Diputados asegurados: $120 millones al año paga la Cámara en pólizas para ellos y sus familiares

Un total de 472 UF gasta mensualmente la Cámara para pagar dos seguros que benefician a los diputados y sus parientes. Los contratos de esos seguros no están en la sección de transparencia activa de la web de la Cámara y no se licitan a través de ChileCompra. El más caro -un seguro complementario de Salud que cubre a 108 diputados y 293 cargas familiares- se entrega «a dedo» a la corredora de seguros Colemont Fusión. La misma que fue «designada» durante diez años para administrar el seguro de vida de los diputados, el que fue licitado por invitación por primera vez en 2008. También se lo adjudicó Colemot Fusión.

A diferencia de la mayoría de los chilenos que pagan de su bolsillo lo que no cubre su isapre o Fonasa cuando requieren atención médica, los diputados y sus cargas familiares cancelan parte de ese saldo con dinero público. Desde 2003 cuentan con un excelente seguro complementario de salud que este año incluso se amplió a atención dental (vea la circular que les informó las coberturas para 2009). Éste no se paga con el sueldo de los parlamentarios, pese a que reciben $4.978.479 mensuales como dieta.

No es el único seguro que beneficia a los diputados. Tienen otro de vida, que de igual forma es pagado por la Cámara. Ninguno de los dos se licita a través de ChileCompra. El de salud fue entregado directamente a la corredora Colemont Fusión. El de vida fue licitado por primera vez -mediante invitación- en 2008, aunque existe desde 1997 y durante 10 años favoreció, por designación, también a Colemont Fusión. Y la licitación del 2008, vigente hasta marzo de 2010, fue ganada por la misma empresa.

El Senado contrató la misma corredora para asegurar sus «equipos electrónicos, objetos valiosos y cristalería» por un año, pero lo hizo a través de un proceso en ChileCompra que se cerró el 5 de marzo pasado. Los senadores tienen además un seguro de vida, accidentes personales, catastrófico y de asistencia en viaje con Metlife, contratado a través la corredora del Banco Estado. Si bien la póliza se encuentra publicada en la página web del Senado, no se precisa la forma en que fue adjudicado. En el caso de los diputados, hasta este viernes 10 de julio, no había ninguna referencia a sus contratos de seguros en la sección de «transparencia activa» de la página web de la institución.

Según pudo confirmar CIPER, la Cámara gasta cerca de $ 120 millones al año en estos seguros. El seguro complementario de salud implica un gasto de 330 UF mensuales para cubrir a 108 diputados (12 no firmaron los contratos y quedaron excluidos del beneficio), es decir $6.897.000 mensuales y $82.764.000 al año. El seguro de vida y accidentes tiene un costo de 142 UF mensuales para la Cámara ($2.967.800 al mes y $35.613.600 anuales). Si un diputado fallece o sufre un accidente que le deje como secuelas 2/3 de invalidez permanente, sus beneficiarios cobrarán 4.250 UF, equivalentes a $88.825.000.

Diputado Espinoza: «Un despropósito»

No son pocas las instituciones públicas que contratan seguros para proteger a sus empleados que cumplen funciones críticas. Tras el asesinato del senador Jaime Guzmán y por la naturaleza misma de los cargos parlamentarios -autoridades con una alta exposición pública-, se entiende que la Cámara pague un seguro de vida que contempla «acto malicioso terrorista» a sus miembros. Lo discutible es que durante diez años se haya entregado el negocio a una corredora sin licitación y que la única que se hizo, en 2008, no haya sido a través de ChileCompra.

Fidel Espinoza, PS

La decisión de cubrir a los diputados y sus cargas familiares con un seguro complementario de salud pagado por el Estado es más difícil de explicar. De hecho, entre los mismos parlamentarios hay críticas a este beneficio:

-Yo no tomé este seguro porque considero que los diputados tenemos un sueldo suficiente para tener buenos planes de salud para nosotros y nuestras familias. Estamos bien cubiertos y me parece un despropósito que se usen platas públicas para esto -opina el diputado Fidel Espinoza (PS), quien figura en la nómina de los 12 parlamentarios que no están cubiertos por este seguro.

Jorge Insunza (PPD) también está en ese grupo, pero aclara que desestimó sumarse al beneficio por otras razones: «Tenía mis propios seguros tomados hace años y no quise algo adicional. Mi decisión no fue un cuestionamiento al uso de dinero público en beneficios que están asociados a los riesgos de la función parlamentaria. Sobre el seguro de salud, conozco poco sobre su origen y el fundamento que se tuvo. En todo caso, hay beneficios que se han ido limitando, porque deben ser revisados cada cierto tiempo en contexto. Antes, por ejemplo, había una jubilación parlamentaria que hoy no existe. Se puede discutir si es razonable o no mantener estos beneficios».

De acuerdo a la documentos a los que tuvo acceso CIPER, el seguro de salud tiene un total de 401 personas cubiertas: 108 diputados y 293 cargas familiares. El año pasado la cobertura la brindó BCI y este año -hasta marzo de 2010- es otorgada por Vida Security.

Apurados por la Ley de Transparencia

Juan Luis Calvo, socio y director comercial de Colemont Fusión, confirma que tiene a cargo estos seguros desde el comienzo (1997-1998 en el caso del seguro de vida y 2003 en el de salud). Cuenta que llegó al negocio pues conocía a una persona que vendía autos a algunos senadores: «Como necesitaban asegurarlos, me recomendó y ahí entramos nosotros. Después el Senado, como ya éramos conocidos, nos pidió que le cotizáramos seguros de vida. Lo hicimos y de ahí pasamos a la Cámara».

En esa época Calvo era dueño de la Productora de Seguros Proseguros Limitada, una compañía mediana que posteriormente se unió a otras cinco corredoras del rubro, dando origen el año 2000 a la empresa Fusión. Cinco años más tarde vendieron la mitad a la estadounidense Colemont. Bajo las tres denominaciones Calvo ha brindado servicios a la Cámara de Diputados.

Juan Luis Calvo, director comercial y socio de Colemont Fusión

Calvo defiende la «transparencia» del proceso por el cual su empresa era designada para quedarse con el negocio:

-El sistema era muy transparente, porque la Cámara nos encargaba que nosotros cotizáramos con las compañías (de seguros) y escogíamos lo más conveniente. Entregábamos un informe con cuadros comparativos. Esos cuadros todavía deben estar archivados. No había licitación, pero había una cotización y siempre se elegía la mejor oferta igual.

Según el documento que consigna las condiciones particulares del seguro colectivo de vida que cubre a los diputados, en este negocio la corredora Colemont Fusion cobra un «20% de la prima neta pagada, neta de las devoluciones y anulaciones, IVA incluido».

Diputados y funcionarios de la Cámara coinciden en que fue bajo la presidencia del fallecido Juan Bustos (PS), a comienzos de 2008 que se selló la primera licitación privada del servicio, debido a que durante la gestión del DC Patricio Walker se había buscado una fórmula para hacer el proceso más transparente. «Se acercaba la aplicación de la Ley de Transparencia y se nos pidió revisar el sistema, porque la misma corredora llevaba muchos años adjudicándoselo», señala una de las personas que participó en el proceso que generó la licitación privada del seguro de vida en 2008.

-Hasta ese momento -cuenta la misma fuente- la Comisión de Régimen Interno, que es la comisión que administra la Cámara (compuesta por los diputados de la mesa directiva y los jefes de bancadas), mandataba a la corredora de Calvo para que cotizara. La corredora le presentaba un informe a la Dirección de Administración y ese informe se entregaba a la Comisión de Régimen Interno, que es la que finalmente autoriza los contratos.

La subcomisión económica de la Comisión de Régimen Interno se encarga de los asuntos relativos a contratos externos y es encabezada por el Primer Vicepresidente de la Cámara. En las fechas en que se revisó el sistema del seguro de vida, el cargo lo ocupaba Guillermo Ceroni (PPD).

-El seguro de vida -indica Ceroni- se implementó a raíz de la muerte de diputados, como el caso de Manuel Bustos, porque las familias quedaban muy descubiertas, ya que no existe la jubilación parlamentaria. No se llamó a licitación. Se designó a la empresa de Calvo para que hiciera las cotizaciones con las compañías de seguros. Esa corredora ya le llevaba seguros de manera particular a algunos diputados y gozaba de prestigio. Hacía una propuesta a la Comisión de Régimen Interno. Ese sistema se fue renovando hasta que en el periodo de nuestra mesa se adoptó la decisión de invitar a más empresas, como una licitación privada. La ganó Colemont, con un seguro de Santander.

Ceroni cuenta que en las decisiones relativas al cambio de sistema participaron, como miembros de la subcomisión, los diputados José Miguel Ortiz (DC), Enrique Jaramillo (PPD), Carlos Abel Jarpa (PRSD) y Claudio Alvarado (UDI), además de un socialista y un RN que no pudo recordar.

El factor ChileCompra

Para renovar el sistema se creó una comisión ad hoc, conformada por un funcionario de la Dirección Administrativa (Harry Thomas), otro de la Dirección de Finanzas (Mauricio Naranjo), un abogado de la Dirección Administrativa (Matías Lindhorst) y el secretario jefe de Comisiones (Miguel Landeros). Este último reemplazó al subdirector de Administración, que debía ser el titular pero se enfermó.

Guillermo Ceroni, PPD

Landeros explica que enviaron cartas de invitación a todas las compañías aseguradoras inscritas en el Grupo 1 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que son las dedicadas a los seguros de vida. Las cartas se despacharon el 25 de febrero de 2008. El proceso incluyó una restricción: las compañías podían presentarse intermediadas sólo por un corredor, no se aceptó que un corredor apareciera en más de una oferta asociado a distintas compañías.

Finalmente, siete compañías entraron al proceso y en marzo de 2008 la comisión de funcionarios abrió los sobres con sus propuestas. En el acto de apertura se constató que las siete cumplían con las condiciones de las bases y que mejoraban la oferta existente. La comisión evaluó las propuestas -en un proceso donde no participaron diputados- y confeccionó una tabla donde se medían los beneficios y coberturas, versus las primas. Esa tabla se entregó a la Comisión de Régimen Interno, que autorizó el contrato con la opción que a juicio de los evaluadores era la más favorable: Colemont Fusión con un seguro de Santander.

Una fuente que tomó parte en el proceso dijo que no se hizo la licitación a través de ChileCompra porque algunas compañías de seguros eran reticentes a participar mediante ese mecanismo público:

-Nos interesaba que participaran compañías grandes asociadas a corredoras grandes, porque esas corredoras, por el volumen que manejan, consiguen precios que no se pueden obtener contratando directamente con las compañías. La Dirección de Administración recomendó hacerlo por invitación para que pudiesen participar esas empresas y así asegurar ofertas más competitivas. Ahora último las compañías se han ido convenciendo de entrar a ChileCompra. De hecho, el seguro que licitó el Senado es posterior, de este año, y participaron varias. Esperamos que a futuro se pueda hacer por ChileCompra.

La misma fuente dice que al invitar a las empresas del Grupo 1 de la SVS, se abarcó a prácticamente todos los actores del mercado, con lo que -a pesar de no haber hecho una licitación pública mediante ChileCompra- se apuntó al objetivo de dar transparencia al proceso. Agrega que no se aplicó el mismo mecanismo al seguro de salud por un detalle casi absurdo:

-Tesorería avisó muy tarde la fecha de término de la cobertura y no alcanzábamos a hacer todo el proceso de invitación y evaluación. Si lo hacíamos, los diputados iban a quedar sin cobertura durante un tiempo. Se tuvo que renovar con el mismo mecanismo. Pero se le pidió a Colemont que buscara una nueva alternativa por la misma plata, porque el seguro del BCI, que operó el año pasado, iba a subir. Por eso este año es con Vida Security.

Asegurados contra el cáncer

Adicionalmente a los beneficios de sus seguros de vida y de salud, los diputados están cubiertos por un convenio con la Fundación Arturo López Pérez. Éste se suscribió por iniciativa de la diputada DC Carolina Goic y fue aprobado por la Comisión de Régimen Interno.

El convenio permite a los diputados y sus familiares obtener prestaciones oncológicas en la fundación. Tiene un costo de $3.200 al mes por persona, pagados por la Cámara, lo que suma $4.600.000 anualmente.

Este convenio se extiende también a los 340 funcionarios de la Cámara, por los que la corporación paga $13.000.000 cada año a la fundación.