Esta semana dos emblemáticos proyectos inmobiliarios sufrieron duros traspiés. Ya no está claro si Horst Paulmann podrá construir el edificio más grande de Sudamérica o de Chile cuando retome las obras de Costanera Center y tres inversiones ligadas a importantes grupos empresariales en Pudahuel deberán esperar a que el gobierno subsane una serie de problemas detectados por la Contraloría.
La agrupación “Defendamos la Ciudad” es como una pulga en la oreja de autoridades y empresas inmobiliarias. Los dueños de los más importantes proyectos han debido enfrentar una persistente artillería de recursos legales y denuncias a la Contraloría del representante de la organización, Patricio Herman, quien suele ir aliado con los vecinos. Prolífero redactor de columnas y reclamos, Herman y su agrupación obtuvieron esta semana dos victorias respecto a millonarios y emblemáticos megaproyectos.
El primero de ellos es Costanera Center, del empresario Horst Paulmann. Desde que se puso la primera piedra del edificio, la organización alegó que los permisos de edificación eran ilegales. Recién ahora que las obras están paralizadas por la crisis económica pero alcanzaron un importante grado de avance, el secretario regional ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, Carlos Estévez, determinó el 17 de marzo que la Municipalidad de Providencia efectivamente autorizó el inicio de las obras con permisos mal otorgados (ver documento).
El error estuvo en que la construcción se inició en 2006 con un permiso de edificación aprobado el 2001. Y se puso en marcha pese a que se habían anexado nuevos terrenos y ampliado notablemente la superficie a construir, lo que la Municipalidad de Providencia consideró que sólo eran modificaciones. Según el seremi Estévez, correspondía tramitar un nuevo permiso de edificación. Adicionalmente, cuestionó que los nuevos predios no se hubieran fusionado antes de la otorgación del permiso, como lo exige la ley.
La nueva decisión de la autoridad ministerial incluye la exigencia de un nuevo cálculo de los estacionamientos que debe incluir el proyecto. Un punto que ya la organización que lidera Herman había cuestionado, pues se utilizó una norma incorrecta que derivó en un menor número de plazas que las que correspondía.
La resolución también cuestiona la forma en que se calculó las rasantes aplicables del edificio y por lo tanto la altura que éste puede tener. Estévez instruyó a la Dirección de Obras Municipales de Providencia a tomar las medidas necesarias para solucionar los problemas. Aunque los trabajos de Costanera Center ya se encuentran bastante avanzados, Patricio Herman estima que cuando Paulmann retome las faenas ya no podrá construir los 65 pisos proyectados, sino a lo más entre 48 y 50. De ser así, ya no podrá ser el edificio más alto de Chile, el récord llegará a las manos de Abraham Senerman, con su edificio que tendrá 52 niveles.
Pero todo lo anterior es teoría. Porque aunque altas fuentes del Minvu reconocen que el proyecto adolece de “serios problemas” y debería recortar varios pisos, también prevén que el caso llegará eventualmente a manos de la Contraloría, cuya jurisprudencia indica que se privilegia el derecho adquirido del titular del proyecto. Y en caso de que las obras estén iniciadas, hasta ahora siempre se ha permitido continuarlas según el diseño original. De acuerdo a esta lectura, a lo más habría un sumario contra las autoridades municipales.
Obstáculos para una nueva ciudad en Pudahuel
El segundo triunfo de “Defendamos la Ciudad” se obtuvo tras enviar a lo menos once escritos a la Contraloría con argumentos para que ésta no tomara razón de las resoluciones del gobierno regional metropolitano que modifican el Plan Regulador Metropolitano, las que permitirían la construcción de tres megaproyectos inmobiliarios en Pudahuel. El 27 de marzo, el contralor Ramiro Mendoza devolvió al gobierno las resoluciones enumerando una serie de cuestionamientos (ver documento). Esto implicará cambios y un severo atraso en la puesta en marcha de los megaproyectos, cuyos dueños ya estaban preocupados por la excesiva demora en la tramitación de los permisos.
Las iniciativas contemplan una inversión de unos US$ 4000 millones e involucran a importantes grupos económicos: Urbanya, de Santa Cruz-Yaconi; Ciudad Lo Aguirre, de Hurtado Vicuña y Cruzat; y Enea, de Enersis. Entre los tres suman 1.500 hectáreas y con ellos debuta el sistema de Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), que en este caso requería cambiar el uso de suelo de agrícola a urbano.
Entre otros puntos, la Contraloría estimó que los planos presentados tienen errores. Urbanya incluye áreas de riesgo de inundación y parques metropolitanos e intercomunales, mientras que los proyectos de Enea y Ciudad Lo Aguirre se extienden sobre zonas de parque metropolitano.
Lo más grave según los requirentes, es que no se adjuntó el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), como lo exige la ley. El cuestionamiento del ente contralor señala que el estudio que las inmobiliarias entregaron no está concluido ni considera un plan de inversiones con obras de mitigación, así como las expropiaciones que serían necesarias.
La respuesta a estos cuestionamientos la dio el propio seremi Carlos Estévez, quien le bajó el perfil a los argumentos de la Contraloría. En declaraciones a El Mercurio, negó que hubiera ilegalidades, sino simplemente observaciones que deben ser subsanadas. Esto fue ratificado a CIPER por una alta fuente del Minvu, la que estimó que bastará con enviar correcciones o explicaciones. En cuanto al Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), indicó que no es necesario porque no es un permiso de edificación sino un cambio en el plan regulador. Ahora deberán conseguir que la Contraloría concuerde con esta tesis.
Pese a los inconvenientes generados a todos estos proyectos por los reclamos de “Defendamos la Ciudad”, el funcionario del Minvu valoró su trabajo por representar un nuevo estilo de participación de la sociedad civil: “Tiene un lado muy positivo, y es que obliga a la gente a hacer las cosas bien y de forma prolija. Eso es bueno para la sociedad”.
COMPARTIR
CONTENIDO DESTACADO
Andrés Chadwick aceptó que la fiscalía acceda a sus cuentas bancarias y al contenido de su teléfono
Hace unas pocas semanas viajé a Santiago y me parece que francamente es una ciudad horrible, sin clase, desorbitada. Tuve la oportunidad de pasar frente a el monstruo que pensaba construir Paulmann, con esos aires megalómanos, que algunos empresarios chilenos poseen y francamente es una vergüenza el caudal de excreciones que pasa a pocos metros de allí, Santiago es una ciudad que se les escapo de las manos a las autoridades, la calidad de vida es verdaderamente penosa, siento una profunda lástima por las pobres personas, transeúntes, ciudadanos de a pie, que deben vivir en una urbe tan desastrosa como lo es nuestra vergonzosa capital, por suerte vivo en una ciudad con una calidad de vida incomparable, con aire puro, bellos paisajes, donde la gran mayoría de las personas son amables, por supuesto que faltan muchas cosas por hacer, si todos los recursos no se los llevara la región metropolitana, tendríamos mejor locomoción, mejores carreteras, etc.
Desfavorablemente el centralismo es un problema endémico que difícilmente terminará pronto.
Santiago debe repensarse o terminará siendo un caos mayor del que ahora es.
El error estuvo en que la construcción se inició en 2006 con un permiso de edificación aprobado el 2001. Y se puso en marcha pese a que se habían anexado nuevos terrenos y ampliado notablemente la superficie a construir, lo que la Municipalidad de Providencia consideró que sólo eran modificaciones. Según el seremi Estévez, correspondía tramitar un nuevo permiso de edificación. Adicionalmente, cuestionó que los nuevos predios no se hubieran fusionado antes de la otorgación del permiso, como lo exige la ley.
Lo más grave según los requirentes, es que no se adjuntó el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), como lo exige la ley. El cuestionamiento del ente contralor señala que el estudio que las inmobiliarias entregaron no está concluido ni considera un plan de inversiones con obras de mitigación, así como las expropiaciones que serían necesarias.
