Una comisión integrada por autoridades civiles y militares puso el ojo en el destino de un paquete de armas dadas de bajas por el Ejército que serían exportadas a Norteamérica. Le pareció que las empresas compradoras del material bélico, avaluado en US$ 1,2 millones, no daban garantías suficientes. Entre el armamento destacan 12 mil fusiles tipo Mauser, similares a los que fueron incautados en octubre en la población La Legua.
El rechazo a la venta de una codiciada partida de 12 mil fusiles Mauser, entre otras armas dadas de baja por el Ejército, ha sido uno de los reservados episodios que en los últimos meses han puesto nuevamente el negocio de las armas en el centro de intensas deliberaciones en el Ministerio de Defensa.
En al menos tres sesiones, las autoridades civiles y militares que integran la Comisión Asesora de Exportación de Armas han evaluado la venta de armamento en desuso del Ejército chileno –pero aún en funcionamiento- a compañías norteamericanas a través de empresas chilenas.
Son los primeros permisos de este tipo analizados por el gobierno de Bachelet, y la tendencia es clara: dos empresas fueron rechazadas, una tercera se encuentra actualmente bajo sospecha y sólo un envío menor fue autorizado.
Las señales apuntan a que no se admitirá que ningún tipo de armamento salga del país mientras no haya certeza de que las armas no terminarán en manos de un destinatario envuelto en un conflicto bélico irregular con las consecuencias diplomáticas y políticas que tuvo el polémico tráfico ilegal de armas a Croacia.
Y en los casos analizados, a juicio de la comisión, esas certezas no fueron acreditadas respecto de dos compañías estadounidenses: Century International Arms y Armamentos Inc. Una tercera, Firestar International LLC, sigue bajo escrutinio.
“La comisión exportadora de armas tiene por objeto precaver la responsabilidad del Estado de Chile frente a posibles destinos finales inciertos de las armas de naturaleza privada. Ése es el objeto y hemos actuado de manera rigurosa”, comenta escuetamente el subsecretario de Guerra, Gonzalo García, quien encabeza las reuniones de la comisión.
La prohibición es inédita. La comisión exportadora fue creada en 1991 luego del escándalo del tráfico de armas a Croacia, y fue reformulada en 2000 a raíz de otro negocio polémico detonado por el otrora fabricante de bombas de racimo, Carlos Cardoen, al intentar vender armamento a Zimbabwe. Desde entonces, el organismo -que integran los subsecretarios de Guerra, Marina, Fuerza Aérea, Relaciones Exteriores, un representante del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el director general de Movilización Nacional- se ha convertido en un verdadero filtro político con atribuciones para prohibir cualquier venta de armas ya sea del Estado o de privados. Y ahora, por primera vez, ejerce su derecho a veto.
Con el aval de Condoleezza
Aproximadamente US$ 1,2 millones fue el monto que finalmente cobró el Ejército en un proceso que se inició a fines del año pasado, cuando decidió vender a privados un paquete de armamento declarado obsoleto. Se trataba mayoritariamente de fusiles tipo Mauser, pero también lanzacohetes, pistolas Colt, ametralladoras, piezas antiaéreas de la primera guerra mundial e incluso 40 fusiles AK.
La gran atracción eran los 12 mil fusiles y carabinas tipo Mauser (algunos de 1895), fabricados por la austriaca Steyr o la alemana Ludwig&Lowe. Según los entendidos, en Estados Unidos los compran los coleccionistas y también se usan para prácticas de tiro o caza. Quienes vieron los ejemplares que se almacenaban en los Arsenales del Ejército dicen que estaban cien por ciento operativos e impecablemente mantenidos.
Las normas legales para este tipo de negocios son precisas: sólo participan quienes están inscritos en el registro de exportadores de armas de la Dirección General de Movilización Nacional. Además, deben acreditar que serán vendidas en el extranjero a compradores autorizados en sus países.
¿Cuál es el riesgo de que ese tipo de armamento caiga en manos poco confiables? Las respuestas varían según la fuente, pero en general se puede concluir que los Mauser -por su lentitud y peso- son armas obsoletas para los Ejércitos regulares e incluso para las guerrillas, que hoy tienen acceso a armas automáticas y de alta potencia en el mercado ilegal.
Se trata, sin embargo, de fusiles de gran precisión y alcance: una de sus balas puede recorrer hasta 2 kilómetros. Los militares conocían bien estas virtudes cuando en 1973 entregaron fusiles Mauser a algunos de los conscriptos que salieron a la calle el día del Golpe de Estado. Y si en las poblaciones de Chile son las armas hechizas las que siembran el terror, en los últimos días ha quedado en evidencia que los Mauser también son atractivos para los delincuentes de La Legua. Por eso, si la cantidad en venta alcanza para armar a un batallón, en un país conflictivo como Haití pueden ser de alto riesgo.
Si los Mauser que siguen operativos pueden ser letales, lo mismo vale para los lanzacohetes si no son correctamente desactivados.
El riesgo es menor, pero existe, dice un empresario ligado al rubro, quien reconoce que “el negocio se ha oscurecido”.
-Uno se hace responsable por el comprador, pero yo no sé qué pasa después con las armas. Si aparecen en Centroamérica tengo una responsabilidad moral, no legal, -acota.
De todas maneras el negocio parece ser interesante. Cinco empresas se presentaron a comienzos de diciembre y las ofertas oscilaron entre US$ 256.000 y US$ 1.038.000, según la valoración y volumen que querían comprar: la firma Cerro Solo en representación de PW Arms (EEUU); el comerciante Patricio Salinero (quien no reveló a quién representaba); L&R por Century Arms (con sede en Florida aunque las armas irían a Canadá y Estados Unidos); SAT por Inter Ordenance (Bélgica) y CyM por Armamentos Inc (EEUU).
Por errores formales, el proceso debió repetirse en enero. Esta vez sólo tres empresas presentaron ofertas y por montos mayores que los iniciales. Pese a esto, el Ejército decidió no vender todo como un paquete y dividir el armamento entre tres postulantes para recaudar más dinero. Así se llegó a los US$ 1,2 millones. El 12 de febrero se entregaron los resultados: el volumen mayor se lo adjudicó CyM –todos los Mauser y lanzacohetes-; mientras que L&R se quedó con yataganes, pistolas lacrimógenas, revólveres Rossi, fusiles FN, escopetas Riot, entre otros.
CyM firmó su contrato en marzo. En julio su expediente llegó hasta la comisión exportadora para el último timbre que no anunciaba problemas. Y no sólo porque hasta entonces la comisión era un mero trámite, sino también porque CyM -empresa en que muchos de los ejecutivos son viejos uniformados- es uno de los mayores proveedores de armas y pertrechos de las Fuerzas Armadas.
Pero no fue tan fácil. Los civiles decidieron examinar con lupa a los compradores y lo que afirmaban sería el destino final de las armas. El primer escrutado fue Armamentos Inc. Una simple búsqueda en internet arrojó un dato preocupante para los comisionados: la empresa y su representante, Pedro O. Bello, aparecen mencionados en un informe de la OEAsobre una cuestionada operación de venta de armas de Nicaragua a Panamá que se desviaron irregularmente hacia las milicias de Autodefensas Unidas de Colombia en 2003.
Sorpresivamente la comisión congeló el proceso para recabar más antecedentes. Los datos recolectados no fueron suficientes para dejarlos tranquilos y el 6 de agosto prohibieron la venta a Armamentos Inc. La decisión fue unánime.
Según fuentes ligadas al proceso, se tomó en cuenta que si bien la empresa de Bello no participó en la operación cuestionada por la OEA, sí se le ofrecieron las armas. “No hay acusación de culpabilidad, pero esto demuestra que son parte del club”, dice una alta fuente de gobierno.
Entre los antecedentes recabados por la comisión y que pesaron negativamente, constaba un certificado de blancura solicitado por Pedro O. Bello al embajador de EEUU en la OEA, y que le fue negado. También un dato aportado por la Cancillería: al parecer la empresa tenía un juicio abierto en Colombia.
Pero la sospecha mayor surgió del hecho de que la solicitud de exportación de la empresa mencionó sólo los fusiles Mauser pese a que también había comprado 1.300 lanzacohetes Instalaza y 10 morteros al Ejército. Y si bien se afirmó que eran para coleccionistas, un alto personero de gobierno asegura que de acuerdo a los datos recibidos, no se pensaba desactivar los lanzacohetes en Chile, sino que en Miami, lo cual no garantizaba que finalmente se hiciera.
Virgilio Cartoni, dueño de CyM, descarta esta versión y asegura que lo que pasó fue que a Armamentos Inc nunca le interesaron los lanzacohetes. Por ello, agrega, después CyM presentó una nueva solicitud a nombre de la empresa Long Mountain, la que finalmente los adquirió, siempre con la idea de desactivarlos antes de llevárselos. Este segundo destinatario sí fue autorizado por la comisión.
Así, Bello fue el gran perdedor de la primera evaluación de los comisionados, aunque CyM también corrió bastante riesgo. Según el contrato entre CyM y el Ejército, si la comisión rechaza la exportación, esta institución se queda con el pago de casi US$ 1 millón y con las armas.
-Nosotros estamos absolutamente resguardados, ya está pagado. Si no dan la autorización, tenemos todo el derecho de tomarlas nosotros y destruirlas. Hay un riesgo para ellos, pero parece que antes estos procedimientos eran más expeditos y ahora salió este antecedente de que podría haber algo- explicó el director de Logística del Ejército, general Julio Baeza, luego de la primera decisión de la comisión. Afortunadamente para CyM, se hizo una excepción y se le dio la oportunidad de presentar un nuevo comprador para reemplazar a Armamentos Inc.
Sobre este episodio, una pregunta sigue vigente: ¿por qué el Ejército vendió armas a CyM sin investigar al destinatario final? Tanto en el gobierno como en la rama castrense aseguran que esa es tarea de la comisión. Pero los militares añaden que Armamentos Inc contaba con una autorización de la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice. El mismo argumento invoca Virgilio Cartoni, quien dice que la firma de Rice es garantía de que la empresa es confiable.
Aunque efectivamente hay un documento firmado por Rice, éste avala papeles emitidos por el Departamento de Justicia para la transacción y no a las empresas en particular. En todo caso la operación sí contaba con la autorización de las autoridades competentes en EE.UU.
Nueva oportunidad, nuevo problema
Virgilio Cartoni se declara un hombre optimista y con esa actitud enfrentó la primera negativa a Armamentos Inc. Esperaba que todo anduviera sin problemas con Firestar, el comprador que presentó como segunda alternativa. Pero el jueves 13 de septiembre, la comisión decidió postergar su decisión pues los papeles entregados por CyM nuevamente les parecieron sospechosos.
Lo primero que saltó a la vista fue un problema con las fechas. Si la comisión rechazó a Armamentos Inc el 6 de agosto, y CyM fue notificada de ello a mediados de ese mes, ¿cómo se explica que los certificados de destino del nuevo comprador estén fechados el 28 de junio? Se supone que entonces CyM no sabía que debería recurrir a Firestar.
Pero lo más sospechoso para los comisionados fue el certificado de legalización de los papeles en el consulado chileno en Washington: allí aparece otorgado a un tal Pedro Bellicer. “Pareciera que dice Pedro Bello y luego fue cambiado”, especula uno de los integrantes de la comisión, quien reconoce que a estas alturas están mirando todo con lupa. Por eso, devolvieron los antecedentes a la Dirección General de Movilización Nacional –entidad que recibe los originales- para que chequeara si el documento fue o no adulterado.
La sombra de los Contras
El mismo 13 de septiembre la comisión evaluó el permiso de L&R, la empresa que había comprado el segundo paquete de armas del Ejército. Siguiendo el mismo “criterio prudencial”, se optó por negar la autorización de exportar.
El destinatario, Century Arms, aparece en el mismo informe de la OEA y en términos similares. La diferencia es que esta empresa sí compró armas en esa operación, aunque no son las mismas que terminaron en Colombia ilegalmente sino que el proceso fue limpio.
Lo que determinó el rechazo de Century Arms, en voz de uno de los comisionados, fue que “estaba bastante más acreditado que era sospechosa de haber desviado armas a Nicaragua”.
Al buscar en la prensa extranjera, se encuentra una nota publicada en 1988 por el Toronto Star de Canadá, que a su vez cita a The Gazette de Montreal, revelando una declaración secreta a una comisión del Senado estadounidense. En ella, el ex jefe de policía de Vermont y ex gerente de Century Arms, sostiene que esta empresa y Trans World Arms estuvieron involucradas en el envío de granadas, misiles SAM, rifles y municiones a los rebeldes nicaragüense, violando la política de no intervención en las Américas de Canadá (país donde Century Arms tiene una de sus sedes).
Aunque se trata de una de las empresas del rubro más grandes de Norteamérica, Century Arms ha sido ligada durante toda su historia a operaciones oscuras.
El cuestionamiento más reciente surgió en agosto pasado en Guatemala, cuando una investigación de El Periódico denunció que Century Arms había comprado el año pasado 20 mil fusiles del Ejército de ese país como si fueran armas en desuso pese a que nunca habían sido oficialmente caratuladas como fuera de servicio. Century pagó US$ 3 millones. El intermediario fue Girsa, la misma empresa que en 2003 fue identificada por la OEA como la que trianguló las armas a Colombia.
Y peor: según la investigación de El Periódico, las arma vendidas a Century Arms podrían haber terminado en poder de traficante de armas Monzer Al Kassar, quien las habría vendido a las FARC Colombianas. Tras ser apresado en julio en España, el famoso traficante sirio declaró que las armas que le imputaban haber vendido a la guerrilla eran realidad armas de una operación legal con Guatemala.
La investigación periodística ha quedado –por ahora- sepultada por la intensa campaña presidencial guatemalteca pese a que el gobierno reconoció la venta a Century Arms, pero descartó cualquier vínculo con el Al Kassar.
En su web, Century Arms se identifica como “el mayor importador y exportador de excedentes de armamentos y accesorios de Norteamérica”. El 2004, el Rutland Herald, de Vermont, dio a conocer varios vínculos con el tráfico de armas en un extenso reportaje, como la incautación el año 2000 de un enorme cargamento ilegal desde Canadá a Estados Unidos, entre otros antecedentes.
En Chile, Century también exhibe un dato curioso y no investigado. Fue en 2005, cuando durante la investigación del tráfico de armas a Croacia que se logró establecer que en 1991 el Ejército exportó tres cargamentos de armas y municiones dadas de baja como “chatarra” a Century Arms por un total de US$ 900 mil dólares. En ese momento la Dirección de Logística estaba a cargo del misteriosamente fallecido Gerardo Huber. Entonces no existía comisión alguna que investigara esas ventas y menos el verdadero destino final de las armas.
El mejor cliente del Ejército
Si la exportación de armas dadas de bajas es poco usual, Patricio Salinero Arrigorriaga debe ser uno de los que más conoce de estos procesos. Según los registros del Ejército, es quien se ha adjudicado las tres últimas operaciones conocidas: en abril de 1999 vendió cartuchos Famae a PW Arms; en julio de 2000 firmó un contrato para exportar 25.000 fusiles Imbel a la misma empresa y en septiembre de 2002 envió a Saymar Ldta, de Israel, 82 carros Cascabel y 24 blindados Urutú.
Su exitosa participación en el negocio en Chile terminó mal este año. Porque Salinero ofertó por el paquete completo y le adjudicaron un puñado de escopetas, por US$ 120. Un chiste. Desistió. Claro que él prefiere decir que se retiró hace tiempo del negocio de las armas y que no quiere hablar del tema.
Una de las carpetas que maneja el Ejército con su nombre registra un dato alarmante: dos recortes de prensa de 2003 dan cuenta de que 8.000 de los fusiles que exportó a Estados Unidos fueron incautados por las autoridades. Los militares dicen no saber nada más del incidente, pero los archivos judiciales estadounidenses dan cuenta de que el proceso que se inició en 2000 fue más que polémico.
Ese año, Salinero tenía en sus manos un negocio que prometía. La empresa estadounidense PW Arms le compró en más de US$ 1 millón los 25 mil fusiles Imbel, la versión brasileña de los famosos FAL. Son fusiles de asalto de alta potencia que aún son utilizados por milicias y tropas regulares y por lo tanto tienen gran demanda en el exterior. En Chile su uso por civiles está prohibido por tratarse de armamento de guerra automático.
Los representantes de PW Arms vinieron a Chile a inspeccionar el armamento y se acordó que el Ejército se haría cargo del proceso de adecuación para ingresarlas a Estados Unidos. Como la legislación de ese país prohíbe la importación de fusiles automáticos, había que cortarles una pieza para que funcionaran tiro a tiro. Paralelamente PW Arms planeaba importar las mismas piezas originales desde Brasil y reactivarlos en Estados Unidos. Un resquicio común en esos días: en la práctica permitía la venta de armas automáticas y de guerra.
Pero todo salió mal. Cuando los primeros Imbel llegaron a Houston, resultó que no estaban en “excelente estado” como esperaban los compradores, sino que bastante dañados. Como si fuera poco, el regulador estadounidense Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF) prohibió la importación de los recibidores (receivers) que permitían transformar los fusiles en automáticos. El negocio había cambiado radicalmente. La empresa le pidió a Salinero que no enviara el segundo cargamento, pero éste lo mandó de todos modos, argumentando que estaba en el contrato. La guerra estaba declarada y el tercer envío debió liquidarlo entre otros dos compradores: Century Arms e Inter Ordenance.
Salinero y PW Arms negociaron para resarcir al comprador del mal estado de las armas. Se propuso que el Ejército enviara repuestos para repararlas, pero Salinero quiso cobrar por las nuevas piezas. Finalmente, no sólo no le pagaron por los repuestos, sino que tampoco terminaron de pagar el monto acordado inicialmente.
Salinero demandó a PW por US$ 1,5 millones y se inició un proceso lleno de acusaciones cruzadas que, según los registros, terminó en un avenimiento en mayo de 2003.
Un mes después, el Seattle Times informó que la BTF había incautado 8 mil fusiles chilenos a PW Arms. A juicio de la autoridad, las armas no habían sido correctamente desactivadas. Según el diario, así se diluyó un gran negocio, pues las armas fueron compradas en Chile a US$ 84 y eran vendidas en Estados Unidos a US$ 250.
CyM: El mejor proveedor del Ejército
Si Patricio Salinero ha sido la estrella de los compradores del Ejército, la empresa CYM es la otra cara de la moneda. Acaba de sufrir un golpe como comprador de armas para exportar, pero habitualmente opera al revés: vendiendo armamentos y otros insumos a las Fuerzas Armadas. Se estima que es probablemente el principal proveedor, sobre todo del Ejército.
Actualmente la empresa, formada por militares retirados, representa a Eurocopter y postula a vender helicópteros Cougar (Puma) al Ejército, que ya habría optado por este modelo para reemplazar sus naves obsoletas.
La Comercializadora Exportadora e Importadora CyM S.A., fue formada en 1992 por Virgilio Leo Cartoni Maldonado y Amilcar Mehech Dall Osso, quien luego se retiró. Virgilio Cartoni es un ex teniente del Ejército, primo del retirado general Patricio Virgilio Cartoni Viale y del general Alessandro Cartoni Pruzzo, actual jefe de la misión en EEUU que pasará a retiro este año.
Virgilio Cartoni también aparece como dueño de la Comercializadora de Insumos Médicos CyM Ltda junto al retirado coronel Mario Eduardo Marshall L`Huiller, empresa que bajo el nombre de fantasía Insumed fue denunciada en 2001 por la Contraloría por vender insumos a sobre precio al Hospital Militar. Cartoni asegura que al momento de producirse la acusación él ya había vendido su parte de la compañía.
Cartoni afirma que la CyM factura unos 2.000 millones de pesos al año y aclara que su negocio principal no es la venta a las Fuerzas Armadas, sino el mantenimiento de aeronaves, pues es representante de Air France y KLM.
Entre los competidores de CyM en el negocio militar levanta suspicacias los vínculos castrenes y familiares de Cartoni, dado el alto volumen de negocios que se adjudica. Según el director de Logística, general Julio Baeza, esto se debe exclusivamente a la cantidad y calidad de las representaciones que tiene: registra 115 representaciones de distinto tipo, 5% del total de las empresas de armamentos inscritas, entre las cuales destacan AirFrance industries, Aviation Systems, Dassault, Eurocopter, Expal, Falcon y Krauss Maffei, entre otras.
En 2004 se adjudicó el 21% de las ventas de armas al Ejército ( total US$3,8 millones); el 2005 un 36% (de US$ 6,4 millones); el 2006 un 11% (de US$ 2,8 millones) y a julio de 2007 llegaba al 3% (de US$ 720 mil).
En la planta de CyM Chile hay al menos 4 militares retirados: Francisco Murra (asesor de ingeniería); Eduardo Tello (representante en EEUU); Hernán Ramírez Hald (ejecutivo de negocios) y Hugo Barría Rogers (ejecutivo de negocios). Los dos últimos están vinculado a violaciones a los derechos humanos.
Ramírez Hald es recordado como el primer general activo procesado por este tipo de causas y antes de ser detenido concurrió a La Moneda donde fue recibido por el ex presidente Lagos. Ex director del Comando de Industrias Militares e Ingeniería, Ramírez Hald fue condenado en 2002 como cómplice del asesinato de Tucapel Jiménez y tuvo una condena de 800 días. Si bien la pena fue remitida, según fuentes del mundo de la venta de armas al menos dificultó su trabajo en CyM, pues no podía salir del país a negociar contratos.
El coronel (r) Hugo Barría Rogers era agregado militar en París el 2006 cuando el juez Hugo Dolmetch lo identificó como el copiloto de un helicóptero que en 1987 lanzó al mar los cuerpos de cinco frentistas previamente asesinados. Quienes cuestionan su presencia en CyM acusan que sus vínculos con la empresa datan de su época de general activo y estuvo a cargo del proyecto Fénix que se adjudicó Eurocopter. También estuvo en la Dirade, y fuentes ligadas a la venta de pertrechos militares cuentan que durante su misión en París le tocó recibir en ese país a ejecutivos de CyM en un viaje de negocios. Según Cartoni, sólo se encontró con Barría en una feria de armamentos.
Virgilio Cartoni asegura que Barría Rogers nunca fue contraparte de CyM en el Ejército y tampoco lo han sido sus primos. Respecto a los vínculos de Barría y Ramírez con violaciones a los derechos humanos, dice que no es algo que se haya cuestionado o detenido a pensar.
Difícil fiscalización
Fue en diciembre de 1991 que el gobierno de Patricio Aylwin creó a través del Decreto Supremo Nª 80 la Comisión de Exportación de Armas del Ministerio de Defensa. Y se hizo en medio del escándalo provocado por el descubrimiento en Hungría de un cargamento de US$ 6 millones de armamento de Famae, caratulado como “material sanitario” y cuyo destino era Croacia, país que estaba sumido en un conflicto bélico y bajo embargo de la ONU.
El objetivo de la comisión fue evitar que se repitiera la incómoda situación diplomática en que quedó el país al violar resoluciones internacionales. Hubo otro ítem que despertó gran preocupación pero que fue acallado en la época: ¿en qué cuenta se había depositado el dinero que se pagó por las armas? Y si el tráfico a Croacia terminó con la extraña muerte aun no aclarada del coronel Gerardo Huber (ex integrante de la Dina), el destino de los US$ 6 millones de la armas vendidas a Croacia es parte de la investigación en curso sobre las comisiones que habrían enriquecido las cuentas secretas de Pinochet.
La comisión creada tras el escándalo es presidida por el subsecretario de Guerra, la integran también los subsecretarios de Relaciones Exteriores, Marina, Aviación y un representante del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Semestralmente recibe una lista de la Cancillería con una clasificación de países: aquellos a los cuales está prohibido exportar armamento, los que deben revisarse caso a caso y los países a los cuales se puede enviar armas sin problema.
Pero a comienzos del año 2000, se detectó que la normativa de la comisión dejaba afuera un detalle importante. Esto, luego de que Televisión Nacional revelara que el empresario Carlos Cardoen estaba a punto de exportar bombas de racimo a Zimbabwe, pero se sospechaba que su destino final era en realidad el Congo, país que estaba sumergido en una guerra interna. Pese a que se cuestionó que fueran de racimo (ya que su fabricación y venta también está sujeta a vetos internacionales) y el empresario aseguró que no iban al Congo, la noticia puso en una difícil posición al gobierno.
Finalmente la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) llevó el caso a la Comisión de Exportación de Armas, pese a que legalmente no correspondía. Hasta entonces, la DGMN era la que autorizaba los envíos de privados y sólo aquellos provenientes de Famae, Asmar y Enaer debían ser visados por la comisión. Sin embargo, la DGMN decidió que el caso de Cardoen debía ser analizado por otras autoridades y tras este análisis la exportación fue rechazada.
El 9 de mayo de 2000, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado informando que ese día la Cancillería informó que Zimbabwe había cambiado su clasificación: había ingresado al grupo de países a analizar caso a caso. Además, anunció un cambio en la normativa, el que se implementó tres meses más tarde.
Desde agosto de ese año, la comisión también debe analizar las exportaciones de material bélico hechas por privados. Además, antes de tomar una decisión, el Ministerio de Defensa puede pedir antecedentes a la Dirección de Política Especial de la Cancillería, que es aquella que ve todo lo relacionado con seguridad internacional y desarme. Según datos entregados por la DGMN, desde el 2000 se han recibido 86 solicitudes de exportación de material de uso bélico, aunque el organismo invocó restricciones legales para precisar cuántas de ellas correspondían a exportadores privados.
Con el cambio de normativa un flanco se cerró. Pero la investigación de Ciper sobre el último episodio en la materia revela que las herramientas con que cuenta la comisión siguen siendo precarias. Como el país destinatario era Estados Unidos, en principio no debía haber problemas para exportar las armas que había dado de baja el Ejército. Sobre todo, porque las autoridades de ese país habían visado los envíos. Pero los comisionados se encontraron con que las empresas compradoras habían sido cuestionadas en el pasado por supuestas participaciones en operaciones ilegales.
Con esto, quedó en evidencia que la comisión cuenta con información precaria para evaluar a las compañías compradoras. En este caso, los principales fundamentos para rechazar la venta fueron encontrados en fuentes de información “abierta” disponible en Internet: básicamente reportes de prensa y el informe de la OEA. También recibieron algunos datos de parte de la Cancillería y detectaron incongruencias en la documentación presentada por las empresas.
Podrían haber pedido mayores antecedentes a las autoridades estadounidenses, pero al no existir un canal creado especialmente para eso, sabían que la respuesta podía tardar demasiado. Optaron por no correr riesgos, pero en el proceso demostraron la necesitad de crear mecanismos más eficaces y certeros de información.
“Los nuevos desafíos de la comisión son especificar de mejor manera su reglamentación y su manera de trabajar respecto de las obligaciones de las presentaciones, así como las informaciones de respaldo. Desde ese punto de vista, estamos trabajando en delimitar tareas para ser precisos y rigurosos. El de las armas es un movimiento complejo y tener las informaciones que permitan certidumbre siempre va a ser un enorme desafío”, afirma el subsecretario de Guerra, Gonzalo García, luego de la experiencia vivida en este proceso, el primero que le toca presidir.
Fusiles en La Legua
La fuerte ofensiva lanzada en las últimas semanas para incautar armas en las poblaciones de Santiago ha arrojado varias sorpresas. Una de ella fue la aparición en la población La Legua de dos fusiles tipo Mauser, del mismo tipo que se encuentra analizando la comisión exportadora.
El primero fue descubierto el 8 de octubre por Investigaciones. Dos personas fueron detenidas: un hombre que cobraba por guardar el arma y al dueño del fusil, que pretendía venderlo en $500 mil. Según las primeras pericias, el fusil Steyr 7,62 con sello del Ejército, habría sido robado a un ex uniformado coleccionista de armas.
Dos días más tarde, en la misma población, durante una investigación por tráfico de drogas se detectó a un sospechoso que transportaba en la maleta de su auto una carabina Mauser calibre 7, 40 cartuchos y una granada. Según el fiscal Juan Pablo Buono-Cuore, iban a ser vendidos en una suerte de “combo” por $400 mil.
Ambos episodios demuestran que los Mauser pueden ser altamente peligrosos en manos de delincuentes. “Todas las armas son potencialmente utilizables para matar gente. El Mauser y el Styer fueron construidas para la guerra, independiente de para qué se usen, fueron hechas para la seguridad exterior. Sus balas pueden traspasar a cuatro personas, por lo tanto un tipo con un fusil en una población es grave”, enfatiza el fiscal.
Carlos Arenas, perito en balística del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones, ratifica el riesgo: “Es tremendamente peligroso. Estamos hablando de cerca de los 800 metros por segundo, una alta velocidad. Tiene cañón largo, mayor precisión, se puede apuntar a mayor distancia”, afirma. La carabina incautada puede disparar hasta 1,4 kilómetros, pero hay otras que llegan a los 2 kilómetros. Según Arenas, esta arma es capaz de perforar un chaleco antibalas de la policía.
“Este tipo de armamento no debería estar en manos de particulares para su defensa personal, quizás sí para colección o caza. Si yo disparo a un delincuente y no le pego, puedo matar a alguien a 2 mil metros e incluso traspasar murallas de material ligero”, advierte Arenas.
La Ley de Control de Armas prohíbe las armas automáticas o semiautomáticas. Como los fusiles y carabinas tipo Mauser se pasan tiro a tiro –la recámara puede contener hasta 5 cartuchos-, su tenencia está permitida siempre que estén legalmente inscritos. De acuerdo a la Dirección General de Movilización Nacional, actualmente se encuentras registradas 8.846 carabinas y 5.321 fusiles.
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Andrés Chadwick aceptó que la fiscalía acceda a sus cuentas bancarias y al contenido de su teléfono
No hay nada nuevo que decir es sabido que el alto mando de las fuerzas armadas se enriquece con los negociados y corrupcion que se produce como consecuencia del secretismo de las platas destinadas a la defensa.
Por ejemplo en la compra de los F16 debieran investigar la situacion patrimonial de los generales fach que decidieron su compra y asi sucesivamente con otras armas y con las otras ramas de la defensa nacional.
Tambien los milicos hacen arreglines con las licitaciones de mantencion de armas y vehiculos, salud, etc, etc.
Ojala que no tengamos una guerra no vaya ser que nuestros señores generales acepte incentivos del enemigo.
El patriotismo de nuestros soldados invictos termino cuando el ejercito de chile fue desmovilizado y disuelto en 1891 tras ser derrotado en la guerra civil, a partir de entonces Korner no reorganizo el ejercito como se nos enseña sino que organizo uno nuevo, con nuevos valores y principios que ha quedado demostrado hasta ahora que no responden precisamente al patriotismo de nuestros antepasados que dieron su sangre y su vida en la independencia, en la guerra contra confederacion, en la guerra contra españa de 1865-1866 y en la Guerra del Pacifico.
Si no me creen que el ejercito de Chile que gano guerras fue disuelto revisen el diario oficial y la prensa de la epoca.
Las fuerzas armadas de hoy son una masa de ganapanes que las unicas veces que han empleados sus armas ha sido contra el pueblo que le ha mandatado el monopolio de la fuerza para su defensa externa, es decir han traicionado a sus mandantes.
Disculpen no haber puesto acentos es que mi computador esta fallando
jorge gonzalez a | 31.03.2010
El señor cartoni es como el señor de la guerra.sabran sus hijos que lo que vende su papa es muerte,corrupcion y las peores bajesas del ser humano.
CARLOS OLIVARES | 07.03.2009
APROVECHEN DE INVESTIGAR CON CUANTO SE FUE MOJADO EL LADRON DESCARADO DEL GRAL.MATUS KIEN MIENTRAS ESTUVO EN LA DIRECCION DE LOGISTICA SE HIZO RICO CON LOS NEGOCIAOS QUE HIZO. C Y M POR SUPUESTO APORTO A SU BILLETERA.
QUE EL SII REVISE DE DONDE SACO SU PLATITA.
DANIEL DIAZ | 06.03.2009
LO MAS INCREIBLE ES QUE EL EJERCITO SACA LOS HELICÓPTEROS PUMA DE HAITI ADUCIENDO QUE ESTAN OBSOLETOS. AHORA LOS VAN A REPARAR Y C Y M SE VA ADJUDICAR LA REPARACIÓN. C Y M ESTà EN TODAS..GANA CASI EL 90 % DE LAS LICITACIONES DEL EJÉRCITO Y CARTONI SABE MUY BIEN COMO COIMEAR A OFICIALES ACTIVOS PARA PRIVILEGIAR SUS INTERESES. ADEMÃS SUS LAZOS EN LA CANCILLERÃA Y GOBIERNO SON NOTABLES.
POSEE UN PODER AMPLIO QUE LE PERMITE ESTAR EN CADA NEGOCIACIÓN DE LAS FFAA.
Se trata, sin embargo, de fusiles de gran precisión y alcance: una de sus balas puede recorrer hasta 2 kilómetros. Los militares conocían bien estas virtudes cuando en 1973 entregaron fusiles Mauser a algunos de los conscriptos que salieron a la calle el día del Golpe de Estado. Y si en las poblaciones de Chile son las armas hechizas las que siembran el terror, en los últimos días ha quedado en evidencia que los Mauser también son atractivos para los delincuentes de La Legua. Por eso, si la cantidad en venta alcanza para armar a un batallón, en un país conflictivo como Haití pueden ser de alto riesgo.
Virgilio Cartoni, dueño de CyM, descarta esta versión y asegura que lo que pasó fue que a Armamentos Inc nunca le interesaron los lanzacohetes. Por ello, agrega, después CyM presentó una nueva solicitud a nombre de la empresa Long Mountain, la que finalmente los adquirió, siempre con la idea de desactivarlos antes de llevárselos. Este segundo destinatario sí fue autorizado por la comisión.
En la planta de CyM Chile hay al menos 4 militares retirados: Francisco Murra (asesor de ingeniería); Eduardo Tello (representante en EEUU); Hernán Ramírez Hald (ejecutivo de negocios) y Hugo Barría Rogers (ejecutivo de negocios). Los dos últimos están vinculado a violaciones a los derechos humanos.
