En un fallo histórico y tras seis años de investigación judicial, el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago condenó a cinco años de cárcel, además de la pérdida de sus derechos políticos a perpetuidad, al expresidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete, y al general en retiro, Shafik Nazal, exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), por diseñar y ejecutar una operación de espionaje ilegal que afectó al periodista Mauricio Weibel.

Las interceptaciones telefónicas ocurrieron en 2017, cuando Weibel investigaba a las Fuerzas Armadas por corrupción en el marco del conocido “Milicogate”. El juez Poblete, a petición de Nazal, dictó una orden de interceptación telefónica fraudulenta, suplantando la identidad del reportero, quien hoy es parte del equipo de CIPER.

Los ahora condenados estuvieron más de dos años en prisión preventiva y se acogieron a un procedimiento abreviado, reconociendo los hechos y aceptando la condena. Con esta resolución, cumplirán la pena bajo libertad vigilada.

Juan Poblete durante la audiencia de hoy (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)

Este martes, el Senado rechazó por amplia mayoría los cuatro capítulos de la acusación constitucional (AC) en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA). El libelo lo presentó el oficialismo junto al Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por Johannes Kaiser, responsabilizando al exsecretario de Estado por un presunto error de cálculo en las proyecciones de deuda fiscal para este 2026 y en la elaboración de la Ley de Presupuestos. Entre los senadores de derecha que rechazaron la AC en algunos de los capítulos están el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el independiente Rodolfo Carter, además de Matías Walker, de Demócratas, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

La Cámara de Diputados había aprobado la acusación la semana pasada con los votos del Partido de la Gente, sin considerar la opinión del Consejo Fiscal Autónomo, que había determinado que no había inconsistencias en los cálculos hechos por el ministerio de Hacienda durante la gestión de Grau.
Tras confirmarse el rechazo a la AC en su contra, Grau señaló que “en esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado dijo muy bien que yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado. Sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos”.

Nicolás Grau saliendo del Congreso tras la votación (Créditos: Óscar Guerra / Uno Noticias)

Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) informó que la tasa de desocupación del país llegó a 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026, la más alta en cinco años, cuando en junio de 2021 llegó al 9,5%. La tasa de ocupación informal aumentó un punto porcentual en un año, fijándose en 27%.

En tanto, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) arrojó que las personas desocupadas aumentaron 6,9%, incididas por quienes estaban cesantes (5,9%) y por las que buscan trabajo por primera vez (16,4%).

Estas cifras se dan en el marco de declaraciones de personeros del gobierno instalando la idea de flexibilizar la ley de las 40 horas y el mecanismo de indemnización por años de servicio, normas que, en su opinión, afectan el empleo.

(Créditos: Diego Martin / Agencia Uno)

Tras la reapertura del sumario administrativo que ordenó la Contraloría General de la República (CGR), el gobierno revisará las pensiones de gracia que se entregaron a raíz del estallido social del 2019. La Subsecretaría de Interior había sobreseído con deficiencias el caso, según la CGR, durante la administración anterior.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó en La Moneda que el Ejecutivo está “cumpliendo la orden que es reabrir el sumario y sustanciarlo como corresponde. Y buscar eventualmente las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían: gente sin antecedentes médicos, gente a la que le faltaron documentos, que es el caso de nueve pensiones de gracia”.

Pavez informó que las pensiones por el estallido fueron 418: “Después, por distintas circunstancias, algunos fallecimientos o revocaciones hoy día están del orden de 348. Y nosotros las vamos a revisar todas. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro equipo encargado”.

Máximo Pavez (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)