Contraloría: Duro informe cuestiona gastos de Arenas en el Registro Civil

Un completo y duro informe sobre la gestión del Registro Civil emitió hoy la Contraloría General de la República luego de ejecutar una «auditoría integral aleatoria» a ese servicio público. El nudo de la inspección apunta a decisiones tomadas por el cuestionado ex director del servicio, Guillemo Arenas, quien debió hacer abandono de su cargo luego de que CIPER denunciara irregularidades en una millonaria licitación adjudicada a la empresa india TATA.

En 84 páginas, el ente contralor detalla las irregularidades administrativas e instruye la realización de varios sumarios. Entre ellos, destaca la identificación de un total de $39 millones que no califican como gastos de representación o no se encuentra debidamente especificado el motivo de la reunión que los originó o la investidura de los asistentes.

Sólo Guillermo Arenas rindió $4.415.809 de gastos en restoranes que para la Contraloría no se justifican. Como se ve en el mapa (haga click en los puntos azules para ver el local y el gasto), el ex director del Registro Civil recorrió los más variados restoranes de Santiago.

A éstos hay que sumar el restorán «Coco Loco» de Valparaíso, donde gastó $431 mil pesos en dos cenas. Una de ellas, Arenas la justificó como una reunión de la comisión mixta de presupuesto en el Congreso ($266 mil), pero no informó los nombres ni la investidura de los asistentes. La otra comida ($165 mil), la presentó como una cita preparatoria de una reunión de los registros civiles de América Latina, pero la boleta no tiene número ni fecha, y no hay ninguna información sobre la identidad de los asistentes.

Guillermo Arenas era un hombre querido entre los funcionarios del servicio, quienes incluso hicieron un paro cuando dejó su cargo el año pasado. En el informe de la Contraloría, se ve que el ex director invirtió dinero del servicio para agasajar al personal con motivo del 123 aniversario. Para dicho festejo, celebrado en julio de 2007, destinó un total de $28 millones. La Contraloría no hace reparos sobre el monto, sino que cuestiona que «no consta la asistencia de autoridades superiores».

Pero fue la parrillada «Los Buenos Muchachos» la que se llevó la mayor tajada de los gastos de representación. En este caso, la rendición de cuentas corrió por cuenta de la jefa de Comunicaciones de dicho servicio público, Carolina Ruiz. En ese conocido restorán el Registro Civil organizó dos cenas, para 199 y 900 personas respectivamente, las que significaron un desembolso total de más de $14 millones. A ello hay que agregar $360 mil que se gastaron en buses para trasladar a los invitados desde «Los Buenos Muchachos» a Maipú y Puente Alto. El informe nada indica de las horas en que se habría hecho el traslado y tampoco la identidad de los pasajeros. En las mismas fechas, cada dirección regional realizó sus propias celebraciones, por las que la Contraloría también pide explicaciones.

Para aclarar todos estos gastos, se instruirá un sumario administrativo y ya la Contraloría anunció que hará reparos.

Incumplimiento de contratos

Jorge Lobos, el ex jefe de gabinete de Guillermo Arenas, fue el responsable de autorizar 50 de los 288 contratos revisados por la Contraloría. Inconsistencias con lo que se estipula como actividad realizada y otras carencias y errores fueron detectados por el ente fiscalizador en 44 casos. Lo que queda claro es que sólo muy pocos de esos contratos en la mira de la Contraloría fueron aclarados por las autoridades del Registro Civil en sus descargos.

El nombre de Lobos también aparece vinculado a las irregularidades en el otorgamiento de créditos de la Caja de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la Tía Rica. De acuerdo con otro informe de Contraloría, en 1996 Lobos autorizó un préstamo por un millón de pesos para Erika Henríquez González, quien era su pareja y terminó trabajando en la oficina de Dicrep de Temuco. Además, el informe objetó que el auto que Erika González presentó como garantía no era suyo, sino del mismo Lobos.

Tras ser destituido junto a Guillermo Arenas de la dirección del Registro Civil, en mayo último Jorge Lobos volvió a la Dicrep, donde es funcionario de carrera desde los ‘80. Sin embargo, recién retornado, quedó suspendido al iniciarse un sumario en su contra por la investigación en curso en el Registro Civil. Desde entonces, pese a estar suspendido, el abogado sigue recibiendo un sueldo que supera el millón de pesos. Su situación debiera resolverse en un par de meses, una vez que se presenten los cargos en su contra.

La lista de contratos aprobados por Lobos en el Registro Civil y cuestionada por la Contraloría estaba encabezada originalmente por Andrés Contardo Santibáñez, el asesor informático que fue despedido «por razones de buen servicio» en marzo de 2008, luego de que CIPER revelara que prestaba doble funciones en la empresa TATA, que se había djudicado una licitación por US$ 80 millones. Ahora el ente contralor revela que en 2007 recibió $17.429.160 y en 2008 $12.000.000 como asesor de la licitación. Sus informes indican que participó del cronograma de trabajo de evaluación del Registro Civil, en el plan de revisión de las bases de licitación, en el cronograma de trabajo para la licitación de identificaciones y en el piloto de modelo biométrico. En su primera revisión, la Contraloría concluyó que no había antecedentes adicionales que acreditaran la ejecución efectiva de dichas funciones. Posterioremente, otros asistentes a las reuniones en las que Contardo dijo participar confirmaron su asistencia. Así, el asesor informático salió de la lista negra de la Contraloría, pero no de la fiscal que sigue el proceso por los delitos cometidos en la licitación otorgada a Tata.

Más difuso parece el caso de Verónica Luz Escudero Ramos, quien entre 2006 y 2007 recibió pagos por más de $18 millones como asesora en contratos tecnológicos ligados a la licitación informática. «En la revisión de dichos informes, se comprobó que corresponden a artículos extraídos de internet, los que se reproducen casi textualmente», concluyó la primera etapa de la auditoría, que incluso detalla los artículos que fueron plagiados de la web. En el informe final, sin embargo, se «hace presente» que hay registro de los informes bimensuales de Verónica Escudero, pero no agrega ningún detalle acerca de aquellos que habían sido plagiados de internet.

La abogada Verónica Escudero llegó a trabajar al Registro Civil en octubre de 2006, pocos meses después de que Arenas asumiera la dirección del servicio. Su esposo, el también abogado PPD Juan Guillermo Hurtado, ha mantenido un vínculo laboral más estrecho y cercano con el ex director del Registro Civil.

En 1994, cuando fue nombrado en la jefatura máxima de la Dirección General del Crédito Prendario, Arenas nombró a Hurtado a la cabeza del Departamento Jurídico, lo que en la práctica le permitió ser el segundo de a bordo en la Dicrep. Además, fue uno de los tres integrantes de una comisión encargada de un programa de créditos excepcionales que dejó pérdidas por $1.000 millones. Se trata del crédito con garantía de prenda industrial sin desplazamiento, que mereció un sumario de Contraloría. Entre otras cosas, el informe del organismo fiscalizador objetó el hecho de que uno de los beneficiados por los préstamos por un millón de pesos fuera el ex alcalde de Pirque Jaime Francisco Escudero, quien es hermano de la esposa de Hurtado y, por tanto, primo de Guillermo Arenas.

El matrimonio también apareció mencionado en el informe de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados por el caso de TVN. Frente a la grave crisis por la que atravesaba la estación pública tras el fin de la dictadura, en 1990 la Cámara Baja aprobó un duro informe que daba cuenta de situaciones anómalas. Entre otras cosas, destacó el hecho de que el animador César Antonio Santis cobrara asesorías millonarias a través de la empresa Alati Comunicaciones Ltda., cuya propiedad aparecía a nombre de Verónica Escudero y Juan Guillermo Hurtado. De acuerdo con un informe de Contraloría, las asesorías no fueron respaldadas ni justificadas, y significaron montos que en valores de la actualidad superan los $2.200 millones.

Además de Verónica Escudero, el reciente informe de la Contraloría sobre el Registro Civil incluye a personas que saltaron indirectamente a la escena pública tras el escándalo de la fracasada licitación a TATA. Una de ellas es Karina Talcan Sumarett, quien se hizo conocida a comienzos de 2008, cuando la prensa informó que había sido jefa de gabinete del presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona (quien negó su vinculación con ella, pese a las evidencias) y tenía una asesoría en el Registro Civil. Para la Contraloría, los informes que entregó sobre su estudio de las necesidades de las comunidades mapuches no permiten acreditar que las labores hayan sido realizadas, pues son poco claras y no entregan detalles de las reuniones. Incluso el subdirector de Administración y Finanzas se abstuvo de visar su informe de marzo de 2008 porque no tenía conocimiento respecto de su trabajo. El 30 de abril se puso término anticipado a su contrato.

No sólo por Talcan fue cuestionado Escalona, sino también porque los hermanos de su pareja, Verónica Tricallota, también hacían asesorías al Registro Civil. Ambos aparecen en el informe. Respecto a René Tricallota López, dice que no se puede acreditar que haya desarrollado su labor de «apoyo con entrega de uniformes», por la cual recibió $500 mil por un mes de trabajo, pese a haber laborado sólo 9 días hábiles. Su hermana Gloria Tricallota López, trabajó entre septiembre y diciembre de 2007 como asesora de la Unidad de Gestión y Control de Ingresos. Aunque el servicio dijo haber verificado el trabajo realizado, la Contraloría no logró que se le entregara documento impreso ni digital que permita acreditar el cumplimiento de las labores.

La sorpresa del nuevo informe de Contraloría es que también afecta a la diputada Isabel Allende, opositora a la conducción de Escalona en el Partido Socialista, y quien se sumó a las críticas en contra del presidente del PS por los contratos de sus familiares en el Registro Civil. Su hijo -Gonzalo Meza Allende- es quien ahora aparece mencionado en la auditoría. Los reparos se refieren a que Meza Allende fue contratado para un «análisis de contexto de temas contingentes», tarea que no guarda relación con las funciones propias del servicio. En el informe se señala que sus informes tratan temas como «las elecciones internas de la Concertación con pocos aires de cambio», «las visiones extremistas de la acusación constitucional», «conflicto Colombia-Ecuador, una alerta para la región», «la aparición molesta de Lavín para la Alianza» y la «experiencia francesa en las elecciones municipales».

En otro acápite, el informe hace especial mención a María Isabel Moya, la jefa de Infomática, quien fue una testigo clave para la fiscalía en la investigación por las irregularidades en la licitación adjudicada a TATA. La Contraloría cuestiona que haya sido contratada como asesora grado 3 en la escala única de sueldos y se le pague un sueldo equivalente al grado 2. El servicio respondió que el cambio se solicitó al Ministerio de Justicia en febrero de 2007 y aún se está a la espera de la respuesta, por lo que el ente contralor ordena «regular a la brevedad» su condición contractual o «proceder al reintegro de los fondos pagados en exceso».

Otra vez Sonda

En su exhaustiva auditoría, la Contraloría cuestiona numerosos contrados y estudios, como los $400 millones desembolsados para pagar dos convenios con la Universidad de Santiago, los que ya son objeto de un sumario administrativo. También critica el pago de $391 millones a la empresa Sonda, la misma que actualmente se encarga del sistema informático para la elaboración de Cédulas de Identidad y Pasaportes y que ha sido fuertemente cuestionada por el gobierno por su rol en los problemas del Transantiago.

La documentación oficial del Registro Civil indica que la empresa de Andrés Navarro fue contratada para realizar el servicio biométrico de la confección de cédulas y pasaportes, lo que a juicio de la Contraloría no corresponde. Y ello porque «no pueden modificarse los aspectos esenciales del contrato, como es la contratación de un nuevo sistema de identificación denominado servicio biométrico».

Se hace notar también que los cambios irregulares a este contrato con Sonda fueron firmados por el actual director Luis Fuentes; y Manuel Godoy y María Isabel Moya en su calidad de coordinadores del proyecto, pese a que no tenían «facultades para contraer obligaciones de tipo onerosos en representación del Servicio». Para Fuentes, el informe de Contraloría vuelve a recordar los estrechos lazos que éste tuvo con Sonda en los contratos pasados que se adjudicó la empresa en las licitaciones del Registro Civil.

La Contraloría anunció que se investigarán las responsabilidades administrativas de esta orden de cambio y de otras dos relacionadas con la empresa Adexus, pero que suman poco más de $1 millón.

Falta de control en el registro de condenas

Un acápite de mayor gravedad pero en un ámbito distinto es el capítulo en el que la Contraloría expresa especial preocupación por el proceso de registro general de condenas. Se trata de un servicio administrado por el Registro Civil que guarda la información de las causas penales de todos los chilenos. Son datos privados y muy sensibles, que sólo pueden ser consultados por los tribunales y policías. El ente contralor ya había cuestionado en un informe anterior la falta de control sobre la eliminación y alteración del registro de condenas, un problema que ha saltado a la palestra en los últimos escándalos de corrupción y que ahora adquiere otro cariz a la luz de la precariedad del registro más sensible para la seguridad ciudadana.

Según la auditoría de la Contraloría, entre 2007 y 2008 se eliminaron 38.321 sentencias, labor realizada por 32 funcionarios del Registro Civil. El ente fiscalizador ya había cuestionado la falta de procedimientos formales en las eliminaciones, falta de foliación de los documentos, controles de validación y la eliminación de todo el prontuario de una persona a través de una sola solicitud. Un hecho que calificó como grave cuando existen varias condenas. Además criticó que la eliminación de registro no estuviera asociada al cumplimiento de condenas.

Si bien los mandos directivos del Registro Civil aclararon satisfactoriamente varias de estas inquietudes y dijeron haber solucionado otras, la Contraloría sostuvo que falta aún validar en nuevas visitas que el resultado sea el adecuado. La principal sugerencia para este problema es que en la próxima licitación del proyecto de integración de plataforma tecnológica se incorporen controles automáticos que velen por la integridad de la información.

Un ejemplo de la precariedad en el resguardo de estos registros está en el control de acceso al sistema. Según la Contraloría, la primera información entregada por el servicio hablaba de 1.706 cuentas que podían utilizarse para eliminar sentencias, de las cuales 1.235 no tienen restricción de horario de conexión. Sin embargo, luego se informó que durante el 2007 se habían usado 218 cuentas para eliminaciones, mientras que en 2008 fueron 1.706. Finalmente, el servicio le informó a la Contraloría que no podía identificar cuántas cuentas podían eliminar sentencias, lo que lleva a concluir sobre el riesgo de que hubiera usarios con habilitaciones no autorizadas.

Después de todas estas contradicciones, el Registro Civil entregó la información que supuestamente es la correcta, pero que la Contraloría analizará en un próximo informe. Las nuevas cifras hablan de 1.256 cuentas, de las cuales 89 podrían hacer eliminaciones y sólo 27 lo hicieron efectivamente durante 2008. Al validar estos datos, los fiscalizadores detectaron que al menos una cuenta de administrador aparecía catalogada como no autorizada para hacer eliminaciones, lo cual es contradictorio. Por eso, anuncia que seguirá trabajando en el tema. De hecho, el propio servicio informó que son sólo 33 las cuentas que deberían contar con los «privilegios» para hacer eliminaciones -en vez de las actuales 89-, por lo que se procedará a anular los que no corresponden.

En otro largo acápite, la Contraloría analiza y cuestiona algunos procedimientos contables y financieros, así como cuantiosas cuentas por cobrar ($81 millones sólo del año 2006).

Los contratos a honorario también cayeron bajo la lupa del ente contralor, pues detectó diversas personas ejerciendo funciones de jefatura en forma permanente. Y aunque el informe no lo dice, se trata de puestos extremadamente sensibles para las labores habituales del Registro Civil y también para las licitaciones en curso, como los cargos del jefe de seguridad de la información, el jefe del área de infraestructura tecnológica o el jefe del proyecto de gobierno electrónico.

Millonario Edificio

Otro cuestionamiento a la gestión de Guillermo Arenas es el millonario gasto en el arriendo del edificio que se estrenó en calle Merced 379 al 385, donde antiguamente funcionaba la Universidad Miguel de Cervantes. El inmueble fue arrendado de manera directa a la Sociedad de Inversiones Antares, sin llamado a licitación pública como lo exige la ley. Además, el Ministerio de Hacienda había autorizado por un año el monto para el arriendo de ese edificio. No obstante aquello, el 5 de julio de 2007 se firmó un contrato por un plazo de 10 años por más de $14 millones mensuales, es decir, unos $170 millones anuales.

Pese a que la autorización de la Dirección de Presupuesto no contemplaba gastos en reparación o habilitación del edificio, se desembolsaron $137 millones por ese concepto.

Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó un sumario administrativo.

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