pozo que se consume hoy en la zona. Es tan caro, que en lo inmediato la empresa está concentrada en buscar otras fuentes de abastecimiento para suplir los pozos que tienen en operación. Éstos fueron habilitados tras estar al borde del razonamiento a fines de 2008, pero sólo tendrían una vida útil de tres años.

La alternativa de la desalación estudiada por Aguas Chañar estaba pensada para abastecer de agua potable a Chañaral y Caldera, que consumen el 10% del acuífero y son ciudades costeras, mientras que Copiapó se encuentra a unos 60 kms. del mar. Si se quisiera transportar el líquido río arriba, donde se concentra el mayor consumo minero y agrícola, los costos subirían aún más. Como referencia, la minera Caserones, que se ubicará sobre los 3.000 metros de altura, ha calculado que bombear desde la parte media del acuífero les significaría un costo de US$ 1 millón por kilómetro. En total, unos US$ 150 millones.

Por eso la minera está buscando alternativas. Ha propuesto un “swap” o canje de agua. La propuesta que la compañía hizo a la Junta de Vigilancia –que administra la distribución de aguas superficiales- es entregarles 378 lts/seg de aguas subterráneas que Caserones posee en la parte media del río y usar 252 lts/seg superficiales en la parte alta. El ahorro que generaría no tener que bombear todo ese volumen, ofrecen entregarlo para invertir en la desalación de agua, lo que alcanzaría –de acuerdo a la empresa- a US$ 100 millones.

La idea es transferir ese monto a la sanitaria o a quien administre la planta, y han conversado con otras compañías que podrían sumarse al proyecto y hacerlo viable.

Pero la alternativa más reciente es un buque que provea de agua dulce. La propuesta fue hecha la semana pasada en un seminario organizado por la Corporación para el Desarrollo de Atacama (Corproa), al que fue invitada la empresa estadounidense Water Standard.(ver presentación) La compañía ofrece el servicio de un barco desalinizador que se instalaría mar adentro y se conectaría con el sistema de distribución en tierra. El costo depende del plazo del contrato y de la electricidad, pero se estima que en promedio alcanza a los US$ 1,5 por metro cúbico de agua.

Diagrama del buque desalador de Water Standard

-Esperamos que sirva para tenerla como antecedente y disponer de alternativas. Queda claro el mensaje de que cualquiera sea la solución, estamos muy atrasados en definiciones básicas de proyecto, como lugar ideal, instalaciones de tierra, accesos, empalmes con el sistema de distribución, etc. –dice el gerente general de Corproa, Leonardo Troncoso.

El atraso en planificar una solución es un tema que todos asumen. El seremi de Minería, Ulises Carabantes, cuenta que en 2007 su repartición formuló un proyecto para evaluar la posibilidad de desalar agua usando energía solar. Se lamenta de que, pese a contar con el respaldo de la entonces ministra de Energía Karen Poniachick, no logró encontrar apoyo financiero ni en el sector público ni en el privado. Haber hecho este tipo de estudios, habría adelantado el trabajo, pero la realidad es que recién se empieza a tener una idea más clara de la factibilidad de este tipo de iniciativas.

Porque la situación de Copiapó es particular. A diferencia de proyectos mineros que han contemplado el financiamiento de plantas desaladoras, como El Morro en el vecino valle del Huasco, aquí ninguna empresa ha considerado esta alternativa. “Aquí un proyecto sólo no es capaz de financiar una solución hídrica en particular”, dice Leonardo Troncoso. No sólo por lo lejos que está el agua (distancia con la costa), sino por el tamaño de los proyectos y la baja ley del mineral, dicen los privados. Para crear mejores condiciones para la inversión de privados en la desalación, Corproa encargó un estudio que propone beneficios tributarios y la creación de una suerte de “zona franca hídrica” en el norte (ver estudio).

-Hoy no hay una solución, se pueden aminorar los efectos, pero alguien tiene que ponerse los pantalones. El Estado debiera invertir en una planta desaladora y aportar una parte de toda la operación; el resto debiera ser financiado por quienes tienen los derechos de agua -opina Carlos Araya, quien trabajó en la Junta de Vigilancia, en la Comunidad de Aguas Subterráneas y hoy colabora con la Coordinadora del Agua.

Comprar agua a los vecinos

Estudiando experiencias internacionales, otra idea que ha circulado es traer agua de una cuenca vecina. La primera candidata es Huasco, distante a unos 150 kilómetros al sur, donde se estima que habría capacidad disponible para transportar un volumen razonable a través de un acueducto.

Otro punto donde el Río Copiapó se secó

También se ha pensado en importar agua desde Argentina. Esta posibilidad fue analizada seriamente por la minera Caserones, ya que por estar ubicada en altura podría resultar la alternativa más fácil. Al otro lado de la cordillera, un río de La Rioja se veía ideal. “El problema es la certeza jurídica. Cómo nos aseguramos -por la experiencia ocurrida con otros elementos- de que va a ser un contrato legalmente sustentable en el tiempo. No hemos perdido la esperanza, pero lo tenemos como una contingencia”, cuenta el gerente de la empresa de capitales japoneses, Nelson Pizarro, quien sin nombrarlo se refiere al trauma del gas natural que Argentina dejó de enviar pese a existir contratos vigentes.

En la Mesa de Agua varios han propuesto la posibilidad de infiltrar líquido al acuífero. Si bien acá la lluvia es escasa, se calcula que cada década hay un evento de grandes precipitaciones que hace revivir al hoy seco río Copiapó y llena el enorme espacio vacío que se ve en el centro de la ciudad. Los atacameños parecen recordar con nostalgia esos día de 1997, cuando cayeron 150 mm y se vio por última vez correr el río hacia al mar. Se preguntan cuánta agua dulce se perdió en el océano que pudo ser recuperada. Por eso, la Seremi de Agricultura y la Comisión Nacional de Riego están realizando un estudio para contener y/o infiltrar el agua de lluvia al acuífero.

Pero lo que ya se está experimentando es el bombardeo de nubes en la parte alta de la cuenca. Aún no hay resultados definitivos, pero el seremi de Agricultura, Ricardo Santana, asegura que las primeras señales son positivas y que, de tener éxito, el proyecto podría aumentar hasta en un 20% las precipitaciones.

Urgentes cambios legales

El Código de Aguas ha demostrado ser poco efectivo a la hora de cuidar los recursos hídricos en Atacama. Incluso se estima que los últimos cambios hechos a la normativa podrían perjudicar a la zona norte. Mucho se ha hablado del cobro de patentes a quienes no usen sus derechos de agua, gravamen pensado para que los caudalosos ríos del sur no sean acaparados eternamente y gratis por un puñado de empresas eléctricas. Pero la misma medida, acá podría ser contraproducente.

-Nosotros creemos que efectivamente el marco jurídico que regula el agua es deficitario, porque trata a las zonas desérticas igual que a las zonas altamente húmedas. Y creo que hay que hacer un distingo. Por ejemplo, el cobro de patentes es un incentivo perverso hacia un mayor uso- dice Angélica Osorio, presidenta ejecutiva de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (Apeco).

Pese a la falta de agua, los cultivos se abren paso en Copiapó

Si se considera que en el valle de Copiapó hay una sobreexplotación y que aún más de la mitad de los derechos de agua otorgados no han sido utilizados, el cobro de patentes podría ser un incentivo para que la gente venda sus derechos a quienes efectivamente los usen, y por lo tanto aumente el consumo.

-Como Mesa del Agua hemos planteado que se haga una revisión del tema de patentes en la macrozona norte. Pero no derogando el artículo, sino que haciéndole una revisión, pues tenía un objetivo claro: evitar la especulación y la acumulación excesiva de derechos. Acá todavía no hay una distorsión, pero creo que vamos hacia allá si la cosa no se revisa pues el mercado del agua es súper dinámico y es muy buen negocio- dice la directora regional de Aguas, Kattherine Ferrada.

Por ahora la DGA local ha tomado otras medidas, como caducar los derechos de agua provisorios que no habían sido regularizados, lo que ha causado bastante polémica entre pequeños agricultores. Además, Ferrada se ha negado a aplicar la llamada “Ley del Mono del Agua”, una norma que buscaba entregar 2 lts/seg para el riego de pequeñas parcelas, pero que ha sido objeto de abuso por parte de grandes empresas mineras, al punto que hay 500 lts/seg solicitados. Se trata de más del 10% de lo que rellena el acuífero, por lo que la DGA no ha dado curso a las solicitudes. El asunto está siendo analizado por la Contraloría.

Actualmente la mayor parte de quienes pagan patentes son empresas mineras y agrícolas (Ver empresas gravadas por la DGA en 2009). En ese contexto, las organizaciones civiles piden un cambio más radical: nacionalizar definitivamente el agua. El tema es complejo y está también en la agenda de algunos de los candidatos parlamentarios por Atacama.

Mayor fiscalización

Cuando en 2007 empezó a hacerse evidente que el problema del agua en Copiapó era grave, muchos de los dardos apuntaron hacia la DGA, que había sobreotorgado derechos, no llevaba un registro actualizado de sus titulares y ejercía una pobre vigilancia del uso de éstos. Hasta marzo de este año, sólo había un fiscalizador para todo el valle del Copiapó.

Hoy son tres los fiscalizadores. La DGA ha dicho que gracias a eso podrían recuperarse hasta 1.000 lts/seg de agua, lo que significaría que el “robo” era a gran escala. Muchos desconfían. “Han pasado cuatro meses y ¿dónde están? Hay que tener cuidado porque la gente se emociona y dice vamos a tener 1.000 litros en el río, pero no hay disponibilidad física de agua”, asegura el gerente de la Junta de Vigilancia del río, Cristián González.

La directora regional de Aguas reconoce que se han encontrado muy pocas extracciones de agua sin derechos, pero cree que se debe a que los fiscalizadores llegaron en marzo, cuando la temporada de riego ya se estaba terminando.

Planta de tratamiento de Aguas Chañar

Esta semana la DGA dio a conocer en Santiago las sanciones y acciones legales iniciadas este año en todo el país por extracciones ilegales. En el valle de Copiapó, se han enviado cinco casos al juez de Letras para que se curse multas: Turismo y Hoteles Cabo de Hornos S.A; Claudio Carmona Espinoza; Agrícola y Comercial Vercelli Ltda.; Frutícola y Exportadora Atacama Ltda. y Cía. Exploradora y Explotadora de Minas Chilena-Rumania S.A (Coemin). Por considerar que podrían existir delitos, los dos últimos casos fueron derivados además al Ministerio Público y están en etapa de investigación. Paralelamente, se abrieron expedientes de fiscalización a Andina Minerals Chile S.A. y Minera Lumina Copper Chile S.A (dueña del proyecto Caserones).

Pero en la zona se menciona reiteradamente una situación que se considera emblemática: la Hacienda Manflas que utiliza las aguas del río del mismo nombre, uno de los tres afluentes del Copiapó. La empresa agrícola tiene litigios con la Junta de Vigilancia y con la DGA por el uso de esas aguas. El conflicto se originó debido a que Manflas utiliza todo el caudal del río, con lo cual el Copiapó prácticamente pierde uno de sus afluentes. “Ellos cortan del río, se lo se adueñan”, acusa Ferrada.

A Manflas sólo se le reconocen derechos por 4,7 lts/seg, pero la empresa pide que se le regularicen 300 lts/seg que -a su juicio- le corresponden. La agrícola ganó el primer round al conseguir una orden de no innovar que le ha permtido seguir usando el agua. El asunto se ha transformado en una verdadera guerra judicial, pues Manflas se querelló por prevaricación contra dos funcionarios de la DGA, acusándolos de coludirse para perjudicar a la empresa.

La disputa tuvo otro efecto colateral: los fuertes roces entre la empresa y la autoridad impidieron la instalación de una estación de monitoreo del glaciar Tronquito, que se ubica dentro de la propiedad de la Hacienda Manflas. Los análisis han debido ser focalizados en otras dos zonas. Hasta ahora, las fotos satelitales muestran un retroceso de los glaciares ubicados en la cabeza del valle, pero no hay información detallada que permita evaluar y prever los efectos del calentamiento global en una cuenca que vive una grave crisis hídrica.

“El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística . La Fundación AVINA no es responsable por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido.”