Los bienes, platas y deudas que el Senado no ha querido publicar

No pocos ciudadanos de Cerro Navia se asombrarían de conocer las inversiones del senador Guido Girardi (PPD). En 2004 se querelló contra los supermercados Jumbo, pero tiene acciones en su matriz Cencosud. Ha reiterado que se opondrá a las represas en Aysén, aunque al mismo tiempo es accionista de Colbún, una de las socias de HydroAysén, la empresa que planea construir las megacentrales. Ambos datos están en su declaración de patrimonio, que descansa desde hace dos años en la secretaría del Senado en Valparaíso.

Sólo ahí -y ahora aquí- se pueden conocer las inversiones y deudas de los senadores. Entre las curiosidades que destacan de la revisión de las declaraciones se cuenta la gran cantidad de inmuebles que posee Hosain Sabag (DC): 60 propiedades, de las cuales 44 están en la comuna de Cabrero, 34 son predios forestales, 7 agrícola-forestales, 4 industrias y 7 habitacionales.

El senador que tiene más sociedades relacionadas es Sergio Romero (RN), quien a modo personal tiene participación sólo en cuatro, pero a través de ellas se conecta con otras 15, cuatro de las cuales son argentinas.

Le sigue Fernando Flores (Chile Primero, ex PPD), quien tiene participación en nueve sociedades y a través de su esposa (está casado en régimen de sociedad conyugal) extiende sus intereses a otra. La mujer de Flores, además, registra nueve inmuebles y el senador le suma cuatro al patrimonio familiar. Su señora, en todo caso, figura como titular de las dos propiedades más caras que tiene a su haber un senador chileno: una residencia en California con un valor comercial aproximado de US$ 2.300.000 y otra vivienda en el mismo estado norteamericano con un valor comercial aproximado de US$ 900.000. Flores, asimismo, es el senador que más ha invertido en arte: $ 55.000.000 en Chile y $495.000.000 en Estados Unidos.

Otro senador que goza de una envidiable situación económica es Andrés Chadwick (UDI), quien declara un patrimonio cercano a los $ 2.068.703.400, gracias a su participación en tres sociedades. Si bien la declaración no se refiere al origen, el senador es uno de los herederos del ex conservador de bienes raíces Herman Chadwick Valdés.

Entre los más austeros, el primer lugar lo ocupa Alejandro Navarro (PS). El senador socialista declara sólo un inmueble –un sitio en Tomé- por un valor aproximado de $1,5 millón, un Subaru del año 95 y una micro Mercedes Benz de 1976. Además, reconoce tres deudas con el Banco del Desarrollo, que suman $49 millones.

El UDI Juan Antonio Coloma sorprende con sus inversiones ganaderas, pues testimonia $ 50 millones en «animales».

Información pública, pero no tanto

A comienzos de noviembre de 2005, el proyecto de ley que obligaría a las autoridades públicas a declarar su patrimonio salía al fin del Congreso Nacional. La Cámara de Diputados lo enviaba al Tribunal Constitucional para que éste certificara la legitimidad de la norma. Si el tribunal le daba luz verde, los chilenos tendrían a la vista la nómina de los bienes con que los altos servidores públicos hacen su ingreso al aparato estatal y podrían saber si esa lista aumentaba, empataba o disminuía, al final de sus gestiones.

Un mes después el tribunal sentenció que el “Reglamento para la declaración patrimonial de bienes de la Ley Nº 20.088” estaba en concordancia con los preceptos constitucionales. Pero eso, lejos de lo que muchos pensaban, no significó que las declaraciones de todas las autoridades serían publicadas.

Aunque la norma estableció que las declaraciones patrimoniales son documentos públicos, se especificó que sólo estarían disponibles para ser consultadas. El Tribunal Constitucional, en su resolución del 5 de diciembre de 2006, aclaró que esa limitante tiene por objeto cautelar el respeto a la protección de la honra y de la vida privada, consagrado en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución.

En aras de no exponer datos –tales como domicilios y patentes de vehículos- que pongan en riesgo la seguridad de las autoridades, los chilenos interesados en conocer el patrimonio de sus autoridades deben acercarse a la Contraloría -si quieren conocer los bienes de ministros, subsecretarios y jefes de servicio- y a las secretarías de la Cámara de Diputados y el Senado si desean revisar el patrimonio de los legisladores. Ahí pueden tomar notas, pero no sacar copia.

En el caso de los parlamentarios, los mismos diputados resolvieron hacer públicas sus declaraciones y las subieron al sitio de internet de la corporación. El mismo ejercicio de transparencia realizaron los ministros de la Corte Suprema. Pero en el Senado la cosa no ha marchado en ese sentido. Aunque los miembros de la Cámara de Alta entregaron sus declaraciones al secretario de la corporación -Carlos Hoffman Contreras- entre mayo y junio de 2006, hasta hoy no hay acuerdo para hacerlas públicas.

Algunos, las han “subido” a sus páginas web -como Hernán Larraín (UDI) y Jaime Gazmuri (PS)-, pero no hay una decisión corporativa al respecto.

Hoy, si un chileno desea saber cuáles son los inmuebles, vehículos, sociedades e inversiones de su senador, debe viajar hasta Valparaíso, subir al Cuarto Piso y pedir los archivos.

Copia manuscrita

CIPER solicitó los documentos directamente a la secretaría del Senado, donde se informó que estaba prohibido entregar copia y que sólo se facilitaban los originales para que el interesado extractara –vía grabación de audio o copiando a mano- los datos que le interesaran.

Se pidió entonces al presidente del Senado, Adolfo Zaldivar, no sólo acceso sino copia de los originales de las declaraciones de los parlamentarios. La respuesta de Zaldívar –fechada el 19 de mayo pasado- fue escueta: “A través de la presente quisiera acusar recibo de su nota de fecha 15 de mayo, la cual ha sido enviada a la Comisión de Régimen Interior del Senado”. La mencionada comisión –que también es presidida por Zaldívar- es la que tiene en sus manos la decisión de hacer públicas las declaraciones.

Ante la incertidumbre de lo que puedan decidir los parlamentarios, hubo que recurrir al viejo método de la copia manuscrita: CIPER recopiló todos los antecedentes y los pone a disposición de sus lectores. Es necesario aclarar que no se trata de una fotocopia del original, sino que el mismo formulario que usan las autoridades públicas fue llenado por CIPER a partir de los datos recopilados en el Senado. Para cautelar los derechos que consignó el Tribunal Constitucional en su dictamen de diciembre de 2006, han sido tarjadas los detalles de las direcciones de los senadores y las placas patentes de sus vehículos.