Hay que leer y ver en forma clara la reciente decisión del Centro de Resolución de Controversias del Banco Mundial (CIADI) para entender lo que implica el fallo que condenó al gobierno a pagar más de US$ 16 millones a los verdaderos dueños del diario Clarín: Víctor Pey Casado y la Fundación Presidente Allende de España, ambos representados por el abogado Joan Garcés.
Primero, la decisión deja al descubierto una errada estrategia del gobierno basada más en un cálculo político que en los hechos objetivos de la historia de la expropiación del diario de mayor circulación en Chile, llevada a cabo por el régimen militar.
Segundo, y tal vez más importante para el país con la prensa masiva con menos diversidad política de toda América Latina: el monto del pago ordenado -aunque mucho menos que los US$ 517 millones pedidos originalmente- deja en la puerta la posibilidad de lanzar un nuevo diario Clarín. Y ello, porque una vez conocida la resolución del CIADI, incluyendo los montos, tanto Pey como Garcés han dicho que no hay ningún cambio a su voluntad de sacar el diario a la calle.
Tercero, el gobierno cometió un grave error –según el Tribunal- al compensar a otras personas por la expropiación de Clarín. De no haber sido por esta acción del gobierno en 2000, en la famosa Resolución 43 del Ministerio de Bienes Nacionales, el Tribunal hubiera rechazado el reclamo de Pey en su totalidad. O sea, el gobierno de Chile está pagando dos veces por la misma confiscación: una vez a personas que no eran los verdaderos dueños de Clarín, lo que ha tenido como resultado el que se lo obligue a pagar una segunda vez al verdadero dueño según el Tribunal: Víctor Pey.
De refrendarse este fallo del CIADI, el gobierno de Chile terminará gastando más de US$ 30 millones del erario chileno por la expropiación que en dictadura se hizo del diario Clarín. Y esto, porque a los más de US$ 16 millones que deberá pagar a Pey hay que agregar los US$ 9 millones que se pagaron en 2000 a otros dueños, los US$ 5 millones que se han gastado en la defensa jurídica ante el CIADI según el calculó del ex ministro de Economía Alejandro Ferreiro, y los millones que se gastarán en la misma defensa con la decisión del gobierno de reclamar la nulidad del fallo ante el CIADI.
Los hechos
El texto de la decisión de CIADI tiene 236 páginas. Darse el trabajo de leerla toma tiempo, pero es instructivo. Porque la decisión del tribunal con más credibilidad y prestigio en el ámbito del comercio internacional, rechaza en casi cien por ciento la versión de los hechos que ha prevalecido en la percepción pública en Chile, una versión única de los opositores a Clarín dentro y fuera del gobierno.
1-. “Víctor Pey nunca compró el diario Clarín a su dueño Darío Sainte Marie, el famoso “Volpone”. RECHAZADO.
En el párrafo 179, el tribunal concluye: “El Sr. Pey Casado procedió efectivamente a la adquisición de las sociedades CPP S.A. y EPC Ltda., contrariamente a lo que alega la Demandada [el gobierno de Chile]. En segundo lugar, estima que esta adquisición debe ser considerada como una inversión de acuerdo al artículo 25 del Convenio CIADI”. En otro párrafo (197), el Tribunal comenta la debilidad del argumento del gobierno: “La convicción del Tribunal se ve reforzada por el hecho de que la versión de los hechos defendida de manera activa por el Estado de Chile no se sustenta en ninguna prueba pertinente…”
2-. “Los verdaderos dueños de Clarín son los herederos de Volpone y de varias personas más a quienes el gobierno pagó una compensación de $9 millones de dólares por una decisión administrativa del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de la Resolución 43 del 28 de abril de 2000”. RECHAZADA.
El párrafo 674 del fallo dice: “En resumen, en este caso concreto, al conceder compensaciones -por razones que sólo ella [la Demandada/gobierno de Chile] conoce y siguen sin explicarse- a personas que, según el Tribunal de arbitraje, no eran propietarias de los bienes confiscados, y al paralizar o rechazar las reivindicaciones del Sr. Pey Casado referentes a los bienes confiscados, la República de Chile cometió una manifiesta denegación de justicia y se negó a tratar a las Demandantes [Víctor Pey et al.] de manera justa y equitativa».
3-. “Salvador Allende se apoderó del diario Clarín en 1972 después de haber amenazado físicamente a Volpone, obligándolo a vender el diario a Víctor Pey como testaferro y a salir del país”. NO FUE CONSIDERADO.
Si bien entre sus argumentos ante el CIADI el gobierno apenas menciona esta versión y no menciona la supuesta «amenaza», sí argumenta en contra de la acusación de que el diario fue comprado por testaferros (ver los párrafos 138 y 139). No obstante, en Chile, el gobierno avaló la versión del testaferro y la amenaza como verídica.
La referida versión está basada en lo escrito por el fallecido periodista Román Alegría en su libro Entre dos generales, la que ha sido muchas veces citada por la prensa chilena. Una investigación de CIPER a esta misteriosa aseveración concluyó que, a pesar de algunas evidencias, entre ellas la descripción de riñas entre Allende y Volpone hechas por su viuda Carmen Kaiser, la trayectoria de la relación entre ambos en absoluto confirma que Allende le haya arrancado el diario por la fuerza a Volpone.
En la investigación de CIPER queda claro que, si nos remitimos a los hechos, poco después de dejar Chile Sainte Marie seguía vinculado al Presidente Allende. Lo anterior está avalado además, por una carta enviada a Allende desde España –publicada en El Mercurio-, en la que Sainte Marie le muestra afecto y lealtad.
En la carta, de mayo de 1972 (después de la supuesta amenaza de muerte), Volpone le dice a Allende: “…a pesar de todo lo que me has pelado y desplumado en nuestra larga y peleadora amistad, yo y Clarín no sólo hemos estado siempre firme junto al pueblo, sino también firme junto a ti”.
4-. “Víctor Pey es chileno y por lo tanto la compra de Clarín no pudo haber sido una inversión extranjera”. RECHAZADO.
El gobierno ha insistido en la nacionalidad chilena de Pey para argumentar la incompetencia del tribunal, que sólo tiene jurisdicción sobre casos de inversión extranjera. Pey sostiene que fue privado de su nacionalidad por el gobierno de Pinochet y que además, formalmente, renunció a su nacionalidad chilena. La conclusión del Ciadi, después de un largo análisis de la ley chilena y las leyes internacionales, rechaza en el párrafo 323 el argumento del gobierno: “El Tribunal de arbitraje estima que no está en condición de admitir la excepción de incompetencia basada en el argumento de que la primera parte demandante poseía en la fecha pertinente la nacionalidad chilena”.
5-. “La confiscación de Clarín ocurrió mucho antes de la entrada en vigor del tratado APPI, de marzo de 1994, que rige las inversiones entre Chile y España”. ACEPTADO.
Si bien el Tribunal rechazó el argumento de Pey referido a que la confiscación conformaba una violación continua que seguía desde la época del régimen militar hasta la entrada en vigor del tratado APPI en tiempos de democracia, es en este punto donde se agrega una ironía que se constituye en el triunfo de Víctor Pey.
Este capítulo del fallo (de la página 185 a la 211), es uno de los pocos puntos en discusión en que el CIADI da la razón al gobierno de Chile y en un tema importantísimo. Como el daño ocurrió antes de entrar en vigencia el tratado (1994), Pey no hubiera tenido ningún derecho a reclamar contra Chile, y su petición de compensación hubiera sido rechazada por completo.
Pero el gobierno de Chile cometió un grave error que dio vuelta el destino del caso. En abril de 2000, en virtud de la Resolución 43 del Ministerio de Bienes Nacionales, un acto administrativo no judicial, el gobierno decretó que otras personas –y no Víctor Pey- eran los dueños de Clarín y los indemnizó en US$ 9 millones.
En la investigación que hizo CIPER de los hechos, se comprobó en documentos y entrevistas con los actores principales, que la decisión del Ministerio de 2000 tenía como fin anular el litigio con Pey y la Fundación Allende de España en el CIADI, el que ya había comenzado en Washington. La resolución lleva la firma del entonces ministro Claudio Orrego, quien reconoció en una entrevista con el autor: “Entiendo que el Comité de Inversiones Extranjeras estaba involucrado. Recuerdo que se invocó el tema internacional [el pleito en el CIADI] como uno de los factores de premura para resolverlo rápidamente”.
A juzgar por la reciente decisión del Ciadi, al gobierno le salió el tiro por la culata. El Tribunal ha considerado la Resolución 43 una “nueva desposesión” de la propiedad de Víctor Pey que, por haber ocurrido en 2000, cae dentro de la vigencia del tratado entre Chile y España.
En efecto, en el párrafo 600, el Tribunal primero da la razón al gobierno: “Después de examinar los hechos y pretensiones de las partes, el Tribunal llegó a la conclusión de que la expropiación resultante del Decreto N° 165 no se puede considerar un hecho ilícito continuo y no se le pueden aplicar las disposiciones sustantivas del APPI”. Pero inmediatamente concluye que la “desposesión” de la Resolución 43 reactiva el vigor del tratado: “En cambio, las disposiciones sustantivas del APPI son aplicables ratione temporis a la violación resultante de la Decisión N° 43 y a la denegación de justicia alegada por las Demandantes, ya que dichos actos son posteriores a la entrada en vigor del tratado”.
El reciente vuelco en el caso también determinó el monto y los intereses de la indemnización. El Tribunal rechazó la petición de Pey de ser indemnizado en $517 millones, cálculo hecho sobre los dineros que la inversión de Pey dejó de recibir durante todos los años después de la clausura de Clarín en 1973.
En cambio, concedió a Pey $10 millones, prácticamente el mismo monto que el gobierno le adjudicó a Clarín para efectos de la indemnización a otras personas por la Resolución 43. Según el fallo, los intereses corren no desde el año 1973, sino desde 2000, es decir, desde el momento de la “nueva desposesión”. La suma llega a superar los US$ 16 millones gracias a otros conceptos de recuperación de gastos en el proceso.
Otra vez Joan Garcés
El caso Clarín es la segunda gran victoria legal del abogado español y ex asesor personal de Salvador Allende, Joan Garcés, contra el gobierno de Chile. La primera fue la estrategia jurídica iniciada en España y que culminó con la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres en 1998. En ese juicio, Garcés también fue el cerebro de la estrategia legal que permitió enjuiciar y encarcelar en su domicilio a Pinochet y que estableció nuevos principios de derechos humanos en el ámbito internacional.
Para Pey, la victoria en el caso Clarín es la otra cara de la misma medalla. En ambos casos, el adversario fue el gobierno de Chile y en ambos Garcés tuvo que lidiar contra los argumentos y la fuerzas del gobierno que tomaron la defensa del régimen militar.
La victoria, tanto en el juicio a Pinochet como en el caso Clarín, ha sido la destrucción de la impunidad frente a las injusticias de la dictadura. No obstante, la decisión final del proceso en Londres tuvo un resultado algo ambiguo: el ex dictador fue condenado a la extradición a España, avalando los cargos contra él, pero gracias a una negociación política se le permitió volver a Chile por supuestas razones de salud.
El nuevo Clarín prepara motores
¿Cómo se explica la férrea oposición de gobierno contra la relanzamiento de un diario que seguramente se alinearía con los principios de la Concertación? Es difícil juzgar motivos. Pero para este observador parece obvio que el gobierno se ha dejado intimidar por los argumentos de la derecha.
Lo que ha prevalecido en las acciones de gobierno ha sido más bien un cálculo político de costo-beneficio. El costo está graficado por el temor a enfrentar el poder del opositor emblemático a todo lo relacionado con Clarín: El Mercurio. La empresa de medios chilenos más importante no quiere la resurrección del diario que en su momento lo superó en circulación nacional. Quiere continuar con la situación casi duopólica establecida por el régimen militar, que le ha asegurado su favorable situación económica durante tantas décadas.
Otro núcleo opositor a Clarín está en sectores de la Democracia Cristiana que teme que su relanzamiento tendría el efecto dentro de la Concertación de inclinar el balance político hacia el Partido Socialista, además de darle voz por primera vez a la izquierda allendista que nunca ha formado parte de la coalición oficialista.
El argumento opositor de derecha ha sido contundente: han acusado al gobierno de complicidad con el proyecto de Pey y Garcés de formar un nuevo diario de izquierda al presentar una débil defensa ante el CIADI. El gobierno ha capitulado intentando ponerle fin al litigio con una apresurada y finalmente errada estrategia de pagar a personas cuyos reclamos por la propiedad de Clarín fueron rechazados. Después, han contratando abogados de derecha para su defensa en Washington.
Al gobierno le queda una sola movida: la petición de nulidad. Con ello, podría demorar el pago de la indemnización unos dos años. Un lapso que para Víctor Pey, a sus 92 años, se vuelve vital para su inclaudicable decisión de lanzar al nuevo diario Clarín a las calles de Chile.
COMPARTIR
CONTENIDO DESTACADO
Andrés Chadwick aceptó que la fiscalía acceda a sus cuentas bancarias y al contenido de su teléfono
Quiero responderle a Ruben Hidalgo,
1. Víctor Pey obtuvo 1 millón de dolares liquidando prácticamente todo su patrimonio, el precio (1,28 millones de dólares) lo acordó con su amigo Volpone, porque era lo que Pey podía pagarle por el diario, Volpone se tenía que ir del país porque su esposa lo engañó y entró en depresión (no porque Allende lo amenazó de muerte y lo obligó a venderselo usando a Pey como testaferro, como quiso hacer creer la ex esposa de Volpone para ocultar su infidelidad) el CIADI tuvo por acreditado que el dinero fue efectivamente pagado desde cuentas bancarias de Víctor Pey hacia las cuentas de Volpone.
2. La familia Allende no tiene nada que ver con la compra del Clarin, Chile nunca pudo probar eso en el CIADI, entre Pey, Volpone y Allende sólo existía una gran amistad recíproca entre los 3, nunca hicieron ningún tipo de negocio, no hay pruebas de ello, en general Chile no pudo sostener en el CIADI el montaje del año 2000 y por eso fue condenado a pagar una indemnización, o sea, Chile se disparó en los pies.
3. Escribo esta respuesta en Enero de 2015, muchos años han pasado, Chile presento un recurso de nulidad y sólo obtuvo la anulacion del monto a pagar, por haberse determinado mal el daño causado, esto significa que la "victoria" de Chile (como lo hizo ver el gobierno de Piñera) puede ser un arma de doble filo; ya que lo único que queda por determinar es cuánto le debe Chile a Pey, pero de que tendrá que pagarle, eso ya está oleado y sacramentado, al respecto Pey está pidiendo 300 millones de dolares, o sea, existe la posibilidad de que el CIADI ordene a Chile pagar más de los 10 millones de dólares a los que había condenado en un principio
flor maria durante larrain | 11.12.2013
que verguenza como siempre este sr garces y el anciano pey y su famosa fundacion allende interviniendo nuestro pais. y nos como siempre entregando dinero. hasta cuando. en que mundo vivo
Ruben Hidalgo | 26.08.2011
Me quedan tres preguntas:
1. De donde sacó Victor Pey más de un Millon de Dolares (cifra estratosférica para 1972) para comprarle el Clarin a Volpone?
2. Por qué la familia Allende aparece como beneficiaria?
3. En que quedó el anhelo de apertura del Clarin? o solo querían el dinero?
veronica | 31.01.2010
que pasa con los trabajadores que fueron finiquitados por la junta de gobierno y al menos mi padre no pudo volver a trabajar .....hay una indemnizacion ?
Clarines a ambos lados de la Cordillera: ¿firmes junto al pueblo? « dimensión mazmorra | 15.05.2008
[...] de intrigas políticas y personajes históricos, el veredicto parece un capítulo de la Historia oculta del Régimen [...]
Rafael Cárdenas | 13.05.2008
Un toque de clarín
Cuando finalmente y después de 10 años de litigio se ha dictado el fallo del tribunal de CIADI que reconoce el reclamo de Victor Pey contra el Estado de Chile por la requisición del diario El Clarín tras el golpe de septiembre de 1973, se les ha acabado el tiempo a nuestros actores políticos para hacerse los lesos.
Durante todo el tiempo intermedio, este ha sido uno de tantos temas silenciados por nuestra prensa duopólica, así como por la clase política, con especial desvergúenza en el caso concertacionista. Tan silenciado como los millones de dólares con que se benefició a El Mercurio y COPESA -ambos quebrados y endeudados en cifras astronómicas al término del Gobierno Militar- por la complacencia de la Administración Aylwin y con Alvaro Bardón en la presidencia sucesiva del Banco Central y el Banco del Estado, acreedor de ambos grupos (cf. Dermota, Ken, “Chile Inéditoâ€, Ediciones B Chile S.A., 2002). La misma complacencia, hay que agregar, que mostró dicho gobierno concertacionista con el desaparecimiento de los medios independientes que habían logrado surgir en plena dictadura, como las revistas Análisis, Apsi, Cauce, Hoy, el Fortín Mapocho y el diario La Epoca.
El sábado último, El Mercurio editorializaba afirmando que con el fallo de CIADI se estaría exigiendo el pago de una doble indemnización, en virtud de la indemnización -extrajudicial e inconsulta- que otorgó el Estado bajo el Gobierno de Lagos a los descendientes de Saint Marie y otros personajes, mientras se desconocían los derechos de Victor Pey al respecto. Todos sabemos que, "el que paga mal, paga dos veces". Ya veremos si se puede hacer algo respecto de aquello mal pagado, pero ese es otro asunto, que no empece en nada los derechos reconocidos al actor de esta demanda. Ahora, si el tribunal, sus miembros o su actuar, suscita suspicacias al editorialista mercurial, como muestra su texto, entonces, explicítelas y argumente al respecto. Debemos ser claros y responsabilizarnos de nuestros dichos. Si no, es mejor callar.
Pero, sin duda, lo más escandaloso y vergonzante ha sido el actuar de la propia Concertación, de ausencia y complicidad, durante todo el desarrollo de este caso, que representa una batalla en pos de un mínimo grado de pluralismo en nuestros medios.
No me cabe duda que este año marcará el punto de quiebre para poner fin a la transición y alcanzar por fin la dermocracia -lo que pasa por poner fin a la institucionalidad legada por la dictadura y por la aprobación de una nueva Constitución, que modifique el régimen político, como lo aprobó unánimemente el último Congreso Ideológico de la DC-, pero ello requiere de la libertad de prensa y el pluralismo del que carecemos.
Lo más desilucionante de toda nuestra historia reciente post dictadura, ha sido la actitud de nuestros políticos en relación al logro de los valores democráticos. La verdad es que todos los avances nos han llegado de afuera (Comisión Church, detención de Pinochet en Londres, las cuentas en el Banco Riggs, fallos de la Corte Inteamericana de Derechos Humanos, etc.), con nuestros representantes llegando siempre atrasados a poner caras circunspectas. Somos un país de tranco lento, como nos comentaba Agustín Squella hace algunas semanas en su columna, pero lo triste de mi generación es que, tras la derrota cívica de la dictadura hace veinte años, en el plebiscito de 1988, aún no alcanzamos el nivel de democracia que teniamos antes de nuestro 11 de septiembre, la que percibimos y recordamos, pero no tuvimos edad para ser sus actores.
La verdad es que los demócratas estamos hastiados y venimos aguardando desde hace tiempo este toque de clarín, porque sabemos que quien ganará con ello será la prensa nacional, la ciudadanía en general y, en definitiva, nuestra impostada, falsa y desprestigiada democracia. Es cosa de rememorar cómo cambió, para bien, El Mercurio, hace ya más de 20 años, en visperas de la aparición del diario La Época, recién autorizado, en plena dictadura, por la Corte Suprema: aumentó notablemente el espacio para cartas, se dio cabida a opiniones divergentes, mejoró sustancialmente el nivel de la crónica, nacional e internacional, multiplicándose varias veces el tamaño de esta última, etc., etc..
Finalmente, el surgimiento de El Clarín nos liberará del desagrado semanal de los miércoles de tener que desayunar con las chapucerías pinochetistas de Pérez de Arce. Ya lo leeremos más tarde. Rafael Enrique Cárdenas Ortega.
1-. “Víctor Pey nunca compró el diario Clarín a su dueño Darío Sainte Marie, el famoso “Volpone”. RECHAZADO.
El caso Clarín es la segunda gran victoria legal del abogado español y ex asesor personal de Salvador Allende, Joan Garcés, contra el gobierno de Chile. La primera fue la estrategia jurídica iniciada en España y que culminó con la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres en 1998. En ese juicio, Garcés también fue el cerebro de la estrategia legal que permitió enjuiciar y encarcelar en su domicilio a Pinochet y que estableció nuevos principios de derechos humanos en el ámbito internacional.
