Golpe al blanqueo de dinero en México

La dura batalla contra el narcotráfico y el lavado de dinero iniciada por el gobierno de Felipe Calderón se convirtió en el centro de la polémica en México al intensificarse en los últimos meses con un masivo despliegue militar. De allí que la caída del avión en que viajaba el ministro Juan Camilo Mouriño haya agravado la situación al generalizarse la sospecha de que fue un atentado en represalia al gobierno, lo que podría desencadenar más violencia. El siguiente reportaje de investigación de la revista Expansión, da cuenta del alcance del crimen organizado en el sector financiero y sus amplias redes internacionales.

CIUDAD DE MÉXICO – Un mediodía de abril de 2007, un avión DC-9 se dibujó en el cielo caribeño. No tenía plan de vuelo, como muchas de las naves que transportan drogas por la Península de Yucatán, y llamó la atención de los radares mexicanos.

El aparato -que había despegado del aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, y había hecho escala en Barranquilla, Colombia- aterrizó, por una falla hidráulica, en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. El piloto no apagaba aún el motor cuando cientos de soldados del Ejército mexicano lo rodearon y lo detuvieron. El DC-9 llevaba a bordo 5.6 toneladas de cocaína, y también las primeras pistas de la principal operación conjunta con Estados Unidos contra el lavado de dinero en una década. Sus consecuencias transformaron para siempre el sector cambiario mexicano.

La matrícula del avión confiscado en Campeche dio la clave para trazar la ruta del dinero y vincularlo a las actividades del cartel de Sinaloa; guió a cuentas en el Wachovia Bank; a operaciones de la Casa de Cambio Puebla, un negocio de empresarios poblanos, con 20 años de antigüedad, y a otras cuentas de individuos e instituciones en EU.

El caso es una línea más del mapa que traza la Drug Enforcement Administration (DEA) de EU del lavado de dinero en el continente. La mitad del efectivo que ganan las organizaciones de narcotráfico en EU llega a México. Una parte se lava pagando en efectivo bienes de lujo, inmuebles o negocios. Otra parte se envía a los carteles proveedores de droga en Colombia y Venezuela. El resto se deposita en el sistema financiero mexicano, donde las organizaciones maquillan el origen del dinero e invierten en lo necesario para continuar con su operación.

Hasta ahora las autoridades policiales financieras se enfrentan a un obstáculo: el origen sospechoso de unos fondos no es motivo legal suficiente para confiscar estos recursos, ya que el lavado de dinero se castiga en México sólo si se logra demostrar su conexión con un delito previo. Antes de fin de año, el Congreso mexicano votará leyes con las que pretende modificar esta situación.

El rastreo de los movimientos del dinero y datos aportados por informantes en EU, permitió al Federal Bureau of Investigation (FBI), la DEA y la Procuraduría General de la República (PGR) descifrar el complejo esquema de movimientos de fondos, mediante el cual se estima que el narco lavó 11 millones de dólares (MDD) entre 2003 y 2007 (algunos medios refieren que pueden ser hasta 700 MDD).

El dinero era enviado de EU a México, de donde se transfería de vuelta a EU a través de oficinas de la Casa de Cambio Puebla en la Ciudad de México. El dinero, ya ‘blanqueado’, salía de las cuentas que la entidad cambiaria mexicana tenía en Wachovia y Harris Bank (las llamadas ‘cuentas corresponsales’, a través de las cuales las casas de cambio podían hacer transferencias al extranjero para sus clientes) a cuentas espejo en otros bancos estadounidenses. De ahí, se destinaba a la compra de aviones para transportar droga de los carteles de Juárez y Sinaloa.

Casa de Cambio Puebla y otras (según expedientes relacionados con el caso, incluidos varios de una corte del sur de Florida), blanquearon millones de dólares por esta vía para la compra de por lo menos 13 aviones en cuatro años.

Concluida la investigación, el 8 de noviembre de 2007, la policía tomó las oficinas corporativas de Casa de Cambio Puebla, en la esquina de Chipilo y Juárez, una zona de restaurantes y bares de moda de la capital poblana. Canceló líneas de teléfono, revisó plafones y canales de ventilación. Operaciones similares se hicieron en otras oficinas de la empresa, donde fueron detenidos cuatro ejecutivos de la firma.

Casi un año después, puede decirse que las casas de cambio agonizan. Una industria que manejaba 40,000 millones de dólares (MDD) al mes en transacciones está a punto de desaparecer. De las 25 que existían a finales de 2007, sólo quedan 13, y éstas operan con muchas restricciones.

Cambiar o morir

En un penthouse de la calle Río Tíber, de la Colonia Cuauhtémoc, cerca del Ángel de la Independencia, José Antonio Ramírez, presidente del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Casas de Cambio (AMCC), admite que su industria está en crisis, pero se niega a pensar que desaparecerá.Wachovia Bank, el sexto banco en importancia en EU, (adquirido por Wells Fargo el 14 de septiembre ), y Harris Bank de Chicago enfrentan cargos criminales y multas millonarias por sus vínculos con Casa de Cambio Puebla.

Cuando la noticia de Wachovia y Harris se supo, Zions Bank, de Utah, que también daba líneas de crédito sobregiradas a casas de cambio mexicanas, se retiró del sector. Después siguieron todas las demás instituciones estadounidenses.

Infografía: Revista Expansión

A raíz de esto algunas entidades, como Casa de Cambio Majapara, quebraron; otras cambiaron de giro. Las que quedan transfieren dinero de sus clientes a Estados Unidos por medio de su competencia, como los bancos Bancomer o Banamex.

El Departamento de Estado de EU siempre ha señalado al sector cambiario mexicano como uno de los huecos mayores para legitimar dinero sucio.

Este sector consta de dos tipos de instituciones: las casas de cambio, que pueden hacer grandes transferencias internacionales, y los centros cambiarios, comercios como los miles asentados en la frontera, que sólo hacen cambios en ventanilla. De las primeras, las casas de cambio Catorce y Ribadeo desaparecieron en los últimos dos años por conexiones con grandes casos de lavado de dinero internacional. Casa de Cambio Puebla fue la gota que faltaba para ‘cerrar la llave’.

En los primeros días de enero pasado, tras reunirse de emergencia con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), varios dueños cambistas visitaron bancos en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Florida para intentar abrir nuevas cuentas bancarias en EU. Fue en vano. «Nos decían: ‘No tengo nada contra el sector, nada contra las casas de cambio, pero otros bancos se han retirado'», refiere Ramírez.

Las casas de cambio más profesionalizadas habían iniciado hace años la diversificación del negocio. Las que no la habían concluido la aceleraron tras los sucesos de Casa de Cambio Puebla. Ahora, Monex, Intercam, Base o Mazaryk pasaron a ser casas de bolsa o bancos, como es el caso de Consultores Internacionales.

Al convertirse en casas de bolsa o bancos estas entidades encontraron una regulación mejor ‘estructurada’, dice un directivo de una casa de cambio, una relación contractual con el cliente, lo que las hace menos vulnerables al lavado. Además, les permitió acceder a nuevos mercados de dinero, capitales, derivados o financiamiento corporativo o a captación, en el caso de los bancos.

Infografía: Revista Expansión

Ojos que no ven

Entre los socios de Casa de Cambio Puebla están Eusebio San Martín, dueño del restaurante Beer Factory de la Ciudad de México, y Gilberto Marín, presidente de Mabesa, fabricante de los pañales Chicolastic. Todos manifiestan que son inocentes.

Y la propia Casa de Cambio Puebla argumenta que siempre aplicó controles infalibles en sus operaciones financieras. Tanto lo cree, que demandó civilmente al gobierno de EU para recuperar 11 MDD que le congelaron en el Wachovia Bank.

Su abogado es Frank Rubino, un litigante con base en Miami en cuyo currículo abundan casos de narcotráfico. Defendió al general panameño Manuel Antonio Noriega, a Lamen Khalifa Fhimah, espía libio que puso la bomba en el vuelo Pan Am 103 que se estrelló en Escocia en 1988 y mató a 270 personas, y Fabio Ochoa, el líder del Cartel de Medellín.

Los investigadores dicen que no se ve implicación de los socios en el lavado de dinero por Casa de Cambio Puebla. En cambio, el director general, el oficial de cumplimiento, los operadores, los brokers y los promotores «caen en alto grado de coparticipación del delito».

Sin embargo, de acuerdo con fuentes del sector cambista, hubo instituciones que se preocupaban por el lavado de dinero. «Tenían todos los requisitos entregados, pero no se lo tomaban en serio», considera una de las fuentes.

Las autoridades señalan a Pedro Alfonso Alatorre Damy, ejecutivo sinaloense de 36 años que diario jugaba tenis en un exclusivo club de Bosques de las Lomas, como el eje central en la historia de transacciones ilícitas de Casa de Cambio Puebla, cuyo gerente general, José Antonio Gutiérrez de Velasco Hoyos, está fugitivo.

Alatorre Damy era gerente de la sucursal de Casa de Cambio Puebla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -la cual, según la investigación, movió más dólares por día- y, de acuerdo con las autoridades, es operador financiero del cartel de Sinaloa, que encabeza Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Estos cargos son rechazados por su abogado, Mauricio Moreno, quien desde su oficina, cerca del Bosque de Chapultepec, asegura que a su cliente le sembraron pruebas.

Además de los acusados en México, hay otro sospechoso, Pedro Benavides-Natera, un empresario venezolano, quien enfrenta un juicio en una corte del sur de Florida, por usar sus cuentas en el Commerce Bank, de Miami, como ‘cuentas espejo’.

A dichas cuentas llegaba el dinero de las casas de cambio y desde ahí se enviaban los pagos para adquirir los aviones que luego se importaban a Venezuela.

Con ello, la investigación muestra que gran parte de las operaciones de narcotráfico, que antes se originaban en Colombia, hoy se hacen desde Venezuela adonde muchos capos colombianos se han trasladado.

Más control, para comenzar

Las entidades financieras están obligadas a documentar quién es el que hace una operación en sus oficinas y a saber de dónde obtuvo los fondos.

La regulación les exige tener un comité interno que vigile el cumplimiento de las normas antilavado y reporte operaciones bancarias a las autoridades fiscales. Casa de Cambio Puebla tenía controles, pero, de manera sospechosa, éstos fallaron.

En otros casos, de acuerdo con un directivo de una casa de cambio ahora convertida en casa de bolsa, «no invirtieron en sistemas, no se certificaron ni hicieron labor de prevención».

Antes del final del año, nuevas disposiciones exigirán una entrevista personal con todos los clientes para indagar el motivo de la compra o venta de dólares, una actividad que no es cómoda. Según José Antonio Ramírez, de la AMCC, esto desvirtúa las actividades cambiarias. «Soy un empresario, inversionista, pongo a trabajar mi patrimonio y me conviertes en policía y en investigador privado», se queja.

El gobierno mexicano ya ha analizado la posibilidad de que el sector cambiario desaparezca. «Los bancos pueden asumir el rol cambiario», considera un oficial antilavado.

La duda ahora es cómo afectará al mercado de remesas, la razón por la que los bancos estadounidenses iniciaron su relación con las casas de cambio mexicanas. «Estados Unidos quiere quedarse con ese mercado», reprochó José Luis Rojas, ex colaborador de la consultoría Deloitte.

En el caso de la Casa de Cambio Puebla, México y EU operaron coordinados, un salto adelante en una relación marcada históricamente por la desconfianza. Eso sí, todavía no se ponen de acuerdo en las cifras: México insiste en que el dinero que se lava en su territorio sólo es una tercera parte de los 25,000 MDD que afirma el Departamento de Estado.

En Estados Unidos, esta investigación envolvió al FBI y a la DEA, de acuerdo con documentos en las cortes estadounidenses. En México, el liderazgo lo tomó la Unidad Investigadora Financiera (UIF), unidad descentralizada de la Secretaría de Hacienda.

La policía financiera

Es la joya de la corona del sistema de vigilancia bancario. Con 60 sabuesos electrónicos -contadores forenses, abogados y analistas financieros que revisan millares de reportes de transacciones financieras con un sofisticado software-, la UIF le sigue el pulso a la actividad financiera del país.

Sus investigadores detectaron, por ejemplo, a 74 personas que realizaban depósitos frecuentes en la sucursal de Casa de Cambio Puebla en la delegación Iztapalapa del DF.

Esos depósitos sumaban cientos de miles de dólares y todos los depositantes residían en el mismo edificio multifamiliar, habitado por personas de bajos ingresos. Habían sido ‘contratados’ por la red criminal para lavar el dinero.

La alarma sonó cuando se vio que Casa de Cambio Puebla no había reportado esa situación, aunque contaba con la documentación.

Las entidades financieras deben informar sobre tres tipos de transacciones: relevantes -operaciones en efectivo por más de 10,000 dólares de un mismo cliente-; inusuales -en las que el perfil del cliente no encaja con el monto de los depósitos, como era el caso de los 74 vecinos-; o preocupantes -cuando dentro de la institución financiera alguien está coludido y ayudando a lavar dinero-.

Concluida la recopilación de información financiera, la UIF pasó sus conclusiones a la sección antilavado de la PGR, para que el ministerio público e investigadores policiales de la Secretaría de Seguridad Pública federal continuaran la investigación.

El 8 de noviembre del 2007, la Procuraduría arraigó a cuatro sospechosos de lavado de dinero, entre ellos a Amador Cordero Vázquez, oficial de cumplimiento de Casa de Cambio Puebla (encargado de implantar todos los controles antilavado), y a Pedro Alfonso Alatorre Damy, promotor y gerente de la sucursal del aeropuerto de la Ciudad de México. Todos niegan su culpabilidad.

La UIF está redefiniendo sus reglas operativas que la ayudarán a enfocarse más en operaciones de riesgo como las que la guiaron a encontrar los depósitos de Iztapalapa en Casa de Cambio Puebla. «Queremos darle más peso y candados a los sistemas de los bancos para que los propios empleados puedan notificar y denunciar a sus jefes, con garantía de que no van a verse en riesgo», revelan fuentes de Hacienda.

Su enfoque se intensificará también en investigar las instituciones que considera más vulnerables, las no supervisadas por ninguna comisión reguladora: los centros cambiarios y casas de cambio; las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y las transmisoras de dinero.

El enemigo en casa

El gobierno mexicano, dicen expertos, tardó mucho tiempo en combatir el lavado. La falta de leyes adecuadas, personal de vigilancia financiera y mejor colaboración entre autoridades permitió que crecieran las organizaciones criminales.

Tras el desastroso resultado de México en la revisión que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional contra Lavado de Dinero (GAFI), en el año 2004. se entendió por qué era importante conectar la investigación financiera con el lado judicial. «Vimos muy claro el conflicto UIF-PGR», dice una fuente de vigilancia antilavado.

La UIF maneja los detalles financieros de la investigación, pero la PGR debe ser capaz de encontrar el origen criminal de los activos que descubre la UIF. «Quienes están envueltos en el lavado son gente sin antecedentes, como el empresario de la esquina. Se necesita mejor metodología de investigación para detectar esto», dice una fuente de investigación.

En los últimos meses, las entidades financieras de vigilancia y la PGR han trabajado para mejorar sus relaciones y sus formas de trabajo. «Queremos reglamentar la comunicación interinstitucional del ejecutivo, judicial y legislativo», dice un oficial de la PGR. La coordinación ahora se lleva adelante por decisión personal de los oficiales, confirman varias fuentes, pero sólo un reglamento protegerá que en el futuro esa relación se dañe con oficiales que no cooperen.

Hay diferencias: el personal de la UIF es altamente profesional y técnico. Hasta hace un año, los directores antilavado en la PGR tenían poca experiencia financiera.

Eso cambió cuando el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, contrató expertos antirriesgo, introdujo controles de confianza que miden la corrupción de cada oficial y la sistematización de todas las investigaciones, especialmente las financieras. «Antes las personas manejaban todo en su cabeza. Si esa persona se iba, se nos iba el caso», recuerda un oficial antirriesgo.

El problema más grave es la falta de policías entrenados. En los últimos meses, ha habido una restructuración en los mandos de la Secretaria de Seguridad Pública y la PGR que ha afectado las investigaciones de lavado de dinero.

Desde el 2 de diciembre de 2006 hasta la fecha, por ejemplo, ha habido cuatro titulares antilavado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

La política de cooperación ha dado resultados. La PGR y la UIF han firmado un memorando de entendimiento donde se comprometen a responder a toda petición en menos una semana de plazo. Aseguran que se está cumpliendo.

La guerra contra el lavado

Como parte de la guerra contra el crimen organizado, el gobierno y el Congreso mexicanos quieren atacar las redes que blanquean los fondos procedentes de delitos como el narcotráfico o el secuestro. Las organizaciones delictivas lavan en México entre 10,000 y 25,000 MDD al año, y por ello, las autoridades han recibido numerosas críticas de los organismos internacionales.

En las próximas semanas el gobierno presentará regulación y legislación nuevas diseñadas con ayuda de un grupo de ex banqueros y expertos en sistemas antirriesgo. «Hay que quitarle la sangre (el dinero) al crimen organizado», dice una fuente antilavado.

El plan fue presentado en octubre, en Río de Janeiro, ante el GAFI, creado por el Grupo de los 7 (G7) en 1989.

En la revisión, a México le fue mejor en comparación con 2004, cuando «el país pasó apenitas», según admite un oficial de la unidad de vigilancia de la Procuraduría General de la República.

Las críticas de 2004 incluían falta de coordinación interinstitucional entre los supervisores, controles laxos y un sistema de vigilancia financiero sobrecargado con burocracia, pocos recursos y sin facultades para multar a los que cumplían o abusaban del sistema.

«México perdió una década en su lucha contra el lavado de dinero», dice una fuente antilavado que, como la mayoría de los entrevistadas, pidió el anonimato.

El Senado mexicano tendrá en sus manos en noviembre la aprobación de varias leyes: una nueva Ley de Extinción de Dominio, que permitirá la confiscación de bienes de narcotraficantes aún sin ser sentenciados, así como otras legislaciones que autorizarán operaciones encubiertas e intervenciones telefónicas y una cooperación más estructurada entre las entidades.

El gobierno emitirá también nuevas regulaciones. Los 10,000 centros cambiarios (comercios no regulados que, a diferencia de las casas de cambio, no pueden hacer transferencias de recursos) deberán identificar a toda persona que cambie más de 500 dólares.

Con estas medidas, las autoridades confían en mejorar las estadísticas. Durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, en septiembre, el procurador general de la República fue cuestionado por los resultados.

«Ha declarado ante esta asamblea que su capacidad de incautar es de 80 millones de dólares», le reprochó David Mendoza Arellano, diputado del PRD, «es decir, menos del 1% (del dinero lavado) (…) la PGR es 99% ineficiente en atacar a la red financiera de la delincuencia organizada».

Contra las propiedades

El Senado mexicano analizará la ley antilavado en noviembre o diciembre de este año. Esas leyes permitirían detener las cadenas de lavado mucho antes de lo que sucedió con Casa de Cambio Puebla, ya que autorizan expropiar empresas o propiedades si alguien no demuestra su origen lícito.

Desaparecería el requisito que exige la demostración de un delito previo para probar lavado de dinero.

«Las leyes van a pasar, porque nadie va a querer ser señalado como el que paró la reforma», señala una fuente legislativa que prefiere mantenerse sin identificar. El problema puede estar con la Ley de Extinción de Dominio, añade la fuente, «aunque pasara con candados», dice.

En México hay resistencia a aplicar esta ley, existente en Colombia o EU, que despoja de sus bienes a cualquier acusado de narcotráfico antes de ser juzgado. Los bienes pueden ser vendidos por el Estado. Si la persona sale libre de los cargos, el Estado le paga por sus bienes en efectivo. En la propuesta que se discute, la venta debería hacerse en 72 horas.

Bajo las leyes actuales, el Estado mexicano puede asegurar los bienes de un arraigado por narcotráfico, pero no puede venderlos. «Si confiscamos una discoteca, tenemos que devolver la discoteca», dice una fuente antilavado de la PGR.

Los especialistas pronostican más problemas si la ley es demasiado cuidadosa en sus candados. Los abogados de los narcos inundarán el sistema con amparos para proteger los bienes, dice una fuente, lo que limitará el daño a su patrimonio, que es lo que se quiere lograr.

Pero quizás el mayor obstáculo en México para el combate al lavado de dinero es la falta de cultura entre ciudadanos e instituciones de que esa actividad tiene consecuencias negativas para la economía. De acuerdo con Rodolfo Uribe, ex jefe de la UIF en Colombia, el lavado «distorsiona los índices de gestión en un país, porque hay una economía que no está regulada».

El caso de Casa de Cambio Puebla prueba que las leyes y los sistemas de vigilancia sofisticados no son suficientes para controlar el lavado de dinero cuando el enemigo está dentro de la institución. Es entonces que se necesita de un buen ciudadano que lo denuncie.

El caso contra Casa de Cambio Puebla marca un hito en la historia de la cooperación entre México y Estados Unidos, y es la operación más importante después de Casablanca, el operativo mediante el cual se detuvo a 22 ejecutivos bancarios mexicanos que iban a cerrar un trato de lavado de dinero.

Está en manos de la nueva legislación y los cambios administrativos que quede como la operación del sexenio o que no sea solamente el pequeño caso inicial de la guerra al lavado de dinero.

*Infografía: Revista Expasión