El 88% de los principales alcaldes del país no ha entregado su declaración patrimonial

La cita tuvo lugar en el Auditorio de la Contraloría General de la República. Habían pasado sólo cinco días desde que los alcaldes –nuevos y reelectos– asumieran sus cargos. El 11 de diciembre de 2008 el contralor Ramiro Mendoza recibía a los 345 jefes comunales elegidos el 26 de octubre para comandar por los próximos cuatro años los municipios del país. La reunión parecía importante. Mendoza impartiría el seminario “Municipios, juridicidad y probidad. Aplicaciones prácticas”. Un encuentro en el que tanto él como la Presidenta Michelle Bachelet harían discursos para potenciar las prácticas administrativas transparentes. Al terminar, hubo besos, abrazos, saludos, diplomas y fotos. Ha transcurrido más de un mes y ya muchos de los invitados reprobaron la primera prueba.

El 5 de enero venció el plazo legal de 30 días para la entrega de la declaración de patrimonio que deben realizar todos los alcaldes y concejales después de asumir o dejar su cargo. Según el Decreto Nº 45 (2006) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que modifica la Ley Nº 18.575, el formulario debe ser llenado por los funcionarios de alta jerarquía de la administración del Estado, ejecutivos de empresas públicas, parlamentarios y miembros de los tribunales superiores de justicia cada cuatro años, cada vez que la persona sea nombrada en un nuevo puesto de la administración pública y al concluir el período de su función. También cuando su patrimonio sufra cambios significativos. Todos conocen la ley. Por lo mismo, todos los alcaldes –electos, reelectos y salientes– deberían ya haberla enviado. Pero la transparencia no parece ser la tónica de la administración local.

CIPER fue esta semana a Contraloría para revisar las nuevas declaraciones patrimoniales de los 49 alcaldes reelectos y salientes del Gran Santiago (22 de Santiago norte y 27 de Santiago sur), los 27 ediles de las principales comunas de regiones y los 36 nuevos jefes en las alcaldías del mismo grupo. En total, eran 132 planillas de las 345 que deberían haber ingresado en los archivos del órgano fiscalizador. Pero de ellas, sólo encontramos 16: tres de alcaldes que dejaban el sillón edilicio, siete de los que fueron reelectos y seis de personas nuevas en el cargo.

De las otras 116, aún no se sabe nada.

Sanciones inefectivas

La ley es clara: existen sanciones para la no entrega o presentación tardía de las declaraciones de patrimonio. Según el artículo 24 del Decreto Nº 45, “se presume que el funcionario o autoridad ha incurrido en infracción a su obligación de presentar la declaración de patrimonio, si trascurren más de treinta días desde que la declaración fuere exigible y ésta no se hubiere efectuado”. En estos casos, la sanción consiste en una multa que va desde las 10 a las 30 UTM (entre $375.000 y $1.125.000). Pero estas sanciones casi nunca son efectivas.

El fin del proceso es que los ciudadanos puedan fiscalizar si hay enriquecimiento ilícito por parte de sus autoridades. Y a mediados de 2006, todos los funcionarios públicos que están obligados a llenar el formulario con datos específicos sobre sus bienes inmuebles, vehículos motorizados, valores transables, derechos en sociedades y comunidades y pasivos superiores a las 100 UTM, debían presentar sus declaraciones. Pero al revisarlas en agosto pasado, CIPER descubrió que durante dos años el ex alcalde de Ancud, Pablo Ossio (DC), simplemente hizo caso omiso a esa obligación. Y no es que la haya hecho a tiempo y se haya perdido en el trayecto a la Contraloría Regional. Tampoco que a sus asesores se les haya olvidado enviarla. Ossio llenó el formulario recién el 11 de agosto del año pasado y sólo incluyó un crédito de consumo por $4.000.000. Pero en todo ese tiempo, nadie lo fiscalizó.

Tampoco nadie lo hizo con los alcaldes suplentes de Arica e Iquique, el independiente Waldo Sankán y la también independiente, pero apoyada por la Alianza, Myrta Dubost. Ambos iniciaron el período anterior como concejales de sus comunas e hicieron sus declaraciones según ese cargo, pero asumieron la jefatura de sus municipios luego de que sus antecesores fueran destituidos –Carlos Valcarce, en Arica, por fraude al fisco y Jorge Soria, en Iquique, por notable abandono de deberes y faltas a la probidad, además de estar acusado de fraude al fisco, negociación incompatible y otras irregularidades–. Sin embargo, ninguno actualizó su declaración al asumir el mando municipal. Pero al menos uno de ellos reparó el error.

Después de las elecciones municipales del año pasado, tanto Sankán como Dubost fueron confirmados como alcaldes. Y la de Dubost es una de las nueve declaraciones que ya ingresaron a la Contraloría desde regiones. En la casilla donde debe poner el cargo que ostenta ya no dice concejal, sino alcaldesa. Pero esa no es la única diferencia con su formulario anterior.

Las actualizaciones que llegaron

Cuando Myrta Dubost era concejala por Iquique, según su declaración de patrimonio sólo poseía $10 millones en bienes muebles y una cuenta corriente. No indicó ni el tipo de bienes ni el monto o a qué banco correspondía la cuenta. Pero dos años después, el formulario que presentó como alcaldesa es muy distinto.

Dubost hizo su declaración el penúltimo día de 2008 y en ella no aparecen ni la cuenta corriente ni los $10.000.000 en bienes muebles. Pero agrega un auto Honda de 1996 y seis sociedades, de las cuales tres (Ocean Investments Ltda., Pacific Trading Ltda. y South Investments Ltda.), según ella misma indica, no han tenido movimiento desde hace más de 20 años. Lo que llama la atención es que no haya incluido en su declaración anterior las sociedades D y G Asociados Ltda., en la que participa desde 1996, ni Chileminmetals S.A. y Quebrada del Desierto S.A.C., en las que posee derechos a través de D y G Asociados desde 2005.

La actualización de Dubost no fue la única que llegó a la Contraloría. Al menos otras siete declaraciones corresponden a actualizaciones por reelección. Una de ellas es la de la alcaldesa de Concepción, Jaqueline Van Rysselberghe (UDI), una de las pocas que evidencia un incremento en su patrimonio.

Mientras que en el formulario que la edil penquista presentó en 2006 aparecía su domicilio, además de un sitio eriazo avaluado en $120,5 millones y una cuenta corriente sin fondos, en la declaración que entregó ahora ya no aparece su dirección ni el sitio eriazo. Sin embargo, asegura tener dos sitios más, cuyo valor suma $225 millones. Además, ahora tiene dos cuentas corrientes con fondos que adicionados superan por poco los $5.000.000.

Otro de los alcaldes reelectos cuya actualización resulta llamativa es el de Coquimbo, Oscar Pereira (DC). En su declaración anterior , Pereira puso en la casilla destinada al organismo en que se desempeñaba “Jubilado SNS”, pero ahora rectificó: llenó el espacio con “I. Municipalidad de Coquimbo”. Ya no aparecen los dos créditos Corfo que tenía para pagar los estudios de sus hijos y sus acciones en Coopeuch pasaron de $1.860.000 a $6.152.744.

Otro cambio que mostró en el nuevo formulario fue su profesión: en 2006 se identificó como auxiliar de enfermería; ahora figura como paramédico.

El patrimonio de los que se van

De los 36 alcaldes incluidos en la lista de declaraciones que CIPER solicitó ver en Contraloría y que dejaron su puesto en el municipio, sólo tres han cumplido con la obligación de presentar el formulario con el detalle de su patrimonio. Y los tres son de regiones: Arturo Molina (Calama), Carlos Arellano (Rancagua) y Aldo Bernucci (Chillán).

El primero en hacerla fue Molina (DC), el 27 de noviembre de 2008. Según su “actualización por cese de funciones”, su patrimonio sólo ha variado en cuanto al valor de su auto y el vehículo de su mujer, además de la eliminación de una deuda de casi $6,5 millones . Todo lo demás sigue igual.

El radical Aldo Bernucci llenó el formulario el 5 de diciembre de 2008, un día antes de dejar la alcaldía chillaneja y ni siquiera se dio la molestia de rellenar las casillas referentes al cargo que dejaba. Ya no incluye su casa en Valdivia, pero en su reemplazo hay otra que no corresponde a su domicilio. Tampoco están los cerca de $7.000.000 que en 2006 tenía repartidos en una cuenta corriente, un fondo mutuo y una cuenta diferida. Ahora sólo anota una cuenta corriente con un fondo de dos millones de pesos. Y es mucho más que lo declarado por el ahora ex alcalde de Rancagua, Carlos Arellano (DC).

El formulario previo de Arellano da a entender que cuando llegó al mando del municipio no tenía nada. Ni propiedades ni vehículos ni bienes transables. Ni siquiera debía plata. Al parecer, durante los cuatro años que estuvo en el sillón edilicio no le fue muy bien: ahora sólo incluye $13,5 millones en deudas.

Los nuevos jefes

Dos días después de asumir la alcaldía de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN) llenó la primera declaración de patrimonio que hace como jefe municipal. En ella consignó que llevaba 25 días en el cargo, una casa en la misma comuna, un departamento destinado a la renta en Las Condes y un terreno en Cochamó, Puerto Varas. También incluye pasivos por $190 millones, un depósito a plazo de $35.000.000, una sociedad individual de responsabilidad limitada y acciones en D&S, Enersis y LAN, cuyo valor suma $11,8 millones.

Al otro lado de Santiago, Cristián Balmaceda (independiente pro Alianza) ganó en las elecciones con el 61,66% de los votos y llegó a reemplazar a Jaime Escudero (PPD), quien fue su contendor en la pelea por estar al frente de la municipalidad de Pirque entre 2008 y 2012. Balmaceda hizo su declaración el 26 de diciembre e incluyó dos sitios en Los Maitenes (avaluados en $68 millones), tres vehículos, dos sociedades y dos pasivos. Y a pesar de que su patrimonio está lejos de ser despreciable, no se compara con lo que su antecesor declaró tener en 2006 .

Escudero no ha presentado su actualización por cese de funciones, pero además de los tres caballos que tenía a su haber –dos tasados en 1,5 millón de pesos y el tercero en un millón–, uno de los cuales llevaba el sugerente nombre de “Tirano”, lo más llamativo de su declaración patrimonial eran sus acciones en la Sociedad Agrícola La Higuera Ltda., cuyos títulos representaban la cantidad de $3.325.000.000. De todas formas, Balmaceda no consigna el valor de sus participaciones en las sociedades Comercial El Llano de Pirque Ltda. –en la que posee el 50% de los derechos– ni en Inversiones Balún Ltda. –donde es dueño del 12,5%–, por lo que es imposible asegurar que su patrimonio sea menor.

Finalmente, al otro lado de la moneda está la declaración del nuevo alcalde de San José de Maipo, Luis Pezoa (RN). De las seis declaraciones que ya fueron ingresadas en la Contraloría por parte de alcaldes nuevos, la de él destaca por su austeridad. En el formulario, el edil de RN sólo indica poseer un millón de pesos guardados en una cuenta corriente en el BCI. Y eso sería todo.