La trastienda del MOP-Gate de la UDI

No es una pelea con “guante blanco”, ni menos entre “viejos” y “jóvenes”. La inédita elección interna por la presidencia de la UDI entre Coloma y Kast dividió al partido entre quienes insisten en la inocencia y respaldan a los tres alcaldes gremialistas cuya probidad ha sido duramente cuestionada, y quienes exigen que se adopten medidas más drásticas antes de que la UDI se vea moralmente impedida de combatir la corrupción del oficialismo. Mientras la pugna ya se asemeja en crudeza a las viejas batallas contra RN, muchos se preguntan si el hilo se cortará o no por lo más delgado.

“Nosotros pensamos que hay que ser más duros internamente en el tema de la probidad. Si en ese tema hay un matiz con Juan Antonio Coloma, es bueno que la gente lo sepa”. Así, el diputado Felipe Ward, jefe de campaña de su colega José Antonio Kast, explica la insistencia de este último en coronar su competencia con el senador por la VII Región Norte con una serie de debates a lo largo del país. Un punto en el que no hay acuerdo –Coloma se mostró reacio a este sistema- y que polarizó la carrera por el liderazgo UDI a sólo cuatro meses de las elecciones municipales.

Y aunque el generalísimo de este último, el diputado Felipe Salaberry, asegura que no hay tal negativa a debatir, advierte que “es un error fijar cómo se va a conducir el partido en los próximos dos años sólo en el tema municipal”. Y explica que ya “la UDI ha fijado una posición coherente con su historia, que es dejar en manos de las instituciones la acreditación de los grados de responsabilidad; si una institución tiene un veredicto negativo, vamos a actuar en consecuencia”.

Debates de más o debates de menos, el episodio dejó clarísimo que la inédita elección interna del próximo 5 de julio no es una lucha de “viejos” (Coloma) contra “jóvenes” (Kast). Es una pugna entre un bando que insiste en defender la “presunción de inocencia” –y por tanto, la repostulación- de los tres alcaldes UDI cuya probidad se cuestiona, contra otro que exige que se termine con “la manga ancha” para no perder su perfil fiscalizador. Los más vehementes ya demandan que se aclare “toda la verdad”.

Ninguno de los militantes gremialistas que apoyan a Kast ha defendido enérgica y públicamente a los ediles cuestionados: Carolina Plaza (Huechuraba), Gonzalo Cornejo (Recoleta) y Mario Olavarría (Colina), a los que se sumaron esta semana Virginia Reginatto (Viña del Mar) y Vicky Barahona (Renca). Y ninguno de los que respaldan a Coloma se ha salido del argumento de que “hasta ahora, no se ha establecido ningún delito” en relación a ellos. De los tres, los casos de Plaza y Cornejo desvelan al gremialismo desde que la Contraloría los cuestionara duramente a raíz de los polémicos contratos de sus municipios con la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA), cuyos gestores fueron destacados militantes de ese partido.

Lo que hasta entonces sólo algunos reconocían como “irregularidades” ha revelado un ramificado mecanismo de asesorías, contratos cruzados y manejos de dineros de alcances aún no delimitados, que empuja a muchos bautizar el asunto como “el MOP-Gate de la UDI”. Una red en la que también se ha etiquetado con el maldito rótulo de “operador político” al creador y uno de los dueños de GMA, Iñaki Busto, quien pasó de ser un popular personaje municipal y ex colaborador de Joaquín Lavín en las pasadas presidenciales, a un paria desde que renunció a la UDI en marzo pasado. Un ícono comparable –para algunos- con lo que en su momento fue Patricio Tombolini para el PRSD o Víctor Manuel Rebolledo para el PPD.

Casi nadie desconoce en la tienda de Suecia 286 la posibilidad de que lo ya dictaminado por la Contraloría derive en uno o más juicios orales que obligue a alcaldes, asesores y operadores a declarar y a defenderse -de pie ante el estrado, como lo está haciendo Laura Soto-, en un largo proceso. Y todos saben que si eso se produce, los juicios enturbiarán al partido no sólo en las elecciones municipales de octubre, sino que en las parlamentarias y presidenciales del próximo año.

El escenario revive los temores que el gremialismo ya enfrentó entre el 2003 y 2004, durante el traumático Caso Spiniak. Aunque en esa ocasión ninguno de sus dirigentes enfrentó a la justicia, el partido gastó todas sus energías en una batalla mediática y judicial que logró desvirtuar las acusaciones, pero al costo de entrar en guerra con RN, quedar casi incapacitados electoralmente y ver pulverizada una opción presidencial que estaba casi segura.

“Pablo Longueira y el resto se jugaron con todo por Jovino (Novoa), pero eso nos perjudicó más que nos ayudó. No tiene sentido vivir lo mismo de nuevo, salvo que haya algo que no se conozca”, dice un dirigente histórico. Pero otro dirigente subraya profundas diferencias con el emblemático caso: “La otra vez teníamos plena certeza de la inocencia de Jovino, en cambio ahora estamos llenos de dudas y algunos no creemos en una defensa corporativa”.

La otra diferencia es que esta vez no hay montaje ni complot del que se pueda culpar a la Concertación, porque fue el mismo Joaquín Lavín el que ha incendiado la sede de Suecia con sus acusaciones de “doble estándar”, falta de “autoridad moral” y, para qué decir, de la frase que lo inició todo: “también hay corrupción en municipios de la UDI», donde de nada sirvió su casi inmediata retractación. A estas alturas ya nadie se detiene en si el ex candidato presidencial lo hizo por defender a su yerno Isaac Givovich –cuya ruptura con Plaza en Huechuraba detonó todo-, porque desde que la familia Lavín declaró su apoyo a Kast, las dos facciones se están atacando con prácticamente todo lo que tienen a mano.

Y eso es lo que marca la diferencia más profunda con el Caso Spiniak, para muchos la causa del actual conflicto. Si aquella vez los gremialistas enfrentaron la crisis férreamente unidos –aun pese a sus serias diferencias estratégicas-, la de ahora no sólo derribó a la ya debilitada mesa directiva de Hernán Larraín, sino que dividió al partido como nunca antes. La facción “rebelde” la integran muchos de los parlamentarios y dirigentes que el 2004 se quejaban que se les ocultaba información, que se tomaban decisiones sin consultarles y de hasta haberle “perdonado la vida” al gobierno de Lagos a raíz del MOP-Gate.

Hoy son varios los que en privado no ocultan que ya se han “quebrado amistades y confianzas” en el otrora partido más ordenado del país. En una vereda, los llamados “coroneles” –Coloma, los senadores Andrés Chadwick, Novoa y Longueira- y buena parte de los alcaldes y parlamentarios; en otra, la generación más nueva de legisladores y dirigentes que defienden apasionadamente a Lavín y Kast. Desde ambas trincheras advierten que, salvo un vuelco impensado, ya no hay cómo poner marcha atrás. Un dirigente muy ligado a los “coroneles” confirma que “en este momento no hay ningún canal de mediación que funcione”, mientras que un estrecho amigo de Lavín asegura que “ya nada se puede hacer para detener este desastre”.

El tablero judicial

La última vez que la UDI perdió uno de sus cargos de elección popular por corrupción fue el 2002. En un caso hoy olvidado, el entonces diputado Mario Escobar fue obligado a renunciar al partido antes de ser desaforado, procesado y condenado por estafa con cargo a dineros provenientes de la venta de unas alpacas. En el juicio se ventiló que en vez de beneficiar a comuneros pobres de Calama, las platas terminaron cubriendo la remodelación de la casa de Escobar. Su cupo hoy es de Felipe Ward.

Sólo algunos dirigentes gremialistas han recordado en estos días que el error más grave cometido en el “Alpaca-Gate” fue no haber evitado una vergüenza que se conocía al menos desde el 2001, cuando se presentó la querella, y que se remontaba a 1996, cuando se cometieron los delitos. Gracias al simultáneo Caso Coimas –que derribó a seis parlamentarios de la Concertación-, la caída de Escobar pasó inadvertida y el entonces diputado fue abandonado a su suerte. Pero ya entonces algunos rostros de la UDI se quejaron amargamente que estaban “perdiendo piso moral” para criticar a sus adversarios.

Hoy se critica que “la lección no se aprendió”, por mucho que los adherentes a Coloma reclamen que no es posible que la misma generación que ellos forjaron ahora le disparen a su propio partido al alimentar denuncias de corrupción. Para muchos de los “coroneles”, ello equivale a traición. Pero en el bando de Kast llegan incluso a señalar que “esto es lo mismo que con los Derechos Humanos. ¡Ahora resulta que nadie sabía nada de lo que estaba pasando, que tenían 15 años!”

¿Sabía o no la plana mayor gremialista de la magnitud del problema? ¿Han calibrado sus dirigentes la magnitud y alcance del escándalo? ¿Hay una estimación de las bajas posibles? Pese al virulento clima interno marcado por provocaciones y advertencias oblicuas, hasta ahora nadie se ha atrevido a aseverar en público que conocía los derivados de GMA en los municipios UDI hace tiempo. Pero sí hay un cálculo de lo que está en peligro. En un partido que ha peleado sus mayores batallas tanto en las urnas como en los tribunales, “lo que saben los abogados de la Concertación ya lo deberían saber los nuestros”, resume un dirigente.

Primero, Carolina Plaza, cuya renuncia a la UDI es irrelevante en este escenario. Más allá de que el Tribunal Electoral Regional sancione o no su destitución, la alcaldesa ya enfrenta una querella por fraude al Fisco, presentada por el abogado Alejandro Chaparro –a nombre de los concejales concertacionistas de Huechuraba y de la diputada PPD María Antonieta Saa-, y que está en manos de la Fiscalía Centro Norte. Dicha causa se acumulará en estos días a la de cohecho y negociación incompatible y falsificación de instrumento público. Adicionalmente, el Consejo de Defensa del Estado decidirá en los próximos días si se querellará en el caso.

Segundo, Gonzalo Cornejo. Apenas se conozca el dictamen de la Contraloría –que se da por durísimo, ya que los montos y contratos involucrados superan largamente a los de la vecina comuna- un importante estudio jurídico decidirá si presenta una querella en contra de quienes resulten responsables de fraude al Fisco. En la acción tomará parte la concejala DC Francisca Zaldívar (hija de Andrés, el ex senador) y está en suspenso si la acompañarán integrantes de la directiva del partido de Soledad Alvear.

Tercero. Del dictamen de Ramiro Mendoza sobre Recoleta también depende una arriesgada apuesta de Chaparro: la querella que prepara contra los dos municipios por asociación ilícita, una figura penal que generalmente es muy difícil de probar, ya que depende de acreditar que funcionarios de se pusieron de acuerdo para cometer los delitos ya enunciados. Con todo, la acción envolverá a una larga lista de funcionarios, asesores y ex asesores de ambas comunas.

Cuarto, Mario Olavarría. La situación del alcalde de Colina y antiguo abogado de la UDI se diferencia de sus otros colegas en dos cosas. Uno, su gestión no tiene nada que ver con Gestión Municipal Avanzada (GMA), la empresa con contratos irregulares en las Recoleta y Huechuraba; dos, es el que ha mantenido un perfil más bajo. Pero su municipio enfrenta a lo menos dos investigaciones del Ministerio Público: una que busca aclarar la legalidad de contratos con Chilectra en los que no medió licitación y otra que apunta a una compleja triangulación con permisos de circulación, que habrían permitido el enriquecimiento de su ex jefe de gabinete.

Quinto, Virginia Reginatto. Aunque hasta esta semana ahora su caso había pasado casi desapercibido, el de la alcadesa de Viña del Mar no es menos complicado. Acá se repite el modus operandi con GMA y además se detectó conflicto de intereses con la fiscalización del Casino, por lo que la Contraloría también remitió los antecedentes a la justicia y al CDE. Por ello, los concejales que se oponen a su gestión también buscan que el Tribunal Electoral Regional la destituya y ya se adelantan querellas. Pero además se espera un segundo dictamen, referido a irregularidades denunciadas hace meses, que apuntan a eventuales sobresueldos pagados a funcionarios municipales para adjudicar la pasada Copa Viña del Mar a la productora del fubtolista Marcelo Salas.

La lista se cierra con la situación de Vicky Barahona. Acá el tema no es GMA, sino varios otros, partiendo por un conflicto de intereses establecido por la Contraloría, protagonizado por un funcionario que visó contratos que beneficiaron a su empresa. El mismo dictamen sostiene que hay fallas serias en el control del uso de vehículos municipales. La alcaldesa de Renca –quien además enfrenta una acusación de acoso sexual de un ex funcionario- a comienzos de mes había decidido no ir a la reelección, pero luego se arrepintió.

De todo este cuadro judicial, los casos de Plaza y Cornejo son los más delicados. La mayoría de los que apoyan a Coloma defienden la alta votación de ambos alcaldes como argumento para llevarlos a la reelección sí o sí, especialmente después de que ambos “obligaran” el pasado 26 de mayo al saliente timonel Hernán Larraín a confirmarlos, so pena de renunciar a la UDI. Pero en ese mismo bando hay otra visión: aún si un juicio termina con los dos alcaldes formalizados (en dicho sector muy pocos mencionan la palabra “procesados”) será lo suficientemente lento como para que los jefes comunales lo enfrenten ya reelectos.

En este punto, un dirigente que aún no manifiesta preferencias por ninguno de las facciones en pugna argumenta que ya hay una solución, que se analizó hace dos meses a raíz de una “falsa alarma” en otro municipio. La ley establece que si un alcalde queda inhabilitado, los concejales deberán nombrar a su reemplazante mediante votación; en caso de empate van a una segunda vuelta, y si vuelven a empatar, entonces asumirá el que haya obtenido la primera mayoría en los comicios de octubre próximo. “Entonces hay que llevar una lista de concejales tan fuerte, que nos garantice el reemplazo”, concluye.

En el bando de Kast, los que conocen dicho artilugio replican que por esa misma razón, a algunos cada vez les cuesta más creer que la ”defensa corporativa” de los ediles se explique sola y exclusivamente como una forma de evitar una debacle electoral en la Región Metropolitana. “No me lo trago. De partida, me merece muchas dudas que Hernán (Larraín) primero haya dicho que iba a esperar a la Contraloría y después cambie de opinión; no me parece lógico que un presidente de la UDI se arrodille ante dos alcaldes”, apunta uno de los “históricos” de la tienda.

Desde la misma trinchera, uno de los más molestos con todo lo ocurrido va aún más allá: “Sin conocer todos los antecedentes, pero mirando la reacción de algunos, me inclino a pensar que intentan ocultar algo más, porque han demostrado que la necesidad de protegerlos es salvaje”.

Las “sospechas” abundan.”Ya todo es impresentable, pero nos falta saber dónde fueron a parar las platas. ¿Para el partido o para algunos? Si es así, con mayor razón no se puede hacer una defensa como ésta”, agrega uno de los consejeros que votará en la elección del próximo 5 de julio. Y los que comparan lo ocurrido con el escándalo del MOP-Gate se hacen insólitas preguntas:

-¿Quién va ser el “Carlos Cruz” del partido? ¿A quién van a mandar al sacrificio a los tribunales?

El factor Iñaki

Semejante pregunta depende de hasta dónde llegará la justicia. Más allá de lo que pueda o no pasarle a los alcaldes, el escenario más temido es que sean los principales operadores políticos de esta historia lo que terminen procesados. Y acá la atención se centra en el ya célebre Iñaki Juan Manuel Caupolicán Busto Berasaluce (51).

Pocos podrían negar que conocen o ubican a este agricultor y experto en genética ganadera, íntimo amigo de Cornejo y Plaza, pero sobre todo del senador por la Sexta Región Andrés Chadwick: se conocen desde 1975, antes de que Busto fuera designado en la dictadura como alcalde de Graneros. Dueño de un buen humor que sus amigos aseguran perdió por completo, llegó al peak de su carrera política poco después de que en los medios se cerrara la “arista política” del Caso Spiniak, el 2004.

Al igual que otros militantes “sacrificados y jugados” –recuerdan en la UDI- Busto viajó de un lado a otro buscando testigos que desacreditaran a Gema Bueno. Y cuando el partido renovó su comisión política ese mismo año, logró ser electo en ese organismo contra toda probabilidad, lo que celebró bromeando: “¡Y ahora, a aprobar la píldora del día después!”

A esas alturas, su popularidad en el partido sólo tenía como contrapeso la desconfianza de muchos, espantados al comienzo por su estilo frontal y procaz y después por su fuerte presencia como asesor de los mismos municipios hoy cuestionados, lo que le trajo encontrones con la Fundación Jaime Guzmán. Ya el 2003 La Nación había publicado una serie de artículos que relataban la amplia presencia de GMA en Huechuraba y Recoleta, pero eso nunca fue un problema para que el 2005 asumiera como encargado de las giras y de la avanzada de Lavín en la campaña presidencial. Busto no soportaba estar encerrado en las oficinas del comando y prefería mil veces estar en la calle, preparando la puesta en escena del candidato.

Como en uno de los debates en que enfrentó a Michelle Bachelet, Soledad Alvear y Sebastián Piñera, cuando Lavín reclamaba algo para graficar el tema de la delincuencia. Busto y otro asesor fueron a ver a un suboficial en retiro de la Fach que días antes había salvado de un baleo gracias a que llevaba su billetera en el pecho: volvieron con su carné agujereado y casi roto, el que parcharon con scotch para que el entonces abanderado UDI pudiese mostrarlo en cámara.

O como cuando ese mismo año él y Cornejo ayudaban a preparar el Consejo General UDI que proclamaba a Lavín oficialmente. Ambos recordaron a cinco agraciadas jóvenes que habían participado en la reciente reelección del alcalde de Recoleta, y esa misma tarde las tenían bailando en la pasarela del Salón de Honor del Diego Portales al ritmo de la Sonora Palacios, luciendo petos con las letras del apellido del candidato.

Todas escenas que ahora muy pocos celebran. Desde que renunció indignado a la UDI el pasado 24 de marzo -acusando que su partido estaba “haciendo una carnicería con sus alcaldes”- pocos dicen haber visto al otrora ícono del aparato municipal gremialista. Los que aún se declaran sus amigos aseguran que “se hizo todo lo posible para controlarlo, pero hoy hablar con él es hablar con Kung Fu: al final terminamos peleando”.

Entre los gremialistas que ni se molestan en llamar a Busto, el juicio es durísimo. Reclaman que lo que hoy es un escándalo era conocido por lo menos “hace cinco años” por la plana mayor del partido y culpan a la anterior directiva –encabezada por Jovino Novoa- de no haber zanjado la situación. Y los más cercanos a Lavín sostienen que aunque las irregularidades son más graves en Recoleta que en Huechuraba, “la influencia de Iñaki sobre la Carola Plaza siempre fue importante”, y que más de una vez tuvieron la impresión que era “él y no ella” quien mandaba en el municipio.

¿Será Iñaki Busto –o alguno de sus socios- el “Carlos Cruz” de la UDI? Aunque en el bando de Kast ya se comenta que “tal vez algunos teman que Iñaki termine disparando para todos lados”, eso es bastante improbable, ya que los “coroneles” no renunciarán a mantenerlo bajo control. Aún cuando su futuro judicial se agrave. Un personero de confianza de Andrés Chadwick afirma que éste “no ha cortado relaciones con Iñaki, siempre lo va a apoyar”: Busto es defendido por el abogado Juan Pablo Hermosilla, cuyo hermano, Luis, es cercano al senador.

Si para algunos la consigna es alejarse de Busto, lo mismo corre para todo lo que tenga que ver con GMA, más allá de Huechuraba, Recoleta y Viña del Mar. En la UDI saben que el informe de la Contraloría sobre Recoleta cuestionará los nexos del municipio y del alcalde Cornejo con la misma empresa, y sacará otros nombres a la luz, comenzando por el de Jaime Jullian Pope, ex administrador municipal de la comuna y señalado como el “otro” dueño de GMA en los hechos. Este ingeniero agrónomo firmó el 2003 un convenio con Cornejo para una empresa suya, Asesoría y Servicios, negocio que después traspasó a GMA.

Jullian -cuyo trabajo en Viña también fue cuestionado por la Contraloría-tampoco es un desconocido en la UDI. En los registros del sitio web del Senado figuira prestando asesorías al senador Chadwick en los meses de enero y febrero del 2007, y también al propio presidente de la UDI, Hernán Larraín, en octubre del mismo año.

¿Será Iñaki Busto –o alguno de sus socios, como Jaime Jullian- el “Carlos Cruz” de la UDI? Aunque en el bando de Kast ya se comenta que “tal vez algunos teman que Iñaki termine disparando para todos lados”, eso es bastante improbable, ya que los “coroneles” no renunciarán a mantenerlo bajo control. Aún cuando su futuro judicial se agrave. Un personero de confianza de Andrés Chadwick afirma que éste “no ha cortado relaciones con Iñaki, siempre lo va a apoyar”: Busto es defendido por el abogado Juan Pablo Hermosilla, cuyo hermano, Luis, es cercano al senador.

Habrá que ver si las semanas venideras van o no en la línea de lo que señalara Longueira a mediados de abril en Radio Zero, cuando calificó de “espectáculo” todo lo ocurrido: “Conozco a Iñaki y ese pobre tipo no tiene dónde caerse muerto. Es un tipo cuya pasión eran los municipios”.

Tregua ¿imposible?

Y mientras abogados, parlamentarios, militantes y los protagonistas de la historia esperan la eventual largada de la etapa judicial, la UDI espera que los próximos días traigan un largo respiro, gracias a la seguidilla de cuestionamientos al gobierno: los reparos hechos por la Contraloría a los millonarios planes de empleo del Ministerio del Trabajo, las irregularidades denunciadas contra la División de Organizaciones Sociales (DOS) de la Secretaría General de la Presidencia, y las acusaciones de RN respecto a la triangulación de pagos por trabajos en la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Es lo único que podría hacer más llevadero un julio que se viene bravo.

Dos decisiones han de tomarse este mes, partiendo por el Consejo General del 5 de julio que zanjará la competencia entre Coloma y Kast. Aunque los partidarios de este último tienen claro que perderán, para ellos la cuestión es acortar la distancia tanto como les sea posible: hoy calculan que tienen el apoyo de 200 de los 800 consejeros que decidirán la nueva directiva. En esa lucha, los cercanos a Lavín –quien a estas alturas no es visto como otra cosa que el promotor de la “rebelión”- sentencian que “si Kast no se mantiene firme, con una posición nítida en el tema de la probidad, pierde todo lo que ha hecho. No está dando un discurso de minoría, sino que trata de salvar a la UDI de una caída fuerte”.

De ahí la insistencia del diputado en medirse con Coloma en debates y la molestia de sus partidarios luego del Consejo Directivo Ampliado del lunes último, donde ambos contendores se dirigieron a la plana mayor gremialista: se quejan que la mesa de Larraín lo presionó para que no mencionara en la asamblea –aunque después lo hizo ante las cámaras- que prefiere que la UDI lleve a otro candidato en Huechuraba y le quite el respaldo a Carolina Plaza.

Los adherentes de Coloma, conscientes del cuadro, advierten que “no va a ser responsabilidad de Juan Antonio que esto escale a una pelea entre si van o no a debatir”. Para enredar aún más el cuadro, desde que Plaza renunció a la UDI ya hay una interesada en competir por su cupo: la concejala por Conchalí María José Hoffmann, esposa de Gonzalo Müller (socio del diputado Darío Paya en la encuestadora Benchmark). Hasta ahora el partido nada ha dicho.

Precisamente, la otra decisión de julio es la que ha de tomarse a más tardar el día 26, cuando expire el plazo para inscribir las candidaturas municipales. Oficialmente, la UDI dejó en manos de su Comité Electoral la decisión de si finalmente apoyará a Plaza como candidata independiente o le pondrá competencia. Pero durante hasta ahora la instancia no ha resuelto el problema, a sabiendas de que cualquier decisión acarreará costos y que el voto de sus integrantes los encasillará automáticamente en uno de los bandos en pugna.

Mientras, cada día es uno menos para firmar una tregua entre dos bandos que no aparentan ceder en lo más mínimo, y donde los viejos próceres gremialistas están a punto de perder lo que les queda de capacidad de asombro. Hace algunas semanas hubo quienes se espantaron que el presidente de la tienda insinuara que se le había “perdido” la carta con que renunció un indignado Luis Cordero –uno de los fundadores del partido junto a Jaime Guzmán-, quien pasó a engrosar las filas de la “rebelión” de Kast.

Pero en ambos bandos –y en eso están de acuerdo- coinciden que “eso no es nada” al lado de acusaciones de destrucción de documentos y otras señales que reflejan el grado de encono. Una de las más crudas se produjo el pasado domingo 15 de junio. Esa mañana hubo dirigentes gremialistas que soltaron términos irreproducibles al comprobar que poco y nada se ha aprendido del pasado reciente, tras leer en Las Últimas Noticias cómo Carolina Plaza declaraba lo que sus hijos opinaban del yerno de Lavín:

– Ellos lo conocieron aquí y mi hija, la Connie (la mayor, de 11 años), cuando supo todo esto, me dijo “a mí nunca me gustó”. “¿Por qué, gorda?”, le pregunté. “No me gustaba cómo me miraba, no me gustaban sus ojos”. Hasta ahí no más llegó la conversación.