Desbaratan grupo del Tren de Aragua que contaba con exmilitares venezolanos: asesinaron en Arica a otro exuniformado de su país

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota formalizó a miembros de una célula del Tren de Aragua por el asesinato de un exmilitar venezolano: Rafael Villamizar Lovera, cuyo cuerpo fue encontrado en el cerro Chuño en mayo de este año. Aunque el caso guarda similitudes con el del teniente Ronald Ojeda, porque ambos fueron enterrados dentro de una maleta bajo una capa de cemento, hay una diferencia clave: la fiscalía asegura que Villamizar mantuvo relaciones con la organización criminal. Entre los miembros de la célula desbaratada figuran al menos otros dos individuos con pasado castrense en Venezuela. Uno de ellos entró en conflicto con la banda y fue secuestrado en mayo pasado, pero pudo escapar.

Créditos imagen de portada: Salvador Pedrini / Agencia Uno

El 15 de mayo pasado, el cerro Chuño (Arica) volvió a ocupar titulares, otra vez por albergar uno de los brazos más violentos del Tren de Aragua en Chile: la célula de Los Gallegos. Ese día, funcionarios policiales hallaron el cuerpo de Rafael Villamizar Lovera (40) enterrado bajo una capa de cemento y dentro de una maleta negra que pertenecía a la misma víctima. El cadáver había sido compactado con un sistema de amarras tensadas para reducir su volumen. 

Este martes 9 de diciembre se formalizó a uno de los dos sujetos que estarían implicados en el homicidio. Fue en esa audiencia que el Ministerio Público expuso que Villamizar, de nacionalidad venezolana, era exmilitar. El asesinato comparte ciertos patrones con el crimen del exteniente del ejército de ese país, Ronald Ojeda, cuyo cuerpo también fue encontrado en una maleta enterrada bajo una cubierta de cemento en una precaria vivienda de una toma de terrenos de Maipú. Pero, entre ambos casos existe una diferencia clave: Villamizar no era un extraño al mundo criminal, sino parte de la propia estructura del Tren de Aragua en la Región del Maule.

En la investigación de los hechos ocurridos en Arica, Villamizar resultó no ser el único miembro vinculado a la estructura criminal con pasado en instituciones castrenses venezolanas. Según los antecedentes de la causa, en este homicidio participaron Alfredo José Timaure, alias “Jumper” o “El Pure”, y Víctor José Salazar Oliveros, quienes asumieron posiciones de liderazgo tras la caída de otros miembros en mayo de 2024. Antecedentes recogidos en la investigación indican que Salazar habría sido sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Cumaná, Venezuela. La GNB es una de las principales fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Hasta la fecha, Salazar sigue con una orden de detención vigente.

La misma estructura que asesinó a Villamizar, protagonizó después el secuestro de otro miembro de la banda que tendría pasado militar, cuya identidad permanece bajo reserva. Según se expuso en la audiencia de formalización, esto ocurrió el 1 de agosto pasado, tres meses después del hallazgo del cuerpo de Villamizar. La nueva víctima habría formado parte, en 2013, de la 41° Brigada de Artillería del Ejército Bolivariano, en el estado de Carabobo. Además, una de sus hermanas habría trabajado en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el principal organismo policial y forense de su país.

El exmilitar secuestrado en agosto compartía con su familia en un local de comida del Cerro Chuño, cuando fue abordada por Víctor Salazar Oliveros y Derivar Tobar Terán, alias “El Gato”. Ambos lo trasladaron hasta un inmueble del sector Las Maites, del Valle de Azapa. Allí se encontraban otros dos individuos: Edner Daniel Espitia Carrillo y Yorman Joan Espinoza Aguilera. Según la formalización realizada este martes 9 de diciembre, Alfredo José Timaure habría sido quien ordenó este secuestro. En este caso, la víctima logró escapar.

"LÓGICA PARAMILITAR"

Al llegar a Chile, la víctima del secuestro residió en Arica y comenzó a trabajar como taxista informal, pagando “vacuna” a Los Gallegos. Para el momento del secuestro, ya estaba inmerso en la dinámica criminal: según el relato hecho por el Ministerio Público durante la formalización, los imputados lo habrían capturado porque lo acusaron de vender drogas para una banda rival, el Tren del Coro.

Pablo Zeballos -exoficial de Carabineros e integrante del Panel Consultivo de Expertos en Seguridad del Ministerio del Interior- lleva más de una década investigando el crimen organizado transnacional y las economías ilícitas. Consultado por CIPER, explica que la incorporación de capacidades militares y policiales al crimen organizado no es un fenómeno nuevo: “Eso explica por qué en muchos territorios de América Latina hoy no hablamos solo de ‘bandas’, sino de estructuras con lógica paramilitar”.

Zeballos añade que se trata de una estrategia deliberada: “La experiencia internacional muestra que el reclutamiento de personas con formación militar o policial especializada es una estrategia utilizada por organizaciones criminales que buscan potenciar su marca y profesionalizar su violencia y su aparato de control del territorio. En México, por ejemplo, el caso de Los Zetas es emblemático. Esa estructura surge, precisamente, a partir de la cooptación de efectivos de un grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, que fueron seducidos por mejores salarios, capacidad de mando y un uso “sin restricciones” de las habilidades aprendidas en la institución”.

En Chile ya se ha detectado la participación de exfuncionarios de organismos de seguridad venezolanos en delitos violentos. Un caso ocurrió en junio de 2024, cuando la Brigada Investigadora de Robos de Copiapó de la PDI detuvo a dos ciudadanos venezolanos acusados de perpetrar un secuestro extorsivo y un robo con intimidación y violencia contra una mujer, quien habría sido obligada a permanecer dentro de un vehículo en contra de su voluntad por más de dos horas. Según los antecedentes divulgados por la prensa en ese momento, uno de los detenidos había sido integrante del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana, una unidad de élite especializada en la lucha contra el secuestro en Venezuela.

Sobre la vinculación de exuniformados con organizaciones criminales, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, señaló a CIPER que: “En más de alguna oportunidad, hemos detectado que integrantes de células criminales de distintas organizaciones han tenido alguna formación militar. Nos ha ocurrido con personas de origen venezolano y también con personas de origen colombiano y no solamente relativo al Ejército sino también a expolicias que han pasado a formar parte de alguna organización. (…) Incluso cuando tenemos antecedentes respecto a alguno, sobre todo nos pasa con Colombia, nosotros solicitamos información inmediatamente a ese país. Antes lo hacíamos también con Venezuela. (…) No ha sido masivo, pero sí es algo que se ha repetido estos últimos años, particularmente estos cuatro o cinco años”.

"CONTROL TERRITORIAL Y MENSAJE CRIMINAL"

Durante las pesquisas del Ministerio Público, se logró reconstruir con detalle el modus operandi del grupo criminal. Según los relatos obtenidos, la organización secuestraba a sus víctimas, las inmovilizaba -atándoles pies y manos con cinta adhesiva- y las amordazaba antes de asfixiarlas con cadenas o cuerdas para estrangularlas. Los cuerpos eran colocados en maletas y enterrados en viviendas abandonadas del sector Cerro Chuño. 

El secuestro de Villamizar Lovera ocurrió el 10 de diciembre de 2024. Ese día, durante la tarde, José Víctor Salazar Oliveros esperaba en el terminal rodoviario de Arica. No estaba allí por casualidad. Según la investigación, había llegado siguiendo instrucciones de Alfredo José Timaure, y su objetivo era interceptar a Villamizar, quien viajaba en bus desde la Región Metropolitana con la intención, según la reconstrucción de los hechos por parte del Ministerio Público, de regresar a su país.

Apenas Villamizar descendió del autobús, Salazar comenzó a seguirlo por distintos puntos de Arica. La vigilancia se extendió hasta que la víctima abordó un taxi con destino al cerro Chuño. Allí, de acuerdo con la investigación, Salazar lo redujo e ingresó a una vivienda donde lo esperaba Timaure. Fue ahí que ambos imputados lo habrían amarrado con cinta adhesiva para impedir su fuga. En ese lugar Villamizar fue golpeado en distintas partes del cuerpo y también estrangulado. Luego de eso, su cuerpo fue dejado en una maleta que le pertenecía y enterrado en el mismo sitio, cubriéndolo con cemento.

Cinco meses más tarde, el 15 de mayo de 2025, personal policial ingresó al sector conocido como Camino al Vertedero, en el cerro Chuño. Fue en ese lugar donde encontraron la maleta cubierta de concreto. Dentro de ella estaba el cuerpo de Rafael José Villamizar Lovera. Según ha expuesto el Ministerio Público, la causa de muerte es “indeterminada por acción de terceros”.

Zeballos explica que este “modus operandi —cuerpo dentro de una maleta, enterrado bajo concreto y, en algunos casos anteriores, incluso con víctimas sepultadas vivas— (…) es una demostración de capacidad de control territorial y mensaje criminal (…). Se requiere tiempo, maquinaria básica, movimiento de materiales y la certeza de que nadie va a denunciar. Eso habla de un entorno bajo fuerte intimidación, donde el silencio de vecinos no es casual”.

El especialista agrega que el uso de esta forma de ocultar el cuerpo “permite deshacerse del cadáver, además de dificultar al máximo su hallazgo y retrasar la acción del Estado. De hecho, la fiscalía ha señalado que llegaron al punto exacto por información de inteligencia; sin esos datos, el hallazgo habría sido prácticamente imposible. También evidencia la dimensión del mensaje y disciplinamiento interno: cuando un grupo criminal usa un método tan extremo y repetido en un mismo sector, no se trata solo de ‘deshacerse de una víctima’. Se construye un relato interno donde se castiga la traición, el robo, el desacato o la colaboración con rivales o autoridades. Parte de la gobernanza criminal es ejercer miedo sobre el barrio y también sobre la propia organización”.