Urgencia máxima para nueva Ley de Pesca: solo limita a 20 años licencias perpetuas

Pese a su origen espurio y al compromiso de campaña del Presidente Sebastián Piñera, la Ley de Pesca no será modificada sustancialmente. El gobierno analiza tan solo reducir a 20 años las concesiones pesqueras que fueron entregadas a perpetuidad en 2012 a siete grupos económicos. A ello agregará modificaciones que buscan satisfacer algunas demandas de los pescadores artesanales y de otros grupos relacionados al rubro.

Personas que han participado en este ahora veloz proceso de modificación de la ley, dijeron a CIPER que la idea es avanzar en dos carriles, pero a dos velocidades distintas. Una vía rápida para enfrentar el problema “más grave” de la ley: acortar los plazos de las concesiones;  y, otra, más pausada, para resolver las peticiones de ordenamiento del sector. Ello le permitiría al gobierno poder negociar los cambios en el Congreso, para asegurar los votos que no tiene.

El punto de partida del gobierno es que, a pesar de la contundente evidencia judicial de que la industria pesquera cometió cohecho al pagarle a parlamentarios y otros protagonistas del sector, para aprobar esta ley de acuerdo a sus intereses, no se hará una modificación completa de los acápites de la ley que están impugnados.

Es cierto, el ordenamiento institucional chileno no da posibilidad de anular o derogar la llamada “Ley Longueira”. Y ello, no solo porque declarar la nulidad de una ley no lo contempla la Constitución. Lo más importante -y es lo que hoy prima entre las autoridades- es que modificar de raíz los artículos cuestionados por haber sido aprobados bajo cohecho, sería interpretado por la industria pesquera como una “expropiación”, lo que activaría demandas por indemnizaciones millonarias.

Para las grandes pesqueras, el derecho a pescar indefinidamente en el mar chileno, otorgado por la “Ley Longueira”, les pertenece. Y como desde que se abrieron los juicios por cohecho están conscientes de que existía el riesgo de que ese beneficio sea cuestionado, le han puesto alto precio a ese “derecho adquirido por ley”. Solo Camanchaca, la pesquera del Grupo Fernández, valorizó sus licencias en US$38,5 millones.

A pesar de que en el gobierno todavía hay quienes consideran que, no obstante los pagos ilícitos a algunos parlamentarios, la norma es positiva; el gobierno aún no descarta contratar una nueva evaluación independiente sobre la ley. Ese estudio debería dilucidar los impactos producidos desde su promulgación hasta ahora.

José Ramón Valente, ministro de Economía

En marzo, en entrevista con CNN Chile (ver entrevista) el ministro de Economía, José Ramón Valente, indicó: “Es probable que nosotros pidamos otro informe a otro organismo internacional para tener más antecedentes y así entregarle a los chilenos algo contundente, que tenga acuerdo transversal y que sea un acuerdo de una vez y para siempre”.

En 2016, después del escándalo por las evidencias de los pagos de las pesqueras a parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Pesca, el gobierno de Michelle Bachelet encargó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) un análisis integral de la ley. Pero éste no se pronunció sobre el origen de la norma, ni el mecanismo de licitaciones, accesos a las pesquerías o determinación de cuotas, que son los temas más cuestionados de la normativa.

El Congreso, que lleva apenas un mes de funcionamiento tras el receso veraniego, ya tramita dos iniciativas que buscan modificar la Ley de Pesca. La primera, fue ingresada el 13 de marzo por el senador Manuel José Ossandón (RN), el dirigente de la coalición oficialista que le arrancó a Piñera la promesa de cambiar la norma. La segunda, una moción parlamentaria que el miércoles 14 de abril puso en primer lugar de la tabla el jefe de la bancada de senadores del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Rabindranath Quinteros. La moción fue elaborada también por las senadoras Adriana Muñoz (PPD) y Carolina Goic (DC).

Posiblemente, estos veloces movimientos en el Congreso provocaron que el mismo miércoles 14 de abril, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, debiera anunciar en La Moneda que el Ejecutivo enviará cuatro proyectos de ley prioritarios al parlamento, entre los que figura la reforma a la Ley de Pesca. Sin precisar en qué fecha será presentada la iniciativa, la ministra solo agregó que será en un “plazo breve”.

El mismo suspenso le imprimió una semana antes el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, cuando fue interpelado por los seis senadores de la comisión respectiva: “Sucederá antes de lo esperado”. La velocidad que le imprimió ahora el gobierno a esta modificación legal, rompió con el suspenso: Riquelme anunció en La Tercera que será en los próximos 45 días.

EL PROBLEMA DE LOS 20 AÑOS

-Estoy seguro que con estos cambios podremos corregir inmediatamente los enormes defectos que tiene esta ley – dijo el senador Manuel José Ossandón a CIPER, quien presentó su proyecto el 13 de marzo.

En 2017, apenas terminadas las primarias de la derecha, en las que Manuel José Ossandón fue derrotado, una de las condiciones que puso para sumarse a la campaña de Sebastián Piñera en la segunda vuelta, fue que se incluyera en el programa presidencial la modificación a la Ley de Pesca.

Senador Manuel José Ossandón

“Sebastián Piñera se comprometió con una nueva Ley de Pesca, reconociendo que tiene que hacerse de nuevo. Para mí esa ley es corrupta, mal hecha. Derogarse no se puede, pero habría que enviar un nuevo proyecto de ley o modificarla profundamente”, enfatizó el senador tras la reunión en la que consiguió  la promesa del “cambio profundo”.

Ya antes de asumir este gobierno, el 28 de febrero, el ex alcalde de Puente Alto se reunió con el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, para informarle que su iniciativa ponía fin a las licencias renovables, estableciendo un nuevo llamado a licitaciones después de cumplidos los primeros 20 años adjudicados. Por esa misma fecha, Ossandón le informó también al ministro de la secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, lo que se venía.

En su primera reunión con los integrantes de la Comisión de Pesca del Senado, el subsecretario Riquelme le adelantó a Rabindranath Quinteros (PS), Adriana Muñoz (PPD), Ximena Rincón (DC), Kenneth Pugh (RN) y Carmen Gloria Aravena (Evópoli), que el gobierno cumplirá de “todos modos” con el compromiso de campaña del Presidente Piñera de modificar la Ley de Pesca. Lo que acotó a reglón seguido aumentó la preocupación de lo que se hará con esta ley espuria: les advirtió que no habrá borrón y cuenta nueva.

La fórmula que baraja el gobierno se acerca al proyecto que ya presentaron tanto el senador Manuel José Ossandón como los senadores Quinteros, Muñoz y Goic. También a la que en 2010 planteó el primer ministro de Economía del anterior gobierno de Piñera, Juan Andrés Fontaine (actual ministro de Obras Públicas).

Pero hay un nudo que podría anunciar el conflicto que se avecina. Y esa discusión se dará en torno a un acápite propuesto en el proyecto de los senadores Quinteros, Muñoz y Goic:

-El origen espurio que tuvo esta ley es algo reconocido por todo el mundo y debe ser zanjado. Pero antes de sentarse a conversar, hay que definir la propiedad de los peces –afirmó el senador Quinteros a CIPER.

Gonzalo Blumel, ministro de la Segpres

Las versiones recogidas por CIPER indican que la idea del gobierno es llegar al Congreso en las próximas semanas con una reforma que pueda ser analizada “por partes”. Esta estrategia es parecida a la que usó Bachelet para conseguir la aprobación de algunos proyectos en el Congreso, sobre todo cuando los apoyos se vislumbraban tan esquivos como se estima que será esta tramitación. El oficialismo no tiene mayoría y, además, se enfrenta a un Poder Legislativo renovado y que no controla.

Ese diseño permitiría avanzar rápidamente en los puntos donde hay mayores acuerdos y negociar los artículos o capítulos más complejos. En ese contexto, el gobierno buscaría primero despejar el punto más conflictivo de la ley impugnada: la renovación automática de las licencias de pesca cada 20 años.

Sobre este punto, hay una convicción ya adoptada en el Ministerio de Economía, y en ello coinciden todas las personas consultadas por CIPER. Y ella sería que la vía más “razonable” para modificar la Ley de Pesca es terminar con la renovación automática y cambiarla por la oferta de que las empresas del rubro participen en una nueva subasta abierta y competitiva al año siguiente de que expiren las dos décadas iniciales que consagró la “Ley Longueira”.

Ello implica mantener los primeros 20 años ya entregados a las grandes pesqueras o las “siete familias”: Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo.

Así, si estos cambios se aprobaran en 2018, las grandes pesqueras podrán seguir usufrutuando de ese cupo o “derecho” hasta 2033 (las licencias fueron entregadas en 2013) y estarían obligadas a competir por otra licencia recién en 2034. Siempre y cuando a esa fecha todavía queden suficientes recursos pesqueros.

En los sondeos que ha hecho el gobierno en el Congreso, con una activa participación del ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, esta opción es la menos resistida por la oposición. En la ex Nueva Mayoría, varios parlamentarios coinciden con el gobierno en que esta vía evitaría abrir un flanco mayor con las grandes pesqueras, que ya han dejado en claro que cambiar las reglas del juego no será gratis.

Acorde con lo que se plasmará en el proyecto, el gobierno ya les ha transmitido a los empresarios –aunque por vía informal- que la modificación a la Ley de Pesca buscará que “las licencias no sean para siempre”. Así lo reconocieron a CIPER representantes de esos gremios industriales.

EVITAR LAS INDEMNIZACIONES

Dada la convicción del gobierno de la forma en que enfrentarán el problema de fondo de la “Ley Longueira” (poniéndole fin a las licencias indefinidas), las conversaciones con las empresas pesqueras buscan evitar que la promesa de Piñera se convierta en un problema de Estado. Una nueva ley que podría provocar pagar grandes sumas de dinero a los industriales que se sientan “expropiados”.

Si ya la “Ley Longueira” es impresentable, estos nuevos pagos a la industria pesquera serían vistos simplemente como otro gran regalo para las “siete familias”.

Roberto Angelini, presidente de Corpesca

En 2016, la administración Bachelet también intentó modificar el régimen de licencias otorgadas a las grandes pesqueras y se encontró con análisis legales que alertaban sobre la alta probabilidad de demandas contra el Estado e indemnizaciones millonarias. También se analizó invocar causales de caducidad ambiental y pesquera, pero la forma en que ello quedó plasmado en la redacción de la ley, solo aplicaría para la suspensión temporal de una licencia, pero no para su término.

Fue por eso que a fines de ese año, el entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sostuvo con  tanta vehemencia que una eventual anulación de la ley de Pesca sería  “inconstitucional”.

El senador Quinteros reconoce que “los 20 años” es el principal problema que hoy enfrenta la modificación de la ley vigente. La única salida posible –afirmó a CIPER- sería incorporar en la reforma un primer párrafo que establezca que los recursos del mar son del Estado y de todos los chilenos. Ello permitiría al Estado poder invocar una expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional.

En la tramitación de 2012, este artículo fue rechazado por la sala de la Cámara de Diputados y también por la del Senado.

La ley vigente considera que las licencias, además de divisibles, transferibles y  transmisibles, son susceptibles de todo tipo de negocio jurídico: son un bien que como cualquier otro tiene valor económico.

Por ejemplo, Camanchaca, la pesquera ligada a los empresarios Jorge Fernández y Francisco Cifuentes, estableció en su Memoria de 2017 que el valor de las licencias de pesca que recibió del Estado alcanza a US$38,5 millones. Eso, a valor libro, pero si las llegase a ofertar en el mercado, su precio podría multiplicarse varias veces, sostienen agentes de la industria. Por lo mismo, en ese documento, la pesquera indica que actualmente los posibles cambios a la ley de 2013 que se discuten, “podrían perjudicar los intereses pesqueros de la compañía”.

Actualmente, el Ministerio Público investiga la participación de la mayor pesquera de Chile, Corpesca, controlada por el Grupo Angelini, y de la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio (Asipes), por el pago ilícito a políticos entre 2009 y 2013 (durante la tramitación de la Ley de Pesca).

Jaime Orpis

El 5 de marzo el Ministerio Público presentó cargos en contra de siete personas, entre ellas, el entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica. De hecho,la propia Corpesca, como persona jurídica, está acusada de cohecho ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía pidió el pago de una multa de 20.000 UTM (US$1,6 millones aproximadamente) por incumplimientos a la Ley N°20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

A pesar de ello, el 9 de abril, en su carta a los accionistas, el presidente de Corpesca, Roberto Angelini, desestimó la investigación judicial diciendo que “la empresa como tal es totalmente ajena”.

Los dichos de Angelini son respaldados por los industriales del sector, quienes acusan que la reforma a la Ley de Pesca solo tiene una motivación política. Tras participar en las reuniones con el actual subsecretario de Pesca, a mediados de marzo, la nueva presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, dijo a los medios que “estamos abiertos a trabajar por la perfección de la ley, creemos que es perfectible, pero antes de trabajar cambios específicos, el Estado debe hacerse cargo de los reales problemas (…), que tienen que ver con la pesca ilegal, con la sustentabilidad de los recursos, la precariedad laboral en el sector artesanal, con mantener certeza y estabilidad jurídica y la mejora en la investigación”.

Todas estas declaraciones hacen caso omiso de lo que ya ha establecido la investigación del Ministerio Público. Uno de los puntos fuertes de esa causa son los 21 años de presidio efectivo que la Fiscalía pidió para el ex senador, Jaime Orpis (UDI), al que se le acusa de cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco. Es la condena más alta que se ha pedido para un político chileno por corrupción en las últimas décadas.

La Fiscalía acusa a Orpis de favorecer a Corpesca mientras era senador tras recibir pagos de la compañía por $233 millones mientras se tramitaba la Ley de Pesca. El ex ministro de Economía, Pablo Longueira, también ha sido investigado por los aportes financieros ilícitos de las pesqueras.

Eduardo Riquelme, subsecretario de Pesca

A pesar de las declaraciones públicas, en el ámbito interno la industria pesquera ha acusado el golpe del cohecho que impregna la “Ley Longueira”. Poco después de que se iniciara la investigación judicial, Corpesca despidió a su gerente general, Francisco Mujica, y Asipes sacó a su dirigente máximo: Luis Felipe Moncada. Y hay más, porque el año pasado esta misma asociación gremial –cuyas operaciones están en Talcahuano, Coronel, Lota y Tomé- estableció una serie de normas internas para evitar nuevos casos de cohecho.

La investigación del Ministerio Público se inició en junio de 2013, luego de que CIPER revelara que un asesor de la entonces diputada Marta Isasi había entregado boletas falsas a Corpesca. Un financiamiento ilícito que fue ratificado por el gerente Francisco Mujica a CIPER (ver reportaje). Después, aparecerían los pagos ilícitos al senador Orpis (integraba la Comisión de Pesca del Senado) y los polémicos correos del presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, a Jacqueline Van Rysselberghe (presidenta de la UDI, ver aquí reportaje). Otra investigación de CIPER provocó la destitución del subsecretario de Pesca del gobierno de Bachelet, Raúl Súnico (ver reportaje), quien también recibía pagos ilícitos de Asipes.

MONEDA DE CAMBIO

Ante la posibilidad de que cualquier cambio a la Ley de Pesca que limite o reduzca los derechos de las pesqueras sea visto como una “expropiación”, el gobierno analiza ofrecer alternativas, como aumentar las licitaciones a la par que introducir algunas demandas sectoriales y científicas. Este paquete de modificaciones sería la moneda de cambio.

Y para ello, el análisis que en 2016 hizo la FAO por petición del gobierno de Bachelet, se ha convertido en material de consulta permanente. La entidad dependiente de la ONU sugirió, entre varias correcciones, que se eleven las multas y sanciones y que el Estado pueda suspender licencias o cuotas para resguardar la sostenibilidad medioambiental, económica y social del sector. También, que se fortalezca el rol fiscalizador del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y una muy antigua demanda de los trabajadores pesqueros: calificar la actividad como de “alto riesgo”.

Aunque hasta la fecha no se ha hablado de incluir alguna modificación tributaria al sector, por tratarse de una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, los parlamentarios han comenzado a proponer informalmente un aumento de los impuestos. Datos preliminares de Subpesca, indican que en 2017 el sector entregó al Estado $20.597,5 millones (unos US$33,7 millones) en impuestos por patentes y royalty.

Directora de la FAO para América Latina y el Caribe, Eve Crowley, y ex Presidenta Michelle Bachelet

Un artículo de Pulso del 21 de marzo informó que desde la entrada en vigencia de la ley, en 2013, el sector ha aportado a las arcas fiscales US$147,8 millones: US$69 millones por patentes y US$78,6 por royalty.

En su memoria anual 2017, Corpesca informó que el pago por impuestos específicos y patentes, que son independientes de la pesca efectiva, ascendió a US$7,3 millones, totalizando en el trienio 2015-2017 la suma de US$16,7 millones.

Según pudo conocer CIPER, entre los cambios que el Ejecutivo está dispuesto a ofrecer para hacer avanzar su reforma, figuran modificar Sernapesca, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y el Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIPA), además de introducir nuevas herramientas para el control de la pesca ilegal, un tema de preocupación transversal en el sector.

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales (Fenaspar), Hernán Cortés, adelantó a CIPER que su organización buscará que la reforma considere aumentar las cuotas para este sector, incorporar más científicos a los comités técnicos que definen la oferta del recurso, generar planes de manejo y hacerse cargo de las pesquerías en estado de colapso y sobreexplotación.

En esa misma línea, la senadora Carmen Gloria Aravena pretende conseguir que el gobierno incorpore en la reforma legal el fortalecimiento de los derechos de pesca artesanales, planes de desarrollo territorial para el borde costero y segmentar al sector por ventas. Desde el sector de las PYMES, el gerente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros, Alfredo Irarrázaval, planteará que la reforma le dé viabilidad a los emprendimientos basados en el desarrollo de productos de valor agregado para el consumo humano.